Fecha de publicación: 22/01/1994
Categoría: LEY

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PROCESOS LEGISLATIVOS
DISCUSION/REVISORA
CAMARA DE SENADORES
DISCUSION
MÉXICO, D.F., A 21 DE ENERO DE 1994

-El C. Presidente: En consecuencia, someta a discusión y a votación el dictamen.

-El C. Secretario Soberanis Nogueda: Está a discusión el dictamen con proyecto de Ley de Amnistía.

-El C. Presidente: Para la discusión en lo general de este dictamen, han solicitado su registro como oradores los siguientes compañeros: Senador Eduardo Robledo Rincón, Senador Roberto Robles Garnica, Senador Víctor Tinoco Rubí, Senador Héctor Terán y las Comisiones. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al señor Senador Eduardo Robledo Rincón.

-El C. Senador Eduardo Robledo Rincón: Con su venia, señor Presidente; Honorable Asamblea: Vengo a esta tribuna de la nación a exponer un asunto de extremo interés para mi entidad.

Como Senador por Chiapas, vengo a expresar mis reflexiones que buscan contribuir modestamente para situar el debate en los términos más convenientes para acercarnos a la esencia del conflicto.

Por ello, señoras y señores Senadores, solicito su tiempo y su atención.

Justamente los chiapanecos valoramos el significado de este período extraordinario de sesiones. Le damos el valor de un esfuerzo que refleja la preocupación de la República por los acontecimientos de Chiapas. Le damos también el valor de una acción política que reúne al Senado para decidir en torno a una iniciativa; a una iniciativa que se relaciona con todos los sectores de mi entidad federada.

En Chiapas valoramos el alto al fuego, la Ley de Amnistía y la prudencia con que se trató el problema de Chiapas, sobre todo en las primeras horas del conflicto. Particularmente valoramos la acción del Ejército mexicano que ha sido de defensa y no de agresión.

Valoramos estas acciones como un signo de la voluntad política del Presidente Salinas hacia Chiapas Esta buena voluntad se refrendó el día de ayer cuando se reunió con representantes de 118 organizaciones del área del conflicto, que representan a cerca de 150 mil familias tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales.

Estamos ante una circunstancia que nos mueve a la reflexión. Necesitamos examinar serena y profundamente las causas y las razones. Necesitamos buscar las raíces del conflicto para neutralizarlas de manera definitiva.

Mi entidad federativa ha tenido un proceso social difícil. Hoy más que nunca es necesario revisar algunas de las vertientes básicas para desenredar la complicada madeja.

En Chiapas, el proceso de conquista, tuvo características muy peculiares. Nuestro origen se encuentra en dos pueblos históricos el Maya, el Zoque. Ambos representan culturas propias con raíces lingüísticas diferentes. Recordemos que los pueblos de los chiapa, no fueron nunca vencidos; los mayas ocupan en Chiapas, toda la parte de los altos, algunas zonas del norte y de la selva; en la selva lacandona se conformaron comunidades pluri-étnicas.

Desde la época Colonial, se situó a los indígenas en los estratos más bajos de la estructura social, siendo descalificadas sus tradiciones culturales, el largo tiempo Colonial consolidó la estructura de control y atadura del trabajo indio. Ahí comenzó la gran lucha por sobrevivir y preservar sus identidades.

La Independencia no cambió la relación de los pueblos indios. La Revolución Mexicana abrió puertas de la participación masiva, pero no dio a los indígenas la satisfacción de sus reivindicaciones.

Es importante recordar que, en el territorio que se llamarla la provincia de Chiapas, dos siglos y medio después de la llegada de los españoles; en ella no hablan metales conocidos como valiosos. Esa circunstancia orientó la dominación española hacia el control de tierras y pueblos.

Cabe recordar, que los conquistadores que llegaron a Chiapas, procedían, básicamente, de Castilla, justamente el espacio que fue escenario de una feudalización tardía al término de la reconquista española. Esta circunstancia del territorio chiapaneco y de la fuerza conquistadora, es esencial para entender la posterior revolución histórica de la entidad. Las características de las dos fuerzas que protagonizaron el encuentro de hace casi medio milenio, dan sustento a las irregularidades que se han sucedido en el transcurso del tiempo.

Ha habido un enfrentamiento callado o visible, entre los descendientes de los chiapanecos prehispánicos y sus similares de los conquistadores.

El enfrentamiento que a veces se hace imperceptible suele aparecerse bajo la forma de diferendos agrarios, religiosos, políticos o del uso del idioma.

La Conquista en el territorio chiapaneco, situó frente a frente a dos fuerzas que se integraron muy parcialmente en el transcurso de los siglos. De un lado un conjunto de pueblos prehispánicos con una estructura cultural muy bien definida y que ha sido un elemento básico de resistencia. De otro, una fuerza conquistadora con sus propias contradicciones sociales que dejaron una secuela de controversias en el conjunto social resultante del encuentro.

Estas dos fuerzas distintas, configuraron hoy el sustrato del Chiapas profundo, que de vez en cuando hace valer su vitalidad en beligerancias desde grados diversos. Parece ser, que de vez en cuando las partes integrantes recuerdan sus diferencias y las recrean en eventos que podrían también parecer de otros siglos.

Una de las líneas más importantes de este encuentro de dos culturas básicas, ha sido la tenencia de la tierra. De un lado, una cultura de la propiedad y de posesión de la tierra, como un factor básico en la economía. Del otro, una población indígena que hace de ella un elemento vital que produce y explica su vida, un ser humano sin tierra, de una u otra parte, no es ni física ni espiritualmente completo.

"La tierra nos expresaba ayer un dirigente Tzotzil-, es nuestra madre... Ella nos alimenta y cobija... Nos sostiene toda la vida...". Esta expresión resume una relación de tiempos inmemoriales.

En otro plano de esta relación, se dice que en Chiapas, hasta los poetas aspiran a tener tierras. Esta es una aspiración que se permea a diversos sectores como factor productivo o de simple status. Entre los campesinos indígenas, la tierra es un elemento pues, básico de la cultura que se relaciona de manera directa con las diversas cosmogonías.

En el conflicto por la tierra, las diversas fuerzas se encuentran frecuentemente bajo el signo de la violencia.

La paz, suele ausentarse del campo, en tiempos no siempre previsibles, y esos acontecimientos de alguna manera, se relacionan con estas circunstancias.

En los inicios del presente siglo, se dio un ascenso en el valor de los bienes agrícolas, sobre todo, en los exportables. Como consecuencia de ello, surgió una economía agrícola de plantación que definió algunas regiones de la entidad; en algunas de ellas, el proceso, hizo surgir concentraciones de capital, que hicieron más visibles los contrastes sociales. Se creó un clima de enfrentamiento que fue neutralizado con el concurso de diferentes fuerzas, incluida la Iglesia. En las dos décadas recientes, los conflictos por las tierras se hicieron más visibles, hay diversas causas.

Para ello, una de ellas, es el incremento de la población, que en las áreas rurales de Chiapas, está por encima del 4.5 por ciento al año; en algunas regiones de Las Margaritas y varios municipios de la Sierra Madre, este indicador supera el 9 por ciento, y la población rural se duplica cada 12 años.

En Chiapas, recordemos, se construyeron 4 grandes unidades hidroeléctricas y se iniciaron las acciones para una quinta. Este hecho, dejó bajo tierra o puso en conflicto más de 400 mil hectáreas de tierras de ribera, que son del más alto rendimiento relativo.

La población, ciertamente, fue indemnizada, generalmente de manera justa; sin embargo, la mayor parte de los campesinos agotó el monto de sus recursos en menos de dos años y se convirtió en peón o en un demandante agregado de nuevas tierras.

En los años setentas, se inició una fuerte crisis en las poblaciones urbanas, lo que las neutralizó, como válvulas de escape para la presión demográfica rural; más bien, al finalizarse la construcción de las presas, hubo un proceso de retorno masivo de desempleados hacia las zonas rurales, en la mayor parte, el pasado campesino no se habla quedado muy lejos.

El modelo de desarrollo nacional de la postguerra, se encaminó hacia el desarrollo de una economía que priorizaba la industria y los servicios. En este marco, la agricultura dejó de recibir los apoyos en grado suficiente y su evolución se vio interrumpida.

En consecuencia, la ampliación de la capacidad productiva del suelo, se anquilosó, mientras la población seguía creciendo.

El cambio de modelo productivo, condujo a la ganaderización del campo chiapaneco, debido a la disminución de estímulos para la actividad agrícola. Por ello, de 65 mil cabezas de ganado existentes en 1950, se pasó a casi tres millones en 1980.

