Fecha de publicación: 24/01/2012
Categoría: LEY

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PROCESOS LEGISLATIVOS
DISCUSION (ART. 72-E CONST.)
DIPUTADOS
DISCUSIÓN
México, D.F. jueves 8 de diciembre de 2011.
Versión Estenográfica


El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Javier Corral Jurado, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral uno, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Javier Corral Jurado: Gracias. Compañeras diputadas y compañeros diputados, llamo la atención del pleno sobre un hecho inédito en lo que va de esta Legislatura: hoy la Cámara de Diputados expedirá tres nuevas leyes completas, de principio a fin.

Se trata de una producción legislativa importante del consenso unánime en la Comisión de Gobernación.

Se entregan tres nuevas leyes sobre materias desreguladas: la que ahora fundamento, del dictamen de la Comisión de Gobernación y para la que pido el apoyo de todas las fuerzas políticas, es para la expedición de la nueva Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Esta ley la habíamos aprobado hace un año en la Cámara de Diputados, el dictamen se convirtió en minuta, fue al Senado de la República y s ele hicieron modificaciones a la minuta envida por nosotros.

La Cámara de Diputados de returno se allanó a todas las consideraciones y observaciones de la colegisladora y volvimos a votar y a refrendar nuestra voluntad unánime de entregarle a México esta ley, que es iniciativa de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del grupo parlamentario del PRI.

Esta ley establece las bases de coordinación para la planeación, para la estructuración de las políticas públicas en materia de prevención social de la delincuencia.

Es muy importante señalar que la legislación -que ahora vamos a expedir, que ya iría directamente al Ejecutivo si este pleno la aprueba- tiene varios méritos y creo que varios hechos que resulta conveniente resaltar aquí.

En primer lugar debo decir que establece las bases para la planeación, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, obviamente en el ámbito de las competencias que cada quien tiene, y la articulación, coordinación y ejecución de programas, proyectos y acciones con el fin de combatir las causas y factores que confluyen en la comisión de delitos. Es una nueva ley, cuenta con 34 artículos, siete capítulos y tres transitorios.

Con qué coincide el dictamen de la Comisión de Gobernación, pues con la necesidad que por estos mismos días se ha expresado por distintos actores de la vida pública de México de mejorar la legislación actual al tener un claro contenido de justicia social, pues su pretensión más noble es la de prevenir, que es donde tenemos que afianzar las políticas públicas, en la prevención, pero obviamente en alentar la participación ciudadana y la organización social en las políticas de prevención. Y prevenir fundamentalmente que los jóvenes sean reclutados por la delincuencia organizada al darles oportunidades de acceso a su pleno desarrollo.

Cuáles son las tesis fundamentales que desarrolla el dictamen que les proponemos. Considera como ejes fundamentales la prevención del delito, la violencia y la delincuencia para abatir el proceso criminológico. Enfrentar la seguridad pública, enfrentar la delincuencia como fruto de aquello y la violencia como el peor rostro de eso necesita de una articulación de políticas públicas entre todas las autoridades.

La Cámara de Diputados entrega hoy el instrumento que coordina las bases de esa cooperación y por ello pedimos el voto a favor del dictamen. Por su atención muchas gracias.

El presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Gracias, diputado. Hará uso de la palabra el diputado Juan Carlos Natale López, del Partido Verde, para fijar postura, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan Carlos Natale López: Buenas tardes. Con su permiso, señor diputado. Compañeras y compañeros diputados: es un hecho que la inacción, pereza e ignorancia del Poder Ejecutivo para instrumentar políticas públicas e iniciativas legales orientadas a favorecer la prevención social del delito es a todas luces la constatación del manejo coyuntural y de la anemia conceptual para alimentar al Estado de propuestas que permitan a éste abandonar el combate al delito sólo desde los circuitos penales.

