Fecha de publicación: 03/05/2013
Categoría: DECRETO

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PROCESOS LEGISLATIVOS
DISCUSION/REVISORA
DIPUTADOS
DISCUSION
México, D.F. martes 16 de abril de 2013.
Versión Estenográfica


El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, y reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.

Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la tribuna el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchas gracias, señor presidente. Colegas legisladores, el Estado mexicano desde hace varios años se ha colocado a la vanguardia en el reconocimiento de la preminencia de los derechos de las personas por encima de cualquier ente, órgano o institución, producto de un renovador estilo de pensamiento orientado e influenciado sin duda por las tendencias provenientes de las experiencias del derecho procesal y del derecho penal nacional e internacional.

Acreditada está ya en nuestra Constitución, la decisión de los mexicanos de tener en primer lugar de nuestras prioridades a los derechos humanos de los mexicanos. En este sentido, el reconocimiento de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos o víctimas del delito previstos en los artículos 17 y 20 de la Constitución General de la República constituye la prueba palpable de esa evolución de las tendencias normativas referentes a estos derechos de las víctimas y ofendidos especialmente en lo que se refiere a la reparación del daño; sin embargo el reconocimiento de estos derechos solo a nivel constitucional pudiese quedar en una declaración, de la primera importancia, pero en una declaración.

Por eso es que este día el proyecto que se pone a la consideración de ustedes es de la más alta trascendencia para la República y, en especial, no solo para las organizaciones de la sociedad que han impulsado esta ley, sino para todos los miembros de nuestro pueblo mexicano.

Bajo este marco garantista, los derechos de las víctimas previstos en la Constitución deben complementarse en estricta congruencia en esta Ley Reglamentaria en la que de manera efectiva se otorgue el respeto y la aceptación a los derechos de las víctimas.
Los notables avances que incorpora esta ley los encontramos en varios aspectos, se emplea una noción amplia de víctima a la quedan incluidos quienes sufren las consecuencias de la delincuencia.

La noción se construye en la ley desde dos semblantes. En uno, artículo 4o, se considera como víctima a todo aquél que haya sufrido un daño físico-moral, físico o mental en sus bienes jurídicos o derechos ya sea en la forma directa a su persona o de manera indirecta.

En otro semblante, encontramos la noción de daño, artículo 6, con lo cual se da en consideración de la lesión corporal, moral o material; la pérdida de la vida o de ingresos y los costos que esto tenga para la víctima. En la ley se incorpora la noción de reparación integral.

En dicha ley se crea el Sistema Nacional de Atención de Víctimas. Es decir, la reforma que ahora se pretende que se refiere a la Ley de Víctimas que hace unos meses publicara el Ejecutivo federal con toda sensibilidad política, es una reforma que pretende vindicar los derechos de miles y miles de ciudadanos mexicanos que lo requieren.

Es una consonancia la que hoy ponemos los miembros de esta Cámara al aprobar esta minuta con un sentimiento -tenemos que decirlo- que agobia en este momento a la sociedad.

Saludamos pues, compañeras y compañeros, este proyecto puesto a la consideración de ustedes esta mañana. Les solicitamos su voto aprobatorio y les pedimos que al ponerlo en vigencia demos al Estado mexicano los instrumentos suficientes para esta vindicación a las víctimas de atentados contra sus derechos humanos o producto de delitos; esperando -lo decimos con respeto como lo hicimos en la Constitución- que en unos años esta ley se vea sin materia porque no haya más víctimas que atienda la propia norma que pondremos en vigencia. Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen en lo general. Para fijar la posición de su grupo parlamentario, tiene el uso de la voz el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, Nueva Alianza, desde su conformación como instituto político al servicio de los ciudadanos mexicanos, ha puesto de manifiesto en su actuación cotidiana y legislativa su firme convicción por el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Con esta misma irrenunciable convicción hemos hecho patente la importancia que reviste la importancia la atención prioritaria de las víctimas de los delitos o de las violaciones a los derechos humanos que se presentan en nuestro país.

Bajo un enfoque integral de justicia restaurativa comparable a las mejores prácticas de derecho internacional, hemos sido reiterativos de lo anterior porque conocemos y somos solidarios ante la dolorosa situación por la que, lamentablemente, atraviesan las personas que caen en manos de la delincuencia o, peor aún, cuando se ven violentados sus derechos fundamentales.

Sus angustiosas narraciones y su búsqueda de ayuda no hacen más que recordarnos el largo camino que deben recorrer para reclamar y encontrar justicia, así como la necesidad de reparar el daño causado por estos delitos o violaciones.