El ganado no sólo requirió de mayores extensiones de terreno, sino que fue un factor agregado de tensiones entre los ganaderos y los campesinos. Esta actividad, en su modalidad extensiva, es de baja densidad, en lo que se refiere a la absorción de mano de obra.

Hacia los setentas, se dió en el país un ascenso de los conflictos agrarios, en varias entidades. Al suponerse que Chiapas era un lugar vacío, se impulsó una migración de campesinos procedentes de todo el país hacia ese territorio.

En la década de los ochentas, la tenencia de la tierra hizo crisis en el Estado de Chiapas. Las invasiones de tierras se multiplicaron, hasta el punto de cubrir casi el 10 por ciento de la tierra cultivable.

Por razones parecidas, los problemas se hicieron más visibles en ejidos y comunidades. En 1984, para dar otro ejemplo, hablan 7,500 conflictos parcelarios o interejidales. Miles de ejidos y comités particulares pedían ampliaciones o nuevos centros de población, justamente en el lugar que su cultura lo determinaba. Con todas las implicaciones que esta exigencia traía consigo.

La problemática agraria, resulta más complicada de las apariencias. Por un lado, tenemos el 26 por ciento del rezago nacional. Por otro, de los 7 millones 441 mil hectáreas; 4 millones 446 mil son ya de propiedad social. Esto es, el 60 por ciento, en tanto que la propiedad privada, representa el 30 por ciento, con 2 millones 174 mil hectáreas. El resto, son terrenos nacionales o colonias.

Estas cifras, nos indican, que los conflictos agrarios no se dan solamente entre campesinos y pequeños propietarios, se dan más bien entre ejidos contra ejidos y ejidatarios contra sus similares o comuneros.

Junto a este explosivo ambiente rural, en los años sesentas se inicia la colonización de la Selva Lacandona, en buena medida, en la selva se asentaron poblaciones con un pasado conflictivo dentro o fuera del Estado. Cuando hablan problemas agrarios en otras regiones, los campesinos eran enviados sin más trámites a la selva chiapaneca. Ahí están como testigos los ejidos que en su gran mayoría llevan nombres de otros lugares que no tienen que ver ni con el Estado ni con su cultura: El Ejido Nuevo Chihuahua, Nuevo Guanajuato, Veracruz, y así un sinnúmero de nombres de otras entidades o de otras ciudades o de otras regiones del país que fueron a parar allá a la zona de la selva.

Poco a poco la selva comenzó a ser vista como un espacio para una economía recolectiva o con frecuencia de amplias oportunidades para la depredación. Estas visiones contrastan con los proyectos conservacionistas de diversos sectores sociales o instancias de gobierno.

Las dos propuestas, al encontrarse, añaden más tensiones a un equilibrio ya de por sí frágil; este fenómeno no es nuevo pero si es poco conocido y requiere, como todo lo relativo a Chiapas, un examen amplio y que vaya a las verdaderas causas.

Los habitantes de la selva reclaman la apertura de esta región a la agricultura o las ganaderías tradicionales, mientras tanto desde otros ángulos se propone la conservación como área biótica de interés internacional.
Los indígenas aceptan que el área sea un objeto de política conservacionista, pero no están dispuestos a cargar ellos solos con el costo y exigen recursos para vivir; el problema se agrava en el área de la comunidad Lacandona en donde existían múltiples poblados que se asentaron antes de que ésta fuera declarada reserva natural.

En la última década, las dificultades para los campesinos de Altamirano, de Ocosingo, de Margaritas, la Región Chol y la Sierra Madre se hicieron aún mayores. La economía rural entró en un virtual colapso al hacerse más irregulares los climas y derrumbarse la producción maicera y cafetalera.

En el caso del café, que genera el 75 por ciento de los recursos de la zona, los precios internacionales se deterioraron hasta el punto que el magro ingreso familiar se redujo en un 45 por ciento en menos de diez años.

A lo largo de la historia colonial, y el primer siglo del México independiente, se configuraron dos mecanismos para mantener el estado de cosas: Uno de ellos fue la conversión del racismo en ideología para legitimar la explotación vandálica de los indígenas.

En aquella época se conformó una cultura que negaba a los indios toda posibilidad de igualdad y limitaban las acciones para impulsar su desarrollo. Esta cultura, de la negación, fue la que configuró las condiciones para que a las lenguas indígenas, se les consideraran dialectos, a su arte se le llamara artesanía, a su medicina brujería o prácticas paganas, y a sus leyes "costumbres indias", así de manera despectiva.

En este largo proceso se permitió una estructura autoritaria que involucraba a diferentes niveles del poder.

En siglos se tensaron las relaciones entre los indígenas y la autoridad, en un proceso que no ha sido fácilmente reversible.

El poder se regionalizó, y en las primeras décadas de este siglo se formaron los cacicazgos que muchos sustituyeron a las leyes e instituciones. Las parcelas de poder fueron el espacio por excelencia para el ejercicio político con toda clase de excesos. Los cacicazgos alcanzaron el estatuto de instituciones y su presencia se hizo cada vez más indispensable.

Hacia los años setentas, los poderes regionales comenzaron a languidecer, ya sea por la evolución normal o por el proceso que continuaban, sin embargo su espacio no fue ocupado por fuerzas susceptibles, siempre de concertación. Al perder fuerza, los cacicazgos, su lugar fue ocupado por organizaciones sociales en donde se dio, que con frecuencia fueron oídos receptivos para propuestas diversas e inimaginadas.

Donde el cacicazgo fue más fuerte, en la década de los ochentas, se dieron ahí las actitudes contestatarias y los efectos se orientaron a diferentes zonas de la entidad.

Hasta tiempos recientes, Chiapas fue una entidad de bajo peso específico para el gobierno central. No se le consideró un área estratégica y la atención que se le brindó a sus requerimientos fue mínima. En la década de los sesentas, para dar un ejemplo, la inversión federal en Chiapas alcanzaba .45, menos del medio por ciento del total del gasto del país en todos los Estados.

Todas las circunstancias contribuyen a cimentar el escenario de marginación que no siempre es cuantificable, pero se siente de manera lacerante. En Ocosingo, Simojovel, Las Margaritas, Altamirano, la región Chol, y toda la Sierra Madre, el ingreso por familia, en las zonas rurales no supera los 450 dólares anuales.

Ahí mismo el 85 por ciento, en esta región, el 85 por ciento de las viviendas son técnicamente inhabitables. Los chiapanecos ocupamos el primer lugar en desnutrición, analfabetismo, enfermedades respiratorias e intestinales, incomunicación y deterioro del medio ambiente en los últimos 30 años.

Todo ello a pesar de que en estos últimos años, el esfuerzo nacional fue de dimensiones sin precedentes. El gobierno del Presidente Salinas hizo ver la presencia de la Federación e hizo avances incuestionables para abatir el rezago generado en muchos siglos. Por todo ello, y a pesar de ello, nada justifica la violencia.

Esta situación actual, hay que dejarlo claro, no niega la presencia de la Federación y esa circunstancia es reconocida por la mayor parte de los sectores chiapanecos. Lo que sucede es que el gran esfuerzo se tardó muchas décadas en llegar, creando un escenario propicio para las tensiones sociales.

Los chiapanecos han aportado su territorio, su suelo y han compartido su casa con los mexicanos de otras entidades y de otras nacionalidades. Aportan sin reclamo alguno el primer lugar en reservas potenciales de hidrocarburos. Aportan la mayor parte de la energía hidroeléctrica que genera el país. Aporta la mayor parte del café exportable y de los granos alimenticios de primera calidad; la producción de carne, de frutas tropicales, de cacao y de plátano.

Ha aportado también su compromiso activo con todas las grandes causas nacionales. Estoy seguro que se seguirá haciendo así.

Allá en mi Estado, señoras y señores Senadores, hay una circunstancia dolorosa. Sin embargo, es necesario que la reflexión se haga más profunda y se encuentren los mecanismos para derivar de la tragedia una línea para la victoria social de la comunidad chiapaneca.

De estos acontecimientos se debe pasar a nuevas propuestas y nuevas acciones. La vida en Chiapas no puede regresar al punto de partida, como si nada hubiera pasado. Así lo asumimos todos los chiapanecos.

Es necesario revisar las relaciones de Chiapas con respecto al resto de la Federación. Se requiere un nuevo federalismo, más acabado, que promueva el equilibrio y democratice su desarrollo.