La presente reforma, desde luego desvirtúa toda aproximación a lo anterior, ya que es innegable la necesidad de superar las fronteras que han buscado perpetuar la disociación entre el derecho penal y las ciencias penales, bajo el objetivo común de garantizar una convivencia social basada en el cumplimiento a la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

También es un hecho, que las respuestas del Estado mexicano frente a la criminalidad y la violencia han estado basadas únicamente en información proveniente de los indicadores penales, sin correlacionar otras variables de carácter social y económico. El sentido para comprender y enfrentar el delito únicamente se ha enfocado en la utilización de medidas relativas y reactivas, puesto que su marco conceptual es prisionero del limitado binomio delito castigo.

Reformar y replantear la visión de la seguridad pública en México, significan que no deben entenderse como una simple tarea voluntarista, sino que es claramente la aceptación de realizar una reforma radical, de carácter cultural, transversal y multidisciplinaria, debe plasmarse en un nuevo pacto institucional que represente una renovada gestión pública con base en una participación eficaz de la ciudadanía. Pero esa ciudadanía necesita de elementos y medios jurídicos a su alcance, siendo nuestra labor el dotarlos.

En contraste, también es necesario insertar en las políticas públicas otras medidas provisoras de diversas seguridades como: la social, la educativa, la laboral y la deportiva, entre otras, para que contribuyan a favorecer una comprensión multidimensional de las visibles contradicciones sociales y definitivamente se abandona el razonamiento superficial y absurdo que nos tiene en esta inocultable crisis caracterizada por la violencia, la exclusión social y el temor ciudadano.

Es imprescindible entender que, en el diagnóstico de la gobernabilidad mexicana, hasta el momento nos refleja indicadores nada gratificantes. Desde hace cuatro años un promedio de 1 millón 700 mil delitos se denuncian cada año, mil 620 por cada 100 mil habitantes. Asimismo el indicador en la ausencia de prevención del delito en el sistema de seguridad pública se hermana con otros que constituyen parte de una constelación que inciden en la legitimidad y en la credibilidad del régimen mantener intacta la concepción fundamentalista de que el abultamiento de penas y el endurecimiento del aparato de seguridad punitiva por sí mismo pueden abatir los índices delictivos; está llevando al país al precipicio de la descomposición social y de la asociación generalizada del miedo.

Por ello, este dictamen por el que crea la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia presentado por la Comisión de Gobernación, bajo ciertas modificaciones del Senado, representa la posibilidad de revertir ciertas omisiones que en su momento no consideraron las iniciativas originales y el dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación, principalmente en lo que tiene que ver con los derechos humanos y homogeneidad de criterios con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otros aspectos no menos importantes.

De hacerlo, seguiríamos omitiendo la prevención del delito desde el ángulo social y de las prioridades del propio estado, y de lo contrario reduciríamos su actividad para caminar sin rumbo y a ciegas, parar ráfagas en la oscuridad, a únicamente encender torretas parciales, y con esto termino, a confundir lo urgente con lo importante, y en resumidas cuentas, abstraerse de la riqueza de una sociedad que aspira a tener seguridad y contribuir desde múltiples trincheras, en la edificación de una sociedad visiblemente razonable. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Uriel López Paredes: Muchas gracias diputado, hará uso de la palabra hasta por 5 minutos, la diputada Teresa Incháustegui Romero, del PRD.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Gracias, diputado presidente. Este es otro de los momentos agradables de esta legislatura porque este dictamen que estamos por aprobar el día de hoy, efectivamente suple un vacío muy importante, muy sensible en las políticas de seguridad pública y hace -como han señalado ya compañeros que me han precedido en el uso de la palabra- una corrección de ése enfoque punitivo que se ha privilegiado en los últimos años a un enfoque de prevención.

Fue tan radical el haber cercenado este enfoque punitivo en nuestra política de seguridad pública, que incluso a la policía federal que antes era preventiva, le quitaron lo preventiva y la dejaron como policía seca.

