Fecha de publicación: 09/01/2013
Categoría: LEY

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PROCESOS LEGISLATIVOS
DISCUSION/ORIGEN
SENADORES
DISCUSIÓN
México, D.F. miércoles 25 de abril de 2012.
Versión Estenográfica


Tenemos ahora la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Víctimas.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

-EL C. SECRETARIO HERVIZ REYES: Consulto a la asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFIN: Muchas gracias. En consecuencia está a discusión.

Para presentar el dictamen por parte de las comisiones, tiene el uso de la tribuna el senador Jesús Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación.

Informo a la asamblea que se han inscrito para hablar en pro del dictamen el senador Tomás Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde; el senador Fernando Baeza del Grupo Parlamentario del PRI; y el senador Fernando Elizondo del Grupo Parlamentario del PAN.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Jesús Murillo Karam.

-EL C. SENADOR JESÚS MURILLO KARAM: Compañeros senadores.

El dictamen que vamos a ver hoy es un dictamen que puede resultar polémico o que puede resultar extraño para la tradición jurídica, por una razón simple. Estamos abriendo brecha en el mundo en un tema en el que vamos a generar un precedente que yo espero se asimile a otros precedentes que juristas mexicanos han logrado plantear y generar como tales en la historia del mundo.

Cuando nosotros empezábamos a discutir hace algunos años la Ley de Derechos Humanos, se generaba una expectativa igual, se hablaba de los riesgos y de los temores que podría implicar una ley de esa naturaleza.

Más aún cuando en 1917 nuestros constituyentes diseñaban en la Constitución o en lo que sería al Constitución que hoy nos rige, la inclusión de derechos sociales en la Constitución política, era también una innovación, era también una novedad en el mundo jurídico, que generaba escozores, temores, dudas, pero que hoy es uno de los orgullos nacionales.

Pero que hoy es una muestra de cómo pudimos avanzar durante un periodo difícil en la concepción de una nueva forma de conducir un estado.

Cuando los mexicanos inventamos la Ley de Amparo, también innovábamos en el mundo, también generábamos un planteamiento nuevo, un planteamiento novedoso, que después fue en distintas formas y con distintas condiciones aceptados y reclamado por el mundo.

Yo creo que la ley que hoy...

(Sigue 3ª parte). . . en distintas formas y con distintas condiciones aceptado y reclamado por el mundo.

Yo creo que la Ley que hoy vamos a aprobar es una Ley de esas, es una ley que genera precedentes, es una ley que ejemplifica en el mundo la responsabilidad del estado frente a las víctimas y la forma de enfrentar el daño causado cuando por ineficacia del estado, por violación de derechos humanos o por comisión de delitos no ha sido posible darle a un ser humano la justicia que le compete.

Es una ley que nace de sentimiento brutal de impunidad de la víctima cuando por ejemplo es o sufre la desaparición de uno de sus miembros por secuestro y no hay la capacidad para poderle decir que tiene con certeza un estado que va a responderle para que ese tipo de delitos no se cometa, para que pueda dormir con la seguridad de que hay un estado que lo respalda.

Más importante, para obligar al estado a actuar previamente, para evitar la victimización, para evitar ese sentimiento de impunidad, de dolor y de incapacidad, es una ley que al mismo tiempo que restituye genera posibilidades de prevención y de derecho, es una ley, les puedo decir, muy concretamente, en muy pocas palabras que nos va a hacer sentirnos satisfechos de haber pasado por esta legislatura.

No es una ley perfecta, cada vez que la leo encuentro cosas nuevas que yo modificaría, posiblemente hoy tengamos que hacerle algunas pequeñas modificaciones, pero ese principio de un camino nuevo, de mayor justifica, de mayor atención y de mayor cuidado de algo en lo que de alguna manera, en alguna parte sufrimos todo en este país.

Yo los invito a que hagamos historia y aprobemos esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Muchas gracias, Senador Murillo Karam.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Pablo Gómez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del dictamen.

-EL C. SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ: Señoras y señores senadores, se consulta al Senado un proyecto de Ley nueva que yo lo calificaría, la calificaría como una ley de nueva generación, es una Ley que está fuera de los rigorismos tradicionales de nuestra estructura legislativa, es un esfuerzo por reconocer en el sentido más amplio los derechos de las víctimas establecidas en la Constitución y en general los derechos humanos.

Es estrictamente también por lo tanto una ley que brinda la más amplia protección de la que habla el artículo 1º de la Constitución recién reformado.

El primer elemento que hay que destacar de este elemento es que se declara consecuentemente al estado como corresponsable de atentados contra la vida y la seguridad y la propiedad de las personas, pero a diferencia de una simple declaración, esa ley pretende dar las garantías.

Nuestro sistema normativo tiene como los de otros muchos países el enorme defecto de conceder derechos, reconocer derechos pero no dar las suficientes garantías, si existe el derecho de la reparación del daño, cuáles son las garantías que ofrece el estado, como no sean las de una sentencia en contra del victimario para que se haga cargo de la reparación del daño, pero si el victimario no está bajo la acción del estado, o carece de recursos para hacer frente a esta obligación o no hay manera jurídicamente hablando para hacer valer el derecho de la víctima entonces en este momento no hay respuesta. Es decir, no hay garantía suficiente.

Estamos hablando, naturalmente de una garantía limitada, por su naturaleza, pero aún limitada es indispensable subrayar que esta ley pretende otorgar la garantía del ejercicio de un derecho, pero también hay otra garantía a otros derechos de las víctimas, de los recursos que éstas puedan interponer, de la forma en que la autoridad debe tratar, de la manera en como las víctimas pueden interactuar en procura de sus derechos y las obligaciones de la autoridad, de reconocer y hacer valer dichos derechos.

Por eso es una ley de nueva generación, estamos tratando de meter a México a pesar de su enorme atraso político y jurídico en las tendencias garantistas en las cuales se les exige a los estados, no solamente reconocer derechos, sin otorgar las plenas garantías para su ejercicio.

