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Fecha de publicación: 02/08/2006
Categoría: LEY

PROCESOS LEGISLATIVOS
EXPOSICION DE MOTIVOS
CAMARA DE ORIGEN: SENADORES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
México, D.F., a 9 de noviembre de 2004.
INICIATIVA DE SENADORES (GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI)


DE LOS SENADORES LUCERO SALDAÑA PÉREZ Y ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES; Y REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES.

SE TURNO A LAS COMISIONES UNIDAS DE EQUIDAD Y GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

CC. SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE SENADORES

P r e s e n t e s

La que suscribe, Senadora Lucero Saldaña Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; con arreglo en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con el ánimo de que exista la debida congruencia y complementariedad entre la Iniciativa de Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, se propone realizar las reformas y adiciones pertinentes, así como derogar algunas disposiciones contenidas en este último ordenamiento, el cual se publicó el 12 de Enero de 2001 en el Diario Oficial de la Federación.

A casi cuatro años de que el 8 de Marzo se estableciera formalmente el Instituto Nacional de las Mujeres, se hace latente la necesidad de seguir sumando esfuerzos que permitan fortalecer las acciones que realiza, y la importancia de abordar una Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que garantice la transversalización de la perspectiva de género en las acciones emprendidas por los tres órdenes de gobierno.

En la presente iniciativa, se replantean primeramente las definiciones previstas en el Artículo 5 para las nociones de género y perspectiva de género, con el objetivo de profundizar en la conceptualización y clarificación de las mismas.

Asimismo, se incorporan conceptos de especial trascendencia en la aplicación de esta Ley y la pertinente armonización con los principios y estrategias definidos en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, como lo son: sexo, análisis de género, equidad y equidad de beneficios.

En lo que respecta al concepto de sexo, la trascendencia de su integración radica en la visualización de la diferenciación con respecto al género y el señalamiento del objetivo de la igualdad en la diferencia, que no pretende convertir a hombres y mujeres en sujetos "idénticos". Igualmente, la inclusión de lo referente al concepto de análisis de género, tiene su importancia en la comprensión de lo que representa la implementación transversal de este principio en las políticas y programas, así como los mecanismos para lograrlo.

Por otra parte, los conceptos de equidad, y equidad de beneficios, coadyuvan al conocimiento de la igualdad de resultados como un objetivo en el que las acciones repercuten directamente en la condición de vida de mujeres y hombres, particularmente en el acceso y control de los recursos.

Por otra parte, se hacen las reformas pertinentes para que se atribuya al Instituto Nacional de las Mujeres un objetivo específico relacionado con la Coordinación del Sistema Nacional y del Observatorio creados en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Asimismo, se hacen las modificaciones necesarias en lo
referente a las funciones de la Junta de Gobierno del Instituto.

Igualmente, se derogan diversas disposiciones con el objetivo de que las funciones de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones, que actualmente están asignadas al Consejo Consultivo como órgano auxiliar del Instituto, sean realizadas con la autonomía e independencia que permitan emitir opiniones, lineamientos, sugerencias, recomendaciones e incluso excitativas, para que la ley sea debidamente observada. Con esta intención es que se crea a través de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres el Observatorio Nacional, como órgano con autonomía técnica, reduciéndose a un solo Consejo Consultivo los órganos auxiliares del Instituto. Asimismo, y considerando que incluso la experiencia ha dado cuenta de la imposibilidad de avanzar cuando los órganos de esta naturaleza resultan muy numerosos, se propone que dicho Consejo esté integrado por únicamente 11 personas, con el objetivo de favorecer la agilización de las acciones que éste realiza.

Con base en lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta H. Soberanía la presente iniciativa con

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman y adicionan los artículos 5, 7, y 13 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, así como se derogan algunas disposiciones del artículo 5, 9 y los artículos 24, 25 y 17, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Instituto (...)

Junta de Gobierno (...)

Presidencia (...)

Secretaría Ejecutiva (...)

Consejo Consultivo (...)

