Fecha de publicación: 28/12/2012
Categoría: DECRETO

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PROCESOS LEGISLATIVOS
DISCUSION/ORIGEN
SENADORES
DISCUSIÓN
México, D.F. miércoles 19 de diciembre de 2012.
Versión Estenográfica


Tenemos la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos Segunda con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Tercero, Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; debido a que el dictamen se encuentra publicado en la gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura.

- LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen, quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA ASIENTE)

- Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE)

- Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, informo a esta Asamblea que en el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Omar Fayad Meneses, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el Artículo 196 del Reglamento.

Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad.

- EL C. SENADOR FAYAD MENESES (Desde su escaño): Solamente para solicitar su autorización, si me permite hacerlo desde aquí.

- EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Adelante.

- EL C. SENADOR FAYAD MENESES (Desde su escaño): Gracias, Presidente. Ha habido ya un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y Estudios Legislativos en torno a este tema que el día de ayer fue aprobado en primera lectura.

Hemos considerado en ambas comisiones del Senado de la República que éste es un tema de la mayor importancia para todo el país, porque implica que cientos de miles de agentes de la policía, de miembros de los cuerpos de seguridad pública tengan certeza jurídica de lo que va a ocurrir a partir del día 3 de enero en virtud de que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecía claramente en su Transitorio III, que se contaba con un plazo de cuatro años, a partir de la fecha que fue publicada la reforma, el decreto de reforma a esta ley, y este plazo vence el próximo día 3 de enero.

¿Qué significaba esto si el Senado de la República y el Poder Legislativo no actuábamos de inmediato?

Significaba que miles de agentes de la seguridad pública tuvieran que ser separados de su encargo el día 3, en virtud de que no habían concluido con el proceso de certificación......

(Sigue 5ª. Parte)..... de su encargo el día tres, en virtud de que no habían concluido con el proceso de certificación y de control de confianza, que la propia ley exige, así de simple y así de claro.

Pero eso han considerado a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, que resultaba de la mayor importancia el poder provocar esta reforma que amplía el plazo que da, un plazo distinto, para que se pueda cumplir con la certificación que exige la Ley Nacional de Seguridad Pública.

Esto no implica que se va relevar a nadie de tan importante compromiso, esto no implica, de ninguna manera, que los cuerpos de seguridad pública no cumplan con la obligación que se tiene establecida en la ley, pero sí implica un respiro en virtud de que el esfuerzo que se ha hecho en esta materia es enorme, en estos cuatro años se han tenido que establecer los Centros de Control de Confianza que no existían en las entidades federativas, ni tampoco se habían ampliado los que existían en la federación, ni estaban los nuevos que hoy existen en la federación.

De tal suerte que hoy hay mejores condiciones para poder enfrentar esta certificación y por eso es que ha considerado el Senado de la República, a través de estas comisiones, si ustedes así nos lo aprueban el día de hoy, que se pueda ampliar el plazo, dar un plazo adicional para que con la capacidad instalada, para que como hoy se encuentran las condicione del país se pueda cumplir con tan importante compromiso.

Por eso las Comisiones hoy sometemos a consideración este dictamen para que se cumpla con lo mandatado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, por lo mandatado por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por lo que todas las mexicanas y mexicanos esperamos para nuestros cuerpos de seguridad pública.

Y me es preciso, señor presidente, informarle de una propuesta que ha sido ya consensada con los grupos parlamentarios para que el dictamen que fue entregado el día de ayer, y firmado por los miembros de ambas comisiones pueda tener claramente tres precisiones: originalmente en el dictamen habíamos establecido el plazo de 365 días, esto es un año, doce meses, el consenso de ayer para que hoy vayamos todo a favor de este dictamen que implica que a nombre de las comisiones le proponga diez meses donde dice 365 días, diría diez meses y con la previsión de que el Secretario del Sistema de Seguridad Pública Nacional pueda venir a esta Cámara de Senadores en seis meses a informar sobre el avance que lleva dicho programa por su importancia y por su trascendencia, y dejar bien precisado, porque nos habían informado por parte de la Mesa Directiva que a la mejor no había precisión de algunas disposiciones del Derecho Transitorio, que cuándo era la entrada en vigor de este decreto, y la entrada en vigor es precisamente para el día que vence la disposición que estamos reformando, tres de enero del 2013.