También sabemos que en muchas ocasiones, tal vez más de las que se supondría, no se obtiene un resultado favorable, quedando la persona doblemente victimizada. Por ello el clamor social de exigir justicia por y para todas las víctimas que ha generado la pasada estrategia de seguridad en contra del crimen organizado resultó en la necesidad de crear un ordenamiento jurídico, eficiente, pertinente, eficaz y con niveles de responsabilidad claramente establecidos.

Lo que se demanda es muy claro y necesario, es que por medio de este instrumento se promueva, se haga respetar, se proteja, garantice y permita el ejercicio efectivo de las víctimas de los delitos o de violaciones a sus derechos humanos y también a resarcir en la medida de lo posible el daño ocasionado.

Las diversas afectaciones a los derechos de las víctimas, derechos consagrados tanto en nuestra Carta Magna como en los tratados internacionales de derechos humanos han obligado al Congreso de la Unión a diseñar una legislación idónea que fortalezca el ejercicio de sus derechos fundamentales y responda, con la debida celeridad, a sus necesidades y reclamos.

En este sentido, el Estado mexicano dio un paso muy importante al publicar en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero del año en curso la Ley General de Víctimas, como resultado de la voluntad por parte del Ejecutivo federal para que entrara en vigor dicha ley, al encontrarse pendiente de publicarse en función de la controversia constitucional interpuesta por la administración pasada.

En Nueva Alianza estamos conscientes y resaltamos la importancia que ha revestido la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas. Consideramos que representa un instrumento jurídico esencial para cumplir y garantizar los derechos de las víctimas. Sin embargo, esa norma contenía diversas inconsistencias que la hacían, en los hechos, inoperable e ineficaz.

Como toda legislación, esta ley es perfectible, susceptible de ser mejorada y optimizada para tener un marco jurídico adecuado que cumpla con los objetivos establecidos y se adapte a las nuevas necesidades sociales.

En este sentido, el dictamen de la minuta que se discute contiene elementos de gran relevancia para la operatividad y eficacia de esta ley tales como la definición clara del concepto de víctima, las adecuaciones a las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, los claros mecanismos de funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas o la simplificación de los mecanismos de registro.

También debemos resaltar la estructura operativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el establecimiento de una asesoría jurídica federal de atención a víctimas, medidas que en conjunto tienen como eje de actuación la debida atención a quien ha padecido o fue víctima del delito.

Asimismo se modifica el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral como órgano elemental para garantizar la reparación del daño, definiendo con certeza el mecanismo para la obtención de los recursos con los que podrá allegarse, especificando los montos y las hipótesis concretas, así como su armonización con las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y el procedimiento para extraer los recursos del fondo.

Compañeras y compañeros legisladores: la ciudadanía nos exige la atención urgente de este tema y nosotros, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, votaremos a favor de este dictamen, sumándonos a los esfuerzos que sean necesarios para actuar en favor de las víctimas y en la defensa de los derechos humanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil: La elaboración del duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está. Valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que tolera su ausencia; eso, eso es el duelo.

El duelo que hoy con esta Ley de Víctimas tratamos de cubrir, es el de 88 mil 361 muertos y 120 mil víctimas de secuestro, extorsión y homicidio doloso.

Compañeros diputados, antes de iniciar esta intervención, queremos dar un reconocimiento a los movimientos de organizaciones civiles como el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, que fueron la génesis de esta iniciativa, que después de haber sido víctimas del delito, fueron revictimizados por el Estado y atacados por el entonces presidente Calderón, en una negación del Estado de la victimización que ya habían sufrido y en una negación de sacar esta ley de víctimas y de aprobarla.

Estamos, como ya se ha dicho, no solamente vindicando a las víctimas del delito, sino vindicando al Estado mexicano. Estamos dando respuesta a una emergencia nacional, estamos dando respuesta a una de las atribuciones más importantes del Estado mexicano, que es la protección de los derechos humanos de las personas, protegiendo no solamente el derecho de las víctimas indirectas a no olvidar, sino el derecho de los mexicanos y de México a no olvidar, porque fíjense ustedes que yo todavía recuerdo aquella frase bastante desafortunada, de Vicente Fox, que solía decir en relación a las muertas de Juárez; son solamente cerca de 300 o 400 muertas. Completamente desinformado el entonces presidente, hacía pensar que 300 o 400 mujeres muertas en Juárez por odio de género, no importaba.

El derecho a la memoria, el derecho a reconocer que vivimos una crisis humanitaria por una guerra a la que Calderón nos llevó y que nunca quiso aceptar, y que ha dado estas cifras oficiales pero no sabemos qué cifras reales, es el reconocimiento al duelo de los mexicanos porque no es una pérdida solamente de una familia, sino es una pérdida de todo el país.