Esta ley tiene una relación con otra que también es de nueva generación, está vigente, que es la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ley que en gran medida no ha podido ser aplicada porque las autoridades obligadas a atender los casos de violencia contra las mujeres que se pongan en su conocimiento, sencillamente hacen caso omiso de tales obligaciones.

Con esta ley, y en su cruce con la mencionada anteriormente que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, las víctimas tendrán aún mayores derechos y el estado tendrá que garantizar la reparación del daño y para ello se genera todo un sistema en esta ley que va desde el registro de las víctimas a la creación de un sistema nacional y también a la creación de un organismo público descentralizado del estado con personalidad y patrimonios propios capaz de responder no solamente a la reparación del daño, sino también a brindar otras garantías para el ejercicio de los derechos de las víctimas.

Una autoridad nacional que pueda interactuar con autoridades locales y federales de cualquier. . .

(Sigue 4ª parte). . . . . . . . . ...para el ejercicio de los derechos de las víctimas.

Con autoridad nacional que pueda interactuar con autoridades locales y federales de cualquier nivel y de cualquier ramo de la Administración Pública.

Y esta comisión ejecutiva será integrado por 9 comisionados a propuesta del Ejecutivo, en la que el Ejecutivo hará 3 proposiciones por cada comisionado a elegir, y los organismos públicos y las asociaciones privadas de derechos humanos tendrán capacidad para hacer propuestas al Ejecutivo, y el Senado tomará la decisión final.

De esta manera se trata de dotar al país de una ley que no está desvinculada del resto del sistema jurídico, sino que está íntimamente vinculado con la materia civil, penal, familiar de defensa de las mujeres frente al violencia de que son víctimas, una destacada promotora de esta lucha, Marcela Lagarde, que fue diputada y creó la Comisión de Feminicidio en la Cámara de Diputados, me decía en alguna ocasión, que las estadísticas sobre la violencia contra las mujeres pues eran de tanteo, porque si vamos a profundidad, en este país casi todas las mujeres en algún momento de su vida han sufrido violencia, física o moral, y yo estoy de acuerdo con ella.

Tenemos un nivel de víctimas en el México, que mucho más allá de los registros meramente penales, muchísimo más allá.

Yo creo también que los actos de discriminación son actos violentos, y que los actos de discriminación implican que hay una o más víctimas, y estas se reconocen, por o tanto esta ley tiene también conexión con la ley contra la discriminación; cosa que se van incorporando ya a una visión legislativa de instrumentos de nueva generación, estas leyes contrastan mucho con aquellas de orden policiaco.

Estas leyes son algo distinto a otra tendencia presente y actuante en la vida del país que es: aumentar la penas como forma de combatir los delitos, a hacerlos graves sin derecho a fianza, ubicarlos en la ley de delincuencia organizada, y pensar que a través de la represión y no de las garantías otorgadas a la sociedad, y no de la reivindicación de los derechos, es como vamos a poder contrarrestar la violencia que este país sufre, no me refiero solo a la violencia desatada que está en una situación de crisis de las bandas de la delincuencia organizada, sino de la violencia que existe en la sociedad y que se hace presente cotidianamente, y cuyas víctimas son cualquier persona, prácticamente.

Señoras y señores legisladores: Creo que el paso que se emprende y que pedimos a la colegisladora que comprenda la situación en la que estamos admitiendo nuestro retraso, -estamos en vísperas de la terminación de sesiones ordinarias-. Repito, el proyecto que se consulta es un paso muy importante que no se solo y aislado, sino que forma parte de las leyes que ya he mencionado y que están vigentes, de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos que nació en el Congreso como aquella expresión que busaca también contrarrestar las tendencias hacia un Estado policíaco, y por lo tanto reivindica los Derechos Humanos, y en esta lucha en la que estamos inmersos, señores y señoras, entre el estado policíaco y el estado de las libertades, de los derechos y de las garantías plenas para su ejercicio quienes estamos en este segundo extremo a favor del estado de las libertades, damos la bienvenida a una ley, esta ley de víctimas que se inscribe justamente en la tendencia garantista y a favor del estado de las libertades.

Muchas gracias por su atención.

(APLAUSOS)

- EL C. PRESIDENTE SENADOR JOSE GONZALEZ MORFIN: Gracias, Senador Pablo Gómez. Tiene ahora la palabra también para hablar en pro del dictamen el Senador Fernando Baeza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

- EL C. SENADOR FERNANDO BAEZA MELENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente. El día de hoy junto con víctimas, con familiares de las víctimas que estamos compartiendo un breve alto en el camino que muchos y muchas de ellas emprendieron hace ya tiempo con el objetivo de hacerse oídas.

Las víctimas y los familiares de las víctimas han demandado a las autoridades federales, estatales y municipales a los otros legisladores federales y a los locales, a los miembros del Poder Judicial a todas y a todos los que tenemos responsabilidades en el Estado que abramos un espacio de acción común y colectiva para reconstruir la paz y terminar con la violencia que asola a nuestro país.

Legisladoras y legisladores de todos los partidos hemos tenido la oportunidad de escuchar su voz, de conocer directamente sus historias y testimonios, de sentir el nudo en la garganta que se nos aprieta cuando sus palabras se quiebran cuando por el recuerdo de sus seres queridos muertos o desaparecidos, lesionados o refugiados lejos de su hogar mientras nos piden y exigen actuar para encontrar cómo rescatarnos todos de tanto dolor, porque a veces duele tanto, que duele.

El 28 de julio del 2011, en el diálogo del Castillo de Chapultepec, en un intercambio franco entre los representantes de todos los partidos que integramos el Poder Legislativo, hicimos un compromiso especial con Movimiento Por la Paz, con Justicia y Dignidad...

(Sigue 5ª. Parte).... por la paz con justicia y dignidad, de impulsar conjuntamente con ellos una ley que tuviese como objetivo principal, visualizar a los y las mexicanas que han sufrido el menoscabo y el daño en el ejercicio de sus derechos plenos debido a la violencia asociada a la lucha en contra de la alta criminalidad.

