Fecha de publicación: 24/01/2012
Categoría: LEY

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PROCESOS LEGISLATIVOS
DISCUSION/ORIGEN
DIPUTADOS
DISCUSIÓN
México, D.F. jueves 29 de abril de 2010.
Versión Estenográfica


El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Tiene el uso de la palabra, en los términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el señor diputado y presidente de la Comisión de Gobernación, diputado Javier Corral Jurado.

El diputado Javier Corral Jurado: Compañeras y compañeros diputados, en el momento actual que vive el país, en donde se enfrenta un serio problema de inseguridad, de violencia y de delincuencia, la emisión de esta minuta, de este proyecto de decreto que presenta a su consideración la Comisión de Gobernación, es de suma relevancia.

Hoy presentamos a su consideración el dictamen con proyecto de decreto por el que se crea, por el que se expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. La iniciativa fue presentada el 10 de diciembre de 2009, por la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que, junto con la iniciativa presentada por el diputado Humberto Benítez Treviño que proponía la creación del Instituto Nacional de Prevención del Delito, constituyeron los documentos esenciales de los cuales la Comisión de Gobernación partió para el dictamen que ahora les presentamos, y que persigue impulsar tres grandes ejes de esta nueva legislación:

Crea un marco normativo para impulsar políticas públicas consistentes en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia; establecer la prevención de la violencia y la delincuencia como el eje fundamental de las políticas públicas diseñadas e implementadas para combatir la inseguridad; y, la participación ciudadana como principio rector de las políticas públicas en materia de seguridad pública.

Se trata de una nueva ley de carácter general para la prevención social de la violencia y la delincuencia, que cuenta con 34 artículos divididos en 7 capítulos. En su capítulo II el dictamen como proyecto de decreto se ocupa de establecer el marco general de la prevención social, señalada en el artículo 6o. como la prevención social de la violencia y la delincuencia, considerando ámbitos de intervención social, comunitaria, situacional y con enfoque psicosocial.

En el capítulo III se establece lo relativo a los órganos encargados de la prevención social de la delincuencia, los cuales son básicamente cuatro: el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y el Secretariado Ejecutivo.

Así, los órganos encargados de operar el sistema de seguridad y de prevención serán, por supuesto, el consejo nacional, que no es otro que el Consejo Nacional de Seguridad Pública previsto precisamente en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Secretariado Ejecutivo, que es el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que se refiere la misma ley, y el centro nacional, que es precisamente el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el artículo 19 del proyecto de decreto que ahora presentamos a su consideración se establece que para el cumplimiento de sus funciones, el centro podrá convocar a dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno; investigadores, académicos especialistas en el tema, así como otros actores coadyuvantes en la prevención social de la violencia y de la delincuencia, empero, además, a distintas dependencias y entidades, tales como la Secretaría de Desarrollo Social, obviamente la de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Educación Pública.

Lo anterior, a fin de garantizar que las políticas públicas que se diseñen e implementen en las materias propias de la ley, efectivamente, cumplan con el propósito de la misma, que es transversalizar la actividad que se desarrolle en los tres órdenes de gobierno.

Se trata precisamente de dictaminar la idea básica presentada por la legisladora, en el sentido de que la prevención del delito tenga un sentido más abarcativo no sólo desde el punto de vista de la estrategia policíaca o militar, sino fundamentalmente de la estrategia también social, educativa, cultural y de participación ciudadana.

La ley ha optado por denominarse de la Prevención Social a la Delincuencia y la Violencia, como fenómenos más abarcativos que el simple señalamiento de prevención del delito, porque partimos de la conciencia de que hay un conjunto de condiciones que van generando esa comisión precisa de un delito específico tipificado, pero que hay otro conjunto de condiciones, de hechos, de conductas sociales, individuales, que preconfiguran ese ambiente, que generan ese ambiente.

Se considera prevención social de la violencia y la delincuencia al conjunto de políticas públicas orientadas a reducir factores de riesgo que favorecen la generación de violencia, conductas antisociales y la delincuencia, así como influir en sus distintas causas y manifestaciones.

Fruto del trabajo colectivo de la pluralidad que trabaja en la Comisión de Gobernación de cara al interés público, hemos votado por unanimidad el proyecto de decreto para que hoy mismo pudiera convertirse en minuta; e incluso poder llamar a nuestros compañeros del Senado de la República a valorar, en este justo momento, la pertinencia de darle al país un nuevo instrumento para la prevención social de la violencia y la delincuencia.

