Sistema de Consulta de Ordenamientos





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ENCABEZADO
(NOTA: EL 24 DE ENERO DE 2023, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LOS RESOLUTIVOS TERCERO Y CUARTO, ASÍ COMO EN LOS APARTADOS VI Y VII DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 63/2019, DECLARÓ FUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO, ATINENTE A LA REGULACIÓN DEL PERSONAL QUE SERÁ RESPONSABLE DE ATENDER LOS HECHOS QUE PONGAN EN RIESGO O VULNEREN LA BASE DE DATOS, LAS FACULTADES QUE TENDRÁ EL PERSONAL QUE SERÁ RESPONSABLE DE ATENDER LOS HECHOS QUE PONGAN EN RIESGO O VULNEREN LA BASE DE DATOS, LAS FACULTADES QUE TENDRÁ EL PERSONAL PARA ATENDER LAS AMENAZAS O VULNERACIONES A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE DEBERÁN DESPLEGARSE FRENTE A LOS SUPUESTOS DE RIESGO Y VULNERACIÓN DE LA BASE DE DATOS QUE, COMO PREVISIONES MÍNIMAS, DEBE CONTENER LA LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE; POR LO QUE CONDENA AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE EN LOS DOS SIGUIENTES PERÍODOS ORDINARIOS DE SESIONES, SUBSANE ESA OMISIÓN, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS EL 27 DE ENERO DE 2023 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHA SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA http://www.scjn.gob.mx/).



LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES

TEXTO ORIGINAL.

Ley publicada en la Edición Vespertina al Número 28 del Diario Oficial de la Federación, el lunes 27 de mayo de 2019.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A :

SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES.

Artículo Único. Se expide la Ley Nacional del Registro de Detenciones


LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES




CAPÍTULO I


Capítulo I

Disposiciones Generales




ARTÍCULO 1


Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional. Tiene por objeto regular la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Detenciones, estableciendo los procedimientos que garanticen el control y seguimiento sobre la forma en que se efectuó la detención de personas por la autoridad.




ARTÍCULO 2


Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Centro Nacional de Información: el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

II. Instituciones de seguridad pública: a las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias o entidades encargadas de la seguridad pública de orden federal, local o municipal, a que se refiere el artículo 5, fracción VIII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como las competentes para conocer y sancionar las infracciones administrativas, en sus respectivas competencias;

III. Ley: la Ley Nacional del Registro de Detenciones;

IV. Persona detenida: la persona privada de la libertad por parte de una autoridad integrante de alguna de las instituciones de seguridad pública, por cualquiera de los siguientes supuestos: detención en flagrancia, orden de aprehensión, caso urgente, retención ministerial, prisión preventiva, encontrarse cumpliendo pena o por arresto administrativo;

V. Registro: al Registro Nacional de Detenciones;

VI. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;

VII. Sistema de Consulta: al Sistema de Consulta del Registro Nacional de Detenciones, y

VIII. Sujeto Obligado: servidor público que por motivo de su empleo, encargo o comisión intervenga en la captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de la información que integra el Registro.




ARTÍCULO 3


Artículo 3. El Registro consiste en una base de datos que concentra la información a nivel nacional sobre las personas detenidas, conforme a las facultades de las autoridades durante las etapas del proceso penal o del procedimiento administrativo sancionador ante juez municipal o cívico, respectivamente. Dicho Registro será administrado y operado por la Secretaría con base en las disposiciones que al respecto se emitan.




ARTÍCULO 4


Artículo 4. El Registro forma parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública y tiene por objetivo prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada.

Las bases de datos contenidas en el Registro podrán ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública con fines estadísticos, de inteligencia y para el diseño de políticas criminales, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita el Centro Nacional de Información y conforme a las leyes aplicables.




ARTÍCULO 5


Artículo 5. Con independencia de lo establecido en el artículo 3 de esta Ley, la Secretaría contará con un Sistema de Consulta del Registro que permita, a través de herramientas tecnológicas, consultar una versión pública de la información de las detenciones practicadas por las instituciones de seguridad pública, conforme a la normatividad aplicable.




ARTÍCULO 6


Artículo 6. El número de registro de la detención que otorgue el Sistema de Consulta tendrá la finalidad de establecer el seguimiento a la persona detenida, hasta que es puesta en libertad por parte de la autoridad competente en cualquiera de las etapas del proceso penal o administrativo.




CAPÍTULO II


Capítulo II

Principios que rigen el Registro Nacional de Detenciones




ARTÍCULO 7


Artículo 7. Las autoridades con acceso al Registro se regirán por los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, eficiencia, honradez, lealtad, imparcialidad, proporcionalidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y responsabilidad en el tratamiento de datos personales y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.



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