Género: la construcción social, cultural e histórica que se hace de las personas a partir de la identificación de sus características sexuales, mediante la asignación diferencial de un conjunto de funciones asociadas con el ser mujer o ser hombre, que configuran un tipo de relaciones de poder;

Sexo: las características físicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los definen como hombres y mujeres, y que se reconoce a partir de los datos corporales.

Equidad de Género (...)

Perspectiva de Género: una forma de análisis sobre los efectos que tendrá para hombres y mujeres una medida, legislación o política pública, tomando en cuenta las diferencias de poder político, social y económico que existe entre ambos y las particulares necesidades y desventajas que enfrentan en razón de esa desigualdad;

Análisis de Género: un proceso teórico-práctico que permite analizar diferencialmente entre hombres y mujeres los roles, las responsabilidades, los conocimientos, el acceso, uso y control de los recursos, los problemas y las necesidades, prioridades y oportunidades con el propósito de planificar el desarrollo con eficiencia y equidad.

Equidad: acto de justicia social y económica basado en una noción ética, política y práctica que supera a una acción redistributiva; son inherentes a la equidad el aumento de las capacidades, las habilidades, la redefinición de los derechos de las personas y el respeto a las diferencias.

Equidad de Beneficios: el impacto final que tienen los esfuerzos de desarrollo sobre ambos géneros; implica que los resultados sean igualmente aprovechados tanto por hombres como por mujeres.

Ley de Igualdad: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Sistema: Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Observatorio: Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo 7. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I.- a XXIV.

XXV. Las demás que le señale la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Estatuto Orgánico del Instituto.

Artículo 9. El Instituto Nacional de las Mujeres se integrará con una Junta de Gobierno, una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva y las estructuras administrativas que establezca su Estatuto Orgánico. Asimismo contará con un órgano auxiliar de carácter honorífico, que será el Consejo Consultivo, y un Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con autonomía técnica.

Artículo 10. El Instituto contará con los siguientes órganos de administración y auxiliares:

I. La Junta de Gobierno;

II. La Presidencia;

III. La Secretaría Ejecutiva;

IV. El Consejo Consultivo;

V. El Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y

VI. La Contraloría Interna.

Artículo 13. Para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, la Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:

I.- a XXVI.-

XVII. Expedir, con la intervención del Consejo Consultivo, el Reglamento Interno del Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

XVIII.- La coordinación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y del Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

XIX.- Las demás que le atribuya esta Ley, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y el Estatuto Orgánico del Instituto.

Artículo 21.- El Instituto contará con un Consejo Consultivo, órgano auxiliar de carácter honorífico representativo de la sociedad civil.

Artículo 22.- El Consejo Consultivo será un órgano asesor y promotor de las acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta Ley. Estará integrado por once Consejeras Titulares, quienes no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna y se seleccionarán entre las mujeres representativas de los diferentes sectores de la sociedad, de organizaciones políticas y privadas, de asociaciones civiles, así como de instituciones académicas, quienes serán designadas por las organizaciones representativas de defensa de los derechos de las mujeres y propuestas a la Junta de Gobierno del Instituto.

Artículo 24.- El Instituto contará con un Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con autonomía técnica. de seguimiento, evaluación y monitoreo en las materias que le confiere la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y en las que le sea requerida su opinión.

Artículo 25.- Se deroga

Artículo 26.- El Consejo Consultivo colaborará con el Instituto en los casos siguientes:

I. a V.

VI. Las demás que determine la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Estatuto Orgánico del Instituto y demás disposiciones aplicables.

Artículo 27.- Se deroga.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. México D.F., a 9 de noviembre de 2004.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

CC. SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE SENADORES

P r e s e n t e s

Los que suscribimos, Senadora Lucero Saldaña Pérez y Senador Enrique Jackson Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; con arreglo en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta tiene su génesis en retomar preponderantemente los derechos humanos fundamentales, centrándose en la dignidad de la persona humana y en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, comprendiendo ésta no como un trato idéntico, sino como la construcción de un principio que no tenga al hombre como único paradigma o referente de lo "humano" y excluya consecuentemente desde su definición al otro género, y que tienda a eliminar el sexismo en todas sus formas y manifestaciones, entendiéndose como el conjunto de métodos y estructuras que mantienen a uno u otro sexo en situaciones de inferioridad o discriminación.