Agradezco, como siempre, a todos los grupos parlamentarios que tienen participación en la Comisión de Gobernación; al grupo de especialistas y asesores que acompañaron el dictamen en esta materia; y a todos y cada uno de ustedes, les pido su respaldo y su voto a favor de este dictamen que entregará, en esta última etapa de nuestro segundo periodo ordinario, un bien jurídico más, un producto legislativo que vendrá a beneficiar al conjunto de la sociedad mexicana. Por su atención, muchas gracias. Esperamos su voto a favor.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. En consecuencia, está a discusión en lo general. Tenemos inscritos para participar a favor a la diputada Alma Carolina Viggiano Austria y al señor diputado Ilich Augusto Lozano Herrera. Tiene la palabra la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Con su permiso, diputado presidente. Estimadas compañeras diputadas, señores diputados. El problema de la violencia, la delincuencia e inseguridad en México pone en jaque a las instituciones y coloca a las familias mexicanas en situación de grave riesgo. El diagnóstico es preocupante.

A nivel internacional, la ONU ubica a México en el lugar número 116 entre 115 naciones con mayor índice de violencia y delincuencia. A principios de 2009 la Interpol y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos clasificaron a México como un país altamente inseguro al situarlo en el lugar número 5 de entre 107 países.

En países de Latinoamérica tales como Colombia, Brasil, Chile y Argentina, la prevención con enfoque social ha logrado disminuir los índices delictivos de violencia y victimización. No obstante, México se ha mantenido al margen.

Esta situación demanda de quienes ostentamos la representación popular sumar esfuerzos para construir una alternativa de solución, que busque reducir los altos índices de violencia, delincuencia y victimización. En diciembre de 2009 presenté a ustedes la iniciativa con proyecto de decreto de Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual fue turnada para la emisión del dictamen a la Comisión de Gobernación, la cual preside el diputado Javier Corral Jurado.

La prevención ha sido una preocupación de todos los grupos parlamentarios que integran esta soberanía. Razón por la que la iniciativa fue determinada en sentido positivo por dicha comisión. Determinaron denominarla Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia por sus alcances y sus objetivos.

Hoy, que discutimos la aprobación de esta ley, tenemos en nuestras manos la posibilidad de dotar a México de una herramienta útil y eficaz que permitirá disminuir, desde las causas que las generan, la violencia y la delincuencia. Por ello, estimadas compañeras y estimados compañeros, quiero solicitarles de manera respetuosa su voto a favor de esta iniciativa, que aborda de manera integral dos temas de interés común de todos los mexicanos: la violencia y la delincuencia, a través de cuatro enfoques: social, situacional, comunitario y psicosocial.

El enfoque social busca prevenir la violencia y la delincuencia mediante la implementación de programas integrales de salud, educación, vivienda y empleo, entre otros. El enfoque comunitario tiene como principal objetivo garantizar la participación de la comunidad en el mejoramiento de las condiciones de seguridad de su entorno y de desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, denuncia ciudadana y utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias.

El enfoque situacional persigue modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo y oportunidades que faciliten conductas antisociales, fenómenos de violencia y la incidencia delictiva. Finalmente, el enfoque psicosocial pretende incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, a la familia, a la escuela y a la comunidad.

Tales enfoques permitirán la planeación, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como la articulación, coordinación y ejecución de programas, proyectos y acciones con el fin de abatir las acusas y factores que confluyen en la comisión de delitos.

A lo anterior se suma que la iniciativa no tiene impacto presupuestal. No busca crear más burocracia, sino orientar el gasto a través de las dependencias que hoy tienen asignados recursos a través de distintos programas para que, con base en criterios de prevención social, apliquen esos recursos que institucionalmente les han sido otorgados.

De un análisis general, realizado a la estructura programática presupuestal del Presupuesto de Egresos 2010, resulta que hay más de 20 dependencias y más de 100 programas, con recursos federales, que tienen implicaciones directas o indirectas para la prevención social del delito.

Se calcula que por lo menos el 4 por ciento del presupuesto total incide directa o indirectamente en la prevención del delito. Esto, sin considerar lo que los estados y municipios invierten para este tema. A ello se suma que en el Presupuesto de Egresos de la Federación fueron asignados aproximadamente 17 mil millones de pesos a diversos programas públicos, cuya aplicación incide en la prevención del delito. No obstante, su ejecución se encuentra desarticulada.

Por ello, la comisión dictaminadora determinó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro Nacional para la Prevención del Delito y Participación Ciudadana, cuya operación hasta la fecha no había sido implementada, sea el organismo que opere la prevención social que contempla esta ley.

Para tales efectos la iniciativa, materia de discusión, dotará de facultades al referido organismo para convocar con voz y voto a todas aquellas entidades y organismos de la administración pública federal, cuyas funciones inciden o coadyuvan en la prevención social de la violencia y la delincuencia tales como: la Secretaría de Desarrollo Social, la de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la del Trabajo, el Instituto Nacional de las Mujeres, el de la Juventud, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia, entre otros, a efecto de que las políticas públicas sobre la materia sean transversales y articuladas.