Y en este sentido, el dictamen que ya el diputado Corral describió con mucha precisión, supera entonces este enfoque para plantearnos un enfoque integral, situacional, pro-persona, incluso, desde esa perspectiva.

Se enfoca pues, aquí, a la disminución y vigilancia de factores de riego, que en la población, en las comunidades, en las localidades, afectan a grupos especialmente sensibles a los factores de riesgo, de incurrir en conductas delictivas, en actos delictivos como es el tema de los jóvenes, de las adicciones, del fracaso escolar, de los modelos de convivencia violenta, de las conductas intolerantes y de todas estas series de valores que constituyen realmente un capital social negativo en nuestras comunidades.

Y por el contrario, el planteamiento enfoca para abrir la participación social, la participación comunitaria con el objeto de diseñar políticas de seguridad próximas y cercanas a las necesidades de la gente, de los entornos.

Es por eso que está muy detallado en el tema todos los principios de integralidad, de multidisciplinariedad, de participación comunitaria. Y una cosa muy importante de este enfoque es este principio de transversalidad, porque a partir de esto se establece la concurrencia de muchas políticas sociales, de salud, urbanas, de empleo, deporte, de cultura que van a concurrir en la propuesta de las acciones del Programa Nacional, que será un programa en donde cada uno de los niveles de gobierno van a tener una participación.

Celebro también que entre los transitorios se plantee una cosa muy importante, ahí lo señala el transitorio tercero, que tanto el Congreso de la Unión como los Congresos estatales van a destinar presupuestos y recursos correspondientes a esta acción, porque como ustedes saben, compañeros, aquí los presupuestos de seguridad pública, el nivel de lo que se dedica a la prevención ha sido mínimo y han sido acciones nuestras viendo esa carencia, que hemos incrementado en el caso ya de los recursos de Subsemun, hasta un 10 por ciento de estos recursos que ya van destinados a la prevención.

Entonces, con esta legislación hay un marco muy sólido, muy bien armado, muy pertinente y muy necesario para que vayamos a buscar estas formas de efectivamente reconstrucción del tejido social, a partir de un enfoque participativo integral, y en donde fundamentalmente vayamos a construir bases sociales de seguridad. Muchas gracias. Es cuanto. El voto por supuesto a favor.

El Presidente diputado Uriel López Paredes: Gracias, diputada Incháustegui. Hará uso de la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes: Gracias, señor presidente. Hoy en día estamos ante un gran problema de criminalidad, generado entre muchas otras cosas por la delincuencia irresponsablemente incontenida por sexenios. Grupos criminales que dañan desmedidamente la vida social, política y económica, y que pone en riesgo la seguridad de todos los mexicanos.

Nunca debemos dejar de exigir y de señalar que los gobiernos, sin importar de qué nivel, contrarios a mantenerse pasivos ante este mal, están obligados a implementar medidas correctivas y preventivas, frontales para poder generar las condiciones de vida y seguridad que se merecen todos los mexicanos.

En la presente administración se han sostenido muchas medidas de política pública para la prevención del delito. Con programas implementados por la Dirección General de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, se ha llevado a cabo la mayor obra de infraestructura en materia de salud educativa; la construcción de hospitales, clínicas, universidades, bachilleratos públicos y gratuitos.

Igualmente, se ha trabajado de manera fuerte y comprometida en la creación de centros de prevención y tratamiento de las adicciones.

Con el propósito de lograr la reconstrucción del tejido social en nuestra nación, no podemos dejar a un lado los trabajos preventivos que minen el poder corrosivo del crimen organizado.

Acción Nacional asume el firme compromiso con la sociedad mexicana de proveer protección a los ciudadanos a través de nuestras áreas parlamentarias. Por lo tanto, el presente dictamen ofrece a nuestra sociedad, entre otras grandes bondades, la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones.

