Fecha de publicación: 30/11/2010
Categoría: DECRETO

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PROCESOS LEGISLATIVOS
DISCUSION/REVISORA
DIPUTADOS
DISCUSIÓN
México, D.F. jueves 7 de octubre de 2010.
Versión Estenográfica


El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada secretaria. Se dispensa la lectura.

Por lo consiguiente, tiene el uso de la palabra el diputado Josué Cirino Valdés Huezo, hasta por 5 minutos para fundamentar el dictamen de las comisiones unidas en los términos del artículo 108 del Reglamento Interior.

El diputado Cirino Valdés Huezo lo hará hasta por 5 minutos por la Comisión de Justicia; y escucharemos posteriormente al diputado José Luis Ovando Patrón hasta por 5 minutos por la Comisión de Seguridad.

El diputado Josué Cirino Valdés Huezo: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El dictamen que hoy se pone a su consideración reviste características de suma importancia para nuestro país. Se trata de una reforma legislativa que toca ocho ordenamientos legales que tienen que ver con el fenómeno delictivo del secuestro.

Dicho dictamen propone expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El secuestro, sin lugar a dudas, es uno de los delitos más graves que puede cometerse, por sus modos comisivos, por la violencia con que se lleva a cabo, por la angustia que genera a la víctima y a sus familiares, así como también por las secuelas que propician en quienes lo sufren y en la sociedad.

Es necesario considerar que el secuestro ha dejado de ser un delito cometido en agravio solamente de potentados o millonarios, ya son blancos de él todas las clases sociales.

El enfoque que se ha dado al combate contra la delincuencia en los últimos años ha elevado exponencialmente la cifra de secuestros cometidos en nuestro país. Ante esta situación, el Congreso de la Unión no podía permaneces omiso y por ello, el Constituyente Permanente mandató en la fracción XXI del artículo 73 constitucional para expedir una ley general antisecuestro.

El proceso legislativo, que hoy concluye con el dictamen que se pone a su consideración, se caracterizó por la dificultad para llevar a consensos que permitieran el tránsito de esta ley.

Fueron muchos los foros, reuniones de trabajo, en el Senado y en la Cámara de Diputados trabajamos en conferencia, se analizaron y consultaron a expertos en la materia, autoridades policiales, ministeriales, judiciales y señaladamente a miembros de la sociedad civil, interesados en estos temas, que nos permitieron normar el criterio para arribar al dictamen que hoy se propone.

Reconocemos la voluntad política y la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos, que permitieron la aprobación unánime de este dictamen en la Comisión de Justicia y la aprobación mayoritaria en la Comisión de Seguridad Pública.

Dentro de los méritos que contiene esta propuesta destacan los siguientes. Se trata de una ley general que distribuye competencias entre los distintos órdenes de gobierno, que los obliga a coordinarse y cooperar; que fija con precisión el ámbito de sus atribuciones, estableciéndose en términos prácticos la federalización del combate al secuestro; se tipifican diversas conductas, materia de secuestro, distinguiéndose cada una de ellas y graduándose su penalidad de acuerdo a la gravedad, sin llegar a excesos, como cadena perpetua o pena de muerte; se establecen atenuantes que miran en todo momento a preservar la vida de la víctima y agravantes para casos delicados, como aquellos en que los miembros de instituciones de seguridad pública traicionan a la sociedad, así como casos en que se mutile o se prive de la vida a la víctima del secuestro.

Se obliga de manera más precisa a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones a colaborar de manera pronta y expedita con las autoridades persecutoras de estos delitos; se delinean programas de protección de personas y de apoyo a víctimas; se crea el fondo de apoyo para las víctimas y ofendidos del delito, que se integrará con una partida que deberá aprobar esta soberanía del Presupuesto de Egresos de la Federación y con recursos decomisados, abandonados o producto de procesos de extinción de dominio relacionados con averiguaciones en materia de secuestro.

Se hace enfática la obligación de las procuradurías de crear y operar unidades especiales para la investigación de conductas de secuestro, con personal que deberá ser sujeto a rigurosos análisis en cuanto a su perfil. Se precisa de manera muy contundente que la investigación de este delito no quede sujeta a ninguna negociación que desconozca la autoridad, obligando al Ministerio Público a realizar las investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos sin que proceda la reserva del expediente.

Se obliga a la autoridad judicial a que en todo caso la sentencia condenatoria contemple la reparación del daño a las víctimas.

Compañeras y compañeros legisladores, la sola aprobación de esta ley no es garantía suficiente de que los índices de secuestro se reduzcan, pero consideramos que es un instrumento valioso que tendrá la Procuraduría General de la República para combatir este delito, tal como en su momento lo pidió el Ejecutivo federal en una de las muchas iniciativas que se analizaron para arribar a este dictamen. Es por lo anterior que los invitamos a votar a favor del mismo. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado. Se concede la palabra al diputado José Luis Ovando Patrón, hasta por 5 minutos.

El diputado José Luis Ovando Patrón: Con su venia, diputado presidente. Compañeras, compañeros legisladores, este día ponemos a su consideración el dictamen de la minuta por la que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro y se reforman y adicionan diversos ordenamientos jurídicos en la materia.

Este tema que hoy nos ocupa es un tema difícil para la sociedad mexicana que ocasiona dolor a cientos de familias, y que nos exige como legisladores nuestro empeño, nuestro acuerdo para brindar mejores opciones de vida, un mejor marco legal en este caso para combatir a los delincuentes, y sobre todo sancionarlos de manera más severa y por supuesto atender de una mejor manera a quienes han sido víctimas de este lamentable delito.

La comisión de este delito en México se ha incrementado, siendo altamente preocupante que en los últimos 5 años haya llegado a incrementarse hasta en un 317 por ciento. De acuerdo a un informe que realiza el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, tan sólo de 2007 a 2009 ocurrieron 236 casos de secuestro, en el cual se involucraron a 294 víctimas y 248 secuestradores.

Dicho informe también lamentablemente nos señala que 5 de cada 100 víctimas fueron mutiladas y 9 de cada 100 fueron asesinadas. En esos 2 años nada más, 168 familias perdieron a un ser querido.

Es importante señalar también que, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sólo se denuncia uno de cada cuatro secuestros que se cometen, lo cual incrementa nuestra alarma en estos delitos, en estas cifras que estamos compartiéndoles.

También es importante señalar que desafortunadamente este delito se ha democratizado e impacta ya no únicamente a un segmento social económicamente pudiente, sino que, por ejemplo, afecta a los comerciantes en un 27.8 por ciento. Son víctimas de este delito: el 21 por ciento de esas víctimas son estudiantes; el 16 por ciento son empleados y un 14.5 por ciento son empresarios.

Por ello, compañeras, compañeros, como legisladores debemos hacer todo lo necesario para hacer frente de manera eficaz a este delito mediante la expedición de leyes que ayuden a combatir el problema con miras a erradicarlo. Sólo así se estará dando verdaderamente respuesta a cientos de víctimas y familiares de éstas que han padecido y padecen las secuelas emocionales y económicas, producto de la comisión de este delito.

Los días 21 y 30 de septiembre de éste próximo pasado mes, los legisladores integrantes de las Comisiones de Justicia y de Seguridad Pública, respectivamente, aprobamos el dictamen de la minuta enviado por el Senado a esta Cámara, mediante el cual se expide la Lay General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma y adiciona diversos ordenamientos jurídicos.

