Fecha de publicación: 28/12/2012
Categoría: DECRETO

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PROCESOS LEGISLATIVOS
DISCUSION/REVISORA
DIPUTADOS
DISCUSIÓN
México, D.F. miércoles 19 de diciembre de 2012.
Versión Estenográfica

NOTA: Se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.


El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, esta Presidencia informa que se recibió de la Cámara de Senadores minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 3º transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si es de modificarse el orden del día para su inclusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que la minuta de referencia se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las pantallas de sus curules, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le considera de urgente resolución, se le dispensen los trámites y se someta a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta a la asamblea si se le considera de urgente resolución, si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia, se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Proceda la Secretaría a dar lectura únicamente al proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Artículo 3o. transitorio.

3o. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en un plazo de 10 meses contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán obtener la certificación por parte de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, de lo contrario serán separados del servicio.

Para los efectos de lo señalado en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 2 de enero de 2009, la separación del servicio se actualizará una vez que haya vencido el plazo a que se refiere el presente artículo.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentarse ante el Senado de la República, para rendir un informe del avance del programa, a los seis meses de la entrada en vigor del presente decreto.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara.

Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular. Tiene el uso de la voz don Guillermo Anaya Llamas, para fundamentar el asunto. Está usted inscrito debidamente.

Les voy a decir quienes están inscritos. Ricardo Monreal, Tomás Torres, Catalino Duarte y Consuelo Argüelles. A la hora que usted guste, diputado Anaya, aquí lo esperamos.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, presidente. Amigas, amigos diputados, la minuta que nos envía el Senado de la República y que estamos empezando a discutir y a votar en forma urgente, que hemos aprobado aquí mismo en el pleno, es necesario precisar que no estamos reformando el articulado sustancial de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino sólo un artículo transitorio, el tercero.

Como ustedes saben, compañeras y compañeros, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expedida el 2 de enero de 2009, estableció como objeto de la misma, el regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para poder cumplir con lo anterior, se estableció en uno de sus artículos transitorios un plazo de 4 años a partir de la entrada en vigor del decreto que expidió dicha ley, para que las instituciones de seguridad pública, tanto en la federación, en los estados y en los municipios, por conducto de los centros de evaluación y control de confianza, deberían practicar las evaluaciones respectivas a todos sus integrantes, conforme lo dice la ley en sus respectivos ordenamientos legales y el calendario aprobado por el propio Consejo Nacional.

El 3 de enero del próximo año, del 2013, se cumple el plazo de estos 4 años, que prevé dicho artículo tercero transitorio, es decir, en tan sólo dos semanas más. Sin el propósito de polemizar, amigas y amigos, sí es pertinente señalar que como lo reconoce, incluso, el autor de la iniciativa, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado de la República, al 31 de octubre de 2012, de una plantilla activa de 71 mil elementos en el ámbito federal, la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR, cumplió al 100 por ciento con esta obligación de evaluación.

Pero también es necesario recalcar que prácticamente el 60 por ciento de las entidades federativas, no han cumplido con lo establecido en la ley. Por ello es que se está solicitando reformar el artículo 3º para ampliar prácticamente a 10 meses y no caer en un caos en los estados y en los municipios, porque tendrían, los que no han sido sometidos a las pruebas de control de confianza o los que lo hayan reprobado, primero tendrán que ser separados inmediatamente de los cuerpos policiacos, a partir del 3 de enero, es decir, en 2 semanas más.

Pero los que hemos sido alcaldes o los que han sido gobernadores sabrán que no se trata solamente de someter a las pruebas de confianza a las policías, a los cuerpos policiacos sino se trata también a los que no hayan pasado las pruebas, se tiene que indemnizar y se tienen que reponer estos cuerpos policiacos que hoy en día, en los municipios y en muchos estados no es fácil encontrar a policías que quieran arriesgar su vida, muchas veces con un salario indigno, sin la capacitación y sin el armamento suficiente para hacer frente a la delincuencia del crimen organizado.

El plazo que se propone, que cambia el dictamen o la minuta a la iniciativa original, que era de doce meses el plazo, la minuta que nos envió el Senado es por 10 meses. Y además, la minuta que envía el Senado es para que comparezca a los seis meses el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ante el Senado de la República.

El voto que solicito es a favor de este dictamen. Sin embargo, quisiera hacer una última reflexión antes de concluir mi primera intervención. Creo que también debería ser tomada en cuenta esta Cámara de Diputados, para que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no solamente comparezca a ir señalando cómo van esas evaluaciones a los seis meses. No solo al Senado sino aquí también debería comparecer el secretario ejecutivo de Seguridad Pública.