Nos propusimos una ley que incluyera el derecho a conocer la verdad, acceder a la justicia, ha ser reparados legalmente con medidas de restitución, de satisfacción, de rehabilitación, eventualmente de reparación económica, y que incorporara como principio sustantivo las garantías de no repetición.

Una ley para rescatar la memoria, la identidad y la dignidad de las víctimas y de sus familiares, para saber qué paso, quiénes son los responsables y se les detenga, juzgue y sancione y con ello combatir la impunidad, que es un enorme lastre que lastima nuestro sistema de justicia, una ley que incorporaba medidas que permitieran generar condiciones legales e institucionales para que los hechos victimizantes que cegaron la vida, dañaron la integridad y restringieron la libertad no se repitan nunca más.

La Ley General de Víctimas que hoy se está aprobando por este Senado, que representa el esfuerzo de construcción y consensos que el país necesita para recuperarse de estos años de dolor y sangre, fue confeccionada con las aportaciones de especialistas y expertos en víctimas con las historias y necesidades de las propias víctimas que en diversas reuniones compartieran su sentir con el apoyo invaluable de los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del "INACIPE", de organizaciones sociales, dedicadas a la atención de víctimas de las y los legisladores de esta soberanía.

Todos ellos que generosamente aportaron propuestas sustantivas para darle forma a la ley, la Ley General contiene los principios sustantivos de la justicia restaurativa, para la atención, protección, apoyo, ayuda y reparación integral de las víctimas del delito y de las violaciones a los derechos humanos.

Se fundamenta constitucionalmente en las reformas en materia del sistema penal acusatorio y de derechos humanos, se crea un Sistema Nacional de Atención a Víctimas para instrumentar las medidas emergentes de apoyo, así como las medidas de largo alcance para la recuperación de las víctimas.

El Sistema será operado por una comisión ejecutiva, órgano descentralizado, conformado por especialistas y víctimas que tendrán a su cargo, además un área jurídica especializada, fondo de ayuda para la reparación y se incluyen competencias para todas las instituciones que conforman el Estado Mexicano.

En la Ley que ha quedado plasmada la voz de México, dolido y agraviado en el Senado, hemos reconocido la legitimidad de las demandas, del movimiento de víctimas a nivel nacional, como Norma que perdió a su hija, víctima de feminicidio, con Doña Mary, Margarita y Juan Carlos que buscan sin descanso a sus hijos e hijas desparecidos, con los hermanos Laguna, integrantes de SOS, víctimas de secuestro que con el corazón en la mano nos gritaban que ya no querían tener miedo.

Hemos conocido a Javier y a otros padres y madres que han perdido a sus hijos, esta ley es nuestra aportación a un proceso de reconocimiento de la emergencia que vivimos, y nuestra solidaridad concreta con su dolor por la ausencia de los hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas, que asesinados, desaparecidos, o ausentes, han dejado un hueco en el alma de nuestra patria. Muchas gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Muchas gracias, senador Baeza. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Fernando Elizondo Barragán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, también en pro del dictamen.

-EL C. SENADOR FERNANDO ELIZONDO BARRAGÁN: Compañeras y compañeros, señoras y señores, no hay dolor más fuerte y más punzante que el dolor de quien ha sido víctima de un delito, y que además del daño y la tragedia que le ocasiona la acción ilegal y arbitraria, de un tercero, se enfrenta a la injusticia, a la indolencia, al abandono, y en muchas ocasiones al maltrato.

Ese dolor se ha expuesto con crudeza ante la sociedad en los casos notables que han salido en las noticias, en los medios, casos de víctimas que han tenido la posibilidad y el valor de alzar la voz y gritarlo ante la sociedad, y ahí están los casos de Isabel Miranda de Wallace, y de Fernando Martí, y de Javier Sicilia, y muchos otros.

Y esos casos han sido, como decía, quien me precedió en esta tribuna, motor de movilizaciones sociales y de actuación de instancias de autoridad, pero oculto en el anonimato de miles de otras víctimas hay miles de dolores similares; víctimas que no han tenido esa capacidad de hacer oír su voz y que no hay tenido la capacidad de llamar la atención de la sociedad.

Es sin duda la suma de todos esos dolores lo que late en el fondo de las iniciativas, que por cierto los tres principales grupos parlamentarios de esta Cámara presentaron sobre esta materia. Son esos dolores los que impulsaron a los grupos a presentar iniciativas en materia de atención a las víctimas del delito.

En México por muchos años, se diría que por siglos la víctima ha sido un personaje secundario, en los casos criminales y penales, porque lo importante en un régimen autoritario, paternalista, era el reconocimiento vertical de la autoridad del gobierno, la obediencia a las leyes y la obediencia a la autoridad; y la víctima quedaba relegada a segundo plano.

Y para entenderlo basta ver la diferencia que en muchas instancias hay entre quienes acusan y quienes defienden, los defensores, los procuradores, los agentes del Ministerio Público, el juez, y la víctima de lado.

Habrá que recordar que fue la reforma constitucional en materia de justicia, de justicia penal que aprobamos aquí en esta Cámara en 2007, la que determinó que la víctima sí debe ser un personaje central en los procesos que tienen que ver con la comisión de delitos, porque la víctima es el ser humano que en última instancia está siendo afectado en forma directa por la comisión del delito, y ahí está una fracción, un inciso "C" en el artículo 20 de la Constitución, que establece el germen, el inicio, digamos, la base de los derechos fundamentales de la víctima en el proceso penal.

Con posterioridad esta misma Cámara aprobó una reforma muy avanzada en materia de derechos humanos, que adoptando un enfoque mucho más humanista se centró en la dignidad y el respeto a la persona humana, y estableció que las normas de los Tratados Internacionales forman parte de nuestra ley fundamental...

(Sigue 6ª parte).forman parte de nuestra ley fundamental.

La ley que hoy se somete a votación, este dictamen, puede verse como una continuidad en ese esfuerzo y en ese enfoque humanista que ha alentando muchas de las acciones de esta Cámara, pero va más allá. Sin duda no ha sido para las comisiones un trabajo fácil el conciliar tres visiones, tres enfoques de lo que debería de ser una Ley de Atención a las Víctimas del Delito, y por eso es explicable que haya tomado tanto tiempo diferentes puntos de vista, diferentes concepciones de las medidas que deberían adoptarse; sin embargo, el trabajo está hecho y está bien hecho y está en este dictamen.

