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    ENCABEZADO


    LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SINALOA

    ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 9 DE JUNIO DE 2017.

    Ley publicada en el Suplemento del Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el miércoles 1 de septiembre de 2004.

    El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagésima Séptima Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente:

    DECRETO NÚMERO 659


    LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SINALOA


    TÍTULO PRIMERO


    Título Primero

    Disposiciones Generales


    CAPÍTULO PRIMERO


    (REFORMADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2017)
    Capítulo Primero

    Del Objeto y Definiciones de la Ley


    ARTÍCULO 1


    Artículo 1. La presente Ley reglamenta la planeación, administración, fomento y control del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población en el Estado de Sinaloa, conforme a los fines señalados en los artículos 27, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su legislación reglamentaria, sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto:

    I. Establecer las normas que regulen la concurrencia del Estado y los Municipios que lo integran en materia de ordenación y regulación de los asentamientos humanos en la Entidad;

    (REFORMADA, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2017)
    II. Establecer las normas y principios para la planeación, la regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

    III. Establecer las normas conforme a las cuales el Estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones para planear, ordenar y regular el territorio y determinar las provisiones, usos, destinos y reservas de áreas y predios;

    IV. Fijar las normas que regulen toda acción urbana;

    V. Establecer las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos; y,

    VI. Fijar las medidas de seguridad, infracciones y sanciones a efecto de asegurar su cabal cumplimiento y definir los recursos y procedimientos administrativos.


    ARTÍCULO 2


    Artículo 2. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población, mediante:

    I. El aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación en beneficio social, promoviendo su desarrollo en forma equilibrada;

    II. El desarrollo sustentable del Estado, armonizando las relaciones de las ciudades con sus regiones y distribuyendo adecuadamente las cargas y los beneficios de los procesos de urbanización;

    III. La distribución equilibrada y sustentable de los centros de población y las actividades económicas en el territorio estatal;

    IV. El fomento de centros de población con dimensiones y condiciones apropiadas;

    V. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de población;

    VI. La conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos;

    VII. La adecuación en los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;

    VIII. La elaboración de planes y programas de desarrollo urbano que permitan la dotación suficiente y adecuada de servicios públicos, infraestructura y equipamiento urbano;

    IX. La regulación del mercado de los terrenos y el de la vivienda de interés social y popular;

    X. La promoción y aplicación de acciones de financiamiento del desarrollo urbano y la vivienda;

    XI. La preservación del patrimonio cultural de los centros de población;

    XII. El ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en los centros de población;

    XIII. La coordinación y concertación de la inversión pública y privada con la planeación del desarrollo regional y urbano;

    XIV. La participación social en la solución de los problemas que genere la convivencia urbana;

    XV. El desarrollo y adecuación en los centros de población de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos que garanticen la seguridad, libre tránsito y accesibilidad que requieren las personas con discapacidad;

    XVI. La definición de los instrumentos de planeación, especificación de procedimientos, imposición de sanciones y el establecimiento de mecanismos para evaluar y actualizar resultados que aseguren su difusión, cumplimiento y continuidad a corto, mediano y largo plazo;

    XVII. La promoción, enseñanza y difusión de actitudes favorables a la convivencia urbana y el correcto uso y conservación de la infraestructura y el equipamiento de los centros poblados, incorporando en los planes de estudio de las escuelas de enseñanza básica, programas de educación cívica orientados a que los educandos valoren la conveniencia y exigencias de vivir en comunidad; y,

    XVIII. El fomento de acciones que tengan por objeto inducir y apoyar el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, mediante la promoción de una cultura de uso y rehúso del agua y la correcta disposición de desechos sólidos en los centros de población.