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que acabamos de aprobar hace unos días, también el Senado de la República ratificará al recién nombrado comisionado y también al propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por eso en una subsecuente intervención, compañeras y compañeros, haré una propuesta formal para poder hacer una modificación a este dictamen.

Pero creo que, por la urgencia que amerita el caso, es pues el sentido de nuestro voto, a favor de este plazo de 10 meses, para que no haya un caos en torno a la seguridad pública, que es el principal y más sensible problema de los mexicanos; y poderlo entenderlo en consecuencia, porque además -y con esto termino- fue una decisión prácticamente unánime de los gobernadores en la pasada reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el solicitar esta prórroga.

Entonces, el día de hoy, y ahora mismo pues, lo someteremos a votación. Nosotros esperamos pues que se apruebe este dictamen, para poder atender este serio y grave problema de seguridad pública en nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Tomás Torres Mercado, tiene usted el uso de la voz, lo escuchamos como siempre, con un gran respeto.

El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, respetable señor presidente. La minuta que se nos está sometiendo a la consideración el día de hoy tiene su origen en una ley que está en vigor, que es la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que obviamente pasó por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados para -decía- darle vigor.

Tres cosas diré con relación a la minuta. La primera, dos artículos transitorios de ese ordenamiento, entre otras cosas, establecen que se tenía un plazo de cuatro años -cuatro años a partir del inicio de la vigencia, del 2 de enero de 2009- para que las instituciones policiacas -todas las instituciones policiacas- del país pasaran por un sistema de evaluación y de control de confianza.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública es una instancia superior, se coloca por encima del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que define las políticas públicas e esta materia.

Materia que por cierto -y también sin el ánimo de la polémica, diríamos, que observando la sesión, la segunda extraordinaria, de apenas la semana anterior del Consejo Nacional de Seguridad Pública- me parece que hay algo políticamente rescatable -y que hay que decirlo aquí-, es el de abandonar el decanto de las culpas, es el tiempo en donde políticamente hay que establecer que las condiciones objetivas del país no han dado para la certificación, para la evaluación de todos los cuerpos de seguridad pública.
Primer aspecto entonces, es un ordenamiento vigente. El motivo de la minuta es aplazar -y por cierto, me parece que no es suficiente, pero es una reflexión personalísima- por 10 meses más, porque fenecido el plazo el 2 de enero, del mes próximo, todos los integrantes de corporaciones policiacas no evaluados automáticamente estarían fuera, automáticamente serían cesados. Se está dando un plazo de 10 meses.

El proceso de evaluación y de control de confianza no es necesariamente el deseable. En la mayoría de los casos, si bien está es al 50 por ciento; en otro hay un caso -no lo cito-, hay condiciones particulares, no se ha llegado al 15 por ciento de la evaluación.

Pero algo que es más relevante. Miren, no puede decantarse la responsabilidad en los estados y en los municipios porque la condición financiera no es la misma, no solo de las diversas entidades y municipios, sino porque la federación solo para el rubro de seguridad pública exclusivamente de la Secretaría de Seguridad Pública traía cerca de 50 mil millones de pesos,

Díganme ustedes si llegan con 200 millones de pesos al municipio de Valparaíso o al municipio de Fresnillo en nuestro amado estado de Zacatecas, pues se lleva en un 2 mil por ciento el monto de lo que tiene para inversión pública.

Tercer aspecto. La comparecencia del secretario ejecutivo ante el Senado de la República, para que en un plazo de seis meses digan cómo están las cosas. Vamos, desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, a votar a favor de la minuta y refrendar el compromiso político de coordinación de la federación, de los estados y de los municipios. No hay nada, colegas, no hay nada que valga más, ni siquiera el éxito material, que el poder disponer de tranquilidad y de vivir en paz para poner en salvaguarda las libertades, la integridad de nuestras familias, y por supuesto también de sus bienes. En ello vamos a contribuir. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A usted. Don Catalino Duarte Ortuño. ¿Está don Catalino? Ahí viene. Está bueno.

El diputado Catalino Duarte Ortuño: Con la anuencia de nuestro presidente y de los compañeros legisladores, legisladoras, de manera puntual he escuchado las opiniones de los legisladores en el tema. La opinión nuestra es que el tema de seguridad pública es un tema delicado y que está en voz de todos los mexicanos. Incluso el presidente de la República ha sido muy reiterativo para cambiar esta estrategia y lograr mejores resultados para este país.