Y en congruencia, con todo esto se elabora y se aprueba el dictamen que tiene por objeto, en muy pocas palabras, reconocer los derechos de las víctimas, empezando por la definición de quién es víctima, y establecer garantías de que esos derechos sean respetados. Con esta ley México se pone a la altura de los Tratados Internacionales, como lo mandaba ya la Reforma en materia de Derechos Humanos.

Con esta ley se garantizan a las víctimas un conjunto de derechos fundamentales, como el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, a la reparación integral, a la garantía de no repetición de los agravios y de los actos dañosos, a la ayuda, atención y asistencia, y derechos dentro del proceso penal.

Se establecen además medidas de protección para la víctima a cargo del Estado, se le da al Estado la responsabilidad que ciertamente tiene de atender a esa persona, a esos seres humanos que han sido dañados por la acción ilegal. Y para todo esto se crea finalmente el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que será el mecanismo encargado de garantizar que los derechos de las víctimas sean realmente respetados en todos los ámbitos de gobierno.

Yo sé, hay daños que no se reparan, hay daños que sólo pueden pretender atenuarse o minimizarse; pero hay daños que sí se pueden reparar y que forman parte de la tragedia que sufre una víctima, como es: el daño económico, los bienes materiales perdidos, la incapacidad de sostenerse por sí mismos, y por eso es importantísima la responsabilidad subsidiaria que se da al Estado para apoyar a las víctimas, para reparar el daño y, no sólo eso, darles una compensación económica.

Reconozco aquí la presencia de miembros de organizaciones que han venido promoviendo la causa de las víctimas del delito, y a nombre de Acción Nacional les doy la bienvenida a esta Sesión. No hay ninguna duda, creo yo, de que este dictamen va ser aprobado en unos minutos más, y no les puedo decir a ustedes felicidades por ello, porque es muy difícil decirle felicidades a la gente que es víctima o que ha sufrido con víctimas los efectos de los delitos.

Pero sí les puedo decir, deben ustedes sentirse muy satisfechos de que su dolor, su trabajo y su esfuerzo no ha sido en vano, que está dando frutos ahora mismo en la aprobación de este dictamen, frutos en beneficio de México y de todos los mexicanos.

Muchas gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias, senador Elizondo.

Tiene ahora el uso de la tribuna, también para hablar en pro del dictamen, el Senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

-EL C. SENADOR TOMAS TORRES MERCADO: Gracias, ciudadano presidente.

Estimados colegas; senadoras; senadores:

En la doctrina y en la ley vigente, en el concepto tradicional, en el enjuiciamiento penal, se considera a tres partes fundamentales dentro de él: al juez que resuelve sobre la afectación de un bien jurídico, que es el ofendido o la víctima, pero éste representado por el Ministerio Público; y por la otra parte, en este concepto tradicional, al acusado y a su defensor, y se dice en la ley vigente todavía, y en esa doctrina, y en ese tratamiento tradicional, que el ofendido es una parte auxiliar, es decir, pasa a un segundo orden.

Por eso nosotros coincidimos, desde el Partido Verde, desde el Partido Verde Ecologista, que es también iniciante del dictamen que el día de hoy se discute, y cuya votación le estamos pidiendo a sus señorías sea a favor, de que la aprobación de esta ley, con su venia, es sin duda un paso en la dirección correcta. En medio de un sistema que no ha mostrado eficacia, de investigación, de procuración, de administración, de justicia, se ha olvidado a las víctimas.

Es efectivamente una ley de nueva generación, y compartimos, hacemos nuestros, porque también ha sido nuestra la posición en la discusión, que el reconocimiento al respeto, a la dignidad de la persona humana encuentre terreno de aplicación con esta reforma al artículo 1 de la Constitución Política de nuestro país.

Consideramos que, a partir de la aprobación de esta ley, el país puede sentar, nuestro país, bases para reconstruir el tejido social tan gravemente afectado por la violencia y, por la responsabilidad del Estado también, de recuperar el sentido del pacto social, que es lo que le da razón y le da esencia al propio Estado. ¿Qué razón tendrá si la autoridad no vela por lo que vale de la persona humana y de su vida en comunidad, que son justamente la integridad personal, la de su familia y la de sus bienes?

Reconocemos, sin embargo, compañeros y compañeras senadoras, que la ley no es suficiente, no es suficiente para modificar una realidad si no existe voluntad política de los actores fundamentales para darle a nuestra sociedad lo que piden y lo que reclaman, no sólo legítimamente, sentidamente, los ciudadanos y las organizaciones, recuperar la paz y la tranquilidad, que es la razón misma de vivir, decía, en esta comunidad.

Ponemos, señor presidente, y por consenso previo de los grupos parlamentarios, a la consideración de esta Asamblea algunas modificaciones, cuya cuenta le pido de la propia Mesa Directiva, al tiempo, estimados colegas, porque hay que decirlo, nuestro reconocimiento al esfuerzo y al...

(SIGUE 7a PARTE). nuestro reconocimiento, nuestro reconocimiento al esfuerzo y al trabajo para tener este dictamen hoy en la discusión en el Pleno del Senado de la República:

Al Senador Jesús Murillo Karam, como Presidente de la Comisión de Gobernación del Senado de la República;

A Alejandro González Alcocer, de la Comisión de Justicia;

A Leonel Godoy, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda y, a los demás, no sólo por su voto, sino por su conciencia y por su sentido de utilidad de este nuevo bien público.

Muchas gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias, Senador Torres Mercado.

-Tiene ahora el uso de la tribuna, también para hablar en pro, el Senador Julián Güitron Fuentevilla, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

-EL C. SENADOR JULIAN GÜITRON FUENTEVILLA: Con su venia, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Adelante, Senador.

-EL C. SENADOR JULIAN GÜITRON FUENTEVILLA: Compañeras y compañeros Senadores de esta Honorable Legislatura.