Con estas precisiones nosotros creemos que se logra satisfacer una demanda que ha sido hecha por los gobernadores de todas las entidades federativas, al Consejo Nacional de Seguridad Pública, al Presidente Peña Nieto, y al Secretario de Gobernación, Osorio Chong, en virtud de los avance de los que di cuenta el día que fundamenté la iniciativa con la información que ya obra en poder de todas y todos los senadores de la República, respecto de los avances que lleva este importante esfuerzo al que juntos hay que darle continuidad.

Con estas precisiones, y con estas consideraciones yo les pido a las y los senadores que ojalá haga suyo este dictamen, esta propuesta que les formulan las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, para que en este momento pudiéramos proceder a la discusión y votación de esta medida. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias señoras senadoras, señores senadores. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias senador. Tratándose de un solo artículo, queda a discusión. No habiendo lista. Perdón, senador Yunes, Fernando Yunes. Sonido al escaño.

-EL C. SENADOR FERNANDO YUNES MARQUEZ: (Desde su escaño). Gracias, presidente, para posicionar a nombre del grupo legislativo del PAN.

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Adelante.

-EL C. SENADOR FERNANDO YUNES MARQUEZ: Con su venia, presidente. En días pasados el Presidente Enrique Peña Nieto delineo los ejes sobre los cuales se basará la política de seguridad de este gobierno. Los integrantes del grupo legislativo del PAN hemos analizado los mismos con responsabilidad y objetividad, estamos a la espera de que se detallen y se conozcan sus metas y alcances.

No podemos omitir que los seis ejes presentados son prácticamente idénticos a los contenidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en el año 2008.

Nos llama la atención porque se habló de un cambio total en la estrategia, dijeron que esta no funcionaba, que le darían un vuelco a la estrategia de Seguridad en el país, sin embargo debe significarse que estas similitudes de alguna manera un reconocimiento a las acciones contra la inseguridad del gobierno anterior.

Debemos tener siempre presente que la semilla de la inseguridad en México se sembró desde hace muchos años, esta semilla que ya había germinado dio sus más nefastos frutos cuando el PAN comenzó a gobernador nuestro país, y fueron los gobiernos federales panistas los que asumieron la seguridad de los mexicanos como prioridad y tomaron decisiones que los llevaron, no solo a apoyar, sino incluso a sustituir a los gobiernos estatales que fueron totalmente omisos en el combate a la inseguridad.

Hoy todavía vemos ejemplos en estados como el mío, Veracruz, donde el Ejército, la Marina Armada de México y la Policía Federal están a cargo de la seguridad de los ciudadanos. Lo mismo sucede en otras entidades del país.

Es por ello que los senadores del PAN no permitiremos que se pretenda atribuir a nuestro partido el problema de inseguridad que vive México, y tampoco que se traten de borrar los logros de nuestras administraciones.

La diferencia fue que los presidentes panistas, en particular el ex Presidente Calderón tomaron la determinación de atacar de frente a la delincuencia y no seguir ignorándola como si el problema no existiera.

Hoy tenemos unas fuerzas armadas mejor capacitadas y equipadas que actúan en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, en la defensa de los mexicanos. Se fortalecieron la Policía Federal y sistemas de inteligencia e información como Plataforma México, que hoy le dan más herramientas a la autoridad para combatir el crimen.

En la lucha contra la inseguridad debemos participar todos, no escudando ni escondiendo debilidades con la crítica infundada a quienes en su momento tuvieron a cargo la seguridad de nuestro país, por el contrario, debemos tomar las mejores prácticas y casos de éxito para seguirlas aplicando.

Y lo que no haya funcionado de manera correcta cambiémoslo, hago votos porque el Presidente Enrique Peña Nieto continúe por este camino. Hagámoslo juntos, así nos lo exige la sociedad.

El día de hoy ante este pleno se está presentando un dictamen que no debería estarse votando, representa la falta de responsabilidad y compromiso de casi todas las entidades federativas con el problema de inseguridad y corrupción que vive nuestro país.

Efectivamente, tal como lo establece este dictamen, el plazo para cumplir con las certificaciones, de evaluación de control de confianza es el tres de enero del año 2013, los gobernadores tuvieron cuatro años para cumplir con una meta establecida por ellos mismos, pocos de ellos alcanza siquiera estándares respetables. El día de hoy se les dará una última y única oportunidad de cumplir no con una meta, sino de cumplirle a los ciudadanos de sus ......