Fue una buena decisión legislar para que, en su defecto, las corporaciones policíacas de este país pasaran por un proceso de evaluación y certificación. Y hay que reconocer que por falta de interés de la propia federación, de los estados de la República, el avance ha sido no muy satisfactorio.

Si bien es cierto que la federación tiene recursos y que en gran medida ha podido avanzar en la certificación, también es cierto que ha sido poco solidaria hacia los estados y los municipios.

Se están estableciendo 10 meses y la opinión nuestra es que debe irse más allá. Seguramente van a transcurrir los 10 mese y se va a presentar otra prórroga. En esa tesitura, debemos ser cuidadosos y tomar decisiones firmes. Pero además darle consideraciones a los municipios, porque debo decir que las policías preventivas tienen la facultad para hacer detenciones y a ser puestas a disposición de los órganos persecutores de los delitos y que en muchos de los casos se otorgan libertades con las reservas de ley porque hace falta lo que aquí se ha dicho: capacitación, hace falta compromiso con la institución que representan.

Y ustedes pueden hacer un análisis de las puestas a disposición que tenemos a nivel nacional en los ministerios públicos del orden del fuero común y del orden del fuero federal; en su mayoría tenemos libertades con las reservas de ley.

Eso no es todo. Revisen también en los términos que resuelven los jueces, en el término que les corresponde, en muchos de los casos hay libertades.

Y vamos más allá; en las resoluciones jurisdiccionales. De 100 puestas a disposición, tenemos sólo el 4 por ciento, el 5 por ciento en resoluciones condenatorias.

Por eso invito a los compañeros de Acción Nacional, de manera muy respetuosa, a los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, a los del Verde Ecologista, a los de Movimiento Ciudadano, a los compañeros del PT, y por supuesto mi fracción está muy puesta para ponerle seriedad al tema.

Atendamos el asunto de la certificación y evaluación de nuestros policías, pero, esto es muy importante, atender de manera puntual el tema de la Policía Estatal, de la Policía Preventiva, porque ahí en gran medida tenemos serios problemas.

La postura nuestra es ir a fondo y encontrar mecanismos para que tengamos, como aquí se ha dicho, una policía que pase su certificación, que pase sus evaluaciones, pero también que tengan un salario digno. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Consuelo Argüelles Loya, tiene el uso de la voz.

La diputada Consuelo Argüelles Loya: Gracias, presidente. Amigos y amigas diputados, el Partido Acción Nacional recibe, al igual que ustedes, una minuta de nuestros amigos senadores en donde se va a reformar el artículo transitorio de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Este artículo establece o limita el tiempo que han tenido los municipios y los gobernadores para que se hagan los sistemas de evaluación policiacos, los sistemas de evaluación del cuerpo policial de todos los estados y de todos los municipios.

Este tiempo está a la vuelta de la esquina, será el 3 de enero. Se han cumplido los cuatro años. Acción Nacional quiere otorgarles a los gobernadores y a los alcaldes de este país una prórroga, tal y como lo están proponiendo nuestros amigos los senadores, de ampliarlo 10 meses. Vayamos con esto.

Ni siquiera el 50 por ciento de los gobernadores han cumplido con esto. En esta Legislatura vamos a darles a nuestros compañeros estatales y municipales el tiempo que nos están solicitando. Creo que el país está pasando por una época difícil, en la cual todos están invirtiendo en el tema de inseguridad, tema que nos preocupa a todos los mexicanos.

El presidente electo ya está presentando la nueva propuesta de seguridad. Démosle el beneficio de la duda, otorguemos esta prórroga, son 10 meses más, y vayamos con la misma exigencia en estos 10 meses a rendirles cuentas a los gobernadores y a los alcaldes.

Por eso Acción Nacional va a favor del proceso de evaluación y certificación a los 10 meses más que están solicitando nuestros senadores. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Ricardo Monreal tiene el uso de la voz.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Últimamente he hablado con gente del PAN que es seria y del PRI también y de todos. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, preguntaba al presidente si podía, en un mismo turno, presentar la posición general y un agregado, una modificación. Quiere decir si en los dos turnos que me corresponden, uno en lo general y otro proponiendo modificaciones al texto que pretende modificarse, los habré de agotar en un solo acto.