Se hace urgente una profunda reforma social que replantee las relaciones entre los pueblos indios y el Estado. Se requiere un acuerdo social real y de compromisos, para construir una cultura de revaloramiento hacia las expresiones culturales de los pueblos indios.

Este cambio hacia la pluralidad étnica no puede generarse en la espontaneidad, se requiere el concurso consciente, sistemático y comprometido comunidad nacional. Necesitamos un acuerdo cultural de todos los grupos étnicos que conformarnos la nación.

Se hace imperativo continuar con el combate a la pobreza extrema y dar un mayor protagonismo a las comunidades rurales.

Se requiere una reforma social en Chiapas que con temple tierra, trabajo, producción, techo, cultura, educación, salud, respeto, libertad, democracia, paz y justicia.

La nación debe considerar las prioridades de Chiapas y situarlas en las condiciones de razones de Estado y las causas sociales compartidas.

Es necesario también flexibilizar ahíla administración para que los beneficios del esfuerzo nacional vayan realmente a los sectores más marginados.

En Chiapas la población indígena representa la tercera parte de la población, por esas razones es importante concertar las demandas de los indígenas con las aspiraciones y los derechos de los otros sectores que integran la comunidad del Estado.

Es necesario que los diferentes sectores se reúnan para discutir en plano de igualdad sus preocupaciones y sus propuestas para construir el Chiapas del futuro. Se requiere crear las condiciones propicias para que la voz de todos los chiapanecos se escuche permanentemente y no sólo cuando hay beligerancia.

La voz de paz es más digna y hemos de revalorarla; hoy estamos en las acciones. La iniciativa presidencial de amnistía nos indica que se ha optado por la política en lugar de la guerra; que se ha optado por el diálogo más, que por las discutibles victorias en la violencia; la amnistía demuestra la madurez de nuestras instituciones.

Por primera vez en mucho tiempo -y esto vale para todo el mundo- en medio de un conflicto armado se reúnen fuerzas plurales para decidir el futuro. Más de 118 organizaciones de la más amplia diversidad política, integrada por Tzeltales, Tzotziles, Tojolabales y Choles han estado permanentemente en una acción organizativa que les permita ser más protagonistas durante estos días, a partir del día primero de enero, que les permita ser más protagonistas en el destino del Estado y de su nación.

La Ley de Amnistía y el diálogo conforman un avance que, sin duda, conducirá a una paz con más elementos reales. Los conflictos de Chiapas, pues, deben llevar a las acciones reales que cierren el paso a la secuela de irregularidades, es el momento de frenar venganzas y resentimientos ahí en las comunidades indias del Estado.

En el marco de una contingencia, el Presidente Salinas invitó a tres chiapanecos para apoyar los esfuerzos de paz en la entidad. Ellos son: Don Eraclio Zepeda, con una trayectoria de militante del Partido de la Revolución Democrática, y, sobre todo, de hombre comprometido con las mejores causas de Chiapas; Eraclio Zepeda es una garantía de la pluralidad en este trabajo.

Está en la Comisión el antropólogo Andrés Fábregas Puig, científico social que conoce la historia de Chiapas y sus múltiples secuencias; conoce las evoluciones paralelas de los diversos sectores que forman la población de la entidad de la que es nativo. El antropólogo Fábregas unifica y da cauce a las diversas propuestas del mundo científico con relación a Chiapas.

Por último está en la Comisión especial un servidor de ustedes, que ante todo se compromete a una acción permanente de buena fe y a una búsqueda de hacer coincidir las diversas razones de un propósito común de concordia.

El papel más importante de esta Comisión es concertar el trabajo permanente de las casi doscientas organizaciones que van a reunirse a partir de mañana para integrar un consejo plural por la paz, por la democracia y por la justicia en Chiapas. Haremos un esfuerzo vigoroso para convertir la pluralidad al margen de militancias, de religiones y de procedencias en fuerza de la razón.

La sabiduría de los indios muestra el camino de la pacificación, y cómo construir una paz duradera; también orienta en la construcción de una nueva relación con las instituciones. Anoche, libremente ellos, le expresaron al Presidente de México su propósito de luchar por la paz en Chiapas.

Trabajaremos, pues, sobre la base de un amplio acuerdo que involucre a la mayor parte de los chiapanecos en construir una mejor casa para Lodos.

Nada mejor en un período extraordinario de sesiones que reunir a la representación nacional para aprobar una medida de paz; nada mejor que reunirse para seguir adelante en la búsqueda de una mejor justicia, la nación lo requiere y la pluralidad con buena fe lo hace posible.

Compañeros Senadores: las diversas fuerzas sociales en Chiapas han asumido su responsabilidad en diferentes niveles, la comunidad chiapaneca ha respondido a los desafíos en esta hora que le impone. Hay preocupación, pero hay seguridad de que la construcción de un futuro mejor es viable, aunque entraña la necesidad de un excepcional esfuerzo; los chiapanecos lo haremos con la solidaridad de la nación.

-El C. Presidente: Gracias, Senador Robledo.

Tiene el uso de la palabra el C. Senador Roberto Robles Garnica.

-El C. Senador Roberto Robles Garnica: Honorable Asamblea: Desde siempre, pero ahora más que nunca, hablar de los Altos de Chiapas y de la Selva Lacandona es hablar de estancamiento histórico, de caciquismo, de miseria, de enfermedad, de rezago educativo, de manipulación política, de degradación de la naturaleza y de olvido de las condiciones infrahumanas que ha soportado la vida de las comunidades indias.

El indio chiapaneco, desde que nace hasta que muere, sólo enfrenta adversidad y, lo que es peor que la miseria, atraco constante para su dignidad de ser humano. Entre otro complejo de factores, aquí se localiza una de las causas de la rebelión que estalló en las primeras horas de este año, porque suele herir más la ofensa a la dignidad, que la miseria de suyo indigna.

No hablo por información mediatizada, durante varios años fui testigo de cómo viven las familias indias. Deliberadamente digo indias y no indígena para no sumarme a las motivaciones indigenistas de los últimos días de los círculos oficiales; pues tuvieron que morir por decenas o centenas, sufrir violencia, padecer toda clase de agravios, ampliamente documentados en la prensa, para que por fin se pusiera atención a los indios.

El sacrificio indio despertó la autocomplacencia de los que creían vivir en un mundo que avanzaba hacia una vida moderna llena de satisfactores. Ahora, gracias al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se rebeló el primer día de este año, los gobernantes fueron obligados a poner los pies sobre la tierra; a reconocer lo que durante años denunciamos: La falsedad de la política económica y social que sólo beneficiaba a unos pocos y empobrecía a los más, que concentraba la riqueza en pocas manos, y sólo distribuía pobreza.

Los indios de Chiapas y los demás indios y campesinos pobres de este país están desde siempre en el más bajo nivel de la escala humana. Ahora bien, el ejército rebelde plantea en uno de sus principales documentos que es preciso que el país tenga elecciones libres, que produzcan gobernantes legítimos.

Aquí se advierte que los rebeldes tienen claridad que si en el país no hay democracia, tampoco la habrá en Chiapas, pese a su sacrificio. No puede ser Chiapas una ínsula democrática y con rumbo al bienestar colectivo, si no sucede lo mismo con el resto del país; luego entonces, la suerte de los pueblos indios está estrechamente ligada a la suerte del pueblo mexicano.

De aquí que las próximas elecciones de agosto sean tan importantes para los zapatistas como lo son para todos los mexicanos, porque si hubiera un cambio democrático, las demandas indígenas podrían materializarse. Las próximas elecciones demandan que para ser legítimas se requiere un nuevo marco legal y compromisos políticos suficientes que garanticen su autenticidad y una validez de aceptación general.

Aún estamos a tiempo de enderezar el proceso electoral.

Con esos antecedentes, la Ley de Amnistía para los involucrados en la rebelión de Chiapas, cuyo dictamen hoy discutimos, presenta una anomalía. En lugar de ser el final de una negociación global del gobierno con el Ejército Zapatista, es el principio pues la negociación aún no comienza. Por ello ya se le ha llamado "Ley Atípica", pues no basta con la amnistía. Es necesario lo más importante. Ir al fondo de las causas que propiciaron el levantamiento armado. En primer lugar, la justicia en su significado más amplio. La liquidación inmediata de toda forma de arbitrariedad contra los indios; la supresión total de caciques, de guardas blancas y de autoridades de cualquier nivel que sean proclives al abuso, a la explotación y a la discriminación. La entrega de tierras a quienes desde años las han solicitado y para lo cual han dado mil vueltas con los papeles en sus morrales. Y en fin, un programa socioeconómico amplio y profundo. No deberá olvidarse que el PRONASOL ya aplicado, nada remedió y de nada sirvió.