Saludo y doy la bienvenida, a nombre del Movimiento Ciudadano, a los dirigentes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: Javier Sicilia Zardain; Emilio Alvarez Icaza, y quienes los acompañan.

Bienvenidos a esta su casa. (Aplausos).

-Una de las obligaciones fundamentales del Estado es garantizar seguridad a los habitantes de su territorio.

La propia Constitución Política, en su artículo 21, en el noveno párrafo, ordena: "Que es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno garantizar la seguridad pública".

No estamos en contra de que las autoridades gubernamentales combatan al crimen organizado, sino ¿Cómo se lucha contra el hampa?

El país está inmerso en un conflicto interno entre el Gobierno y el crimen organizado.

De discursos dominantes y las acciones imperantes, han definido genéricamente una frontera errónea entre buenos y malos, señalando a un enemigo interior cuyo razonamiento es equivocado. Supone que la lucha se va ganando porque mueren más del otro bando.

Sin estar formalmente en guerra civil, México tiene más de 5 mil desapariciones forzadas; más de 60 mil muertes violentas. Que en el 95 por ciento de los casos, ni siquiera existe una averiguación previa de ellos, por lo que no se podría determinar, tal como confiere el Gobierno Federal, que la mayoría de estos muertos eran delincuentes; que se mataron entre sí por un ajuste de cuentas, eso no es cierto.

Bajo esa premisa fundamental, debemos estar concientes que dicha "Guerra" (Entre comillas), conlleva a un gran número de víctimas que han sido castigadas y perjudicadas, se trata de un sector de la población al que resulta ineludible atender, ya que están en una condición extraordinaria de desprotección.

El día de hoy, cuando esta Ley General de Víctimas, el Estado mexicano se vea obligado a saldar, o a empezar a saldar su deuda pendiente con ellas, tendrá que asumir la responsabilidad jurídica que le corresponde en estos graves atentados.

No es un asunto menor. El Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y como ustedes bien lo saben, porque de 1917, a cuando este Honorable Senado aprobó la reforma de julio al 2011, no había habido un hito histórico tan importante como el que este Senado consumó con la reforma a los diferentes preceptos constitucionales, que entre otros, nos permiten, el tercer párrafo del artículo 1º Constitucional que ordena lo siguiente:

"Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad".

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

Lo más trascendente en esta reforma es: que ahora sí la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene competencia para que, si la justicia no se administra en la forma adecuada con los órganos nacionales, se puede acudir a este foro en demanda de justicia que es tan necesaria para todos los mexicanos.

La expedición de esta nueva ley era urgente, sin demeritar la labor que pudiera realizar la recién creada Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, tenemos que decir: que con este nuevo instrumento legal el Senado cumple su compromiso con el Movimiento por la Paz y la Justicia. Ya era hora de actuar con oportunidad y eficacia para brindar la protección y atención a las personas que así lo requieran.

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido a través de medidas tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a las víctimas.

Esta Cámara alta es sensible para dar como respuesta esta ley a todos los mexicanos, especialmente a las víctimas de la delincuencia organizada, que incluso hoy se puede acudir --como dije-- a la Corte Interamericana si el Gobierno Federal falla en su deber de proteger a todos los mexicanos.

Sea bienvenida esta ley, que seguramente será aprobada por unanimidad, porque estamos empezando a saldar esta deuda que tenemos con las más de 60 mil víctimas y Movimiento Ciudadano, que encabeza este gran movimiento, igualmente se enlaza con los hermanos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y desde aquí les decimos: "Estamos con ustedes, en una sola voz"

¡Viva México!

¡Primero México!

Muchas gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Muchas gracias, Senador Güitron.

-Informo a la Asamblea que han solicitado hacer uso de la tribuna también:

El Senador Silvano Aureoles;

El Senador Carlos Sotelo y,

El Senador Rubén Velázquez, del Grupo Parlamentario del PRD.

-En consecuencia, tiene la palabra el Senador Silvano Aureoles.

-EL C. SENADOR SILVANO AUREOLES CONEJO: Muchas gracias, Presidente.

Compañeras y compañeros.

(Sigue 8ª. Parte). presidente; compañeras, compañeros; senadoras, senadores; distinguidos visitantes: sin duda que con la presentación de este dictamen, hoy el Senado de la República, el Congreso Mexicano da un paso muy importante, y da una respuesta puntual a un problema de los mayores, de mayores proporciones y dimensiones, que hoy vive nuestro país.

Seguramente que problemas de violencia y de inseguridad, los ha habido siempre; pero hay que reconocer que los últimos años, en México ese fenómeno se ha recrudecido, de manera especialmente grave, en algunas regiones del país.

Nada más ingrato, nada más doloroso que perder un familiar, un amigo, un hermano, un pariente; pero sobre todo, cuando se pierden hijos o padres, madres.

Seguramente que este dolor, este sentimiento, hoy lo viven miles de familias, miles de mujeres y hombres viven a diario con este dolor, con este sentimiento de impotencia, de incapacidad, para encontrar una respuesta a un daño de esta naturaleza.

No es suficiente decir, que quienes son secuestrados, desaparecidos o este concepto, ahora tan utilizado, de que son "levantados".

No es suficiente con expresar, el dolor o la solidaridad o expresar un sentimiento solidario con quien lo padece. Porque nada, nada reparará esa herida, por las dimensiones y lo que para un ser humano significa.

No se justifica y se justificará jamás, que se diga esta frase, también, que se ha ido convirtiendo, como en algo cotidiano: "lo desaparecieron" lo "levantaron" lo "asesinaron" "seguramente en algo andaba".

Esa expresión recurrente que escuchamos, de quienes incluso tienen la responsabilidad de actuar y de entregar resultados.

¿Cuántas mamás, cuántos familiares, no se nos acercan a nosotros? Y ustedes lo saben compañeras, compañeros.

Mamás con el llanto en los ojos o papás, expresando el dolor de que su hijo está desaparecido o apareció muerto.