En efecto, estamos preocupados no por la aprobación de este proyecto porque en los últimos días hemos escuchado cómo los actores que hace unos años aplaudían la estrategia contra el crimen organizado y que ahora están en el gobierno, la descalifican, culpan de todos los males -que en parte tienen razón- del gobierno anterior, pero la oposición de izquierda, desde hace varios años, desde que se implementó esta estrategia unilateralmente contra la delincuencia organizada, advertimos que se trataba de una estrategia equivocada, de una estrategia errática que sólo era mediática, ruidosa y que no tenía ninguna posibilidad de éxito.

Lo dijimos hace muchos años, ahí está el Diario de Debates, y en el PRI le aplaudieron y la apoyaron, la respaldaron. Hoy dicen que es equivocada.

Por eso ahora que se plantea lo del plazo nuevo de 10 meses lo advertimos en aquel momento. Los que discutimos la ley, que presentamos voto particular y que votamos en contra, decíamos que los cuatro años eran suficientes si se generaban condiciones para la evaluación de los policías.

Todos afirmaron que era suficiente los cuatro años, y hoy estamos modificando la ley y el transitorio para poder dar otros 10 meses para evaluar la policía o las policías o los elementos pertenecientes a cuerpos policiacos.

Déjenme decirles que por irregularidades en su desempeño, actos de corrupción y principalmente no haber acreditado los exámenes de control y confianza, más de 30 mil policías municipales, estatales y federales fueron despedidos en los últimos años; es decir, casi 500 elementos han sido despedidos al mes.

Estas cifras se desprenden del reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Los municipios y los estados han despedido a más de 22 mil 550 elementos. Esta cifra equivale a casi el 15 por ciento de los 166 mil 992 oficiales que conforman las fuerzas policiales de las 32 entidades federativas.

Los despidos en los estados y municipios equivalen a cinco veces el total de los elementos que conforman la AFI o la SEIDO, que actualmente han sido todavía más policías, más pilotos, más personal despedido por la falta de confianza y por no haber aprobado este examen.

Pero fíjense ustedes quién encabeza la lista de los estados que no han cumplido con la evaluación de esos policías. La lista la encabeza al estado de México, luego Veracruz, Guanajuato, Hidalgo, Coahuila, Baja California, Tamaulipas y Chihuahua.

Entonces, ese es un problema grave porque la causa de los ceses, es la pérdida de confianza, consumo de droga, abuso de autoridad, consignaciones, pero además colaborar con la delincuencia organizada.

De cada 10 policías que salen a las calles a cumplir con su obligación, cinco o quizás seis son confiables, los otros no, porque las condiciones de los policías municipales del país son lamentablemente sin remuneración digna y sin salarios dignos, menos con un sistema de seguridad social y de protección con el cual puedan enfrentar la difícil situación que vive el país.

Por esa razón nosotros sí vamos a votar a favor, pero queremos hacer una serie de agregados. Por esa razón les decía también que en lugar de usar los 10 minutos, quería en un solo acto establecer la posición general y la modificación, porque en efecto yo les pregunto, ¿por qué razón seguimos privilegiando al Senado como Cámara única para rendir informes?, porque aquí en la propuesta dice que ante el Senado de la República, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad rendirá informes, ¿y por qué no se dice ante las Cámaras del Congreso de la Unión, el secretario ejecutivo rendirá informes? ¿Por qué nos autolimitamos y por qué no establecemos con seriedad que la Cámara de Diputados tiene el mismo valor?, y constitucionalmente tiene la misma calidad que el Senado de la República.

Somos Poder Legislativo, pero además, compañeros, es muy grave que no sepamos de estos 30 mil policías, qué están haciendo, estos 30 mil policías dónde están, quién tiene un censo de ellos. Los corres sin liquidación, ¿a dónde van estos policías a los que corres?

Van a incorporarse a la delincuencia organizada o a generar sus propias bandas para asaltar, secuestrar o esquilmar, y por eso propongo en un agregado, que en cumplimiento al párrafo anterior el Sistema Nacional de Seguridad deberá mantener actualizado el padrón de todos los elementos que han sido dados de baja por no obtener la certificación de los Centros de Evaluación y Control de Confianza.

Cabe señalar que al término de la relación laboral se hará conforme a derecho, otorgándoles el elemento de liquidación correspondiente.

Concluyo, presidente. Estos dos agregados son los que le propongo. Decía Memo, el diputado de Acción Nacional, compañero del Senado, decía con justa razón que no había tiempo. Yo digo que sí hay tiempo, modifiquemos y regresémosla, tenemos hoy y mañana.