El objetivo de esta Ley no solamente es el de no revictimizar a quien ya ha sido víctima, valga la redundancia; el objetivo de esta Ley es el de no olvidar el trato que se le ha dado a los mexicanos que han sido víctimas del delito y víctimas del Estado.

Los puntos relevantes de la minuta, y seré breve porque evidentemente se hablará mucho al respecto, pero queremos dejarlo en la tribuna y decir por qué el PT no solamente va a votar a favor con esta urgencia que se le ha dado a la Ley de Víctimas o porque sea una Ley garantistas, sino porque es una respuesta a la injusticia que se ha cumplido con todos estos ciudadanos mexicanos, porque estamos en contra de la revictimización.

Los puntos relevantes de la minuta son que define los conceptos de víctima potencial; víctima directa; víctima indirecta y el hecho victimizante. Aclara que sólo cuando exista una sentencia firme que declare al quejoso como víctima se podrá acceder al Sistema Nacional de Víctimas, para recibir los apoyos a los que tiene derecho. Crea la garantía de no repetición. Obliga a estados y municipios, lo cual es muy importante, a ofrecer asesoría jurídica a víctimas. Precisa la conformación del Fondo Nacional de Víctimas, protege a los defensores de derechos humanos y precisa los mecanismos para la protección inmediata del Estado.

Compañeros diputados, permítanme cerrar diciendo que ésta definitivamente no es una ley perfecta. Como ustedes lo vieron en la sesión anterior, tuvimos que solicitar algunas correcciones de estilo de la minuta del Senado.

Habemos, inclusive, quienes pensamos que puede tener complicaciones en la operatividad y en la aplicabilidad, pero es esta Ley de Víctimas el resultado del esfuerzo de muchas personas que han trabajado, no solamente en esta ley, sino en dar garantía y en dar satisfacción a quienes ya han sido víctimas y en quienes han sufrido ya la pérdida de un ser querido.

Nosotros diríamos que estaremos atentos a aplicabilidad de esta ley y estaremos atentos también a que el Ejecutivo no revictimice a quien ya ha sufrido para presentar las iniciativas que así lo requieran. Muchas gracias. Es cuánto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. A pesar de las múltiples controversias surgidas durante largo proceso social, político y jurídico que significó la publicación de la Ley General de Víctimas, el hecho rotundo y concluyente es que en este momento ya forma parte del cuerpo normativo de la nación.

La Ley General de Víctimas, es una institución jurídica del Estado mexicano y para eso no hay regreso posible. Existen razonamientos y contextos para explicar lógicamente el origen de la Ley General de Víctimas, pero todos ellos resultan insustanciales y hasta carentes de sentido ante una realidad dura incontestable.

Durante los últimos seis años, más de 120 mexicanos se han desplazado de sus lugares de origen, tratando de escapar de la violencia. Aproximadamente 93 mil han sido ejecutados, poco más de 25 mil se estiman desaparecidos y algunos estudiosos aventuran un incremento mayor al 500 por ciento en los índices de tortura.

La descomposición social en nuestro México es extensa e indudable. La violencia que nos envuelve y la impunidad que la alienta no constituyen una ilusión intangible, es una realidad por demás cruenta y cotidiana.

Desde su publicación, incluso antes de ella, la Ley de Víctimas ha sido motivo de discusión. Sus limitaciones e insuficiencias han sido expresadas por expertos y analistas que señalan su carácter oscuro y contradictorio, en algunas de sus partes. Incluso, contrapuesto con nuestro sistema de procuración y administración de justicia.

No obstante y más allá de los claroscuros del proceso social y legislativo que le dio origen, la mayoría está de acuerdo que la Ley de Víctimas incorpora al sistema jurídico mexicano los más modernos conceptos y principios de defensa y respeto a los derechos humanos.

La ley implantó importantes innovaciones a los derechos de las víctimas, sobresaliendo el acceso a la justicia restaurativa, con el propósito de que los agraviados tengan derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la garantía de no repetición.

De igual forma, la ley estableció mecanismos e instancias institucionales para que prácticamente todos los órdenes y niveles de gobierno participen en la atención de las víctimas, no solo en su despliegue operativo por la comisión de un delito o la violación de los derechos humanos, sino también en la conformación de recursos asignables en su auxilio.

En pocas palabras, la Ley General de Víctimas constituye el instrumento jurídico más importante para restituir y reintegrar a las víctimas sin mayores sobresaltos a la normalidad de la vida cotidiana, quebrantada por el abuso y la violencia.

Una Ley General de Víctimas es un acto legislativo que debe reconocerse pero no celebrarse. No debe celebrarse porque es un acto que emana de años de dolor y de olvido, de violencia y de indiferencia que han azotado a nuestro país con la fuerza descomunal que solo la marginación y el desamparo de millones de personas podrían haber provocado.