De igual manera se da un plazo de 180 días para que el Ejecutivo federal expida el reglamento respectivo a partir de la entrada en vigor del decreto respectivo.

De igual manera, compañeras y compañeros, hoy tenemos la posibilidad histórica de dotar a México de un ordenamiento que sea ejemplo internacional de cómo lograr la tranquilidad necesaria para las familias, de cómo darle certidumbre suficiente a la inversión y, con ello, refrendar la legitimidad de nuestras instituciones. La prevención es el camino y hoy los diputados y diputadas del Congreso de la Unión debemos dar el primer paso. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Tiene la palabra en contra el señor diputado Enrique Ibarra Pedroza.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Ciudadano presidente. Señoras y señores representantes populares, en primer lugar, una amistosa precisión al diputado presidente de la Comisión, a Javier Corral, en el sentido de la inexactitud, ya que aquí se dijo que "por unanimidad" había sido aprobado este proyecto de dictamen en la Comisión de Gobernación. Como integrante de la misma, en ningún momento emití un voto favorable.

Tengo claro que el ánimo de la proponente de esta iniciativa es en todo positivo. Tengo claro también que el diagnóstico en que se nutren sus propuestas podríamos decir que son datos duros, inobjetables.

Es México presa de la violencia, de la inseguridad, y tal como se afirma en el cuerpo de la iniciativa, en 2009 organismos como la Interpol, la DEA ubicaron a nuestro país en el quinto lugar entre las más inseguras, de entre 107 naciones.

Por su parte, la ONU ubicó a México, el año pasado, en el lugar 16 dentro de las 115 naciones con mayor índice de violencia y delincuencia. Sin embargo, nosotros, los diputados del PT que vamos a votar en contra de este dictamen, diferimos tajantemente de las propuestas para erradicar la violencia y la delincuencia.

Nosotros lo tenemos muy claro, y lo hemos dicho en este y en otros espacios de reflexión, que la violencia y la delincuencia es fruto de la profunda desigualdad que cada día se ahonda más en nuestro país; es fruto de la fracasada política económica neoliberal que se instauró en México desde 1982. Para nosotros la real confrontación a la delincuencia es combatir de raíz la pobreza extrema, la pobreza, en todas sus dimensiones, y la desigualdad social.

No podemos nosotros combatir la delincuencia mientras los jóvenes no tengan oportunidades de acceder a las universidades públicas.

Más de 7 millones de jóvenes ven truncado su anhelo de formación académica. No es con organismos con los que se propone aquí erradicar la pobreza. Eso es posible mientras no haya empleo para los jóvenes, para las personas, con salarios remunerativos; mientras los mexicanos no tengan una seguridad social digna y decorosa.

Lo que aquí se nos propone ahora, es un catálogo, es un compendio de buenas voluntades e intenciones, pero simplemente es eso.

Además nosotros no podemos votar a favor cuando se nos propone que en los organismos rectores como el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que está integrado por Genaro García Luna, por el procurador de la República, que han sido represores, represivos, ineficaces, ahora ellos vayan a ser las cabezas para la prevención de la delincuencia y los delitos.

Por eso nosotros vamos a votar en contra, porque aquí se nos propone una iniciativa de ley meramente programática pero que no sanciona, que no castiga, que no resuelve los problemas y que estoy seguro carecerá de uno de los valores fundamentales que toda ley debe tener, que es el de la eficacia, incidir a través de la norma en la relación social. Por esas razones nuestro voto será en contra de esta iniciativa que está propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.

Frente a la ola de violencia en la cual está inmerso este país, esta Cámara de Diputados podría presentar ante la ciudadanía una ley que en realidad es una estrategia para la prevención de la delincuencia y que ha sido uno de los planteamientos de la izquierda mexicana y que ha sido uno de los planteamientos del Partido de la Revolución Democrática.

Que ante la guerra contra el crimen organizado, no se combate con más balas, se combate con ideas, se combate con estrategias y con políticas públicas que ayuden a los ciudadanos y a los jóvenes, sobre todo, que son los principales sectores afectados y dañados, porque de entre los 17 y los 24 años, los jóvenes son propensos a entrar en el crimen organizado.

Por ello esta Cámara de Diputados tiene la oportunidad de aprobar esta ley el día de hoy, porque además promueve la participación ciudadana, porque además realiza acciones para que los ciudadanos tengan las herramientas para poder crear políticas públicas en materia de prevención del delito, para que las mujeres, los jóvenes y los niños tengan mayores herramientas de incidir, de saber qué es lo que quieren, qué tipo de programas se pueden crear a través de los organismos constituidos y realizados, porque además si bien es cierto que no dota de recursos excesivos, sí los contempla en el proyecto de presupuesto para que tenga los recursos necesarios para poder implementarse.