La doctrina jurídica tradicional ha sustentado que las leyes son neutrales y que su aplicación produce iguales efectos en hombres y mujeres, ya que formalmente en su calidad de personas gozan de igualdad ante ella. Esta visión abstracta del derecho ha ignorado la situación de discriminación de género y en muchos casos ha sido precisamente el trato igualitario, que se basa en pensar que partimos de las mismas condiciones, lo que ha contribuido a la persistencia y reproducción de subordinación de las mujeres a los hombres.

El principio de igualdad ante la ley demuestra la forma de invisibilización de las diferencias. La ley se aplica a todos los seres humanos por igual, sin hacerse cargo de las diferencias entre hombres y mujeres, cuando debiera tomarse como punto de referencia que, igualdad implica trato igual entre los diferentes.

En el contexto de fines del siglo XVIII, y como consecuencia de la Revolución Francesa, la ideología igualitaria se traduce en postulados de igualdad ante la ley. Sin embargo, se constata el silencio casi absoluto de los textos constitucionales revolucionarios con relación a la mujer, mostrando al hombre como sujeto único, o casi único, del constitucionalismo.

Las desigualdades se compensan a través de la sociedad política, y la igualdad, entonces, es la condición para la existencia del derecho a participar en el cuerpo político. De allí viene el concepto de voluntad general. Es decir la unión de los hombres libres para la libertad. Sin embargo, estas ideas tan nobles de lo humano quedaron reducidas al género masculino, quizá por ello en 1789, el Estado manda a la guillotina a la activista Olimpia de Gouges, que convencida de que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no abarcaba las necesidades de las mujeres, propuso a la Asamblea Nacional la "Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana".

En la evolución histórica del tratamiento constitucional de las mujeres, podemos advertir tres fases. La primera se caracterizó por ignorar a la mujer como sujeto de derechos constitucionales; la segunda supuso la formalización del igualitarismo constitucional entre el hombre y la mujer; la tercera fase, que es la actual, puede caracterizarse por la búsqueda de la superación del nuevo igualitarismo formal entre el hombre y la mujer.

La igualdad ha ido cambiando a través de la historia en sociedades cada vez más complejas. Es uno de los principios básicos del constitucionalismo; el cambio de la posición constitucional de las mujeres coincide con su evolución y se presenta como efecto indirecto de éste.

El derecho a la igualdad se encuentra inscrito en todo el Derecho Constitucional occidental. La igualdad es la dignidad de todas las personas que está siempre sobre cualquier otro principio o valor, por tanto ninguna norma jurídica, puede ir contra la dignidad humana.

Junto al principio constitucional de igualdad ante la ley que obliga a abstenerse de desarrollar cualquier diferencia arbitraria o discriminatoria contra las personas, existe una tutela positiva de la igualdad que debe otorgar a las personas o grupos sociales que se encuentran en desventaja, teniendo presente la igualdad de oportunidades, salvando los obstáculos que surgen.

Significativos esfuerzos llevaron a cabo los países para velar por el respeto a los derechos humanos en el siglo pasado. Se trata de un proceso de avance en la lucha y cuyo ámbito de protección debe involucrar a hombres y a mujeres. En las últimas décadas se viene destacando la importancia de reconocer y defender los derechos humanos particularmente de las mujeres como una forma de garantizar una convivencia pacífica entre los seres humanos, así la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, que ha reconocido en forma expresa los derechos humanos de las mujeres como parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. De la misma forma, las Convenciones Interamericanas sobre Derechos Civiles y Políticos de la Mujer (1948), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993), la Declaración de Beijing (1995), sosteniendo que "los derechos de las mujeres son derechos humanos"; instrumentos en los cuales se encuentran
reivindicaciones como la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, el reconocimiento de los derechos económicos, civiles, políticos y culturales, entre otros temas.

Asimismo, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), conocida como la "Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres" que, entrada en vigor en el año de 1981, se ha constituido en uno de los Convenios de derechos humanos con mayor número de ratificaciones. La CEDAW fue pionera en establecer un concepto de igualdad no entendida como la enunciada en la letra de la ley, sino como los resultados y efectos de la misma. Los Estados firmantes asumían con ella el compromiso de la adopción de medidas de carácter legislativo, político, administrativo o de otra índole, que resultasen necesarias para el logro de la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres.