No debe celebrarse porque se creó sobre la desdicha de más de 80 mil familias, y aunque estamos, por supuesto, de acuerdo y a favor de su aprobación lamentamos que tenga que existir. Lamentamos que se hayan destrozado cientos de miles de corazones de familiares, de hermanas, de hijos, de madres y padres. Nos lamentamos profundamente por los miles de jóvenes y adolescentes que de un día a otro se enteraron que ahora iban a ser ellos los encargados de sus familias porque sus padres faltarían.

Lamentamos que tantos y tantas hayan tenido que cambiar los libros por las herramientas, las carreras profesionales por los oficios y la juventud por el dolo. Nos lamentamos por los hombres y mujeres policías y militares que cargan sobre sus conciencias en el cumplimiento de sus obtusas órdenes las muertes de miles de mexicanos. Es por ello que no podemos celebrar la ley, porque sabemos que seguirá habiendo víctimas y que a las víctimas existentes lo que se les ha quitado jamás se los podremos regresar.

Sin embargo, aun así apoyamos enérgicamente las modificaciones, porque sobre la incalculable desgracia que ha caído sobre las familias de las víctimas aún se puede construir un futuro y sobre las comunidades azotadas por la violencia aún se puede reconstruir el tejido social.

Consideramos que esta ley es un paso necesario para lograrlo y que quizá a través de ella se pueda mandar un mensaje a la sociedad, que le diga que no somos indiferentes al dolor y que entendemos que sus víctimas son las víctimas de todos nosotros.

La ley que ahora votaremos revela un carácter social. La amplitud de las definiciones de víctimas, acotación de los sujetos de reparación del daño, responsabilidades claras para funcionarios y unidades de la administración pública y un ajuste que da viabilidad presupuestal a este instrumento jurídico.

Sabemos que se consensuó con los movimientos sociales, con la finalidad de que las víctimas y familiares fuesen protagonistas en la elaboración de las modificaciones y en un nuevo proceso legislativo se dio causa a un ordenamiento que ofrece una alternativa social y económica de reparación integral del daño, aunado a la reconstrucción del tejido social.

Por razones como las anteriores, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos a favor, sin embargo reiteramos, tener una Ley de Víctimas es reflejo de la existencia de un Estado victimario e incapaz, que no ha logrado contener el alud de violencia mediante vías no beligerantes, como lo podrían ser una política social integral, salud, empleo, educación, vivienda y cultura.

Votamos a favor con nuestras condolencias a las víctimas y nuestro compromiso para que desde esta instancia hacer todo lo posible por resarcir el daño que el Estado les ha causado, y sobre todo para prevenir el aumento de la violencia en el país.

Que se aplique irrestrictamente la ley será el primer paso para recomponer el camino. De buena fe esperamos que así sea, pero si se presenta el caso contrario también estaremos vigilantes. Hagamos de cada legislador un defensor de los derechos humanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Y aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de alumnos y maestros de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 de la UNAM, que están hoy aquí invitados por la diputada Aleida Alavez. Bienvenidos a la sesión.

El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadano presidente. Deseo llamar la atención a ustedes. La dinámica legislativa luego nos quita atención para ponerla en otros rubros.

Pero digo que deseo llamar la atención a ustedes porque es en realidad esta reforma a la Ley General de Víctimas, también al Código Federal de Procedimientos Penales, una herramienta de la mayor importancia. De la mayor importancia para generar un derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos, pero sobre todo al peor de los delitos -denme licencia de decirlo así-, a la maldita impunidad.

El objeto del Estado, sino el más importante, la razón del Estado es garantizarle tranquilidad y paz a sus gobernados. Primero, y sólo primero, su vida y sus libertades. No menos importante, pero también es su deber, sus bienes, su patrimonio, su propiedad.

Esta ley que ahora se reforma, estimados colegas, debe verse como una reivindicación social, como una reivindicación política de los lastimados por la falta de reconocimiento y de aplicación de un principio que es el de autoridad.

Esta ley había sido, por la Legislatura inmediata pasada, aprobada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y fue cuestionada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciendo que tenía o se le marcaba con una tilde de inconstitucionalidad.

El gobierno de la república desde el Ejecutivo federal asumió desistir de la controversia o de la acción y proceder a proponer una serie de reformas, recogiendo -insisto- el planteamiento desde la sociedad.

Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista va a votar a favor y expresa no solamente ese reconocimiento político a la demanda social a través de organizaciones, a través de grupos sociales, que han trascendido al terreno de lo legislativo para lograr esta reforma.