(Sigue 6ª parte). . . el día de hoy se les dará una última y única oportunidad de cumplir no con una meta, sino cumplirles a los ciudadanos de sus estados, deberán demostrar que son verdaderos y comprometidos corresponsables de la situación de inseguridad que priva en nuestro país.

Señalaba de manera correcta el Secretario de Gobernación que delitos como la extorsión, el secuestro y el homicidio han ido en aumento, situación que preocupa, lo que probablemente debió enfatizar es que se trata de delitos del fuero común, cuya prevención, persecución y sanción en su caso es responsabilidad de los gobiernos locales, sin duda, esta falta de responsabilidad ha traído un gran problema en el combate a la delincuencia.

El Presidente de la República señaló que debe existir una auténtica política de estado de corresponsabilidad entre poderes y órdenes de gobierno ajena a intereses de partido, lo cual compartimos.

Sin embargo, para que exista corresponsabilidad debe haber en primer término responsabilidad de todos los actores políticos del país.

La gran mayoría de los gobernadores ya habían asumido un compromiso de responsabilidad y corresponsabilidad en un tema fundamental como la certificación de policía, y solamente el 20 por ciento de las 32 entidades federativas cuentan con un gobierno electo este año, por lo que el otro 80 por ciento faltó en su momento a lo pactado en el acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad.

Prueba de ella es que desde la firma del citado acuerdo sólo el 50 por ciento de todas las policías estatales y municipales del país se les han aplicado exámenes de control de confianza.

Por ejemplo, en Quintana Roo se tiene un avance de menos del 15 por ciento, en Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Tamaulipas se tiene un avance menor al 50 por ciento, esto no lo podemos permitir.

En contraste, el Gobierno Federal al cierre del 31 de octubre del 2012 el 100 por ciento de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de la República habían sido evaluados.

Los senadores del PAN, comprometidos desde hace mucho con la seguridad de los mexicanos apoyaremos la ampliación de plazo para las certificaciones.

Sin embargo, desde esta tribuna hacemos pública nuestra preocupación por la irresponsabilidad de muchos gobernadores que no cumplieron con su deber, los plazos se hicieron para cumplirse.

En este caso no fue así.

Hacemos un exhorto a los gobernadores, para que asuman su compromiso y coadyuven con su parte para certificar a los cuerpos policiacos. Es cierto que la Ley no establece sanción para quién no lo es, pero dentro de un año, desde esta tribuna, los senadores del PAN daremos a conocer quiénes sí y quiénes no cumplieron con su responsabilidad y en 5 meses, junto con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estaremos evaluando dichos avances.

Resolver el problema de la seguridad es de todos, el Senado hace su parte dando un mayor plazo a los estados, es momento que ellos cumplan con su trabajo en materia de seguridad y procuración de justicia.

El PAN es un partido que nunca se ha opuesto de manera mezquina a nada que sea benéfico para el país, pero de manera especial, en el combate a la inseguridad apoyaremos y reconoceremos las acciones que se propongan cuando éstas tengan sentido y sustento, preservando nuestro derecho y responsabilidad a señalar lo que no esté bien, lo que no funcione, siempre haciéndolo por bien de los mexicanos.

Es cuanto, Presidente.

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Gracias Senador Yunes.

En uso de la tribuna el señor Senador Rabindranath Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: Con el permiso de la mesa.

Compañeras y compañeros senadores, estamos a favor de la iniciativa de la propuesta planteada por el Senador Fayad y por las Comisiones Unidas, sin embargo yo estaría planteando que sobre este tema fuéramos mucho más a fondo.

Es lamentable que este problema de la falta de evaluación a los elementos policiacos se esté dando con mucho más dificultad, con mucho más lentitud en los municipios.

En el caso de algunos municipios mexicanos, ha habido lugares donde prácticamente el 80 por ciento de los elementos reprueban este examen, que en muchas ocasiones son llamados a las filas de las delincuencias, es un problema grave que está también detonando la problemática en materia de delincuencia.