Otro PRONASOL, sería perder el tiempo. Por cierto que ese es el momento de subrayar la atención a los deudos y afectados por los bombardeos y la creación de pensiones para las viudas y huérfanos víctimas del conflicto armado. Si se me dijera que fue el Ejército Zapatista el que inició las hostilidades y que por tanto el Estado no tiene responsabilidad hacia las víctimas, yo contestaría que antes de la violencia rebelde estuvo presente la violencia estructural de opresión, injusticia, miseria y manipulación política.

La Comisión que coordinará -según el dictamen- los actos de aplicación de la Ley de Amnistía y que integrará el Ejecutivo Federal o contiene una sólida representación de la sociedad con particular énfasis en la inclusión de representantes de organismos de derechos humanos no gubernamentales, o será una Comisión no representativa y por tanto con el riesgo de hacer una gestión insuficiente o francamente fallida.

Fue un error de la Cámara de Diputados, cuya mayoría de votos aprobó este tipo de Comisión, cuando lo más apropiado hubiera sido que el Congreso de la Unión formara la Comisión por consenso de todas sus fracciones parlamentarias.

Por otra parte, el Artículo 4°. de la ley, tal como está propuesta, obstruye la investigación de las denuncias sobre gravísimas violaciones de los derechos humanos que han sido denunciadas. Esta sí que es una intención inaceptable. Todos tenemos derecho a saber si hubo o no ejecuciones sumarias, torturas y detenciones injustificadas. Y yo pregunto a la conciencia de cada Senadora y cada Senador: ¿Cómo quedarán los bombardeos, aldeas con habitantes sin posibilidad de protegerse? ¿Será asunto para la historia o deberá ser motivo de investigación y castigo de los responsables ahora mismo? La interrogante queda planteada y ciertamente no podrá ser olvidada.

La tragedia ya se dio. Mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, desea fervientemente la paz en Chiapas y la negociación sobre los planteamientos del Ejército Zapatista. Por ello, aún cuando he señalado las omisiones y fallas del proyecto de Ley de Amnistía, no votaré en contra de ella. Pero si me abstendré. Mi abstención es, al mismo tiempo, un voto por la paz, pero también por la justicia para los indios de Chiapas, de siempre expoliados y marginados.

Las vidas perdidas, los sufrimientos de comunidades enteras no pueden ser inútiles. Ya no fueron inútiles; sacudieron la consciencia nacional; exhibieron las profundas injusticias que prevalecen. México, desde el primero de enero de 1994, ya es otro gracias al levantamiento armado de Chiapas. Gracias.

-El C Presidente: Muchas gracias, Senador Robles Garnica.

-Tiene el uso de la palabra el señor Senador Víctor Tinoco Rubí.
-El C. Senador Víctor Manuel Tinoco Rubí; Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras; compañeros Senadores: Efectivamente, la amnistía es una causa extintora tanto de la acción penal como de las sanciones impuestas; es de carácter legislativo y general que borra toda huella jurídica del delito, excepto la reparación del daño. Se diferencia del indulto en que éste sólo alcanza la ejecución de las penas limitándose en ocasiones a conmutarlas o reducirlas.

Existen en nuestra jurisprudencia tesis sobre la amnistía. Y me voy a permitir citarlas textualmente, porque considero que es importante. "Sólo el Congreso de la Unión está facultado para decretar una Ley de Amnistía, de conformidad con el Artículo 73, fracción XXII de la Constitución General de la República. La amnistía, Ley de Olvido, como acto del poder social, tiene por resultado que olvidadas ciertas infracciones se den por terminados los procesos y si ya fueron fallados queden sin efecto las condenas impuestas con motivo de esas infracciones. Produce sus efectos antes o después de la condena, pero en los dos casos borra los actos que han pasado antes de ellas. Suprime la infracción, la persecución por el delito, la formación de los juicios, en una palabra, borra todo el pasado y sólo se detiene ante la imposibilidad de los hechos. Se justifica por utilidad que pueda tener para la sociedad que se den al olvido ciertos hechos y tiene por efecto extinguir la acción pública de manera que el beneficio es irrenunciable y produce sus efectos de pleno derecho invalidando la condena misma.

Los sentenciados a penas corporales recobran su libertad, las multas y gastos pagados al erario deben ser restituidos y si los amnistiados cometen nuevos delitos, no son considerados como reincidentes, pero por excepción y por respeto al derecho de los terceros perjudicados por el delito subsisten en las consecuencias civiles de la infracción y la parte civil perjudicada, tiene derecho a demandar ante los tribunales la reparación de los daños y perjuicios causados.

La amnistía tiene como característica que a diferencia del indulto se concede a cuantos hayan cometido el mismo delito, restableciéndoles en el goce de todos los derechos que por la sola comisión del delito o por una condena hayan perdido". Termina la cita.

Nuestras tesis jurisprudenciales son totalmente congruentes con nuestro código penal. En éste, la amnistía figura entre las causas de extinción de responsabilidad penal, extingue la acción penal y las sanciones impuestas; excepto la reparación del daño.

En resumidas palabras, la Ley de Amnistía puede abarcar toda clase de delitos; pero siempre dentro del marco del código penal, de una legislación totalmente local.

La amnistía es una disposición general que se aplica automáticamente a toda categoría de personas que la misma ley determine, mientras el indulto es una medida de carácter individual. En fin, y a diferencia del indulto que reduce o suprime la pena sin apagar los efectos de la condena, la amnistía extingue la acción penal y hace cesar la condena y sus efectos; pero deja subsistir la acción civil en reparación de los daños.

El Estado de Chiapas es una entidad eminentemente rural que registra rezagos ancestrales y diversas formas de dominación que han retrasado su desarrollo. A pesar de los esfuerzos realizados existe una marginación y desigualdad inaceptable.

Por las circunstancias específicas del conflicto de la región de Chiapas, la amnistía no se ha planteado como un instrumento de perdón, aún cuando su efecto jurídico inmediato sea la extinción del ejercicio de la acción penal; sino más bien como un elemento que facilita las condiciones para el diálogo y la negociación por la paz, reconociendo que detrás del movimiento armado existen causas sociales legítimas que deben contemplarse dentro de un Estado de derecho.

Si se ha utilizado la amnistía como instrumento de pacificación, es porque no existe en nuestro ordenamiento jurídico algún otro instrumento de ley con cobertura tan amplia con efectos definitivos como la amnistía, soportada en otras ocasiones en la práctica de nuestras instituciones y formas de hacer política.

Si se otorgara al denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional algún tipo de reconocimiento al margen o fuera del ámbito de eficacia de nuestro ordenamiento positivo, estoy cierto que las condiciones para la paz y el diálogo constructivo se complicarían extraordinariamente y no sería posible un arreglo sostenido en la fuerza de nuestras leyes e instituciones, ni los núcleos indígenas involucrados en el conflicto tendrían las garantías suficientes para reincorporarse a sus comunidades.

En otro orden de ideas, la amnistía favorece la desmilitarización del conflicto y procura su inserción en la vía del derecho y la negociación. En resumidas cuentas, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no se trata de firmar un armisticio, sino de resolver las demandas postergadas de justicia de las etnias chiapanecas.

Finalmente creemos que si el Estado mexicano ha optado por la amnistía, también ha sido porque se trata de un instrumento que cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas nacionales, lo que le otorga fuerza vinculativa, fuerza política y fuerza ética para constituirse en factor de pacificación y sana convivencia.

Por lo que hace a la Comisión encargada de aplicar y supervisar la amnistía a los grupos rebeldes, de acuerdo con el proyecto de ley discutido pensamos que su integración, funcionamiento y facultades, deben especificarse en un reglamento; expedido por el Ejecutivo con base en una disposición constitucional que existe, que es el Artículo 89.

Yo siento que es un trabajo muy importante el de haber hecho la substitución del Procurador General de la República para que integre la propia Comisión y poner o disponer el Ejecutivo con toda la libertad que le da a la facultad constitucional para hacer lo que decía el señor Senador, el Doctor Robles Garnica. Gente proba, gente clara, gente transparente, para que nos ayude a todos a resolver el problema.

A nosotros, servidores, nos tocó conocer el conflicto por la Comisión que nos confirió la Permanente del Congreso de la Unión, y nuestras recomendaciones constan en el informe rendido el día 19 último, por ese grupo plural que integró dicha Comisión.