Nosotros también queremos y lo debemos hacer, a la Junta Directiva de la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados, a su Presidencia, al diputado Fidel Pacheco por la conducción y sus propósitos de darle vida a esta reforma que no solamente aborda la reparación del daño en el concepto patrimonial que ya lo abordan las leyes penales mexicanas, es decir, el Código Penal Federal o los Códigos Penales de los estados y sus leyes de procedimientos.

Es, ante todo, el reconocimiento del Estado a la dignidad de la persona humana. Es, ante todo, el reconocimiento de que el daño no se repara materialmente, o que el daño es cuantificable y se queda a mano cuando se da dinero. Es la reparación del daño en lo moral. Es la reparación del daño en su integralidad. Es la reparación sobre todo poniendo por delante la dignidad y el deber del Estado de darle condiciones de armonía a sus gobernados. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz, la diputada Margarita Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes diputadas y diputados. El Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen.

La culminación de este proceso de discusión, de análisis, en que el Poder Legislativo ha acompañado los esfuerzos de activistas por la paz y los derechos humanos, solo puede causarnos beneplácito por el proyecto de dictamen positivo a esta minuta.

Ésta es una señal de reconocimiento de aquella realidad negada por años para decenas de miles de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, a cuyos familiares se les ha negado el derecho a conocer la verdad y a recibir medidas de reparación por los efectos de la omisión o la acción del Estado.

Esta reforma que hoy nos ocupa es producto del diálogo entre sociedad civil y poderes públicos, del trabajo colectivo y del esfuerzo por un marco legal que respete los derechos humanos.

Queremos externar un reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil y desde luego al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y a cientos de familiares de las víctimas de la violencia.

No podemos omitir que la Ley General de Víctimas tuvo un tránsito muy difícil. Desde un procedimiento parlamentario irregular hasta enfrentar la controversia constitucional de Felipe Calderón, quien satanizó esta ley para ocultar el saldo de su gobierno: Miles de personas asesinadas, desaparecidas, huérfanas, por su política de guerra al narcotráfico.

Este paquete de ajustes tiene el fin de hacer más efectiva la aplicación de la Ley General de Víctimas. Significa avanzar hacia los mecanismos de reparación integral de acuerdo al mandato constitucional y a los lineamientos de instancias internacionales.

El orden jurídico nacional apenas está dando una respuesta concreta a familiares de víctimas que durante más de cuatro décadas han buscado la verdad y la justicia, como los movimientos surgidos ante la represión en la guerra sucia.

Con esta reforma se hace posible comenzar el cumplimiento de fondo de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia México. Las medidas de reparación implican no sólo una indemnización económica sino la restitución de derechos como educación, trabajo o salud y la intervención del Estado para evitar que los derechos de las personas sean vulnerados.

El Legislativo tiene la tarea de dar un atento seguimiento al desarrollo en la práctica de esta ley. Sin una estrecha colaboración y vigilancia será imposible dirigirnos al objetivo de la no repetición.

Con las adecuaciones se avanzará hacia la constitución de un Registro Nacional de Víctimas, que permitirá a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos contar con una vía específica de atención. Decenas de miles de víctimas no pueden permanecer invisibles ni desatendidas. El Estado ni siquiera ha emprendido la búsqueda de ellas.

En el marco que provee el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, ofrecemos nuestro compromiso para trabajar porque las víctimas cuenten con los recursos necesarios disponibles para que el Estado repare las violaciones a sus derechos, por lo que deben aprobarse montos presupuestarios suficientes para cumplir con el mandato de la ley.

Queremos destacar que con la definición de víctimas potenciales se armoniza este instrumento con la legislación para la protección de periodistas y personas defensoras, a fin de que el daño no se extienda a estos sectores que velan por los derechos de las personas y la libertad de expresión.

Estas modificaciones hacen más operativa la estructura administrativa que genera la ley al mejorar la distribución de competencias de instituciones y de recursos de autoridades de los tres niveles de gobierno.

En el Sistema Nacional de Víctimas se compacta e integra representaciones de los Poderes de la Unión, los gobiernos de las entidades y las dependencias federales que son necesarias, además de la representación de las propias víctimas.

Uno de los más grandes pendientes en la historia de este país adquiere una nueva forma de solución, pues se contempla la declaración de ausencia por desaparición a fin de que los familiares de personas desaparecidas puedan tener acceso a los beneficios de la ley.

Desde luego que el fundamento legal está plenamente esclarecido, pues la facultad explícita para legislar en materia de víctimas se circunscribe a diversos ordenamientos y disposiciones sobre derechos humanos, comenzando con el principio pro persona, el transitorio que ordena una ley de reparación integral del daño, y el artículo 17 de la Constitución, que permite mecanismos de solución alternativa de controversias y reparación del daño en el ámbito penal.