Éste tiene por objeto remediar la situación jurídica actual ante la inexistencia de un ordenamiento jurídico en la materia que se traduce en la ineficacia para combatir y erradicar este tipo de conductas en nuestra sociedad.

De aprobarse, lograremos ajustar las políticas públicas en materia de prevención y control de delitos en materia de secuestro. Coordinar las labores de investigación e inteligencia contra la delincuencia organizada. Establecer y estandarizar la descripción de los delitos y sus respectivas sanciones. A su vez, se habrá de fortalecer la participación de la sociedad, así como el sistema de denuncia contra la corrupción y la mala actuación de los servidores públicos.

Aunado a todo esto, se fortalecerá la actuación de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad pública de los ciudadanos; pero, sobre todo, permite el resarcimiento del daño ocasionado a las víctimas u ofendidos de este delito, dotándolos de seguridad jurídica y certeza en las actuaciones de los servidores públicos en la materia.

Quiero resaltar algunos aspectos de manera breve que se encuentran contemplados en la propuesta que hoy ponemos a su consideración

Se tipifican diversas modalidades de este delito tales como el secuestro expres, el autosecuestro y la detención de personas en calidad de rehén.

Se crea un sistema integral de protección a víctimas y testigos, así como unidades especializadas en la investigación de los ilícitos en la materia.

Se establece la imprescriptibilidad del delito y el Ministerio Público estará obligado a actuar de oficio en todas las modalidades del delito del secuestro.

Compañeras y compañeros legisladores, quiero finalizar resaltando que esta propuesta que se somete este día a su consideración es el resultado, primero, del dolor de muchas personas que transformaron estas terribles experiencias en fuerza y valor y que fueron determinantes para llegar a esta instancia legislativa, ejemplo claro de ello y quiero resaltar la presencia en este día de la señora Isabel Miranda de Wallace y el señor Alejandro Martí. Reconocemos su participación y la de muchos otros héroes anónimos que participaron de manera decidida en la creación de esta iniciativa.

De igual manera debemos reconocer la realización de innumerables foros en la materia, en los cuales participaron de manera activa académicos, organizaciones no gubernamentales, por supuesto, nuestros compañeros legisladores, los senadores y los diputados de esta Cámara.

Presentándose en ambas Cámaras, desde el año de 2007, un total de 26 iniciativas con proyecto de decreto; 2 presentadas por el presidente de la república, 15 iniciativas presentadas en el Senado, 7 presentadas en la Cámara de Diputados, las cuales si bien no se dictaminan en la presente propuesta, sí fueron tomadas en consideración dada la importancia de su contenido.

Quiero resaltar brevemente las presentadas por compañeros diputados de esta legislatura, el diputado Humberto Benítez Treviño del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas por el PAN, la diputada Dolores de los Ángeles Nazares del PRD, el diputado Rodrigo Pérez Alonso del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, entre otros.

Tenemos aún mucho que resolver. Debemos seguir siendo sensibles a las necesidades de la sociedad. No podemos detener la aprobación de esta minuta, compañeras y compañeros legisladores. Pero también debemos agilizar la dictaminación de propuestas pendientes a prevenir y sancionar delitos de igual gravedad como lo es la trata de personas.

Es nuestra obligación colmar los vacíos jurídicos que existen aún en nuestro marco legal. Urge darle a México una señal clara y contundente no sólo en este tema, sino en muchos temas que son sentidos por nuestra sociedad.

Sigamos, pues, trabajando por México. Sigamos legislando en ánimo constructivo, con capacidad de llegar a acuerdos...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado José Luis Ovando Patrón: ... como este día y por supuesto dotémosle a los mexicanos, a las mexicanas de un marco legal, que en este caso ayude a combatir de manera más firme el delito del secuestro. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si bien ya lo ha hecho el diputado Ovando en su intervención, esta Presidencia quiere dejar constancia de la presencia en esta significativa sesión de la señora Isabel Miranda de Wallace y del señor Alejandro Martí García. Para fijar posiciones tiene la palabra...

La diputada Teresa del Carmen Incháusegui Romero (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Teresa Incháustegui, ¿con qué objeto, diputada?

La diputada Teresa del Carmen Incháusegui Romero (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estamos todavía en la fijación de posiciones. Voy a desahogar el listado por grupos parlamentarios. Tiene la palabra la diputada Rosaura Ochoa Mejía, por Convergencia.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores; el día de hoy estamos viviendo un momento trascendental en la vida de este país.

Proveer los instrumentos legales como la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como los demás instrumentos que reforman los ordenamientos legales para poder civilizar un delito que ha venido lacerando a la sociedad.

Respaldar un dictamen como el que el día de hoy nos reúne y nos convoca, es decirles a ustedes que el Grupo Parlamentario de Convergencia está a favor de votar este dictamen; no podríamos estar en contra, nunca, de una situación que ha causado tanto daño y tanto dolor a la sociedad.

Para quienes lo han sufrido, vaya desde aquí nuestro respaldo; para quienes lo han cometido vaya desde aquí también una severa advertencia: que no podemos permitir que se sigan cometiendo este tipo de delitos, porque laceran moral, económica, social, pero sobre todo reflejan una descomposición y una falta de atención en rubros que no podemos permitir que se sigan cometiendo.

El trabajo que se ha hecho en las comisiones de Justicia y de Seguridad, hoy se ve reflejado aquí. Sabemos que toda ley es perfectible, pero hoy afortunadamente existen los instrumentos legales que le darán esas certeza a toda la sociedad, de poder tener esa seguridad que se verá atendida su demanda ciudadana.

No podemos permitir más pérdidas de patrimonios, no podemos permitir más la pérdida de la seguridad y de la libertad y mucho menos podemos permitir que se sigan cobrando vidas inocentes que no tienen porqué padecer este flagelo.

El Grupo Parlamentario de Convergencia también ha hecho propuesta, también ha entregado un paquete integral en el cual se contemplan cada uno de estos rubros, los cuales hoy en día abonan a poder perfeccionar estos instrumentos.

Vaya desde aquí nuestra invitación a todos ustedes, diputados y diputadas de esta LXI Legislatura a emitir nuestro voto a favor y con ello sacar por unanimidad una ley que hoy es realidad para poder prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Ochoa Mejía. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia por el Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Quiero decir que aquí hablo como diputado a nombre propio. No estoy hablando por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Estoy hablando como diputado de esta Cámara.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame usted, señor diputado. Nada más para conservar el orden del debate. Voy a mantenerle su turno porque usted además presentó un voto particular único en este dictamen, pero tengo que preguntarle al Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Por supuesto que soy parte del grupo parlamentario.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante con el respaldo de su grupo parlamentario, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Lo que quiero decir es que hablo por mí mismo, como hombre libre, y no en representación del grupo parlamentario, en donde existen opiniones diversas sobre esta iniciativa.

Quiero decirles, compañeros, que yo sí estoy a favor del combate al secuestro, pero desde luego no con esta ley. Una ley penal no solamente debe establecer sanciones, sino debe tener otro objetivo. Todo derecho penal tiene dos finalidades: la sanción y la reinserción social y creo que a esta ley le falta este segundo elemento de la reinserción social. Voy a explicar por qué.