Todas las recomendaciones se centraron en buscar por la vía del diálogo y la negociación política, se pueda conseguir una solución definitiva al conflicto de esa región del Estado de Chiapas.

En ese contexto complejo y contradictorio de persistencia de rezagos ancestrales, erosión de cacicazgos, y otros muchos factores adicionales a que se refirió mi compañero el Senador Robledo, hizo su aparición el denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Se ha reconocido también que la pobreza de la gente de esa región fue una consideración del movimiento armado. Hay muchos indígenas entre miembros del que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tienen agravios, que pudiera explicar su decisión; pero compañeros, compañeras, señoras, señores, muchos más están al margen del alzamiento.

Este planteamiento no quiere minimizar la pobreza ni justificar retrasos, omisiones, indiferencias, para atenderlas; todo lo contrario, pretendo destacarlo para que no se utilicen jamás como justificación para generar violencia.

En esta tribuna hago un exhorto respetuoso a los partidos políticos para que al margen de sus preferencias ideológicas e intereses inmediatos sigan luchando por la unidad de los chiapanecos y por el respeto irrestricto a los derechos humanos en la negociación por la paz. Chiapas y su sociedad requieren de consensos que le permitan superar diferencias étnicas, económicas y culturales. El apoyo de los partidos políticos a esta causa puede ser un factor invaluable para contribuir a zanjar estas diferencias y fincar las condiciones para una paz duradera. Muchas gracias.

-El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Terán Terán.

-El C. Senador Héctor Terán Terán: Honorable Asamblea: Los acontecimientos de Chiapas han fijado la atención pública de todo el mundo hacia México. Hoy, como nunca en la historia internacional, en la historia mundial, están los ojos del mundo viendo y las mentes analizando los sucesos de Chiapas. Hay organismos internacionales, como la ONU, la OEA, la Unión Europea, que ya hablan los primeros de abrir una investigación sobre el respeto de los derechos humanos. Y, los segundos, sobre las condiciones comerciales que en el futuro exigirán a México para cumplir con la cláusula democrática.

Los organismos, como la Cruz Roja Internacional; los organismos no gubernamentales que han tomado embajadas en Europa, embajadas mexicanas, los organismos de toda naturaleza refiriéndose a la lucha por los derechos humanos; los organismos económicos de las distintas partes del mundo; organismos de toda naturaleza y que quieren ver, analizar y sacar conclusiones de lo que pasa en Chiapas, hacen de este caso de Chiapas, yo creo, que el caso 1994. Y como en otras ocasiones hoy lo afirmamos, hacemos uso del tema de Chiapas no con el propósito de llevar agua a nuestro molino; no con el propósito de que es ciertamente un fracaso de régimen, teorizar y usar el elemento para hacer política y llevar votos electorales.

Yo creo que todos los mexicanos debemos ver mucho más arriba el interés superior de la nación y analizar concienzudamente lo que pasa en Chiapas; porque para mí, por la experiencia que tengo por los largos años de lucha en política, ésta es la última hora que tenemos los mexicanos para poder corregir las cosas, los asuntos propios del país. Esta es la hora de la reflexión nacional, es el momento propicio en que este asunto de Chiapas, que fue un detonador para la reflexión de todos los mexicanos, lo veamos consentido propositivo, con sentido de unidad nacional; porque de aquí depende el destino futuro de la nación; ese es el propósito queme anima ser propositivo en el asunto de Chiapas. Comprenderlo, que esta guerra civil que padecemos en una región de México, tiene los elementos como lo ha dicho el Presidente de la República, de organización, de concepción política, capaces de poder por esos elementos extender los problemas a otras regiones del país.

Hay, cuando se habla del problema de Chiapas, como si fuera el único Estado, hay cerca de once Estados que tienen las mismas características del Estado de Chiapas. Pero aquí se agrava más, porque aquí se da la paradoja de la inmensa riqueza arriba de la tierra y abajo de la tierra y la inmensa pobreza que hay en las poblaciones chiapanecas. Estado con grandes caudales de agua, con grandes construcciones hidroeléctricas, surte el 42 por ciento, es decir, surte el 60 por ciento de la electricidad que se consume en el territorio nacional. Sin embargo, cerca del 39 por ciento de sus comunidades y de sus habitantes no tienen electricidad.

Es un Estado, Chiapas, rico, donde viven empobrecidas sus gentes. Y es un Estado, que para un analista de la historia, si pudiera haber, por ejemplo, el caudal de agua que tiene Chiapas y la miseria en la que se desenvuelve.

Si pudiera ser más profundo en su investigación socioeconómica y sociopolítica, viera que es el Estado de la República, en donde el partido de la mayoría, tiene el segundo, el tercero y el cuarto lugar en votos distritales, en diversos distritos de Chiapas.

Y ahora tiene un lugar también que llaman de reserva electoral. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que un Estado en esa situación de miseria y empobrecimiento; en ese dramático vivir infrahumano tenga los primeros lugares en votación a favor del partido mayoritario? Esto resulta inexplicable. Resulta solamente con una conclusión, no hay ahí un sistema político en el Estado, que permita la democracia en la región.

Cómo vamos a hablar en un Estado, de tanta miseria, un Estado en donde el 87 por ciento no alcanza, si va entra un salario hasta dos salarios mínimos. Y cerca del 38 por ciento desocupado, o subocupado y el 20 por ciento que no recibe salario, aunque preste alguna... Cómo es posible, que en este cuadro, tengamos cero huelgas en el Estado de Chiapas, en el último año. ¿Algo pasa ahí? Algún problema, seguramente sucede ahí.

Yo quisiera, si me lo permiten, leer algo que puede ser ilustrativo para nosotros:

Aún cuando el conflicto en Chiapas, tiene su origen en fechas mucho más remotas, quizás pudiéramos fijar como su antecedente inmediato, el primer Congreso Indígena, denominado Fray Bartolomé de Las Casas, celebrado en San Cristóbal en octubre de 1974, donde los indígenas hablaron y dijeron:

"Es tiempo de que empecemos a pensar y haber si de veras tenemos la libertad que dejó Fray Bartolomé de Las Casas, por todos nosotros los indígenas que vivimos en las serranías; mientras todos los ladinos, viven en la ciudad y tienen buenos ranchos y buenas fincas, pero si nosotros exigimos derecho o queremos pedir nuestra tierra, no podemos, es que ya nos quitaron nuestra antigua organización; por eso es que ahora, nos imponen hasta nuestras autoridades y hasta las federales, como es el caso de Altamirano. Donde fueron quemadas nuestras casas, por los soldados, sólo por pedir tierra. ¿Quién nos va a defender? Nosotros mismos, nos vamos a defender, con la organización de todos nosotros, porque la unión hace la fuerza".

En esas palabras se estaban expresando ya, el sentimiento de que los caminos estaban agotados, porque no tenían sus peticiones éxito y porque no veían absolutamente nada en los que ellos consideraban.

Puede haber regiones de México, que todavía abriguen la esperanza, de que se puede cambiar a México por la vía pacífica, por la lucha, por la insistencia y por manifestaciones que así ameriten y hagan lograr los objetivos que las organizaciones quieren; pero esta región aquí, ya no tiene más que el lenguaje de las armas. Esta región ya perdió su esperanza de conseguir algo, esta región está hablando por las balas.

Nosotros tenemos que reflexionar sobre que se trata de una guerra civil de una región de México, pero que tiene la organización de poder hacerlo extensivo a otras regiones de México, A veces cuando platico con las gentes, con las personas, en la calle, como que no aquilatan a poder calibrar, enjuiciar el momento tan delicado para todos los mexicanos en que nos encontramos. Y no ven la trascendencia que debe tener para el futuro de México esta situación que prevalece en Chiapas.

Yo creo que los mexicanos, tenemos que concentrar nuestra atención; como lo hemos visto en miles de organizaciones de la sociedad civil; que es otra manifestación de las organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras que han participado en estos días; pero, desde luego, ya es necesario que terminemos con la exhaltación del indígena, con el elogio de sus trabajos y artesanía y nos pongamos a pensar, en qué han fracasado las políticas que se han seguido para poder atender sus necesidades materiales y sus necesidades espirituales.

En Chiapas, hay discriminación racial, mexicanos no ven a los indígenas con la estatura de toda una persona con su dignidad completa. Es una verdad, que no puede ocultarse, como no puede taparse el sol con un dedo.