Para terminar, queremos decir que vamos a votar a favor de este dictamen; pero tenemos enfrente y pronto, como legisladores, la tarea de discutir sobre la figura de arraigo. Hay que eliminar la figura de arraigo para contribuir a disminuir el problema de las detenciones arbitrarias en nuestro país y, por tanto, la generación de nuevas víctimas en México. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Karina Labastida Sotelo: Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, el ejercicio de la autoridad tiene por fin la realización del bien común que intrínsecamente implica la justicia, la seguridad, la defensa del interés colectivo, el respeto y la protección a la dignidad de cada una de las mexicanas y los mexicanos. Es uno de los pilares que debe guiar las acciones de todo gobierno.

Es por ello que hoy estamos fortaleciendo el sistema jurídico de protección a las víctimas del delito. Esta ley tiene como objeto garantizar sus derechos humanos, en especial el derecho de atención, de protección, de restitución del daño y todos los demás consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de que México es parte.

Ante la relevante importancia del tema es que nuestro grupo parlamentario se ha pronunciado por un marco legal que considere la existencia de organismos encargados de la protección de las víctimas y que, además, especifique las obligaciones de todas las autoridades, dependiendo de su ámbito de competencia.

Sabemos que toda legislación es perfectible, por ello consideramos que las reformas que se realizan a la reciente expedida Ley de Víctimas solventan algunas de las deficiencias que en su momento se hicieron notar.

Además, destacamos la necesidad de contar con un marco jurídico integral que complemente la protección de las víctimas del delito. De ahí la necesidad de aprobar lo antes posible el Código Federal de Procedimientos Penales.

Debemos continuar llevando acciones que permitan, además de atender a las víctimas, erradicar la violencia que genera la comisión de delitos; desde acciones preventivas hasta la aplicación de la ley sin impunidad, exigiendo a los gobiernos locales que atiendan efectivamente el problema de la inseguridad pública y persigan de manera contundente a las organizaciones delictivas que operan en sus estados y municipios.

Es obligación de los tres órdenes de gobierno poner alto a la impunidad con que opera la delincuencia organizada. Sólo con un combate eficaz al crimen organizado lograremos proteger la integridad de las personas y devolveremos la tranquilidad a la sociedad.

Los legisladores del Partido Acción Nacional tenemos muy claro que un juicio expedito, una pena proporcional al daño causado y el cumplimiento de una sentencia de quien ha visto afectados sus derechos son la mejor retribución que una víctima puede tener, y no solamente ella, sino toda la sociedad, pues cuando se comete un delito, los ofendidos somos todos porque se ha violentado el estado de derecho.

Por ello hacemos propio el dolor de las víctimas del delito y de sus familias. Reconocemos el esfuerzo de la sociedad organizada que ha dado una gran lucha por reivindicar los derechos de las víctimas, aunque cabe resaltar que ni ésta ni ninguna otra ley que pretenda proteger a las víctimas del delito será suficiente si antes no contamos con jueces que cumplan la ley en beneficio de las víctimas, con funcionarios públicos y ministerios públicos con espíritu de servicio, con humanidad, con conocimiento de la ley, con sentido de justicia que les permita cumplirla a cabalidad. Es lo mínimo que esperan los ciudadanos de sus autoridades.

Por ello nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con su venia, diputado presidente. "Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada". Fragmento del poema del desaparecido poeta Mario Benedetti.

Hoy los diputados del PRI tenemos claro que no existe motivo de celebración, sino la ocasión de saldar una deuda pendiente con la sociedad mexicana, sin más obstáculos y postergaciones.

No podemos cerrar los ojos a una realidad que nos muestra el incremento desproporcionado que se dio en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Datos de organismos internacionales y las propias cifras oficiales hablan de personas asesinadas, desapariciones forzadas y una impunidad que desgastó al límite a nuestras instituciones.

Esta nueva ley es resultado del reclamo legítimo de justicia por parte de la sociedad civil organizada, a quienes el PRI expresa su reconocimiento concretado gracias a la sensibilidad de este gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto y secundado aquí por los distintos actores políticos que si bien podemos diferir en la forma estoy segura que coincidimos en el fondo.

Coincidimos en la urgencia de restañar en lo posible las profundas heridas causadas en corregir lo necesario para el combate a la delincuencia organizada, que no dañe más nuestro tejido social, dejándole cicatrices imborrables, hartazgo, miedo y dolor.

Lo importante es que no haya víctimas de delito y violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado. Lo urgente es que exista atención y protección especializada para las familias que han perdido a sus seres queridos y para quienes han sobrevivido al horror.

Que el Estado asuma su responsabilidad, pero sobre todo, que exista la conciencia de que estos hechos no puedan ser recurrentes.