Desde el tomismo, desde santo Tomás de Aquino, y esto repetido por distintos papas -aquí estoy hablando sobre todo a los compañeros del PAN- se decía que justicia sin misericordia es un acto de venganza, es un acto de crueldad.

La justicia y los derechos fundamentales son derechos fundamentales de los ofendidos, ciertamente, de las víctimas...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. Diputado Camilo, ¿con qué objeto, señor diputado?

El diputado Camilo Ramírez Puente (desde la curul): Con todo respeto, señor presidente, sí quisiera en lo personal que quedara asentado si está haciendo su intervención a título personal o como representante del Partido del Trabajo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ya hizo ambas cosas, y el Partido del Trabajo así lo asumió. Gracias. Continúe, señor diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Pero también los infractores tienen derechos fundamentales y creo que en esta ley se garantizan plenamente derechos de los ofendidos, de las víctimas, pero no así de los infractores.

En el voto particular, que consta en la Gaceta Parlamentaria, he insistido en que esta ley se inscribe en la lógica del derecho penal del enemigo. ¿Cuáles son las razones para sostener que se trata del derecho penal del enemigo? El derecho penal del enemigo es un derecho autoritario, no democrático, que no forma parte del estado de derecho liberal.

¿Por qué se caracteriza este derecho penal del enemigo? Por tener penas excesivas o muy amplias. Esta ley, esta iniciativa contempla sanciones como casi ningún otro tipo penal. Son sanciones que van de los 20 años de prisión a los 70 años de prisión, dependiendo las distintas modalidades que prevé la ley.

Establece también que los sentenciados por este delito no tendrán en general derecho a la libertad preparatoria, a la sustitución, a la conmutación de la pena o a cualquier otro beneficio que implique reducción de la condena, salvo algunas cuantas excepciones.

También se establece en este dictamen que una vez que se compurga la sanción, en donde no se tiene ningún beneficio en términos generales, puede haber vigilancia policial hasta por cinco años.

Se establecen también medidas especiales de vigilancia. No se concede a las personas mayores de edad o seniles o enfermos, medidas de sustitución a la cárcel o a la prisión; no se concede libertad preparatoria y en general se limitan los derechos de defensa.

Todas estas características encuadran en lo que la teoría penal de Gunther Jakobs ha definido como derecho penal del enemigo. Ésa es la razón por la que yo votaré en contra de este dictamen.

Creo que podemos hacer, compañeras diputadas y compañeros diputados, una mejor ley. Una ley que tome en cuenta a los derechos fundamentales de todos, de los ofendidos, de las víctimas y también de los infractores.

No se trata de aprobar leyes draconianas que violenten derechos fundamentales, en especial y en estos últimos segundos, me preocupa mucho y quiero hacer una reserva al artículo 64 del Código Penal Federal, el tema del concurso real.

Este tema del concurso real que se prevé en el dictamen que vamos a votar, va a implicar cadena perpetua, y voy a decir porque el concurso real, si me conceden unos segundos más, implica cadena perpetua, porque se acumularán las sanciones...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, señor diputado. Le concedo 1 minuto más para concluir su intervención.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Termino, compañeros. Déjenme hablar. Por el secuestro, habrá sanciones por robo y se acumularán las sanciones. Las personas que cometan distintas conductas vinculadas al secuestro estarán de prisión de por vida y eso implica una violación al artículo 18 de la Constitución, que establece como finalidad del derecho penal la reinserción social. Cuál reinserción social si va haber en los hechos cadena perpetúa con esta figura del concurso real.

Por su atención, muchas gracias, compañeros. Y entrego, al presidente de la Mesa Directiva, la reserva que haré al artículo 64 del Código Penal Federal que propone este dictamen.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Procedan a dar curso de la reserva. Tiene la palabra, la diputada Adriana Sarur, por el Partido Verde Ecologista.

La diputada Adriana Sarur Torre: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Por considerar el secuestro el peor crimen, el que más daña, el que más lacera y degrada a la sociedad, por eso el Partido Verde va a votar a favor de esta ley.

El secuestro y otros delitos de alto impacto han dado lugar a que la ciudadanía haya perdido la confianza en las instituciones. ¿Qué fue lo que sucedió en esta sociedad? ¿Por qué se descompuso tanto nuestro tejido social? ¿Cómo fue que llegamos al extremo de que unos priven de la libertad a otros y que, en muchas ocasiones, esa privación de la libertad se convierta en un menoscabo radical a la integridad física y psicológica de las víctimas, inclusive hasta de sus propias vidas? ¿Qué pasaba con las víctimas, que quedaban a merced de un sistema injusto que los condenaba a un peregrinar ante las autoridades para alcanzar la justicia?

Seamos honestos, si no un fondo antisecuestro, nunca antes se hubiera pensado en condiciones para ayudar a alguien que recibe la llamada de quien dice tener en las manos de la vida de su hijo o algún ser querido. Esta persona se queda sola, mientras que los delincuentes, seres sin escrúpulos, sin principios, disfrutan el sufrimiento de sus víctimas.

El fondo antisecuestro, es uno de los cambios más trascendentales de este instrumento. Permite que el ciudadano tenga incentivos para llevar a cabo la denuncia de este flagelo social.

A dos años del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el Partido Verde cumple con la aprobación del fondo antisecuestro, con iniciativas que verdaderamente respaldan un esquema de justicia penal.

Asimismo, comenzamos a superar los célebres prejuicios creados alrededor del delito del secuestro. Ya basta de la no denuncia. Ya basta del silencio por temor. Ya basta de que los secuestradores tengan de su lado a la ley. Ya basta del temor y del sosiego de los familiares para acudir a las autoridades.

La realidad queda a la vista. Recogimos todas las demandas, y ahora, sin dudar, este nuevo instrumento será uno de los más observados y vigilados en los próximos años, porque queremos erradicar por completo el delito del secuestro.

La ley antisecuestro que estamos por aprobar, permitirá eliminar la corrupción entre servidores públicos; ayudará a quienes denuncien, contemplará mecanismos para la defensa de las víctimas.

Como representante de los mexicanos, llevo como compromiso ser la portavoz de las víctimas, familiares e inocentes, que atropelló algún a este delito. Quiero decirles que su voz nos llena de fuerza, de coraje y de valor para seguir con determinación en la tarea de legislar para los mexicanos.

Por eso fue necesario que el delito del secuestro se persiguiera de oficio. Por eso fue necesario establecer castigos más severos a funcionarios públicos, que se involucren en este delito.

Estamos conscientes que todas las leyes se pueden mejorar. Es por eso que de ser necesario pondremos una segunda reforma que llegue a la raíz de la experiencia humana, para que México erradique este delito.

Necesitamos aprobar esta ley y velar por su ejecución. Los instrumentos procesales y legales que se incluyen en este nuevo ordenamiento, facultan que los tres órdenes de gobierno actúen con toda su fuerza y garanticen la demanda social de la seguridad.

Como legisladores, mandamos un mensaje a los delincuentes: que no descansaremos para otorgar leyes que nos permitan vivir otra vez en armonía, castigando sus conductas, y buscaremos prevenirlas con base en la ley siempre.