Hay una discriminación racial ahí. Hay una condenación fatal de la historia contra esos compatriotas, que no han podido realizar su vida, conforme su cultura; posiblemente, me dirán ustedes, todos los programas económicos, todos los programas sociales, etc., que se han dedicado hacia esa región de México. Es una cultura dentro de la cultura nacional, son muchas, más de 40 etnias con su propia cultura.

Ciertamente podemos afirmar que no han faltado recursos económicos para solucionar los problemas indígenas, pero no han sido suficientes, ni han sido suficientes tampoco, han sido incapaces las autoridades para poder que esas etnias de compatriotas nuestros, que tanto hablamos de ellos en los discursos, que tanto los elogiamos, y en escenarios internacionales con exhibiciones de artesanía, que dirán quienes ven esos fabulosos trabajos de artesanía, qué dirán, se imaginarán cómo viven estos indios, cómo viven estos compatriotas nuestros. Hay que dejar la exhaltación del indígena para ponernos a trabajar en la solución de esos problemas

Decía yo hace rato que este detonante a la reflexión nos hace asumir nuestras propias responsabilidades, asumir mis responsabilidades como político de oposición. Si tuve en mi plataforma política durante años el problema de los compatriotas indígenas, si tuve como gobierno, como sistema político la capacidad de entender el problema y su trascendencia, y teniendo los medios no los resolví, tengo también yo una responsabilidad histórica como gobierno o corno sistema, esa reflexión.

Tiene la sociedad y los movimientos culturales una reflexión de inocencia, yo creo que no, yo creo que todos somos corresponsables de lo que está pasando en Chiapas; y ahora lo que tenemos que hacer es buscar, encontrar las condiciones que hagan las condiciones para que termine en Chiapas el problema, aunque parezca paradójica la expresión, crear condiciones para que existan las condiciones, y esas hay que hacerlas no solamente en el terreno de Chiapas, hay que hacerlas extensivas a todo lo largo de la República, porque involucran un cambio de sistema político mexicano, una concepción distinta a como hemos venido, durante años y años, observando el desempeño de un sistema político.

Ya no es posible, y como lo dijo hace unos días el candidato del partido de la mayoría, ya no es posible seguir viviendo con este centralismo. Se hace, en México, necesario una reforma para ser vigente el federalismo fiscal que permita a los Estados darles recursos económicos suficientes para que se desarrollen con independencia y con libertad.

Vean ustedes la prensa y esas son expresiones del candidato a la Presidencia de la República, postulado por el partido de las mayorías, y que coinciden con lo que hemos venido diciendo, y que posiblemente, habrá compañeros que digan, éste es un disco rayado de Terán, ésta es una cosa, que sube y no tiene más tema que hablar, que el federalismo fiscal, pero ahí se encuentra gran parte de las semillas que originan los graves problemas nacionales.

Las dependencias creadas por el sistema, la falta de posibilidades de tener libertad para hacer los proyectos y no estar sometido a que si no está el control del que tiene los recursos económicos para tomar otras decisiones que no eran las primeras, sino que se toman por consenso y se va creando en el territorio nacional que los gobernadores y los presidentes municipales tienen que gobernar por consenso con el Poder Ejecutivo. Yo creo que hay razones de esa naturaleza.

México es uno de los pocos países que no le da a la primera organización, a los ayuntamientos, a las ciudades comunitarias el recurso como se le da en otros países, a veces usamos las estadísticas cuando nos conviene, y aquí, lo digo, sí me conviene usar la estadística allá, en los vecinos del norte, de los cuales somos nuevos socios, por el Tratado de Libre Comercio.

De cada dólar que ingresa, que se recauda en el país, por diversas formas, 50 centavos van a la comunidad inferior, 25 centavos a los gobiernos de los Estados, y 25 centavos al gobierno federal.

En México, de cada peso recabado, 80 centavos son para el gobierno federal, y 20 centavos se reparten para todos los Estados: Cinco centavos para el Distrito Federal, y únicamente tres centavos para dos mil y pico de ayuntamientos en la República mexicana, eso no puede seguir así, es una concentración del ingreso estrujante la forma en que manejan los ingresos que se producen, los impuestos de todos los mexicanos, de todas las clases sociales, de todos los estratos sociales, esa tragedia no puede seguir en esa forma, porque nos imposibilita y va creando en los ayuntamientos y en los Estados problemas que van haciéndose focos de lucha, focos rojos que nos van diciendo esto hay que corregirlo.

Cierto, tenemos un Programa de Solidaridad Nacional que tiene un presupuesto. El número redondo es de nueve billones de nuevos pesos, nueve mil millones de nuevos pesos.

Los Estados juntos reciben 11 mil millones de los nuevos pesos, todos los municipios juntos reciben 6 mil millones de nuevos pesos; un camino de solución, un camino de rectificación y que ayudará a crear la certidumbre de que estamos haciendo los cambios, era compartir ese presupuesto con los Estados y con los municipios, dando preferencia en el monto a los ayuntamientos.

Si no hay esa disposición que puede lograr no únicamente la atención de que estamos siendo tomados en cuenta, quienes vivimos en la provincia, sino que al mismo tiempo en estudios profundos que se han hecho; lo que es la burocracia que se ha creado, lo que es el tiempo que se lleva en resolver un problema de decisión para una obra, se habla de que es cerca del 18.7 por ciento de lo que encarecen las obras, el sistema de Solidaridad.

De entrada tendríamos un ahorro de 20 centavos en cada peso, y eso ya es solamente eso, es un avance para que las finanzas de los ayuntamientos, las finanzas de los gobiernos de los Estados puedan quitarse la carga que tienen; porque si ustedes revisan los presupuestos de los Estados van a ver cómo camina a mayor velocidad el crecimiento de su pasivo, que el crecimiento del incremento de sus recursos, y eso va a tronar, eso tiene un efecto de choque, en unos más rápido que en otros, pero evidentemente eso va a ser crisis en los Estados, y evidentemente también eso tenemos que ver.

Hablamos también de que necesitamos hacer cambios democráticos. Yo no pondría tanto el enfoque en las leyes, lo pondría en las aptitudes frente a las leyes, en las actitudes de los contendientes, en el sentido del honor y en la caballerosidad en la contienda política, porque no se necesitan leyes para que dos grupos, que tienen un alto sentido del honor, puedan sin leyes fijar una contienda en determinada situación de la vida de la sociedad, no necesitamos, es la actitud del hombre frente a su conjunto de principios éticos, la honestidad, la imparcialidad del gobierno, la neutralidad de organizaciones que en determinado momento puedan crear un incremento de ayuda a uno de los contendientes; recursos del gobierno utilizados únicamente como lo manda la ley para este tipo de contiendas electorales.

Un cambio de actitudes, si no lo tenemos podemos hacer de este problema como el problema de las etnias de Yugoslavia, podemos hacer de este problema una cosa más complicada si no damos avisos de que si existe un problema regional aquí que hay que resolver; pero está uno más grande allá de carácter, de distintas naturalezas que hay que resolver. Por ejemplo: Cuando vemos nosotros que hay un candidato del partido de la mayoría, y recibe todos los elementos de ayuda logísticos; todos los elementos de ayuda necesarios para un tipo de esa campaña, y que es el Estado Mayor Presidencial.

Yo digo: No hay intenciones aquí de cambiar las reglas; no hay una expresión...

-El C. Senador José Luis Lamadrid Sauza: (Desde su escaño). Falso, Senador Terán.

-El C. Presidente: Recuerdo a los señores Senadores que están prohibidos los diálogos. Continúe, señor orador.

-El C. Senador Terán Terán: Vamos a terminar, pues, esta intervención. En la Comisión Permanente, cuando hicimos uso de la palabra para apoyar la iniciativa de convocación a un período extraordinario, y que atendiera esta Ley de Amnistía dijimos que lo hacíamos con el mayor de los propósitos de cooperar en el desarrollo de una negociación pacífica sobre el conflicto de Chiapas.

Y pedimos que las condiciones que intervinieran en el dictamen se escucharan las proposiciones y opiniones que teníamos que hacer. No se escucharon todas, pero si hubo una actitud de trabajo que daba un espíritu de colaboración y un sentimiento del objetivo superior que se buscaba, y se tomaron en cuenta proposiciones, y se llegaron a consensos que evidentemente enriquecieron la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Como resulta en todos los consensos, no podemos estar de acuerdo con todos los procedimientos, pero estamos de acuerdo con el espíritu y los cambios que se hizo en la iniciativa. Y también el compromiso que asumió el partido de las mayorías de convocar a un período extraordinario donde podamos ver una agenda previamente consensada por todos los partidos políticos, que puedan atender muchas situaciones, como por ejemplo: Y se dijo ahí también, la reglamentación del Artículo 4 constitucional.