Esta ley busca brindar la garantía, asesoría y representación jurídica necesaria a la víctima. Su reconocimiento como tal a quien acredite haber sido sujeto de daño físico, psicológico, emocional o económico derivado de un delito o de violaciones a sus derechos humanos, de sus familiares o dependientes, y la protección y medidas cautelares de seguridad, en caso de que sus derechos a la vida y a la libertad se vean amenazados.

Ofrece a las víctimas la oportunidad de seguir su caso y coadyuvar en las investigaciones que lleven a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, sin sufrir trastrocamiento a la estabilidad económica de su hogar y su familia.

Garantiza el acceso a servicios de salud y emergencia médica, comprendiendo hospitalización, cirugías, medicamentos y material médico-quirúrgico, aparatos de movilidad como prótesis, servicios de interrupción del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas y esquemas de rehabilitación tanto física como mental.

Todo ello, representa para la sociedad mexicana que las víctimas indirectas de delitos cuenten hoy con un estado que reconoce sus obligaciones con ellos, y un gobierno que las asume a cabalidad por medio de la creación de un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral que se conformará por recursos asignados en el Presupuesto de Egresos y los provenientes de bienes decomisados, fianzas, multas, sanciones y donaciones que cubrirá el resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, el pago de los salarios o percepciones correspondiente cuando por las lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión.

El pago de gastos comprobables, de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que ocasiona el trasladarse al lugar del reconocimiento del cuerpo de la víctima directa, del juicio, de su tratamiento médico y de los gastos funerarios en caso de homicidio.

Lo anterior, reforzado mediante una cooperación institucional que involucra a los tres niveles de gobierno a través de un sistema nacional de atención a las víctimas, y un Registro Nacional de Víctimas.

Debemos reconocer que es quehacer de todos trabajar para ir adecuando nuestro sistema de procuración de justicia y seguridad pública, de tal manera que el esfuerzo institucional se traduzca en medidas efectivas para que no existan acciones por parte del Estado que violen los derechos humanos, al tiempo que se resarce en lo posible el daño causado a las víctimas indirectas de estos delitos. El Grupo Parlamentario del PRI apoyará su implementación y funcionamiento que simboliza una ventana de esperanza y un cambio hacia la paz duradera y sostenible para todos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Han solicitado y se les concede el uso de la voz para hablar a favor, el diputado Fernando Belaunzarán y la diputada Loretta Ortiz. En ese orden, tiene el uso de la voz el diputado Fernando Belaunzarán para hablar a favor del dictamen.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente. Me tocó ver hace aproximadamente un año aquí en esta Cámara de Diputados, precisamente cuando se votó a favor la Ley de Víctimas, ya venía consensuada del Senado. Fue por votación unánime de los diputados. Luego, como todos sabemos, hubo un proceso en donde no se publicó, finalmente se decidió hacerle observaciones, etcétera, y me parece que el gran mensaje aquí fue cómo el mismo movimiento que había impulsado esta legislación, se pudo poner de acuerdo para una vez publicado hacer las modificaciones que la hicieran viable.

Toda ley es perfectible, se ha dicho y se ha hablado hasta el cansancio, y seguramente ésta la podremos ir mejorando en el camino, pero es fundamental la enseñanza de cómo con la sociedad civil se puede llegar a construir acuerdos y mejorar las cosas.

Ahora bien, éste no es un tema cualquiera, la sociedad mexicana fue desgarrada, ha sido desgarrada de una manera dramática. Sean 60 mil, 70 mil, 80 mil muertos, es una tragedia nacional, se habla de 26 mil desaparecidos o como se le quiere llamar eufemísticamente, extraviados. Los daños han sido muy duros, han sido fatales y si me permiten decir que es lo mejor que ha traído esto, la gran enseñanza de este movimiento, es que si las cifras son espeluznantes, si hablar de 70 u 80, decenas de miles nos pueden poner la carne de gallina, es todavía más cuando vemos que no son números, que son personas, que son familias, que son comunidades, que son grupos que la sociedad mexicana ha pagado un precio altísimo.

Algo decía la Comisión, de que tenemos nuestra ancestral migración a Estados Unidos de desposeídos, de personas que no tienen recursos y van buscando una mejor vida a Estados Unidos, eso lo hemos tenido desde hace mucho, pero ahora tenemos una migración de despavoridos, de personas pudientes del norte de la república que han fundado colonias muy grandes al sur de Estados Unidos o en otros estados de Estados Unidos, huyendo del miedo.

Éste, el tener un reconocimiento, el darles su lugar, el verlos como personas a las víctimas, el reconocimiento social a ellas es un gran avance. El que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad haya construido algo desde el dolor y encontrarles y con este rostro a cada víctima hacernos reflexionar, es también algo fundamental el hecho de tener memoria, y por eso yo desde aquí avalo la decisión de ellos de que la Estela de Luz se convierta en Estela de Memorial para las Víctimas por todos estos años, me parece crucial. Hay que tener memoria para recordar lo que ha sucedido y eso también es un valor.