Y que no hay poder humano, no hay la instancia que les permita, a quienes han sido afectados o afectadas, en lo más valioso; no hay una instancia que les permita recurrir y tener una respuesta satisfactoria.

¿Cuánto tuvo que pasar para que familiares de las víctimas desaparecidas en Acapulco, los michoacanos desparecidos en Acapulco?

O los familiares de víctimas de distintos estados de la República. Recuerdo hoy a mis paisanos, paisanas de Pajacuaran, que siguen buscando a sus hijos y no hay quien responda y quien de seguridad o quien cumpla con la tarea de acompañar y de entregar resultados a los familiares.

Por eso destaco hoy la importancia de este dictamen. Que no tengo duda será votado por todas y por todos; pero también destaco que los días recientes se han aprobado en este pleno otras iniciativas.

La ley para castigar y eliminar la Trata de Personas, Ley para proteger los Derechos de Defensores de Derechos Humanos, para defender a los periodistas, los Derechos de los Periodistas, la Ley para Proveer a las Mujeres de Acceso a una Vida Libre de Violencia, etcétera, etcétera.

Creo que son instrumentos que vale la pena destacar, que se han logrado construir con el consenso y con el compromiso de las distintas fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara de Senadores.

Sólo diría, por último, porque me congratulo sinceramente de que esto éste sucediendo el día de hoy, sólo diría y coincidiendo con compañeros que han expresado lo mismo aquí, que no será suficiente con tener una ley de última generación, como la calificó el compañero Pablo Gómez, no será suficiente, querido amigo Fernando Baeza, si no avanzamos también a pasos mas rápidos, en la construcción de una nueva cultura de respeto de los derechos humanos; y que junto con ello, se avance también de manera rápida, en la reconstrucción de todo el entramado institucional que permita que efectivamente lo que queda plasmado en la ley, se realice en la práctica, se vea reflejado en los hechos.

Si no logramos eso en corto plazo, en corto tiempo, corremos el riesgo de que muchas cosas hoy se primera generación y de avanzada, se queden solamente en el texto de la ley, como muchos preceptos escritos hoy en nuestra Carta Magna, que en los hechos, siguen siendo letra muerta.

Felicito a quienes hoy nos visitan y nos acompañan, porque gracias a su tenacidad, a su entrega, a su coraje, se ha logrado que esto camine y se destrabe, y hoy se convierta en un proyecto de ley, aprobado en el Senado, y que pronto antes de que nuestros compañeros diputados clausuren el período, que también los escuchen y aprueben este proyecto que habrá de llegarles hoy mismo.

Que lástima que alguien tenga que sufrir y padecer, lo que ustedes han vivido en carne propia, para que finalmente se pueda convertir en una realidad este sueño.

Pero ahora, vamos todas y todos, para que esto que se convierte en un instrumento jurídico, se convierta en una realidad y que se atienda a quienes han sido víctimas de la violencia y la de la inseguridad.

Y que nunca más, la indiferencia de servidores públicos, de quienes son los responsables de atender y dar resultados, sea la que nos responda, cuando vamos en búsqueda de respuesta y en búsqueda de justicia.

Muchas gracias por escucharme; presidente muchas gracias; bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Muchas gracias.

Tiene, ahora, el uso de la tribuna, el senador Carlos Sotelo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

EL C. SENADOR CARLOS SOTELO GARCÍA: Muchas gracias, compañero presidente.

Amigas y amigos senadores, senadoras; estimados familiares de las víctimas, que hoy acuden al Senado de la Republica, su casa, a testimoniar este debate y esta votación, de esta, sin duda, ley muy importante.

Hoy venimos a votar una ley, que en verdad, no debió haberse formulado. Una ley que refleja.

(SIGUE 9ª. PARTE). que en verdad no debió haberse formulado, una ley que refleja el profundo fracaso de la consigna política más importante del gobierno de Felipe Calderón.

No debió haberse formulado esta ley porque nuestro país no merecía la muerte de más de 60 mil ciudadanas y ciudadanos, la desaparición de más de 10 mil personas y el desplazamiento en cifras de la ONU de 160 mil mexicanas y mexicanos.

Es por ello ante esta tragedia que fue develada con nombres, con rostros, con lugares concretos por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que pido, compañero presidente, a todas mis compañeras y compañeros senadores, un minuto de silencio por estas víctimas y sus familiares.

-EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFIN: Esta presidencia hace suya la propuesta del senador Carlos Sotelo. Y ruego a todos los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

(Todos de pie. Un minuto de silencio)

Muchas Gracias. Continúe.

-EL C. SENADOR CARLOS SOTELO GARCÍA: Gracias, presidente. Quiero señalar la profunda paradoja que mientras en el Senado y espero también en la Cámara de Diputados se evalúa y se aprueba una ley exigida por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ley prometida bajo palabra por senadores y diputados federales de todas las fuerzas políticas, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril, es decir, anteayer, la directiva, los protocolos que regulan el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

A la par se publicaron los respectivos protocolos para la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República: "A confesión de parte, relevo de pruebas".

En nuestro país se inició hace cinco años una guerra a los cárteles de la droga sin una estrategia seria y profunda, los denominados en un primer momento daños colaterales, las víctimas inocentes de esta guerra insensata fueron producidos en buena medida por la impunidad plena de las fuerzas civiles y militares que desarrollaron sus tareas sin atajos, sin reservas, sin los protocolos mínimos exigidos por organismos internacionales en materia de derechos humanos.

La publicación de estos protocolos debió haberse hecho hace cinco años, no ahora en el ocaso de un régimen que será recordado como el propio Calderón confesó en los diálogos de Chapultepec con el Movimiento encabezado por el poeta Javier Sicilia por los muertos de su sexenio, por el luto, la desolación y la impunidad que ha privado en este gobierno.

La segunda paradoja en el marco de la aprobación de esta ley la tenemos en la portada de un diario mexicano, el Diario la Razón del pasado lunes, que textualmente dice: "abre California cajeros de marihuana". Y señala los pasos que como en cualquier cajero automático cualquier hombre o mujer puede seguir para adquirir como si fueran papas fritas o refrescos su dosis de cannabis. La máquina es exhibida por su diseñador, el brillante empresario Joe De Robbio.