Tenemos que unificar criterios, tenemos que transparentar las evaluaciones, porque hay datos muy disímbolos, así como al mes de octubre había estados de la República como Campeche que decía que solamente tenían dos policías que habían reprobado este examen, hay estados, como en el caso de Guanajuato donde reportaban más de mil 800 reprobados.

En ese sentido es muy importante unificar criterios, transparentar resultados para que estos exámenes se hagan de manera confiable y de una manera mucho más ágil.

A cuatro años ya de haberse instaurado este tipo de exámenes, 4 años y tenemos un rezago del 40 por ciento en los Estados de la República.

Impresionante Rezago.

Y por otra parte, si bien es cierto, que las policías privadas cuentan con algo que se llamaba CUIP, la Clave Única de Identificación Policial, pero también éstas deben de estar sujetas a los exámenes correspondientes. Y esto es, porque en últimas fechas han proliferado las corporaciones policiacas privadas sin ningún control y que también ameritan que sean evaluadas.

Por eso estamos a favor, pero sí que podamos analizar de fondo la problemática, ya que no puede ser que haya criterios establecidos de una manera, un Estado de la República y criterios establecidos en otro Estado de la República.

Vamos unificando el trabajo, para que podamos tener policías confiables en los estados y en el país.

Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Gracias, Senador Salazar.

No habiendo más oradores.

Senadora Ortega, con qué propósito.

Sonido al escaño de la Senadora Ortega.

-LA C. SENADORA MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ (Desde su escaño): Para hechos señor Presidente, me gustaría fijar nuestra posición.

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Adelante.

-LA C. SENADORA MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ: Con su permiso, Presidente.

El Grupo del Partido Acción Nacional estima que un componente fundamental de la Reforma Constitucional de 2008, fue precisamente el establecimiento de una regulación específica a nivel constitucional de la seguridad pública como una función a cargo de la federación el Distrito Federal, los estados y los municipios que tiene como fin salvaguardar la integridad y los derechos de la persona así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos desde la óptica de la coordinación de esfuerzos en un marco de respeto de las atribuciones entre las instancias de la federación, los estados y el Distrito Federal.

El día de hoy, el Partido Acción Nacional manifestamos nuestra postura a favor de la modificación del transitorio que se pretende reformar, porque el propio poder reformador de la Constitución originalmente plasmó en la misma aspectos mínimos que se deben observar dentro del sistema nacional de seguridad pública para su adecuado funcionamiento, tales como la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de la seguridad pública así como el establecimiento de la carrera policial como un elemento básico.

En el caso específico que hoy nos ocupa que es el proceso de certificación de los elementos de policía y agentes del Ministerio Público, el Constituyente fue enfático al señalar que ello no implicaba solamente su registro en el sistema para evitar que ingresaran aquellos que hayan cometido delitos o formen parte de las organizaciones ilícitas.

Sino también y fundamentalmente que existieran certificaciones para que los elementos policiacos tengan los conocimientos y habilidades necesarios para realizar su función siempre en un marco de estricto respeto a los derechos humanos.

De esta forma, el propio constituyente estableció una cláusula especial control en la propia Constitución al prever que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de Seguridad Pública si no ha sido debidamente certificado en el sistema.

Ahora bien, con el objeto de dar cabal cumplimento a este imperativo constitucional, respecto a los procedimientos de certificación de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública, se creó a nivel de la Ley General de la materia el Centro nacional de Certificación y acreditación, como la instancia responsable de la certificación, la acreditación y el control de.

(Sigue 7ª parte).de seguridad pública, se creó a nivel de la Ley General de la Materia, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, como la instancia responsable de la certificación, la acreditación y el control de confianza, así como para verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, de los estados y del Distrito Federal, realicen sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de la seguridad pública.