Pero hay un hecho fundamental que me gustaría ponerlo aquí como un tema a discusión, las víctimas, el problema de las víctimas es el último punto de la cadena. Esto es, los que han pagado por esta violencia desbordada y esta violencia desbordada tiene causas y una de ellas o una de las cosas que está es el paradigma hegemónico, yo diría, globalmente hegemónico, para enfrentar, por ejemplo, al narcotráfico.

Cuál es el paradigma, este paradigma prohibicionista, y nada más ahorita con la Ley de Víctimas estamos en la última cadena, la última consecuencia, pero atacar las causas es también discutir el paradigma, cómo combatir mejor al crimen, cómo combatir de manera más eficiente al narcotráfico.

No se trata de perdonar, porque todos estamos de acuerdo que con toda la fuerza del Estado se tiene que combatir a los criminales, a las organizaciones, al narcotráfico. Ésa no es la discusión.

La discusión es la estrategia. Y una estrategia prohibicionista que ha generado 70 mil muertos y ha generado 26 mil desaparecidos, no es la estrategia correcta. Discutamos cuál es el nuevo paradigma para enfrentar estos flagelos.

Estamos resolviendo las causas, estamos atendiendo las consecuencias con la Ley de Víctimas, vamos también a atender las causas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo, para hablar a favor.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la Ley General de Víctimas, desde la perspectiva del Partido del Trabajo y estas adecuaciones que se están haciendo, realizando y que estamos a favor, es un esfuerzo perfectible.

Debemos de considerar que el concepto de víctima no surgió a raíz, precisamente, de todo lo que se ha relatado con anterioridad de los desaparecidos, las ejecuciones sumarias, los torturados. Es un concepto que viene del contexto internacional y que precisamente, acorde con la reforma al 1o. constitucional del 2011, ya hacía falta una Ley General de Víctimas, que precisamente pensara en las personas y no en intereses del Estado, en determinadas situaciones.

El concepto de víctimas plasmado en la Ley General, es muchísimo más amplio del que se ha relatado por mis compañeros. Va más allá, porque no son los ejecutados nada más, los ejecutados, los desaparecidos, los desplazados. Son también víctimas los que desaparecieron en la guerra sucia, los del 68, aquellos a los cuales no se les escuchó, precisamente, cuando se creó la fiscalía para los crímenes del pasado y que no se han atendido estas desapariciones.

Son víctimas también aquellos que sufren violaciones a los derechos humanos, no nada más los desaparecidos o ejecutados. También aquellos que no son atendidos, no se les da acceso a la justicia y que las instancias judiciales, sean las locales o federales, hacen oídos sordos.

Son víctimas también de los derechos humanos aquellos que padecen el arraigo. Son víctimas también los defensores de derechos humanos que quieren atender, precisamente, a estas víctimas y llevar sus denuncias o quejas a las instancias internas e internacionales.

Entonces, en un esfuerzo posterior valdría la pena y ése es el reclamo de los organismos no gubernamentales, volver a redondear la definición de víctima.

Por otro lado también, las compensaciones, ya se había mencionado con anterioridad, no es nada más una cuestión de pagar una indemnización. No se le paga a las víctimas de aquellos desaparecidos o ejecutados, la vida de un familiar suyo, sea su esposo, su hijo o esposa, no se indemniza y no se compensa el dolor y el daño moral que se realiza contra estas personas que han sido desaparecidas.

Las muertas de Juárez también son víctimas y si ahorita les dicen a los familiares, te damos una indemnización, con eso no se repara el daño. La reparación del daño debe ir más allá. Es una reparación del daño moral, es una reparación con una indemnización por todo el daño psicológico y de otra naturaleza, no solamente psicológico sino físico, que reciben los familiares de las víctimas. Es precisamente por la vida humana que se pierde.

En esto tiene una gran experiencia tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la misma Comisión Interamericana, la reparación del daño debería verse por ajustarse en la ley a los estándares internacionales para también ser acordes con los instrumentos internacionales que ha firmado México y en esto es central el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de San José de Costa Rica, instrumentos que México ratificó desde 1981 y que es la fecha y la hora que todavía no les damos cabal cumplimiento. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: En razón de que no hay artículos reservados, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, secretaria.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.

La diputada Minerva Castillo Rodríguez (desde la curul): A favor.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas (desde la curul): A favor.

El diputado Alfredo Maldonado Hernández (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente se emitieron 448 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 448 votos el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, y reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.

Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

 

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