Muchas situaciones sobre la coordinación fiscal, muchas situaciones sobre la incapacidad de los Estados, la situación económica en que se encuentran por haberles trasladado los recursos económicos a los Estados para que atendieran ellos la nómina de los maestros. Y como ahora sucede igual que la coordinación fiscal no son los montos que van aparejados con el incremento inflacionario, y están creándole a los Estados problemas por haber recibido la responsabilidad de pagar la nómina de los maestros.

Reiteramos una vez más, que apoyamos esta iniciativa, nos congratulamos del esfuerzo que se hizo en las comisiones por poner lo mejor de cada uno de los partidos. No es lo que nosotros hubiéramos querido, no se aceptaron todas nuestras proposiciones, lo aceptamos como razonable; y porque si nosotros estamos buscando que allá aprendan a negociar, y no tenemos la capacidad de negociar nosotros los legisladores, a qué destino negro pudiera existir para el país.

Si las fuerzas representativas del país no se ponen en condiciones de poder encontrar consensos que vayan permitiendo el cambio de este sistema político mexicano.

-El C. Presidente: Muchas gracias, Senador Terán.

-El C. Senador Angel Sergio Guerrero Mier: (Desde su escaño). Pido la palabra por las Comisiones, señor Presidente.

-El C. Presidente: Tiene la palabra por las Comisiones el Senador Angel Sergio Guerrero Mier.

-El C. Senador Angel Sergio Guerrero Mier: Con su venia señor Presidente; señoras y señores Senadores: Creo que el debate que se ha venido dando en esta tribuna, en torno a una cuestión de una importancia social, jurídica y política innegable, como lo constituye, sin lugar a dudas, la minuta del proyecto de Ley de Amnistía en relación con los conflictos suscitados en el Estado, en una región del Estado de Chiapas de nuestro país.

Han aportado indudablemente una serie de elementos importantes, dignos de tomarse en consideración, en relación con el análisis de causas sociales o de causas económicas, que directa o indirectamente han influido en cierto tipo de conductas observadas en aquella entidad sureña. Yo no voy a profundizar en realidad en hacer un análisis, porque creo que mi compañero el Senador Eduardo Robledo, con un enorme conocimiento de la realidad social, política y económica de su entidad federativa, se ha referido a la complejidad de los problemas que se suscitan en aquella entidad al rezago histórico tan grave; a las graves confrontaciones y contradicciones que desde hace tantos años se han venido dando en relación con las etnias, que son de las más importantes de nuestra patria en aquella región.

Creo que las consideraciones de tipo social o de tipo económico van a encontrar, indudablemente, un marco adecuado, no solamente en función de las medidas que el Ejecutivo Federal ha dictado acertadamente para buscar la concertación para la paz y la solución de estos conflictos. Creo que ese es el punto medular, creo que la intervención, y estoy seguro del comisionado para la paz, que la magnífica intervención y muy acertada de la Comisión Plural designada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; y que de las comisiones adicionales que el Ejecutivo ha implementado para un tratamiento adecuado, para una verdadera concertación, y para el encuentro de caminos que lleven no solamente a lo que es en este momento la prioridad de la nación, de la seguridad de la nación, como es la terminación del conflicto armado, registrado y suscitado en aquella entidad.

Sino también el análisis de todas aquellas cuestiones y razones que importa traer para encontrarles soluciones, no porque éstas no hayan sido materia de una preocupación del gobierno de la República. Yo difiero de aquellas opiniones que parecen dejar o pretenden dejar en el ambiente de la opinión pública una circunstancia de tal naturaleza que nos lleve a ponderar o a considerar un abandono total por parte de las Instituciones de la República, en relación con las etnias que viven en nuestro país; y que forman parte importante, el germen más importante del que sustenta nuestra nacionalidad.

Creo que los esfuerzos que han realizado los gobiernos de la Revolución han sido importantes para superar las condiciones de vida de todos los habitantes de nuestro país, y particularmente con énfasis hacia las etnias. Creo que los programas, en algunos de ellos nos tocó vivir y participar en el pasado, fue una importancia en relación con ciertas etnias del país.

Y creo que el Programa Nacional de Solidaridad no solamente por la cuantía de sus recursos, por su vocación y por la participación muy importante de la comunidad, ha sido y ha significado un avance considerable en la superación de muchos de estos problemas. No olvidemos que en el caso particular de nuestras etnias -y ésto hay que decirlo porque a veces parece o se pretende marginar o se pretende llevar a un plano secundario -son objeto de una programación específica y de un tratamiento también especial. No es lo mismo la programación de obra pública en determinadas comunidades campesinas o urbanas, que la programación de las obras y servicios en las regiones indígenas de nuestro país, porque hay por desconfianza, por arraigo a las costumbres, por miedo tal vez de perder su identidad, un rechazo inicial a las escuelas; hay un rechazo inicial a las obras de salud; hay un rechazo inicial a las obras de comunicación, particularmente caminos y carreteras. Y ha sido una obra permanente y constante de los gobiernos emanados de la Revolución el estar precisamente no tratando de lograr una incorporación a lo que se ha llamado como la 'civilización occidental', sino que como respeto a sus usos y costumbres con respecto a su cultura, irlos incorporando paulatina, pero progresivamente a las condiciones que se han logrado para otros sectores de nuestra población.

Creo que el esfuerzo ha sido importante y vale la pena subrayarlo. No vamos a introducir en la discusión ni en el comentario toda la serie de informaciones de que disponemos que nos revelan la seguridad y la certeza de esta preocupación que se ha cristalizado en acciones concretas. Pero creo que importa, importa apuntar y expresarlo, que no está partiendo de un abandono total, que hay, desde luego -y Robledo lo señalaba con mucha certeza- rezagos históricos, sociales muy graves, particularmente en las etnias de Chiapas, eso hay que reconocerlo. Que hay una grave situación de malestar social, tenemos que reconocerlo y admitirlo porque es una realidad social la que se ha presentado en esta entidad federativa. Pero de ahí a justificar el uso de la fuerza y de la violencia, creo que ha habido una unanimidad de todas las corrientes políticas que se expresan en el entorno ideológico nacional, en función de una censura al uso de la violencia o de la fuerza como métodos o como caminos para lograr la solución de problemas ancestrales.

Yo creo que esas son las dos vertientes en las que se ha centrado la discusión sobre todo en los órganos legislativos. Tanto de la Comisión Permanente como en nuestra Colegisladora y que ahora está siendo materia de una profunda y muy interesante reflexión por parte de los señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra. Pero creo que existe la vocación ya demostrada de buscar, en primer lugar, aquello que reclama la sociedad nacional; la suspensión a actos de violencia o de circunstancias que se reflejan en la comisión de ilícitos y que pudieran conformar o conforman la comisión concretamente del delito de rebelión. Creo que esa no es la intención. De ahí el propósito precisamente de la iniciativa de Ley de Amnistía que el Ejecutivo enviara el Congreso de la Unión.

No porque tenga que ser indispensablemente una Ley de Amnistía o un indulto, en otras ocasiones, un acto último, un acto que signifique el cierre definitivo de todo un proceso de concertación y de negociaciones para la paz. Creo que esto en función de lo noble, en función de lo benévolo, en función de lo que significa una Ley de Amnistía, que más que un perdón es un olvido de la comisión de ciertos actos que entrañan como ilícitos dentro de nuestra legislación penal, es algo necesario y conveniente y que muestra la vocación política del gobierno de la República y la vocación social, no para castigar, ni para reprimir, para sentar precisamente bases que lleven y propicien a una concertación más adecuada con un reconocimiento de facto y un reconocimiento también expreso a las circunstancias a que han obedecido este tipo de actuaciones y estas situaciones de rebeldía. Yo creo que ahí debemos también de reflexionar y de estar bien ciertos y estar bien convencidos de que éste es un instrumento más para propiciar la paz en esa región de nuestro país y para propiciar también una serie de concertaciones que lleven a programas reales, a programas específicos para éstas y para otras etnias de nuestro país. Yo concuerdo con lo que aquí se ha expresado. No forma parte de un problema marginal que ahí se ha suscitado. Hay etnias que han logrado superar sus condiciones de vida; hay otras que no lo han logrado. Pero sí qué bueno que merezca la preocupación y la atención de todos, porque todos integramos también parte del gobierno de la República.