Necesitamos estar unidos para crear una nueva cultura de la legalidad y de repudio, de rechazo al secuestro, a la impunidad, a la corrupción y a la violencia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputada. Informamos a ustedes que se encuentra de visita en este recinto, el señor Edgar Navarro Sánchez, presidente Municipal de ciudad Nezahualcóyotl, invitado por sus diputados. Sea usted bienvenido, señor presidente.

También les damos la más cordial bienvenida a los estudiantes de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, invitados por la diputada federal Rosalina Mazari Espín.

Tiene el uso de la palabra la diputada Dolores Nazares Jerónimo, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados.

La sociedad se encuentra agraviada por la inseguridad, la violencia y la impunidad que le acompañan. Pero también estamos agraviados los michoacanos. Recuerdo aquí a mis paisanos secuestrados en el estado de Guerrero.

Actualmente muchos mexicanos tienen temor de salir a las calles, de ser asaltados, levantados, asesinados o secuestrados, independientemente de su condición económica o clase social.

El Ejecutivo federal se comprometió a solucionar este problema en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, del 21 de agosto de 2008. Sin embargo, fue la sociedad civil la que hizo posible que hoy estemos discutiendo esta minuta, así como el compromiso de todas y todos los legisladores aquí presentes.

Atendiendo el compromiso que tenemos con la sociedad, nuestro grupo parlamentario presentó el 18 de febrero de 2010 una iniciativa de Ley General para Prevenir, Sancionar y Combatir el Delito de Secuestro, la cual ubica como eje rector a la víctima en su integridad, seguridad, patrimonio y respeto a su vida.

Nuestras aportaciones alimentaron y enriquecieron en forma relevante la minuta. Por ejemplo, en el dictamen encontrarán el establecimiento de delitos y penas más severas en los siguientes casos:

Que el secuestro se realice con violencia o se allane el inmueble de la víctima.

Que la víctima sea menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, sea adulto mayor o, si es mujer, se encuentre en estado de gravidez.

Cuando los autores de un secuestro hayan o sean integrantes de alguna institución de seguridad pública o se ostenten como tal.

Que tengan parentesco con la víctima.

Que a la víctima se le causen lesiones durante su cautiverio o sea torturada.

Esta minuta considera una disminución en las sanciones para los casos en que el secuestrador se arrepienta y libere espontáneamente a la víctima; o dé parte a las autoridades para rescatarla con vida.

Establece además penas severas a servidores públicos que divulguen información reservada o confidencial teniendo atribuciones de investigación, procuración o impartición de justicia.

Para los casos de la coordinación entre los tres niveles de gobierno se establece que sea el Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el eje rector para llevar a cabo estudios de estadísticas delictivas, patrones de comportamiento, con el propósito de tener una investigación confiable; procesar la información geodelictiva para prevenir delitos y conocer las zonas de riesgo; intercambiar información; realizar campañas de prevención del delito; establecer relaciones de colaboración con las autoridades competentes y con las organizaciones sociales.

En el caso de la intervención de comunicaciones se establece la obligación para los concesionarios de redes públicas de proporcionar la información a las autoridades, asistirlas técnicamente, otorgar la información que requieran los titulares de las instituciones autorizadas y suspender el servicio de telefonía, cuando así lo requiera la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Se crean además unidades especiales para la investigación de los delitos en materia de secuestro, con las facultades de solicitar que se les brinde atención médica a las víctimas; asesorar a los familiares en las negociaciones; recibir denuncias; utilizar las técnicas de investigación y sistematizar la información obtenida para liberar a la víctima.

Por esas razones, el voto de nuestro grupo parlamentario será a favor del presente dictamen.

Queremos señalar que a juicio de nuestro grupo aún quedan pendientes algunos aspectos a considerar, dentro de los cuales están que los policías, peritos y equipo técnico que investiguen los delitos de secuestro se integre por personal debidamente certificado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

No otorgar a los secuestradores los beneficios preliberacionales, así como el indulto o la amnistía.

Establecer en todas las procuradurías del país mecanismos de denuncia anónima y un programa de seguimiento; establecer la reparación del daño social a favor de la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal o los municipios, así como las regiones o comunidades donde operen estas bandas delictivas.

Con la aprobación de esta minuta ponemos en manos de las autoridades un instrumento jurídico que les permita prevenir, investigar, sancionar y combatir eficazmente el delito de secuestro y que el ministerio público pueda integrar debidamente las averiguaciones previas.

Ahora le corresponde al Ejecutivo federal actuar de manera eficaz en el combate al delito de secuestro. No caben pretextos; no caben dudas; no caben titubeos.

La sociedad demanda de las instituciones enfrentar la delincuencia organizada en todas sus expresiones. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Camilo Ramírez Puente, del Partido Acción Nacional.

El diputado Camilo Ramírez Puente: Con su permiso, señor presidente. Antes de mi intervención, le ruego que solicite a la asamblea un minuto de silencio, por todas aquellas víctimas del delito de secuestro, que desafortunadamente han perdido la vida, así como por aquellas que tratando de salvárselas también la perdieron.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto se obsequia la solicitud de propuesta de un minuto de silencio, que solicita el diputado Camilo Ramírez Puente.

(Un minuto de silencio)

El diputado Camilo Ramírez Puente: Gracias, señor presidente.

Compañeras diputadas y diputados, una de las tareas más importantes del Estado es brindar seguridad a sus habitantes. Para ello es imprescindible contar con el marco jurídico apropiado que garantice a éstos disfrutar de todos sus derechos, sin embargo, el fenómeno del secuestro en nuestro país ha crecido exponencialmente y tiene alarmada a nuestra sociedad. Ésta nos exige tomar medidas claras y contundentes, firmes, que le protejan y le salvaguarden en su integridad personal, patrimonial, y por qué no material también.

Éste no es un problema que se limita al afectado, trasciende a su familia, a sus amigos que ven de esa forma limitada su libertad y perdidas sus esperanzas de una vida libre, de una vida verdaderamente plena. Aquellos que hemos padecido este delito sabemos de qué estamos hablando y aquellos que no lo han padecido, deseamos que nunca lo padezcan.

Desafortunadamente, trastocar el estado de derecho y la sociedad con este tipo de delitos no tan sólo sufre esa afectación; trasciende a nuestra sociedad en su economía, en su aceptación ante la comunidad internacional. No es un problema leve. En este momento que atendemos a este planteamiento de esta iniciativa, tenemos aquí ya un proyecto listo para votarse. Se ha consensuado plenamente en la Comisión de Justicia de esta Cámara con un voto unánime y un voto mayoritaria en la de Seguridad Pública.

Aun en este momento confiamos plenamente que ese voto pudiera revertirse a favor de una mayoría y lograr unanimidad; que mandemos un mensaje claro, muy terminante a la delincuencia, de que estamos todos unidos en contra de ella.

El Grupo Parlamentario del PAN refrenda su compromiso con la sociedad para hacer valer sus derechos, exigir que éstos se cumplan y estaremos puntualmente exigiéndoselos a las organizaciones y a las instituciones de seguridad y de procuración de justicia. Que no quede la menor duda de ello.

No es importante el hecho de que seamos nosotros el partido en el gobierno; nosotros también somos parte de la sociedad que habremos de exigir que esta ley, de ser votada por todos nosotros a favor, se cumpla cabalmente.

Nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros hijos; todos aquellos que están con nosotros confían en que hagamos el día de hoy nuestra tarea. Estoy convencido de que así lo haremos. Todos tenemos este compromiso y podríamos irnos hoy plenamente satisfechos a nuestros hogares sabiendo que esta ocasión, como en muchas otras, esta Cámara de Diputados da así un revés a la opinión que tienen muchos ciudadanos de que no hacemos un trabajo de fondo, un trabajo que nos lleve a una mejoría y a una mayor calidad de vida.

Estoy convencido que ésta va a ser la Legislatura del cambio, porque vamos a tener las mejores leyes para el país. Lo he visto en las distintas comisiones y lo veo en todos los compañeros no tan sólo de nuestra bancada, lo veo en todas las bancadas. Hay disposición para sacar buenas leyes. Estoy convencido que lo vamos a lograr. Nos falta únicamente seguir con este rumbo. Hemos logrado los consensos necesarios en lo importante. Estoy seguro que continuaremos en ello.

Que en este delito de secuestro quede bien claro para todos, delincuentes organizados, delincuentes comunes, que todos van a ser atacados por la ley y van a tener su sanción que es la única que puede ser: pasar la mayor parte de su vida en la cárcel. Eso es lo que merecen aquéllos que no pueden convivir en sociedad y que no respetan a sus semejantes.

Por eso, señores diputados, compañeras diputadas, el día de hoy, como diputado y como persona, como padre de familia, les pido que aprobemos esta ley. Si lo hacemos en una forma plena, habremos logrado nuestro cometido. Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marin: Gracias a usted, diputado. Antes de concederle la palabra al diputado Humberto Benítez Treviño, saludamos a los alumnos y al director de la Facultad de Ciencias Agrícolas que nos visitan esta tarde, invitados por el diputado José Luis Velasco Lino. Ellos son de Toluca, estado de México. Gracias por acompañarnos en tan importante sesión.

Tiene la palabra el diputado Humberto Benítez Treviño, para presentar posición por el Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Con su venia, señor presidente. Distinguidas diputadas; compañeros diputados.

A nombre de mi Partido, el Revolucionario Institucional, vengo a comprometer el voto de todos los diputados a favor del dictamen que hoy se presenta para expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro en este país.

Aquí se ha hablado de las características de la ley. Es una ley general porque distribuye competencias entre las entidades del Pacto Federal y la federación. Porque asigna responsabilidades a las procuradurías estatales y a la Procuraduría General de la República.

Porque en su artículo 23 establece cuáles delitos deben ser conocidos por la federación y cuáles delitos deben ser conocidos por las entidades federativas. Porque obliga al Ministerio Público a actuar de oficio en todos los casos en que se cometa un secuestro, porque obliga al Poder Judicial cuando emita sentencias condenatorias a condenar igualmente al pago de la reparación del daño, porque establece un sistema nacional para la prevención de este delito, y no olvidemos que estamos en falta frente a la sociedad, porque somos reactivos y no prevenimos la comisión de los delitos; porque establece un Fondo de Apoyo para las Víctimas y Ofendidos del Delito de Secuestro.

Aquí quiero subrayar mi reconocimiento a la Comisión de Presupuesto que el día de ayer emitió su opinión y está asignando 98 millones 700 mil pesos como fondo inicial para el Fondo de Atención a Víctimas y Ofendidos del Secuestro.

Compañeros legisladores, aquí se ha hablado de la filosofía del derecho penal, pero el verdadero enemigo del derecho penal es el delincuente. No es la sociedad. Es quien priva de la libertad a una persona de bien, la mantiene retenida, la tortura, en ocasiones la priva de la libertad, por eso se justifican las penas altas que establece la ley, estableciendo hasta 70 años cuando se priva de la vida a la persona secuestrada.

No olvidemos, compañeros, que aquí en esta soberanía yo presenté una iniciativa para establecer la cadena perpetua para tres delitos: el homicidio calificado, la violación tumultuaria y el secuestro cuando se mutila o se priva de la vida al secuestrado. ¿Saben por qué? Porque el artículo 18 constitucional establece las bases en la reinserción social.

Antes de la reforma del 18 de junio de 2008, yo afirmé que la readaptación social en México era un fracaso. Hoy con el cambio de reinserción social afirmo categóricamente que la reinserción social en México es un fracaso. Por eso se justifican las penas altas de prisión para gentes que dañan a la sociedad, que dañan a personas dignas de bien y que no merecen -como dijo mi compañero Camilo Ramírez Puente- salir de la cárcel.

Mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, votará a favor de esta ley. Sabemos que hay materias pendientes, pero no olvidemos, compañeros legisladores, que la ley es perfectible. Las únicas leyes que son fatales, son las leyes de la naturaleza. Las leyes que aprobamos en este Congreso, tienen como destinatario a un ser que no es perfecto, que es el ser humano. Por eso la ley debe de ser reflejo de la realidad y con esta ley estamos protegiendo a los mexicanos...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Víctor Humberto Benitez Treviño: Estamos protegiendo a las personas que injustamente han sido privadas de su libertad. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluidas las intervenciones de posicionamientos, doy cuenta a la asamblea que se han inscrito para hablar en pro de este dictamen, Pablo Escudero Morales, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Teresa Incháustegui Romero, Oscar Martín Arce Paniagua y Arturo Zamora Jiménez, en ese orden. Y en contra el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien de acuerdo al Reglamento, tiene el uso de la palabra.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeras diputadas, compañeros diputados: el debate que vamos a dar es muy importante. Tengo una hija de 19 años y un hijo de 17; si alguien les pusiera una mano encima, me los querría comer vivos, enteros, a quien les tocara un solo pelo.

Y estaría exigiendo venganza, no estaría exigiendo justicia. Y el Estado mexicano no puede, no debe bajo ninguna circunstancia, generar leyes que estén practicando venganza.

La diferencia entre la venganza y la justicia, está clara en esta iniciativa que se va a votar el día de hoy. Es una medida desesperada frente al aumento de la criminalidad.

Hay aquí quien cree que por cambiar una legislación va a cambiar la realidad; que va a cambiar la miseria brutal en que se debate la mayor parte de la población del país y hay quien acepta, inclusive, que quienes han vivido la tragedia de perder a un ser querido, se conviertan en los teóricos del derecho penal en México.

Están abdicando a su responsabilidad por la presión de los medios de comunicación, por la derechización que ha venido avanzando en un tema tan delicado como éste.

Entonces encubren la cadena perpetua diciendo que es la suma de penas. Y si después de 3 mil 500 años el secuestrador saliera, todavía quieren ponerle un brazalete para que le den seguimiento y no proponen que sea en la tumba que se le dé ese seguimiento porque sería ya un poco excesivo y hasta ridículo, diría yo.

Cómo puede plantearse este tipo de cosas cuando inclusive se plantea que sea imprescriptible y no se ha aceptado la imprescriptibilidad para las desapariciones forzadas, que son crímenes de lesa humanidad.

Ahí está doña Rosario Ibarra de Piedra décadas luchando porque aparezcan los desaparecidos por los sistemas políticos autoritarios que han existido en este país, y las voces que hoy se alzan no se alzaron cuando ella pedía esa justicia, y nunca ha pedido venganza, a pesar del dolor por la pérdida de un ser muy querido como era su hijo Jesús Piedra Ibarra.