Busca, además, la prevención social de la violencia y la delincuencia desde los ámbitos comunitarios situacional, psicosocial. Busca también promover la implementación de programas sociales, a través de la participación ciudadana.

Procura el acceso a la justicia y a la atención integral de las víctimas de la violencia o de la delincuencia. Establece, además, atribuciones para el centro nacional y para la Comisión de Prevención de Delito y Participación Ciudadana.

Por lo tanto, al ser claro que la propuesta que hoy vamos a votar contribuye a la prevención de la comisión de delitos y con ello se abate el poder corrosivo de bandas delictivas, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional los exhortamos a unirse a nuestro voto a favor y lograr su aprobación en beneficio de México y de las próximas generaciones. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Uriel López Paredes: Muchas gracias, diputada. Hará uso de la palabra el diputado Humberto Benítez Treviño, del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Señor presidente, con su autorización. En primer lugar, quiero felicitar a la Comisión de Gobernación, a su presidente, a mi compañero amigo Javier Corral, porque efectivamente esta Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia marca un rumbo histórico en materia de prevención del delito en este país.

No omito recordarles que el 1 de octubre de 2009 presenté una iniciativa ante este pleno, para la prevención del delito. Entonces recordaba, y hoy lo subrayo en esta tribuna, lo que dicen los criminólogos, el mejor delito que existe, compañeras y compañeros diputados, es el que no se comete porque se previene. Sale más barato prevenir que sancionar.

Prevenir, compañeros, es educar. Prevenir es fomentar un catálogo de valores en las niñas y en los niños, en los jóvenes. Los valores se inculcan en el hogar, se consolidan con nuestros aliados los maestros, en la escuela, y se practican en la vida.

Por eso es que celebro que hoy estemos votando esta minuta, que se la enviemos de inmediato, señor presidente, al presidente de la República, para que cumpla con su obligación constitucional de promulgarla y se convierta en ley.

El artículo 21 de la Constitución General de la República establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, las entidades y los municipios, para prevenir el delito, para investigarlo y en su caso, para sancionarlo.

Esta ley que consta de 34 artículos y tres transitorios, establece un enfoque sistémico de la prevención. Por eso es ley general, porque distribuye competencias entre la federación, las entidades federativas y los municipios, para la prevención del delito.

No omito recordarles que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, ustedes, compañeras y compañeros diputados, autorizaron un fondo de 98 millones 700 mil pesos para la prevención del delito de secuestro.

Nosotros que tenemos una impunidad de más del 90 por ciento de los delitos, arriba del 90 por ciento, tenemos que apostar nuevamente a la prevención. Por dos razones fundamentales: primero, porque México, nuestro amado país vive una enorme crisis en materia social, política y económica. Porque el sistema nacional de seguridad pública está en crisis y porque tenemos que apostar al fomento de los valores como medida fundamental para contrarrestar la comisión de los delitos.

Por esta razón, compañeras y compañeros, quiero recordarles que los países que le han apostado a la prevención como Canadá, el Reino Unido, Colombia, Chile y Argentina han logrado revertir esta tendencia de impunidad que hoy estamos viviendo en nuestro país.

Por esta razón fundamental mi partido, el Revolucionario Institucional votará a favor de esta ley general. Y les pido a todas y todos ustedes que hagan lo mismo en consecuencia, por el bien del país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Uriel López Paredes: Muchas gracias, diputado. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados: en contra, el diputado Jaime Cárdenas Gracia y en pro los diputados Carolina Viggiano Austria y el diputado Arturo Zamora Jiménez. Tiene el uso de la palabra el diputado Cárdenas Gracia, hasta por tres minutos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Mi voto será en contra de este dictamen, no sin reconocer que se trata de un dictamen que promueve o que presenta una ley para la prevención social del delito que intenta coordinar políticas públicas en la materia. Pero quiero exponer cuatro argumentos del por qué votaré en contra del dictamen.