    ARTÍCULO 3


    Artículo 3. Se consideran de interés público y de beneficio social de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la determinación de provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios de los centros de población, contenida en los planes y programas de desarrollo urbano; y conforme a lo dispuesto en la presente Ley:

    I. La elaboración de planes y programas contenidos en el Sistema Estatal de Planeación;

    II. La promoción de obras de infraestructura y equipamiento urbano que posibiliten el desarrollo urbano en áreas susceptibles de desarrollo;

    III. La elaboración y actualización de reglamentos y demás disposiciones administrativas para la regulación y control de edificaciones y urbanizaciones;

    IV. La implementación de mecanismos ágiles y efectivos para la incorporación de suelo ejidal al desarrollo urbano; y,

    V. El estudio, investigación y aplicación de conocimientos y tecnologías tendientes a contribuir al desarrollo urbano sustentable.


    ARTÍCULO 4


    Artículo 4. Se considera de utilidad pública:

    I. La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

    II. La ejecución de planes o programas de desarrollo urbano;

    III. La constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda;

    IV. La regularización de la tenencia de la tierra en los centros de población;

    V. La edificación o mejoramiento de vivienda de interés social y popular;

    VI. La ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;

    VII. La protección del patrimonio cultural de los centros de población; y,

    VIII. Las acciones y procedimientos que tengan como fin la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población.


    ARTÍCULO 5


    Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

    I. Acción Urbana: El acondicionamiento del espacio para el asentamiento humano, mediante la introducción o mejoramiento de infraestructura, el fraccionamiento, la urbanización, la fusión, la subdivisión, la relotificación, la edificación, el cambio a régimen de propiedad en condominio y demás procesos tendientes a la transformación, uso y aprovechamiento del suelo urbano, la infraestructura, y los servicios municipales;

    II. Áreas Susceptibles de Desarrollo: Zonas que por sus características naturales, físicas y de infraestructura, pueden habilitarse para la urbanización;

    III. Asentamiento humano: El establecimiento de un conglomerado demográfico con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma, los elementos naturales y las obras materiales que la integran;

    IV. Centro de población: Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables o de conservación por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros, así como las que por resolución de la autoridad competente se provean para fundación de los mismos;

    V. Comisiones Municipales: Las Comisiones Municipales de Desarrollo de Centros Poblados, como organismos públicos descentralizados de la administración pública municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios;

    VI. Consejo Estatal: El Consejo Estatal de Desarrollo Urbano y Preservación del Patrimonio Cultural;

    VII. Consejos Municipales: Los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano;

    VIII. Conurbación: La continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población, con independencia de la jurisdicción administrativa a la que pertenezcan;

    IX. Corredor Urbano: Vialidades de alto aforo vehicular, en las que se permiten una gran densidad e intensidad en el uso del suelo, además de una mezcla variada de funciones urbanas;

    X. Densidad de población: Número de habitantes por unidad de superficie;

    XI. Densidad de vivienda: Número de vivienda por unidad de superficie;

    XII. Desarrollo regional: El proceso de crecimiento económico en un territorio determinado, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la preservación del ambiente, así como la conservación y reproducción de los recursos naturales;

    XIII. Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas; que se funda en medidas apropiadas para la preservación del equilibrio ecológico, la protección del ambiente, el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo económico equilibrado, y la cohesión social, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;

    XIV. Desarrollo urbano: El proceso de planeación, ordenación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

    XV. Destinos: Los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro de población;

    XVI. Dictamen de congruencia: El documento mediante el cual el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, evalúa y sanciona el contenido de un plan o programa respecto de las disposiciones de la presente Ley y las políticas establecidas en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y sus componentes;

    XVII. Dictamen de impacto urbano: Es el documento mediante el cual, la secretaria evalúa el impacto que puede causar la acción urbana propuesta en el entorno urbano del predio que se dictamina, en base a las disposiciones de la presente ley, la reglamentación respectiva, y las políticas establecidas en el programa estatal de desarrollo urbano y los demás planes y programas que lo componen. Que además, sirve de base a la autoridad competente para la aprobación o rechazo de la acción urbana propuesta;

    XVIII. Ejecutivo Estatal: El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa;

    XIX. Equipamiento Urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones y construcciones utilizado para prestar a la población los servicios urbanos, a fin de que pueda desarrollar las actividades económicas, sociales, culturales y recreativas propias de la vida urbana;