Y podríamos poner aquí una larga lista de agraviados por estos sistemas políticos autoritarios que han regido en nuestro país y no han sido escuchadas esas voces. ¿Tiene que pertenecer uno a determinada clase social para que se legisle a favor de ellos? ¿Tiene que pertenecer uno a determinada clase social para que se ponga atención en los delitos y se plantee la máxima posible sanción a los responsables de los mismos? ¿Y cambiará esa máxima sanción el crecimiento de la criminalidad, de la violencia y la brutalidad que se vive en este momento en el país? La respuesta es no.

Es muy inadecuado que a mi compañero Jaime Cárdenas lo acusen de defender a secuestradores, cuando lo único que está planteando es que el Estado mexicano está obligado a tratar a los seres humanos como seres humanos, porque ésos que son criminales y que aquí se plantea con tanta fuerza son producto de este sistema económico, político y social.

Y muchos de los más grandes criminales que hay en el país están al frente de las responsabilidades públicas con absoluta impunidad, como el caso de García Luna, vinculado a secuestradores, por supuesto. Como el caso de Calderón, como el caso de Molinar Horcasitas y quedan impunes porque tienen el poder, porque tienen el dinero para comprar un juez. Las cárceles están llenas de pobres, están llenas de minorías, están llenas de indígenas, no están llenas de los verdaderos delincuentes que han bañado de sangre al país y que han generado esa proliferación de esos secuestros violentos, de esa brutalidad que tanto nos aterra a todos.

Porque efectivamente hoy nadie puede estar seguro, nadie puede estar tranquilo. Que se lo pregunten a la familia de Diego Fernández de Ceballos. Han desfilado aquí los empleados de Calderón y a todos les he preguntado dónde está Diego Fernández de Ceballos y la respuesta es el silencio. El dolor que tiene esa familia, al margen de las diferencias políticas que podemos tener con ese personaje, es evidentemente terrible y no podemos ser ajenos a ese problema.

Pero el que no seamos ajenos no justifica una ley absolutamente vengativa, absolutamente abusiva, que está pasando por encima de derechos humanos y garantías constitucionales.

Yo estoy convencido de que Calderón debería estar en la cárcel. Y si va a la cárcel, exigiría que fueran respetados en todo momento sus derechos y garantías constitucionales. Exigiría en todo momento que fuera tratado como ser humano, exigiría en todo momento que su dignidad humana no fuera lesionada porque estoy convencido de que lo que pedimos para otros lo estamos pidiendo para nosotros mismos.

Compañeros diputados, compañeras diputadas, estoy consciente -y termino con ello- de que ésta es una de las posiciones más difíciles que hemos tenido que defender los compañeros del Partido del Trabajo, pero no vamos a ser cómplices de una ley que está buscando venganza.

No vamos a ser cómplices de una ley que permite el avance de la derechización en la visión de los problemas sociales del país y no vamos a permitir que se esté presionando de esta manera a esta soberanía. Mi voto será, sin duda, en contra de esta ley que está siendo presentada. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Fernández Noroña. Están inscritos en la lista de oradores los diputados: Pablo Escudero Morales, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Teresa Incháustegui Romero, Óscar Martín Arce Paniagua y Arturo Zamora Jiménez, todos para hablar en pro de este dictamen. Al concluir preguntaré si el tema está suficientemente discutido. Diputado Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias, presidente. Ante los posicionamientos de mi compañera de partido, Adriana Sarur y del maestro Benítez Treviño, que creo que han sido impecables, declino mi participación. Ojalá podamos pasar a votar esto de inmediato. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Pregunto al siguiente orador, diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente, a nombre de la bancada de Acción Nacional, entiendo que hay algún turno que le corresponde a diputados, han sido posicionados por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, integrante de Acción Nacional, y también por un diputado de esta bancada. Lo más concerniente es, dado que es un tema muy trascendente y de tal importancia que, por lo menos los turnos previstos en Acción Nacional sean cedidos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado, por su declinación prudente y eficiente.

Pregunto a la siguiente oradora, que sería la diputada Incháustegui, si quiere hacer uso de la palabra. Gracias, diputada. Tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

Diputado Zamora, usted sigue en el turno, ¿quiere usted decir algo?

El diputado Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): Sí, presidente. Es sólo para comentar que la posición que nosotros tenemos es a favor de esta iniciativa, a favor de la sociedad, a favor de la justicia y por esa razón, también declino de subir a la tribuna.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. En consecuencia, al concluir la diputada Incháustegui preguntaré si está suficientemente discutido.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, mi posición y también la de buena parte -espero- de mi bancada es a favor de esta iniciativa, por razones muy concretas.

El secuestro ha dejado de ser un delito que agraviaba solamente a un porcentaje muy reducido de la población y ha comenzado a ser un agravio en contra de un derecho fundamental que es el derecho a la libertad personal y a la integridad de cada persona.

Por tanto, creo que es importante una legislación que como ésta, actualiza diversas modalidades del secuestro que se están dando en nuestro país, como es el secuestro exprés y que victimiza a toda clase de mexicanos: estudiantes, comerciantes, y ya no solamente a este sector reducido que hace años atrás era el que podía estar sujeto a este tipo de delitos.

Además también prevé todo lo que es la intervención de familiares, personajes cercanos a las víctimas, que tampoco estaban considerados en la legislación anterior y que también se sabe por los casos de los secuestros que explican al menos el 20 por ciento de estos eventos; por tanto también actualiza toda esa parte.

Es cierto, como ha dicho aquí el diputado Jaime Cárdenas Gracia, y también el diputado Fernández Noroña, que esta legislación tiene aspectos punitivos en este enfoque de incrementar las penas y también tener -dijéramos- aspectos que son cuestionables desde el punto de vista de los derechos humanos, incluso de los propios delincuentes. Pero también considera la legislación aspectos que supone una especie de piedad o de atenuantes en primodelincuentes, en delincuentes que no mutilen, en delincuentes que entreguen, secuestradores que entregan a su víctima, que no puedan concluir el crimen, y esto creo que es positivo.

No es la legislación que pudiéramos desear en todos los aspectos, pero desde la perspectiva en que responde a un problema emergente que victimiza allá a grandes cantidades de la población, sí es un instrumento que debemos adoptar y poner en práctica.

No hay ley buena per se, tenemos que una ley tiene que ser adecuada al problema al cual se está refiriendo, tiene que ser funcional desde el punto de vista jurídico y tiene que ser asumida por los actores que tienen que ponerlo en práctica.

Aquí se está poniendo en esta soberanía, con esta decisión, los elementos para probar si esta legislación va a servir y va a ser utilizada y va a hacer rendimientos positivos o no lo hará. Tendremos oportunidad de probarlo, pero la sociedad, la ciudadanía se merece de esta soberanía una respuesta, como la que da esta ley. Por eso es a favor mi voto. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Incháustegui. Por favor, señora secretaria, consulte a la asamblea si el proyecto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, secretaria. Se encuentra suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley de que se trata.

Esta Presidencia informa a la asamblea, que se han reservado para la discusión en lo particular, el artículo 64 relativo al Código Penal Federal, reserva que hace el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

Por tanto, se pide a la Secretaría...

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Para reservar el artículo 9.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿De qué ley, señor diputado?