En el marco de la evolución constitucional, nacional e internacional, se está más cerca de una legislación igualitaria entre hombres y mujeres frente a los retos para garantizar la eficacia de una igualdad sustantiva y de los derechos sociales estrechamente vinculados con la protección de los derechos humanos en resguardo de la dignidad humana, buscando en la conciencia legal criterios que permitan aproximarse a su racionalidad, su objetivo y finalidad, que no puede ser contraria a la Constitución ni a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En ese sentido, se dio paso al reconocimiento constitucional de la igualdad, sin importar el sexo, en las constituciones de algunos países como: Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela; asimismo, la promoción y adopción al interior de una legislación específica referente a la igualdad entre hombres y mujeres, como es el caso de Costa Rica, Venezuela, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Gran Bretaña, Australia, entre otros. E incluso, en el ámbito local la adopción de normatividades específicas relativas a la igualdad entre los sexos, como el caso de las Comunidades Autónomas de Castilla y León, y de Valencia, en España.

En la historia del pensamiento y el movimiento amplio de mujeres, se han sucedido hasta ahora dos grandes etapas, una primera de emancipación, que es el período que corresponde al sufragismo de principios del siglo XX y se prolonga en la llamada "segunda ola", de los setentas. En este período la lucha por la igualdad de derechos primero y después las políticas públicas para mejorar la condición femenina, conocidas como de aplicación de la igualdad de oportunidades, forman parte de la concepción emancipatoria.

La segunda etapa es el pensamiento de la diferencia. Mostrando cómo la oposición binaria es igualdad/desigualdad y no igualdad/diferencia. La dicotomía igualdad y diferencia, plantea una elección imposible, la igualdad se busca como superación de la desigualdad y no de la diferencia. Por lo que esta ley participa tanto del discurso de la igualdad como del discurso de la diferencia.

El reto que queda pendiente es salir del dilema igualdad/diferencia, es necesario entonces, que los planes para la igualdad de oportunidades, y de resultados, incorporen la diferencia sexual desde su complejidad femenina y también masculina y ese sea el camino de pensar la igualdad en la diferencia.

Siendo la desigualdad uno de los principales problemas de la región y de nuestro país, no solo en lo que se refiere a los temas económicos, sino socio-culturales y políticos, y considerando que no hemos podido derribar las barreras de la exclusión y pobreza, se destaca que los derechos sociales, políticos, económicos y humanos no han llegado a todos los ciudadanos y prueba de ello lo son la feminización de la pobreza y la desigualdad, arraigadas en un entramado de condiciones, entre las cuales, la connotación sexual es particularmente incidente respecto al grado de vulnerabilidad que genera. Tan sólo en América Latina la mayoría de las mujeres se concentra en los quintiles más bajos de ingreso individual, significando esto que hay más mujeres no sólo entre las personas sin ingresos, sino también entre quienes perciben los menores ingresos. Asimismo, enfrentan más dificultades para ingresar al mercado laboral, sus tasas de desempleo son las mayores y el promedio salarial es inferior en comparación con el de los hombres, tanto en América Latina como en el Caribe (CEPAL, 2004).

La incapacidad de respuesta por parte de las democracias ante la complejidad de la desigualdad, hace indispensable la implementación de políticas de igualdad de trato, de oportunidades y de resultados, considerando que una democracia que no atiende los problemas sociales, es una democracia en riesgo. Las demandas por mayor igualdad y equidad social deben canalizarse a través de la libertad ejercida por la ciudadanía convertida en capacidad de cambio y trasformación, a través de un proceso de adquisición de habilidades y capacidades que es el empoderamiento.

Resulta imperante la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de los seres humanos, y de los grupos, sean reales y efectivas, es decir, que sea una igualdad sustantiva, donde haya lugar a la remoción de obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, así como se facilite la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. En ese sentido, la igualdad se perfila como base del desarrollo y premisa básica de la democracia, y en ello radica la importancia de que la igualdad entre mujeres y hombres sea considerado como un valor fundamental de México, como un principio fundamental y un derecho.