Éste ha sido uno de los planteamientos del Partido de la Revolución Democrática. Por ello estamos a favor de que el día de hoy la Cámara de Diputados pueda aprobar esta ley, porque vamos a darle al gobierno federal más herramientas para que combata al crimen organizado, para que ya no haya más, como ha estado sucediendo en mi estado, en los últimos días y como lo planteamos aquí en tribuna, más muertos, derivados de la violencia, más muertos derivados del crimen organizado.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD, a través de mi persona, manifiesta que votará a favor de esta ley. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. En virtud de que ha concluido la lista de oradores, se considera suficientemente discutido en lo general. De acuerdo con el artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Hasta este momento tenemos el señalamiento de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del PRD, reservando el artículo 7. ¿Alguna otra compañera o compañero diputado que hagan alguna reserva? En consecuencia, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por siete minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior y ábrase el sistema electrónico por siete minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

Votación

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

El diputado Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva (desde la curul): A favor.

La diputada Maribel Chollet Morán (desde la curul): A favor.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Flores Rico (desde la curul): A favor.

La diputada Florentina Rosario Morales (desde la curul): A favor.

El diputado Eduardo Yáñez Montaño (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Hernández Silva (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Félix Flores Morales (desde la curul): A favor.

El diputado Fausto Sergio Saldaña del Moral (desde la curul): A favor.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina (desde la curul): A favor.

El diputado César Mancillas Amador (desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Antonio Osuna Millán (desde la curul): A favor.

La diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (desde la curul): A favor.

El diputado Rubén Arellano Rodríguez (desde la curul): A favor.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (desde la curul): A favor.

La diputada María Esther Terán Velázquez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Señor presidente, se informa que se emitieron 378 votos a favor, 18 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 378 votos a favor.

Señoras y señores diputados, informo a ustedes que fue reservado el artículo 7o., fracción V, por la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática.

Tiene el uso de la palabra la diputada, desde su curul, la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del PRD, para hacer su consideración correspondiente. Sonido para la diputada Anaya Mota.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Gracias, presidente. Más que de fondo es de forma esta reserva en atención a que este artículo 7o, tiene en el título quinto el término capacidades diferentes. En el entendido de que en este país tenemos una Ley General de las Personas con Discapacidad, que México ha suscrito una Convención Internacional sobre Personas con Discapacidad, y que todos los programas gubernamentales están dirigidos a personas con discapacidad, es una sugerencia a los integrantes de la comisión y a este pleno, para que se cambie el término capacidades diferentes, por personas con discapacidad.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Pregunto a la comisión si tiene algún comentario respecto a la propuesta de la diputada Anaya Mota. Diputado Javier Corral.

El diputado Javier Corral Jurado: Señor presidente, nos allanamos favorablemente a la reserva que ha presentado la diputada Anaya Mota, porque estamos de acuerdo en que el concepto personas con discapacidad es más preciso para los efectos legales que pretende el proyecto de dictamen.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Claudia Edith Anaya Mota.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Claudia Anaya Mota. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se acepta a discusión. En virtud de que no se ha registrado ningún orador, le pido a la Secretaría pida, en votación económica, a la asamblea si se acepta la modificación propuesta.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de la diputada Claudia Anaya. Los diputados y la diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se acepta la modificación propuesta por la diputada, y en virtud de que no tenemos ninguna legisladora ni legislador inscrito, se declara suficientemente discutido.

Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por 7 minutos, para proceder a la votación la fracción V del artículo 7o. con la modificación propuesta por la diputada Claudia Edith Anaya Mota.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior y ábrase el sistema electrónico por 7 minutos, para proceder a la votación nominal de las modificaciones del artículo propuesto, y aceptado por la asamblea, artículo 7, fracción V.

Votación

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Por favor, porque está a punto de cerrarse. Ciérrese el sistema de votación electrónica. Votaciones de viva voz.

El diputado Armando Neyra Chávez (desde la curul): A favor.

El diputado Ariel Gómez León (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (desde la curul): A favor.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): A favor.

La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (desde la curul): A favor.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (desde la curul): A favor.

La diputada Ana Elia Paredes Arciga (desde la curul): A favor.

El diputado Rubén Arellano Rodríguez (desde la curul): A favor.

El diputado Guillermo José Zavaleta Rojas (desde la curul): A favor.

La diputada Maribel Chollet Morán (desde la curul): A favor.

El diputado Alejandro Carabias Icaza (desde la curul): A favor.

El diputado David Ricardo Sánchez Guevara (desde la curul): A favor.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (desde la curul): A favor.

El diputado Salvador Caro Cabrera (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Ahued Bardahuil (desde la curul): A favor.

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández (desde la curul: A favor.

El diputado Teófilo Manuel García Corpus (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Señor presidente, se emitieron 379 votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado el artículo 7o., fracción V, con la modificación, por 379 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

 

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