Si ahorita estamos esperando la educativa y estamos esperando otras, ¿por qué no la modificamos, la mandamos a la Cámara? Lo único que les estoy proponiendo es que hagamos valer nuestro poder, nuestra posición y que el secretario venga a informar, igual que en el Senado. ¿Por qué no?, y que hagamos un censo de dónde están estas personas a las que se les liquida o a las que se les despide sin liquidación y que fungieron como policías. No entiendo la razón por la cual votarían en contra.

Presidente, por su tolerancia, y a todos también, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, a usted. Finalmente don José Alejandro Montano Guzmán.

El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Presidente, para una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Sí acepta una pregunta de don Felipe Camarena?

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Sí, por supuesto.

El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Nada más comentarle al diputado Monreal, en relación a que manejaba que el estado de Guanajuato era de los estados que no había cumplido.

Quiero precisarle que hubo varias etapas en la certificación. Primero, mandos superiores, mandos medios y posteriormente todo lo que fuera personal en áreas de seguridad. Pero comentarle que Guanajuato fue el segundo estado certificado como tal, el cuarto en haber sido acreditado por el Centro de Control de Confianza, y tercero en haber cumplimentado la meta que está por vencerse para el día 3 de enero del próximo año.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No hay pregunta, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Bueno, el Sistema Nacional de Seguridad, si quiere se lo mando, le mando copia, el Sistema Nacional de Seguridad Pública establece una lista, es información oficial. Estado de México, 2 mil 118 bajas; Veracruz, mil 694; Guanajuato, mil 530; Hidalgo, mil 224; Coahuila, mil 206; Baja California, 2 mil 194; Tamaulipas, mil 149; Chihuahua, mil 17, pero se lo envío.

Es probable que haya equivocación en los datos y me alegra saber que Guanajuato está así, los ciudadanos seguramente también sabrán si hay o no inseguridad, pero finalmente es un problema serio, que si usted me permite yo le doy los datos personalmente y deliberamos sobre este tema u otros que a usted le interese. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Alejandro Montaño, Montano, sin la Ñ.

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto?

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (desde la curul): Para los efectos de hacerle una precisión al diputado Ricardo Monreal, en relación a mi estado de Baja California, nuestro estado.

El señor manifiesta que Baja California es uno de los estados que presumiblemente no ha reunido los requisitos de la certificación. Debo de precisarle al señor Monreal, que en Baja California sí se cumple.

Únicamente una ciudad que es Rosarito, al frente del Partido Revolucionario Institucional, en donde su titular de la policía no ha hecho sus exámenes. Lo anterior para los efectos de la precisión, señor presidente. Y gracias por permitirme hacer uso de la voz.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ha precisado por sus dichos. Don Alejandro Montano tiene el uso de la voz.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional celebra que el Senado de la República le haya dado celeridad a un tema de la mayor relevancia, como es el otorgar 10 meses de ampliación para que se logre esta certificación.

Creo que es importante que dentro de 12 meses, cuando se dé un tema aquí en esta alta tribuna no se cuestione por los diputados, sino que desde ahí tengamos la información necesaria, verídica y obviamente que haya sido cruzada con los estados de la república.

Lamentablemente después del tiempo que se había fijado, faltó no solo voluntad sino también faltó la estrategia y sobre todo, mucho mayor personal para llevar a cabo esa certificación.

Creo que todos los estados, no creo que ninguno se haya negado o lo haya hecho por falta de atención o compromiso sino en algunas partes fue por la falta del personal adecuado y para que pudieran ellos valorar y llevar a cabo esos exámenes.

Es importante que como lo manifiesta aquí, este proyecto de decreto, vayamos a favor para que les demos ese espacio a los gobiernos de los estados que en esta nueva estrategia que se manejó y se aprobó por los propios gobernadores, el gobierno federal y los ayuntamientos, empiece a generarse ese proceso en los próximos meses.

Es importante que también tengamos el registro de todo aquel elemento que haya pertenecido a los cuerpos de seguridad, para saber en dónde, cuándo y cómo estarán ellos manejando un proceso de vida y que tengamos la certidumbre que no se estén integrando en los cuerpos del crimen, sea organizado o sea cualquier nivel de crimen.

Por ello, el Partido Revolucionario Institucional votará a favor de este proyecto de decreto y repito, estamos contentos que el Senado le dio celeridad y que así esperamos que los demás asuntos tengan ese mismo concepto. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Finalmente, tres minutos para doña Lizbeth Rosas, como una llamada de teléfono, sin redondeo.