En nuestro país, el 27 de Diciembre de 1974 el Congreso de la Unión aprobó la reforma al artículo 4 de nuestra Carta Magna, que estableció la Igualdad de Mujeres y Hombres ante la ley. Si bien la igualdad implícita estaba reconocida desde 1917 en el Artículo 1º de nuestra Carta Magna, al señalar que todo individuo gozaba de las mismas garantías, no obstante, la reforma constitucional resultaba necesaria para hacer explícita la igualdad.

Para ese entonces ya se habían conseguido avances significativos por la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país, como la expedición de la Ley de Divorcio, el reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser electas, la separación de las cárceles de hombres y de mujeres, la reglamentación separada de la situación jurídica laboral de mujeres y menores, la protección materno infantil y los derechos laborales en el periodo de embarazo y lactancia, el establecimiento de servicios de guardería, entre otros.

La reforma constitucional se alcanza teniendo un contexto internacional enmarcado por la antesala de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer de 1975, cuya sede se había establecido originalmente en Colombia, decidiéndose trasladar a México debido a los importantes resultados de la profunda revisión de la legislación que nuestro país llevaba a cabo, entre los que se encuentran, además del establecimiento de la Igualdad entre Mujeres y Hombres ante la Ley, el del derecho a decidir el número de hijos e hijas y el espacio entre ellos, la eliminación de mandatos restrictivos al trabajo de las mujeres que se consideraba obstaculizaban el ejercicio de los derechos laborales femeninos, la preparación y participación laboral sin necesidad del consentimiento del cónyuge y la expedición de la Ley General de Población.

En 1980 se creó el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo, dependiente del Consejo Nacional de Población, y en 1985 se estableció la Comisión Nacional de la Mujer para coordinar actividades y proyectos sectoriales relacionados con la situación de las mujeres.

Desde la suscripción por parte del Estado Mexicano de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, se impulsó con mayor perseverancia la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas. Por ello se elaboró y aplicó el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, como instrumento de política pública que promovió y propició la coordinación intersectorial, así como la vinculación con las entidades, para el diseño y operación de un conjunto ordenado de estrategias y acciones para avanzar en el mejoramiento de la condición social de las mujeres.

Este programa fue ejecutado por la Comisión Nacional de la Mujer, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación de carácter multisectorial, que conjuntó las acciones de la Administración Pública Federal y la sociedad civil encaminadas a lograr la Alianza para la Igualdad. Entre otras acciones, la Coordinación se encargó de procurar la observancia del principio de equidad de género en sus políticas e instrumentos programáticos por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Simultáneamente, múltiples esfuerzos se realizaban en las entidades federativas del país, de manera significativa en los Estados de Quintana Roo, Colima y Puebla con la creación de los primeros organismos públicos orientados específicamente a la atención de las problemáticas de las mujeres.

En este mismo proceso de consolidación de mecanismos con recursos y autoridad suficientes, que garantizaran la aplicación de políticas públicas con enfoque de género y acelerasen el logro de la igualdad, es que se planteó la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. El 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley que lo crea y se establece formalmente el 8 de marzo de ese mismo año, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, como un organismo público autónomo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.

En abril de ese mismo año, se consagró en la Constitución la prohibición de ejercer toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por otra parte, entró en vigor desde el 2003 la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la cual aborda de forma generalizada el tema de las medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de las mujeres. De una manera general, la presente propuesta profundiza, aborda y resuelve de manera específica las cuestiones relativas a la discriminación sexual, considerando que la complejidad y diversidad de la problemática ameritan un tratamiento integral desde la perspectiva de género.

Después de 30 años de aprobarse el precepto constitucional para la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país, el desarrollo normativo de la Constitución no ha demostrado un verdadero y real objetivo por parte de los poderes públicos de conseguir que el principio de igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad. El balance general da cuenta de que la desigualdad sigue siendo sistemática y continúa estando institucionalizada. En ese sentido Beijing+10 representa un importante espacio para la revisión y evaluación, centrada en el ámbito nacional, de la aplicación de medidas concretas para alcanzar las metas de Igualdad, Desarrollo y Paz de las mujeres de todo el mundo.