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): De la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda reservado entonces el artículo 9 de la Ley para Prevenir y Sancionar Delitos relacionados con el Secuestro. ¿Alguna otra reserva diputado Cárdenas? Si es tan amable la Secretaría, ¿ya ha tomado nota de las reservas de los artículos del diputado Cárdenas o los enuncia el diputado, desde su curul? Sonido en la curul del diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Había, presidente, reservado el artículo 64, pero también me gustaría reservar el artículo 5o., que se refiere a la imprescriptibilidad de las acciones penales...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Perdón, diputado, ¿de qué ley?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): De la ley de antisecuestro. De la primera, presidente, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73; de esa ley es el artículo 5o., la imprescriptibilidad; el artículo 9o., 10 y 11 que se refiere a las penas.

El artículo que se refiere a los que no tienen beneficios, los sentenciados por estos delitos, que es el artículo 19.

Y el artículo 20, que se refiere a la vigilancia policial, por cinco años, una vez que concluye la condena, presidente. Esos son los artículos que deseo reservarme, y seguramente lo haré en una sola intervención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Por tanto quedan reservados del Código Penal Federal, el artículo 64.

Y de la Ley General para la Prevención y Sanción de Delitos relacionados con el Secuestro, los artículos 5o., 9o., 10o., 11o., 19o. y 20o. Esos son los artículos reservados.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Agradecemos mucho la presencia en nuestra sesión de invitados del estado de Querétaro, invitados de la diputada Sandra Ugalde Basaldua. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Adelante, diputado, está abierto el sistema.

Sigue abierto el sistema electrónico de votación. Está abierto el sistema. Adelante, sigue abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Adelante, diputado De Esesarte.

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? ¿No? Ciérrese el sistema de votación.

Diputado presidente, se emitieron 353 votos a favor, 8 en abstenciones y 4 en contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 353 votos.

Esta Presidencia informa a la asamblea que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos contenidos en el proyecto de decreto, relativos a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, el artículo 9o, por el diputado Miguel Ángel García Granados; los artículos 5o, 9o, 10, 11, 19, 20, por el diputado Jaime Cárdenas Gracia, de la misma ley.

Por lo consiguiente, tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Declino, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Declina el diputado García Granados su intervención. Por lo tanto, tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

Pregunto al diputado Cárdenas Gracia, si en esta misma intervención abordará el artículo 64 del Código Penal Federal.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Todo, señor presidente. Deme un poco más de tiempo, por favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En consecuencia, se le otorga más tiempo al diputado Cárdenas Gracia, hasta 7 minutos, para hacer uso de la palabra con sus reservas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Manifesté en mi primera intervención que entendía que este dictamen, esta ley que ha sido ya aprobada en lo general tiene elementos de derecho penal del enemigo, pero tal vez no expliqué con suficiencia cuáles son las características del derecho penal del enemigo.

Según Jakobs, los elementos del derecho penal del enemigo son tres: el adelantamiento de la punibilidad, como observamos, por ejemplo, en el artículo 55 del Código Penal que se acaba de votar; el segundo elemento son las penas desproporcionadamente altas, que establecen los artículos 9o, 10 y 11.

Hay que decir que casi ningún delito ni aún los del crimen organizado se van a sancionar como los delitos del secuestro.

En tercer lugar, que es una característica muy importante, según Jakobs, del derecho penal del enemigo, es la reducción o la relativización de las garantías procesales de los infractores.

Quiero decir en síntesis, fundando mi opinión en un maestro universitario de la UNAM, el maestro Carrancá y Rivas, don Raúl, que el derecho penal del enemigo podemos caracterizarlo como aquel que forma parte de un estado policíaco y no de un estado de derecho; es un derecho penal máximo y no es un derecho penal garantista; no busca la reinserción social de las personas, sino el castigo; no es un derecho ordinario, sino es un derecho de excepción y considera que los infractores no tienen dignidad.

Quisiera también aquí recordar aquella máxima del cristianismo y aquella máxima que es el primer imperativo categórico de Kant, que podemos resumir en una frase coloquial que decía: no quieras para otro lo que no quieras para ti. Es decir, cuando estamos en presencia de una norma jurídica y moral, aquella que ve y vela por el respeto de los derechos de todos. No quieras para otro lo que no quieras para ti. Creo que esa máxima no se está cumpliendo con esta ley aprobada en lo general.

Por lo que ve a las reservas concretas que hice, señor presidente, la del artículo 5o de la Ley General Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 o Ley Antisecuestro, esta ley es la que establece este artículo, la imposibilidad de que estos delitos prescriban. Es decir, establece la imprescriptibilidad de la acción penal y de las sanciones.

Quiero decirles que en el derecho mexicano ni los delitos de lesa humanidad, como recordaba mi compañero Fernández Noroña, son imprescriptibles. Cuando el Senado de la República ratificó la competencia de la Corte Penal Internacional hizo declaración interpretativa, a fin de que los responsables de los hechos del 68 y del 71 no fueran llevados a la Corte Penal Internacional y se estableció que en esos supuestos no había imprescriptibilidad de esas conductas. En cambio en secuestro, que es un delito que no tiene nada que ver con los delitos de lesa humanidad, establece esta ley la imprescriptibilidad de las conductas delictivas.

La punibilidad a la que me he referido y que consta en los artículos 9o, 10o y 11o es una punibilidad que va en el tipo penal mínimo de 20 años hasta los 70 años de prisión, y que además relacionando esta punibilidad con el artículo 64 del Código Penal Federal, que establece que en materia de delitos de secuestro no existe concurso ideal de delitos, sino concurso real, esto implicará seguramente cadena perpetua y será por lo tanto violatorio del artículo 18 de la Constitución, que establece como obligación la reinserción, la rehabilitación de los sujetos activos del delito.

La reserva que hice al artículo 19 de la Ley Reglamentaria del Secuestro tiene que ver con la privación de todos los beneficios. No tendrán los infractores libertad preparatoria, no habrá restitución; no habrá conmutación de pena. Esto implica una limitación de los derechos fundamentales de los sentenciados de estos delitos.

Por si faltara algo, el artículo 20 de la Ley Reglamentaria establece que una vez que se compurgan las sanciones, donde no hay ningún beneficio ni ningún privilegio para los infractores, se establece la posibilidad de vigilancia policial hasta por cinco años. Todas estas normas, señores diputados; señoras diputadas; señor presidente; miembros de la Mesa Directiva, me parecen contrarias a los tratados de derechos humanos.

Ya la relatora de las Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces, nos acaba de decir recientemente que debemos derogar el arraigo. Yo creo que en los próximos años los organismos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas y de la OEA, nos van a decir que esta ley que se está aprobando es una ley contraria a los derechos humanos. Es una ley vengativa; es una ley que ve por el castigo, pero que no ve por la reinserción social de las personas.

Quiero decirles también a muchos diputados y diputadas -que son diputadas de entidades federativas y diputados de entidades federativas- que es una ley que no respeta el espíritu federal del estado mexicano. Que violenta el artículo 40 de la Constitución; porque su artículo 23 establece las principales competencias a la federación, tanto para prevenir como para investigar y para sancionar. Es decir, no es una auténtica ley general. Es una ley que federaliza el delito de secuestro y que violenta las competencias de las entidades federativas.

Por todo lo anterior, los artículos que me he reservado, así como lo hice en lo general, votaré en contra de ellos porque considero que violentan derechos humanos. Es una ley que castiga y que castiga severamente. Es una ley vengativa. Es una ley que no rehabilita al delincuente.