Pero yo quiero también hacer algunas reflexiones que estimo importantes en función de algo que desde que se suscitó este conflicto el primero de enero de este año, ha venido estando en la mente de muchos habitantes de nuestro país; ha tenido algún manejo en medios de comunicación social y ha sido objeto también de algunas apreciaciones -algunas ciertas, otras equivocadas- por parte de organizaciones no gubernamentales o de observadores extranjeros.

Creo que es importante, en función de lo que se ha decretado ya el cese unilateral del fuego, en función de la designación del Comisionado; en función de la Comisión que va a analizar la problemática social y económica de estas regiones; creo que en función también de la indudable aprobación que haremos de esta Ley de Amnistía, importa despejar las confusiones y las dudas en torno a los comportamientos que se han dado en función del conflicto

Yo quiero referirme, en concreto, al papel muy importante que ha jugado el Ejército mexicano en función de su papel como defensor de las instituciones de la República. Yo creo, definitivamente, que el Ejército mexicano ha sido un sustento muy importante para garantizar la paz orgánica de México y su valor como generador de la transformación democrática de nuestra sociedad.

Yo creo en el sentido de honor del Ejército y en ese espíritu democrático, porque a lo largo de todas las acciones que ha desempeñado como instrumento garantizador de la paz en nuestro país, ha desempeñado en diferentes circunstancias de La vida social y económica de nuestra patria. Yo creo que no debemos de olvidar, sino al contrario, hay que traer precisamente a los comentarios el papel tan importante que el Ejército mexicano ha jugado en los casos de desastre, por inundaciones, por terremotos, porque hemos visto el papel fundamental que nuestra organización armada ha desempeñado en auxilio a la población civil, en los apoyos tan importantes en el rescate de vidas y de patrimonios cuando nos han asolado fenómenos de la naturaleza de esas características.

Yo creo que no podemos perder de vista que el Ejército mexicano como pilar indiscutible de las instituciones de la República, tiene un sustento profundamente constitucional. Y en función de ese sustento y de su conformación orgánica en las leyes secundarias, ha actuado siempre como garante de la libertad, de la soberanía y de la independencia de nuestro país. Y que precisamente el papel importante que ha desempeñado a esta contienda, no podemos aceptar, sino que tenemos que rechazar enérgicamente que se pretenda tergiversar, que se pretenda dar otra imagen u otro reflejo del papel que el Ejército mexicano ha venido desempeñando dentro de estas condiciones constitucionales y legales.

Creo que precisamente en el marco de la fracción VI del Artículo 89 y del 119 de la Constitución General de la República, se ha conformado jurídica y políticamente la intervención del Ejército mexicano. Creo que en función precisamente de las facultades que el Ejecutivo de la Unión concede la primera de las disposiciones constitucionales enunciadas, en esa función se tiene que garantizar la integridad territorial de la nación; se tiene que garantizar la seguridad interior de nuestro país. Y en esa función del Ejército ha intervenido no como un movimiento agresor, no para reprimir demandas que se han expresado equivocadamente por la vía armada, sino para actuar en consecuencia, y evitar precisamente el que se cometan daños a la población civil, y el evitar precisamente el que se rompan los moldes de nuestro estado de Derecho, de los cuales la seguridad jurídica forma una parte medular muy importante.

Yo creo, y así lo hemos advertido, que el Ejército ha actuado con una gran prudencia y ha actuado con una gran disciplina y con una gran lealtad y amor a México. Y ¿por qué afirmo esto? Porque de veras a veces le aterran a uno ciertas expresiones que se difunden en los medios de comunicación social y que sin más justificación y sin más prueba hablan de torturas y hablan de ejecuciones y hablan de privaciones de la vida por parte de heridos y lesionados y creo que esto es muy serio y no debe ser materia de especulaciones.

Creo que también me preocupan y así lo he expresado de que haya observadores que desde el extranjero, supuestamente militares, achaquen al ejército mexicano que estas situaciones y estos actos evidenciaron su falta de preparación y su falta de organización para sofocar una rebelión en nuestro país.

Que si hubiera estado bien preparado y hubiera estado bien organizado, esta rebelión debía a lo máximo de tres o cuatro días haberla sofocado. No, yo creo que quienes afirman esas cosas no conocen cuál es el papel del Ejército mexicano. La prudencia con que ha actuado ha sido precisamente en función de evitar el mayor derramamiento de sangre de nuestros hermanos que han sido llevados a esas circunstancias de rebelión.

Creo que el Ejército se ha defendido y ha repeIido las agresiones de que han sido víctimas sus cuarteles; pero ha rescatado las garantías de seguridad y de libertad para los pobladores de aquellas regiones que se habían visto en un momento dado impedidas de gozar de la paz y la tranquilidad que también constituyen garantías de seguridad jurídica.

Creo que esa prudencia ha evitado el mayor derramamiento de sangre. Yo creo que si de acuerdo con esas apreciaciones hubiera habido un deseo y un propósito de masacrar para acabar con un conflicto, ciertamente tal vez en pocos días se podría haber solucionado el conflicto. Pero ese no es el papel del Ejército ni ese es tampoco la instrucción del Jefe de las Fuerzas Armadas, que es el titular del Ejecutivo Federal.

Es, en primer lugar, el rescatar las condiciones de paz y de estabilidad social en beneficio de los pobladores de esas regiones, repeliendo desde luego agresiones y garantizando que se restablezcan estas condiciones donde fueron deterioradas. Y luego el paso que se está dando, el paso de la concertación y la conciliación que implica medidas como esta Ley de Amnistía, que implica medidas como el cese unilateral del fuego, que implica el mismo replegamiento del Ejército mexicano a sus cuarteles, y eso evidencia un propósito y evidencia, sin lugar a dudas, una decisión irrevocable del titular del Poder Ejecutivo y del Ejército en este papel constitucional de dar seguridades a nuestra población y de evitar los enfrentamientos y de crear las condiciones apropiadas para una paz armónica negociada y que conviene a los intereses de todos.

Yo creo, y así lo afirmo desde aquí, que el Ejército mexicano ha dado pruebas una vez más de su lealtad integérrima, de su disciplina y su patriotismo. Y sobre todo ha dado muestras también de su profunda identidad con los intereses de la nación.

Hay que recordar que el Ejército no es un cuerpo ajeno a las instituciones nacionales; no es algo extraño a las instituciones de la República. Forma parte de nuestra estructura política y jurídica y es consustancial a los principios de soberanía, de libertad y de justicia que sostenemos como en nuestro país.

Creo que ha sido y será un instrumento definitivo para lograr la paz. Y en función de la necesaria reconciliación, en función de buscar y adoptar los caminos adecuados, están estas medidas dictadas por el Ejecutivo Federal. Esta intervención importante del Poder Legislativo que no hay que soslayar, la de la Comisión plural, que desde aquí yo expreso mi deseo de que se siga manteniendo y siga participando en el proceso posterior de pacificación y de solución a los graves rezagos sociales, y que desde luego esta Ley de Amnistía, que creo que todos con verdadera convicción, con verdadera certeza de que estamos contribuyendo en la medida de nuestra actividad y de nuestra representación legislativa, a propiciar las condiciones que hagan posible la armonía y la paz en México. Es todo, señor Presidente.

-El C. Presidente: Por no haber impugnaciones al dictamen, señor Secretario, le ruego sírvase reservar el proyecto para su votación nominal conjunta y proceder a ponerlo a discusión en lo particular.

-El C. Secretario Soberanis Nogueda: Por disposición de la Presidencia, se reserva para su votación nominal conjunta en lo general y en lo particular. Está a discusión en lo particular.

-El C. Presidente: Se abre el registro de oradores. No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda con el trámite la Secretaría.

-El C. Secretario Soberanis Nogueda: Se ruega al personal administrativo hacer los anuncios correspondientes a los ciudadanos Senadores que se encuentren fuera del salón, a efecto de recoger la votación nominal conjunta en lo general y en lo particular.

(El personal administrativo cumple)

-La recibe por la afirmativa, Israel Soberanis.

-El C. Secretario Jorge Rodríguez León. Por la negativa, Rodríguez León.

(Se recoge la votación)

-El C. Secretario Soberanis Nogueda: Aprobado en lo general y en lo particular por 54 votos y una abstención.

-El C. Presidente: Gracias, señor Secretario. En consecuencia pasa al Ejecutivo de la Unión para los efectos constitucionales.


 

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