1. Es una ley sin dientes, es una ley que no establece medidas coactivas. Todo lo que hace la Ley General que estamos discutiendo es remitir, en caso de violación, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pero carece para su cumplimiento de medidas coactivas. Es una legislación sin dientes, sin músculo, sin fuerza para ser vinculante y obligatoria.

2. Es una ley que no atiende con suficiencia, a cabalidad las políticas de género. Es verdad que las menciona, pero no las atiende a cabalidad. Ni atiende a cabalidad también políticas para enfrentar la situación de discriminación y de exclusión social de nuestro país. No se toma en serio esta ley el tema de la desigualdad socioeconómica de los mexicanos.

3. Aunque considera esta ley algunos mecanismos de participación ciudadana lo cierto es que en el cuerpo de la ley toda la participación ciudadana que prevé está subordinada, supeditada, minimizada en relación con el papel fundamental que tienen las instituciones públicas, como el Centro Nacional de Prevención del Delito, como la Comisión Permanente de Prevención del Delito, como el Consejo Nacional, etcétera.

Entonces, el cuento de que hay participación ciudadana es en parte cierto pero en parte totalmente falso. Hay una participación ciudadana subordinada, limitada, supeditada, minimizada.

La verdad, compañeros, es que con este tipo de leyes no vamos a resolver en el país los problemas de la prevención social del delito ni la violencia imperante en México. Para que haya prevención social del delito les quiero manifestar lo que desde mi punto de vista debe realizarse, garantizar plenamente los derechos económicos, sociales y culturales del país; es decir, resolver el problema de igualdad -concluyo-, garantizar todos los derechos humanos en México, generar una democracia participativa y deliberativa.

Y finalmente, concluyo, construir un auténtico Estado de derecho en donde el fundamento de las instituciones sea la soberanía popular. Como esta ley no está enfocada así ni está orientada así votaré en contra del dictamen. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Uriel López Paredes: Muchas gracias, diputado. Hará uso de la palabra en pro del dictamen la diputada Carolina Viggiano Austria.

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Muchas gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en primer lugar quiero hacer un amplio reconocimiento a la Comisión de Gobernación, a su presidente, a don Javier Corral, por su trabajo incluyente y plural para poder sacar adelante este dictamen, esta minuta que hoy estamos votando.

Solamente hacerles unas reflexiones, porque aquí ya se han dicho muchas cosas. Solamente decirles que el objetivo fundamental de esta ley -hoy hay muchos recursos que están en la estructura programática del Presupuesto dedicados a programas de prevención de manera directa a indirecta- de lo que se trata es de que haya una política pública sobre el tema, que haya un programa nacional y que se puedan optimizar los recursos y que sobre todo los tres niveles de gobierno tengan determinadas, muy claras sus obligaciones.

Quisiera solamente hacer referencia a un artículo que responde mucho a lo que mi compañero Cárdenas ha planteado. El artículo 18, de los 30 que tiene esta ley, dice: Las políticas de prevención social deberán ser evaluadas con la participación de instituciones académicas, profesionales, especialistas en la materia y organizaciones de la sociedad civil. Esta ley tiene la posibilidad, por ser general, precisamente de tener obligación en toda la República y sobre todo con los municipios.

Nada más y nada menos que en el pasado Presupuesto, esta Cámara ha aprobado el que había solamente en el año anterior 10 por ciento de Subsemun para este tema; y para este año será el 20 por ciento el que se podrá dedicar al tema de la prevención.

¿Cuáles son los beneficios que les pueda aportar a los mexicanos? Integra a todos los actores cuyas funciones inciden o coadyuvan a la prevención social de la delincuencia. No duplica funciones con otros órganos, sino que retoma las facultades de cada uno de los involucrados y las orienta a un mismo fin: la prevención.

Permite dar a la prevención social de la delincuencia un enfoque multidisciplinario e interinstitucional. Responde a las observaciones hechas a México por organismos internacionales. No crea más burocracia, por el contrario, retoma la infraestructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública e integra a todas las dependencias y entidades que desempeñan funciones de coadyuvancia en la prevención social de la violencia y la delincuencia.