    XX. Infraestructura Urbana: Los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios en los centros de población;

    XXI. Intensidad de construcción: Es el número de metros cuadrados que pueden construirse en un predio, en función de la superficie del mismo;

    XXII. Mobiliario Urbano: Es el conjunto de elementos con los que se acondicionan los espacios públicos como los depósitos para la recolección de basura, bancas, casetas telefónicas y casetas para la espera de camiones, entre otros;

    XXIII. Normas de ordenación: Disposiciones que regulan la densidad e intensidad del uso del suelo, los coeficientes de uso y de ocupación del suelo urbano, las formas de aprovechamiento del suelo y el espacio urbano, así como las características de las edificaciones, el impacto urbano y las demás que señala esta Ley; dichas normas se establecerán en los planes y programas de desarrollo urbano de centros de población, así como en la reglamentación municipal;

    XXIV. Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos: El proceso de distribución equilibrado y sustentable de la población y de las actividades económicas en el territorio estatal;

    XXV. Propiedad social: Las tierras comunales y las dotadas a los núcleos de población ejidal o incorporadas al régimen ejidal conforme a las disposiciones de la Ley Agraria;

    XXVI. Provisiones: Las áreas que serán utilizadas para la fundación de un centro de población;

    XXVII. Reservas: Las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento;

    XXVIII. Secretaría: La Secretaría de Planeación y Desarrollo;

    XXIX. Servicios Urbanos: Las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad competente o concesionadas, para satisfacer necesidades colectivas en los centros de población;

    XXX. Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano: Es el conjunto de normas, procedimientos e instrumentos que permiten ceder los derechos excedentes o totales de intensidad de construcción no edificados que le correspondan a un propietario respecto de su predio, en favor de un tercero, sujetándose a las disposiciones de los planes y programas de desarrollo urbano y a la autorización de instancia competente;

    XXXI. Urbanización: La dinámica espacial caracterizada por la transformación del suelo rural a urbano; las fusiones, subdivisiones, fraccionamientos de áreas y predios; los cambios en la utilización y en el régimen de propiedad de predios y fincas; la rehabilitación de fincas y zonas urbanas, así como las actividades encaminadas a proporcionar en un área de crecimiento la introducción o mejoramiento de las redes de infraestructura y el desarrollo del equipamiento urbano;

    XXXII. Usos: Los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un centro de población;

    XXXIII. Zonificación primaria: Se define como la superficie ocupada por el área urbana actual, la estructura urbana definida por las vialidades de acceso y las estructurales, las áreas susceptibles de desarrollo urbano, las áreas de conservación y el límite de centro de población;

    XXXIV. Zonificación secundaria: Se refiere a distritos de los centros de población, en los cuales se especifica con claridad el uso del suelo predominante y se dan normas para la mezcla de usos complementarios, asimismo; la densidad, intensidad, coeficientes de ocupación, y coeficientes de utilización; y,

    XXXV. Zonificación: La determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población, sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo.


    CAPÍTULO SEGUNDO


    (ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2017)
    Capítulo Segundo

    De los Principios


    ARTÍCULO 5 BIS


    (ADICIONADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2017)
    Artículo 5 Bis. La planeación, administración, fomento y control del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población en el Estado de Sinaloa deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública:

    I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centros de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales suscritos por México en la materia y por la Constitución Política del Estado;

    II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, con políticas públicas incluyentes;

    III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en esta Ley y las disposiciones que de ellas emanen aplicables en la materia;

    IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales y del Estado; así como procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;

    V. Participación democrática y transparencia. Proteger y propiciar el derecho de todas las personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y el territorio. Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y demás legislación aplicable en la materia;

    VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad económica;

    VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciada (sic) por personas y grupos. Se fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes;

    VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo;

    IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua y de los recursos naturales renovables y no renovables, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques; y

    X. Accesibilidad y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de usos del suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado.

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