La diputada Lizbeth Rosas Montero: Compañeros diputados, diputadas, a mí me parece que este tema es fundamental, pero sobre todo, no es correcto y no es ético que estemos defendiendo aquí a nuestros gobernadores o presidentes municipales si cumplieron o no.

Yo creo que ése no es el propósito. El asunto es que cumplan. Cuatro años tuvieron para llevar a cabo la certificación y ningún estado ha cumplido con esa meta.

En lo particular a nosotros como grupo parlamentario nos preocupa mucho, precisamente, que no se están tomando cartas en el asunto sobre la revisión del propio modelo de certificación, que además de ser muy costoso, no tenemos ni siquiera los datos de cuántos elementos aprobaron este sistema de evaluación y aun así cometieron ilícitos en estos estados y en estos municipios. No hay transparencia ni siquiera de los nombres.

Más allá de no saber quiénes son estos 30 mil o más policías que fueron dados de baja, ni siquiera sabemos, los que aprobaron, en qué condiciones se encuentran.

Otro asunto que me parece relevante es, seguimos sin considerar a los elementos de seguridad privada, que además traemos una invasión de elementos de seguridad privada en todos los municipios, en todos los estados y que también traen autorización y licencia para la portación de armas de fuego.

Me parece también que la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara -y éste es un exhorto a mi compañero- debe de manera urgente armar una subcomisión de trabajo que le dé seguimiento a este tema, ¿por qué?, porque 10 meses van a ser insuficientes.

Y se los estoy diciendo el día de hoy, en 10 meses ninguno va a cumplir, ni siquiera nos hagamos fantasía aquí; creo que debe revisarse el modelo, debe revisarse la temporalidad, pero también se debe transparentar la información.

Y otro dato que me parece fundamental, todos esos procesos de certificación empezaron por los mandos superiores y mandos medios. Tenemos también datos de que hay en esa nata mucha corrupción, pero también muchas veces se esconde la información.

Y esta área específica de seguridad pública, que se encarga de certificar, guarda la información a veces por años de los elementos o mandos que no cumplieron con los exámenes de certificación.

Y después son utilizadas también políticamente para ir desacreditando a funcionarios o servidores públicos en los gobiernos que anteriormente o un año antes no pasaron dicho examen y que posteriormente se da a conocer. Creo que esa información debe ser pública, nos ayuda a todos para mejorar.

Y en ello obviamente nosotros como diputados, compañeros, no podemos ser cómplices ni estarles corrigiendo lo que no hicieron a nuestros compañeros gobernadores o presidentes municipales. Debemos de exhortarlos a que cumplan más allá de lo que en un momento dado ellos puedan decir en la parte financiera, revisar cuál es la parte de los recursos que les tocaban y por qué no se aplicaron, tener una reunión de trabajo urgente con el área de finanzas.

Pero tengamos mucho cuidado, compañeros diputados, de estar dando prórrogas y cheques en blanco. Se los digo porque desafortunadamente en este tema tenemos un gran vacío y una gran deuda pendiente con la población, ni hemos logrado tener una policía que está a la altura de las necesidades de la ciudadanía ni hemos logrado erradicar la corrupción de los cuerpos de seguridad en México. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ta bueno. Ábrase el sistema electrónico de votación...

El diputado José Guillermo Anaya Llamas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Guillermo, tiene usted el uso de la voz.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para hacer una precisión de lo que anuncie en mi intervención en le tribuna, que iba a hacer alguna propuesta de modificación a la minuta precisamente para que compareciera el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ante la Cámara de Diputados y ante la Cámara de Senadores.

No encuentro consenso en esta propuesta y -siendo el problema principal y más sensible de los mexicanos la seguridad pública y no poner en riesgo a partir del 3 de enero la entrada en vigor de esta modificación o esta minuta- no haré pues esta propuesta, en virtud de que nos faculta -a las comisiones y como presidente de la Comisión de Seguridad Pública- el artículo 93 de la propia Constitución General de la República el citar a los secretarios del ramo o a los funcionarios a dar cuenta de sus funciones.

Entonces, dicho lo cual, retiro pues la petición de hacer uso de la tribuna y solicitaría, si usted así lo considera conveniente, se pregunte a la asamblea si se somete a votación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, está bien. En síntesis retira su propuesta.

Pregunte la Secretaría a la asamblea, si subsiste la propuesta del diputado Monreal y si se acepta a discusión. No la dejó por escrito, pero vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Pregunte.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, señor presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación, a efecto de votar este artículo transitorio por 10 minutos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, en pro 427 votos, 1 en contra, 18 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

 

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