Derivado de lo anterior, se puede decir que, efectivamente, el proceso de certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública reviste vital importancia dentro del contexto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero este proceso no puede ser visto de una manera aislada, o peor aún, desde una postura superficial que responsabilice y supedite sólo a la autoridad federal el éxito o fracaso de este proceso, ya que, como ha quedado señalado con anterioridad, dichas acciones requieren invariablemente la coordinación y corresponsabilidad de los distintos órdenes de gobierno, llámese federación, entidades federativas y municipios, máxime cuando el acuerdo, de acuerdo a las cifras que el propio secretariado ejecutivo nacional del sistema de seguridad pública, el estado de fuerza en el país entre cuerpos de policía ministerial, estatal y municipal oscila entre los 430 mil 189 elementos activos, situación que de una u otra forma y magnitud, influyen directamente en el sistema de seguridad pública de este país, partiendo de que este proceso de certificación de los integrantes de seguridad pública se focaliza en mayor medida en las entidades federativas y en los municipios, dado el número de efectivos con los que disponen dichos órdenes de gobierno, y de acuerdo a las cifras proporcionado por el propio secretariado ejecutiva a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, al mes de diciembre de 2012, estados como Quintana Roo, presentaban un precario avance del 6.3 por ciento en las evaluaciones de control de confianza, estatal y municipal.

En tanto que estados con altos índices delictivos como Chihuahua, Estado de México y Tamaulipas, por mencionar algunos, oscilan entre el 23, 40 y 28 por ciento.

Otros estados como San Luis Potosí, el 50.82; Durango, el 52 por ciento, y Veracruz, el 55.26 por ciento.

En conjunto se tiene que las entidades federativas, en el rubro de seguimiento de evaluaciones de control de confianza de personal en activo, de enero de 2010 al 31 de julio del 2012, cuentan con un total de 214 mil 500 elementos evaluados.

Respecto de la cifra nacional, esta cifra equivaldría, como dijo mi compañero el Senador Fernando Yunes, a un 49.87 por ciento.

Creo que es claro, como también lo dijo mi compañero, que las instancias federales han cumplido al 100 por ciento en la cobertura de elementos evaluados.

En cuanto al estado que guardan los 36 centros acreditados de las instituciones de seguridad pública en las entidades federativas, se tiene que, existen 28 centros acreditados en 22 entidades federativas; otras 6 entidades cuentan con centros con procesos certificados, en tanto que existen 4 estados que cuentan con centros aún en proceso de certificación.

El Partido Acción Nacional acepta hoy votar a favor de la reforma al artículo transitorio para modificar la fecha en el plazo del vencimiento para la evaluación de los elementos de seguridad pública.

Pero hace mucho énfasis en que esto no se vuelva recurrente, y que no estemos invocando a reformas del transitorio para evadir el cumplimiento de una obligación que se tiene, y de manera muy puntual que nos convoca por la seguridad pública del país.

Después de 4 años, es lamentable que solamente hayamos llegado al 40 por ciento y, repito, hay una corresponsabilidad de los estados en este cumplimiento.

Esperamos, como lo dijo mi compañero de Acción Nacional, que en breve podamos tener el informe del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, sobre las cifras y los avances de estas evaluaciones, pero sobre todo de la consistencia de las instituciones que están realizando estos exámenes que son los centros de certificación, los centros de control de confianza de cada una de las entidades federativas, que por cierto los criterios que desarrollan los mismos, se fijan por el Centro Nacional de Evaluación, por lo tanto sí hay criterios uniformes, lo que tenemos que hacer es que se cumpla en el marco de la ley para ir homologando los sistemas.

Es cuanto, Presidente. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Gracias, Senadora Ortega.

-Informo a la Asamblea que, efectivamente, las comisiones han remitido una propuesta de modificación al proyecto de decreto.

-Le solicito a la secretaría dé lectura a la propuesta de modificación e inmediatamente consulte a la Asamblea --en votación económica-- si es de aprobarse.

-LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Doy lectura a la propuesta de modificación al proyecto.

Tercero.- Los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en un plazo de 10 meses, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza, de lo contrario serán separados del servicio.

Para los efectos de lo señalado en el artículo 4º transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 2 de enero del 2009.

La separación del servicio se actualizará una vez haya vencido el plazo a que se refiere el presente artículo.

El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deberá presentarse ante el Senado de la República, para rendir un informe del avance del programa a los 6 meses de la entrada en vigor del presente decreto.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

19 de diciembre del 2012.

Senador Omar Fayad Meneses.- Firma.

-Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta.

-Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

-Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

-Aprobado, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Abrase el sistema electrónico de votación, por 3 minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto con la modificación aceptada.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

(Sigue 8ª. Parte). votación nominal del proyecto de decreto con la modificación aceptada.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, le informo que se emitieron 93 votos a favor; uno en contra; y dos abstenciones.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, ciudadana secretaria.

En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

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