Felipe Calderón emprendió una guerra que ha costado al país la mayor cuota de sangre desde la Revolución Mexicana en términos de muertos, desaparecidos, desplazados y el desgarramiento del tejido social en más de la mitad del territorio mexicano, todo con el fin, se nos dijo, de evitar que los flujos de drogas ilícitas lleguen a los Estados Unidos y su voraz mercado consumidor.

¿Cuál es la respuesta de los Estados Unidos?

Un sistema financiero que lava anualmente las ganancias de los varones de la droga en absoluta complicidad con los cárteles latinoamericanos. No en balde los juicios contra Osiel Cárdenas Guillén y Jesús Reinaldo Zambada, han sido sellados por la justicia de los Estados Unidos para que no se revelen no sólo las complicidades con autoridades mexicanas a nivel federal y local, sino sus conexiones más importantes aún con los banqueros de los Estados Unidos para el lavado de los millones de dólares producto de este negocio que tanta sangre ha costado a nuestro país.

Se han decretado un secreto absoluto a estos juicios para que no revelen los nexos de quienes les proveen armas. La red gubernamental y privada en los Estados Unidos lucra con la muerte de nuestros connacionales.

Cada día más estados de la Unión Americana legalizan lo que eufemísticamente se denomina el uso terapéutico de la marihuana, mientras que los países latinoamericanos, como el nuestro, ponemos una cuota altísima de sangre y dolor.

Cumplimos el día de hoy con el compromiso del Senado de la República con las víctimas inocentes de la guerra de Felipe Calderón.

Como Jethro Ramsés Sánchez, un joven ingeniero industrial de Cuernavaca, detenido el día 1° de mayo del 2011, hace casi un año, derivado de un pleito de chamacos, entregado a la Policía Municipal que a su vez lo entregó a la Policía Federal y sin protocolo alguno éstos lo dejaron en manos de militares. El cadáver de Jethro apareció unos meses más tarde en el Estado de Puebla, por cierto.

El general Leopoldo Pérez siempre negó la participación de sus elementos en dicha detención.

Gracias a las denuncias hechas en Chapultepec ante el propio Calderón, la SEDENA tuvo que aceptar la responsabilidad de sus elementos en la detención ilegal y la ejecución extrajudicial de este joven profesionista honesto e hijo ejemplar.

El general Pérez jamás ha sido sancionado por haber solapado y encubierto este crimen de lesa humanidad.

Peor aún los casos de los jóvenes estudiantes del TEC de Monterrey, Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, asesinados durante un fuego cruzado entre militares y delincuentes. Lo deleznable fue la actitud de los militare que presentaron en un primer momento a los muchachos como sicarios, como vulgares delincuentes. Hasta el día de hoy no se sabe de sanciones y condenas a éstos militares.

Son apenas dos casos entre el mundo de procesos de impunidad, ya sean sicarios, policías municipales, estatales, federales, militares o marinos, los abusos, crímenes y desapariciones han sido una consta contra cientos y miles de inocentes.

Celebrar esta ley es doloroso, es dramático. Por un lado celebrar que se cumple la palabra empeñada, por otro lado es terrible tener que proponer una ley de víctimas en un país que oficialmente no está en guerra.

Los retos que tenemos que enfrentar en el futuro son enormes.

La UNAM ha empezado ya con el foro que se realiza en estos días con expertos nacionales y extranjeros sobre el tema de las drogas y su combate.

La clase política en México ha estado ajena a este debate. El Senado de la República debe asumir este reto y este compromiso y convocar a debatir sobre el futuro de las políticas de combate a las drogas, reconociendo la paradoja además de que mejor gobiernos conservadores y de origen militar, como el de Colombia y Guatemala, tengan hoy la iniciativa para reflexionar y evaluar los resultados de una política que como en el caso de México han revelado su profundo fracaso..

(Sigue 10ª parte). . . el caso de México han revelado su profundo fracaso.

Hay pues que estar pendientes con esta agenda que el Senado de la República está obligado a desarrollar.

Pero hoy aprobemos esta ley, y estemos pendientes de que la Cámara de Diputados haga lo propio, hacemos este llamado a la Colegisladora y reconozco igual al labor de los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, el esfuerzo de los organismos no gubernamentales del movimiento que encabeza el poeta Javier Cicilia y otros movimientos civiles que sin duda hicieron posible esto que hoy se está discutiendo, se apruebe en el Senado de la República, un reconocimiento personal también al esfuerzo de nuestra amiga Eliana García que ha puesto un especial interés y esfuerzo en la elaboración de lo que hoy es la Ley General de Víctimas para México y qué bueno que hoy es un buen día en México, con la aprobación de esta Ley General de Víctimas.

Muchas gracias, compañero Presidente.

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Tiene finalmente, por último el uso de la palabra el Senador Rubén Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

-EL C. SENADOR RUBEN VELAZQUEZ LOPEZ: Gracias señor Presidente, prometo ser breve, porque la jornada es larga.

Compañeras y compañeros legisladores, quiero organizar un reconocimiento muy especial a la sociedad civil organizada, especialmente a los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quienes pese al dolor, la pena y la tristeza infinita que genera la pérdida han luchado valiente e incansablemente porque México sea un país mejor.

Todos los mexicanos debemos unirnos a esta lucha porque somos los más, los que queremos un México en paz, los que podemos, los que no vamos a ceder hasta conseguirlo.

Si bien, la estrategia de combate al crimen organizado ha sido desastrosa, debemos también reconocer que los grupos delincuenciales han perdido todo respeto por la sociedad civil, por la vida y se han vuelto cada vez más sanguinarios y bestiales.

Esos errores han costado, hasta ahora la vida al menos de 50 mil personas, más de 70 mil niños ya adolescentes han perdido a sus padres como consecuencia de la guerra contra el crimen a través de un seguimiento periodístico se ha registrado la muerte de mil 59 niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas inocentes en un país que debería defender ante todo su derecho a la vida.