Actualmente el Sistema Nacional de Seguridad cuenta con un centro de prevención y no tenía precisamente dientes para poder echar a andar un plan que fuera respetado y operado en todo el país.

Por todo ello, les pido su voto a favor y les pido que sigamos apostándole a las causas; a ir a combatir las causas y no sólo los efectos. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Uriel López Paredes: Muchas gracias, diputada. Hará uso de la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez, hasta por tres minutos, en pro del dictamen.

El diputado Arturo Zamora Jiménez: Diputadas y diputados. Estamos a punto de votar una ley que es de gran importancia para el Estado mexicano, para nuestro país y fundamentalmente para la población. Es la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que contempla por primera ocasión la posibilidad de que haya una adecuada coordinación entre los tres ámbitos de gobierno.

Contempla la posibilidad de que se hagan tareas de prevención que son mucho más económicas, el efecto social es mucho más positivo que la represión a través de la aplicación de las normas cuando los delitos se cometen.

Estas iniciativas que han sido turnadas y que han sido presentadas por diferentes diputados, por diferentes legisladores, hoy culminan en un proceso de reenvío que precisamente regresa del Senado de la República con adecuaciones que se hicieron por los señores senadores.

Dentro de las bondades de esta iniciativa que estamos a punto de votar, es que nuestro país contará por primera ocasión con un instrumento jurídico que vincule a las autoridades responsables de la seguridad pública y autoridades responsables de los temas sociales en las distintas entidades del país, a trabajar de manera coordinada, de manera efectiva y de manera eficiente, a favor de proyectos de prevención que se sustentan en temas de educación, en temas de resocialización en el ámbito de la atención social, psicológica de las personas.

Distinguidas diputadas y diputados, en este orden de cosas es importante establecer que el grupo parlamentario del PRI votará a favor de esta iniciativa toda vez que nosotros reconocemos las bondades del trabajo legislativo de muchas compañeras y compañeros que han presentado y que tuvieron la visión, desde el inicio de esta Legislatura, como el diputado Humberto Benitez Treviño, de presentar iniciativa en este sentido.

Esta iniciativa que tiene una serie de antecedentes, por supuesto establecerá un conjunto de políticas públicas orientadas a reducir factores de riesgo que favorecen la generación de violencia, conductas antisociales y la delincuencia, así como un mecanismo estructural que permitirá en un momento dado incluir en una auténtica prevención social de un fenómeno que ha venido creciendo y ha venido lastimando y dañando a muchos mexicanos.

Por esta razón nosotros consideramos que es importante que es importante votar a favor de esta iniciativa, toda vez que tendríamos un instrumento nuevo, un instrumento que aplicar a favor de la sociedad en términos generales y en ese sentido es que se solicita el voto a favor de esta iniciativa que consta de un trabajo productivo de senadores y de diputados de varios años. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Uriel López Paredes: Al contrario, gracias, diputado.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente, para hacerle una pregunta al orador.

El Presidente diputado Uriel López Paredes: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Uriel López Paredes: Suficientemente discutido en lo general. En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de votación por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numera dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: damos la más cordial bienvenida a un grupo de mujeres provenientes de OM-PRI, de Atizapán de Zaragoza, estado de México, invitadas por el diputado Fausto Sergio Saldaña del Moral. A estudiantes de la FES Acatlán, del municipio de Cuautitlán Izcali, invitados por el diputado Francisco Lauro Rojas San Román y finalmente a alumnos de la escuela telesecundaria 520 del municipio de Actopan, invitados por el diputado Jorge Rojo García de Alba. Sean todos ustedes muy bienvenidos.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se ha emitido un total de 291 votos en pro, cuatro en contra y una abstención.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado por 291 votos en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

 

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