Nosotros como legisladores tenemos que ver por la sanción y por el castigo, sí. Pero también tenemos que ver por la rehabilitación de todos los infractores. El infractor no es responsable en lo individual; también lo es la sociedad, los miembros de esta sociedad que hemos creado una sociedad injusta sin oportunidades para millones de personas. Por su atención, muchas gracias, compañeros.

El diputado Oscar Martín Arce Paniagua (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marin: Sonido en la curul del diputado Arce Paniagua. Diga usted, diputado.

El diputado Oscar Martín Arce Paniagua (desde la curul): Presidente, quiero dejar asentado -escuchando la reserva del diputado- que me parece mezquino venir aquí a tratar de defender una postura en favor de los delincuentes. Yo considero que los derechos de los delincuentes están plenamente plasmados en la Constitución General de la República, en los Códigos Penales, en las Leyes de Readaptación.

Si quieren modificar esas leyes para sus derechos, que las modifiquen. No es el tiempo ni el lugar ni la ley para hacerlo. Adicionalmente a eso, no solamente estamos a favor de que sea imprescriptible el secuestro. Estamos a favor de que el homicidio también sea imprescriptible. Que el día, el lugar, la hora y los años en que los encuentren, paguen por las culpas, por los daños que le hacen a la sociedad.

Hoy estamos fijando esta postura para que quede bien claro que no compartimos esa visión ni esas teorías. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): ¿Puedo contestar, presidente?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quisiera concederle el uso de la palabra, pero su intervención ha terminado. Si quisiera usted contestar desde su lugar, diputado, igualmente quedarán consignadas sus expresiones.

El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): Sí, diputado, ver la posibilidad de subir a hablar a favor del dictamen, de los términos del dictamen, y que no se piense que no se quiere dar un debate jurídico en cuanto a los señalamientos de mi compañero y amigo el diputado Cárdenas Gracia.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para el efecto tendríamos que admitir la reserva para poder ponerla a discusión, por eso le he pedido al diputado tenga la amabilidad de contestar desde su lugar. Adelante, diputado.

El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Santana, sonido en la curul del diputado Santana.

El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): Entonces, ver la posibilidad de realizar unas preguntas al diputado Cárdenas Gracia.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El problema es que la intervención del diputado Cárdenas ha concluido. Pero si quiere usted consignar una expresión hágalo desde su lugar en menos de un minuto.

El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Solamente decir en relación a los fundamentos, con mucho respeto al diputado Cárdenas Gracia, que las penas deben ser asequibles al daño causado.

No estamos hablando de cadena perpetua, no estamos hablando de pena de muerte, sino de un castigo ejemplar que hoy por hoy no hemos registrado en la normativa penal de nuestro país.

Dice usted que las penas son desproporcionadamente altas. Por este fundamento que le acabo yo de fundamentar y que sí es un principio general del derecho, creo que las penas son proporcionales a la comisión de los diversos tipos penales que se especifican en esta ley federal que estamos aprobando.

En cuanto a la imprescriptibilidad creo que debe de ser la excepción, porque todos sabemos del poderío económico de estas redes organizadas de la delincuencia organizada que con facilidad abandonan el país, regresan 10, 15 o 20 años después y vuelven a cometer el ilícito sin que se les castigue como es debido.

En cuanto al otorgamiento o no de beneficios, me parece que en la comisión especial que se va a formar para revisar esta ley, acordada en las comisiones unidas, se va a tocar el punto ya discutido en comisiones unidas, en relación a esta ley.

Todo tiene que ver con un asunto de una nueva normativa en materia de penas y medidas de seguridad, por lo que yo lo invito, diputado Cárdenas Gracia, a integrarnos a esta comisión y a aprobar en sus términos el presente dictamen. Gracias, diputado presidente, es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, presidente. Primero, respecto a las consideraciones que hizo el diputado Arce, quiero decirle que miente, que es totalmente falso; que yo estoy a favor de sancionar el secuestro, pero desde luego no con esta ley, diputado Arce. Esta ley es contraria a derechos fundamentales y no vela por la reinserción social de las personas.

Si fuese una ley que viera también por la reinserción social y que castigara el secuestro, yo estaría de acuerdo con usted; pero considero que lo que usted señala es incorrecto, es falso, es una imputación incorrecta. Yo estoy a favor de sancionar el secuestro, pero no con una ley propia de un Estado policiaco.

En cuanto a lo que me dice mi amigo, el diputado Arturo Santana, quiero decirle que en esta ley las penas sí son desproporcionadas y si lo combinamos con lo previsto en el artículo 64 del Código Penal Federal, que se acaba de aprobar o se va a aprobar en lo general, que establece que en este tipo de delitos no se aplican las reglas del concurso ideal, sino las reglas del concurso real, la suma de las penas en algunos casos podría implicar cadena perpetua y eso hace nugatorio totalmente el artículo 18 de la Constitución que prevé la reinserción social.

En cuanto a la imprescriptibilidad, diputado Santa, ni siquiera los delitos de lesa humanidad son en el derecho mexicano considerados imprescriptibles, aquellos en donde se elimina a un grupo humano por razones étnicas, por razones religiosas, por razones políticas, por esa declaración interpretativa que hizo el Senado de la república cuando se ratificó la competencia de la Corte Penal Internacional.

Entonces no comparto su punto de vista. Lo que sí acepto, con mucho gusto, es trabajar en una comisión, junto con usted y con diputados de distintos partidos para ponernos a reformar esta ley que se ha aprobado, para hacer una ley que sea consecuente con los derechos humanos y con la reinserción social.

Desgraciadamente en esta votación no voy a ir con usted; respeto sus puntos de vista, pero no los comparto, diputado Santana.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señores diputados. Tome nota la Secretaría y consígnense las expresiones de los señores diputados íntegras y como parte del cuerpo de este debate.

Por lo tanto, consulte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión las modificaciones propuestas por el diputado Jaime Cárdenas Gracia a los artículos 5, 9, 10, 11, 19 y 20 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y el 64 relativo al Código Penal Federal.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por el diputado Jaime Cárdenas.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, son desechadas las propuestas presentadas por el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

En consecuencia, consulte la secretaría si se encuentran suficientemente discutidos los artículos impugnados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos impugnados por el diputado Jaime Cárdenas.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En consecuencia, se pide a la secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos impugnados, en términos del dictamen.

(Votación)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Votar a favor significa votar en los términos del dictamen.

Se informa a los señores y señoras diputadas que se encuentran con nosotros alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 4, Vidal Castañeda, de la UNAM, invitados por el diputado Sebastián Lerdo de Tejada. Bienvenidos, jóvenes estudiantes.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Adelante, sigue abierto el sistema para que puedan votar.

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación.

Señor presidente, se emitieron 290 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Javier Corral, desde su curul si es tan amable. Sonido en la curul del diputado Corral.

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): Disculpe, presidente, se me pasó votar. A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: A favor el diputado Corral. Los diputados que faltaron de votar procederán a hacerlo de viva voz.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa (desde la curul): A favor.

El diputado José M. Torres Robledo (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Corregido el cómputo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: A favor 295, rectificando, 3 en contra y 5 abstenciones, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobados los artículos reservados por 295 votos a favor.

En cuanto, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

 

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