El grupo de trabajo de desapariciones forzadas e involuntarias de la organización de las Naciones Unidas reportó que de 2006 a 2011 se han registrado al menos 3 mil desapariciones forzadas, asociadas a la delincuencia organizada.

Además estas cifras que tienen un nombre y un apellido magnifican su dolor e impotencia con la violencia institucional que justifica las lesiones o la muerte de civiles inocentes como daños colaterales o bajas incidentales que pueden integrarse sin problemas a una simple estadística.

Esta ley para la cual pido su voto a favor, no va a reparar la muerte de inocentes, no va a lavar el rojo de la sangre que ha manchado tantos hogares, esta ley no va aminorar el dolor de perder a un hijo, a un padre, a una madre, a un hermano, a un amigo, pero sí sentará las bases, los mecanismos institucionales que atiendan la tragedia nacional que se vive en gran parte del territorio.

La sociedad civil organizada ya nos dio el ejemplo de cómo luchar, demandar y dar seguimiento, es fundamental avanzar de manera conjunta y solidaria hacia los cambios urgentes que todos debemos emprender.

Hoy daremos un gran paso en las adecuaciones legales, el siguiente paso son las políticas públicas, la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia, cambios en el paradigma cultural, un combate personal y cotidiano para erradicar la corrupción de servidores públicos. Para ello es necesaria la participación de todos desde nuestras esferas de acción, hoy hubiera querido leer el nombre de todos aquellos que perdieron la vida en aquella lucha de la cual no formaban parte, de los hombres y mujeres que han dado su vida en la defensa de los mexicanos, de los hombres que faltos de oportunidades y esperanza cayeron en la falsa promesa de una mejor, e un mejor nivel de vida, desde la delincuencia y que terminaron perdiendo lo único que tenían, que eran sus vidas.

Hoy hubiera querido nombrar a todos los Cicilia, a todos los Nepomuceno , a los Almanzo Salazar, a los mercado, a los Arredondo, a los Nelson, a los Leyva Rodríguez, a los Tino, pero van más de 50 mil y ahora tenemos que impedir que ni un nombre más se sume a esta lista.

Votemos a favor de la Ley General de Víctimas y de la reforma constitucional que la acompaña, otorguemos un poco de esperanza, devolvamos certeza, hagámoslo por la paz, hagámoslo por México.

Gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias Senador.

Agotada la lista de oradores, informo a la Asamblea que el Senador Torres Mercado dejó unas reservas que traen el consenso de las comisiones dictaminadoras y a las que voy a pedir a la Secretaría dé lectura para que inmediatamente después pregunte a la Asamblea si se admiten a discusión.

-LA C. SECRETARIA SOSA GOVEA: Doy lectura a las propuestas de modificación al dictamen hechas por el Senador Tomás Torres.

Artículo 12.- Se propone en la fracción XVI que se omitan los términos a través del Gobierno Mexicano internacionales acreditados ante organismos nacionales o internacionales.

Doy lectura a la fracción como quedaría. "En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos a solicitar la intervención de expertos independientes a fin de que asesoren a las autoridades competentes sobre la investigación de los hechos y la realización de peritajes.

Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrían solicitar también que grupos de esos expertos revisen, informen y lleven a cabo recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas".

Artículo 24.- Quedaría de la siguiente manera. "Las víctimas, sus familiares y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos".

Artículo 72. Quedaría de la siguiente manera. "Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras, y según corresponda, fracción VI, la realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el sufrimiento y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas y se propone se suprima la fracción VII.

Artículo 140.- Propone quedar como sigue, "El fondo de ayuda, asistencia y reparación integral se conformará con, fracción I a la VII se suprime, y fracción VII se suprime".

Artículo 146.- Los recursos del fondo quedaría de esta manera, "Los recursos del fondo serán administrados y operados por medio de un fideicomiso público sin estructura orgánica y no será entidad paraestatal".

Artículo 147.- Quedaría como sigue, "El ejercicio de los recursos del fondo y su fiscalización se regirá por lo dispuesto en las leyes federal, de presupuesto y responsabilidad hacendaria y de fiscalización y rendición de cuentas de la federación, o en su caso, por la legislación local equivalente en el caso de los fondos de las entidades federativas".

Se hace la aclaración por el proponente de que en lo relativo al artículo 140 se suprime nada más la fracción VII y la VIII, quedando en vigencia las 6 primeras.

Es cuanto, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Consulte ahora la Secretaría, en razón de que estas propuestas han sido distribuidas entre la Asamblea, consulte a la Asamblea, en votación económica si se admiten a discusión.

-LA C. SECRETARIA SOSA GOVEA: Pregunto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Torres Mercado.

Por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. (La Asamblea asiente)

-Por la negativa. (La Asamblea no asiente)

-Sí se admiten, Senador Presidente.

Muchas gracias, consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si son de aprobarse.

-LA C. SECRETARIA SOSA GOVEA: Consulto a la Asamblea, en votación económica si son de aprobarse las propuestas admitidas. . .

(Sigue 11ª parte). . . . . . . . . ....son de aprobarse.

- LA C. SECRETARIA SENADORA SOSA GOVEA: Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse las propuestas admitidas, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA ASIENTE)

- Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE)

- Sí se aprueba, Senador Presidente.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Muchas gracias, en consecuencia, y en razón de que no hay artículos reservados, voy a pedir que se haga el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular con las propuestas aceptadas. Háganse los avisos a que se refiere el Artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

(SE ABRE EL SISTEMA ELECTRONICO DE VOTACION)

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Quiero agradecer la presencia de un grupo de alumnos de la Facultad de Contaduría Región Veracruz de la Universidad Veracruzana que está hoy aquí en el salón de sesiones invitados por el Senador Juan Bueno Torio, bienvenidos al Senado.

- LA C. SECRETARIA SENADORA SOSA GOVEA: Informo a la Presidencia que se emitieron 94 votos por el pro, 0 en contra, 0 abstenciones.

(APLAUSOS)

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Muchas gracias, en consecuencia, queda aprobado por unanimidad en lo general, y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General de Víctimas.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del Artículo 72, Constitucional.

 

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