Con ello se hace evidente la necesidad de reflexionar hasta qué punto la igualdad jurídica, si bien significó un gran avance, no ha podido garantizar el ejercicio y goce pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres en todos los ciclos de vida, es decir, la igualdad sustantiva.

La Ley que creó el Instituto Nacional de las Mujeres adopta el concepto de Acción Positiva específico para el adelanto de las mujeres, y como siguiente paso nos corresponde garantizar la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas como una estrategia globalmente aceptada para promover la igualdad de género en los tres órdenes de gobierno, aludiendo al principio del federalismo. Estimando con esta iniciativa de Ley que lo que existe en las normas tiene que ser conocido y aplicado.

La importancia de adoptar las medidas adecuadas para promover la igualdad, radica en eliminar la discriminación por cualquier motivo que viole los principios fundamentales de los derechos humanos y del respeto a la dignidad de las personas. Es claro que la intención del legislador que incluyó el artículo 4º Constitucional en su redacción actual no pensó generar discriminación, sin embargo, la ausencia de herramientas normativas que den viabilidad al ejercicio de esta garantía, dificulta la participación, en las mismas condiciones, en la vida política, social, económica y cultural de nuestro país; constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y las familias; y entonces, el pleno desarrollo de las posibilidades para prestar servicio al país y a la humanidad, perpetuando las diferencias y desigualdades en el acceso y control sobre los recursos, así como en las oportunidades en la toma de decisiones. Las sociedades actuales vivimos con grandes desigualdades, las cuales deben ser el punto de partida, y no de llegada de la legislación.

La iniciativa que se presenta tiene como propósito la adopción de las medidas correctivas necesarias para hacer frente a la realidad de la construcción de las instituciones en torno a las necesidades y los intereses de ambos sexos. Una ley que trata exactamente igual a hombres y mujeres, pero que menoscaba o anula el goce o ejercicio de los derechos humanos de una u otra categoría sexual, es una ley discriminatoria, a pesar de que diga ser neutral. Resulta claro que otorgar los mismos derechos y prerrogativas entre desiguales, no puede de ninguna manera generar igualdad. Un desbalance de poder, constituido en el devenir histórico político de las mujeres, hace indispensable buscar una compensación temporal, a lo que la Organización de Naciones Unidas denomina acciones afirmativas; este es el verdadero aporte y espíritu del presente ordenamiento "que generemos igualdad donde hay desigualdad".

La propuesta reconoce el gran aporte de hombres y mujeres en el bienestar de las familias y el desarrollo de las sociedades, no obstante que éstas han ignorado la importancia social de la maternidad y la función de los padres de familia en la educación de los hijos, con plena conciencia de que, el papel de las mujeres en la procreación, no debe ser causa de discriminación sino que la educación de la niñez conlleva la exigencia de responsabilidad compartida y de la sociedad en su conjunto.

Así, se pretende ampliar la interpretación del concepto de los derechos humanos mediante el reconocimiento formal del papel que ha desempeñado la cultura y la tradición en la limitación del ejercicio de mujeres y hombres de sus derechos fundamentales y se obliga a coadyuvar en la modificación de los patrones socioculturales de conducta para eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de los mismos.

Por lo que, la igualdad entre mujeres y hombres debe ser considerada tanto como un tema de derechos humanos, como una condición previa, y un indicador, del desarrollo sustentable centrado en las personas.

La conformación de los diversos títulos y capítulos, se inserta en la lógica antes señalada, y plantea una reglamentación clara y precisa del primer párrafo del artículo 4º constitucional, mediante una ley general, que en el marco del federalismo habrá de aplicarse bajo los principios de la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, concatenándose con normas aplicables a la construcción de una sociedad más equilibrada.

CONTENIDO

El cuerpo normativo que se somete a la consideración de esta Soberanía, surge con el propósito inicial de avanzar en la reglamentación del primer párrafo del artículo cuarto constitucional, que el Estado debe encauzar.

Como se ha advertido preliminarmente, la misma no pretende constituirse en un ordenamiento por encima de la legislación en contra de la discriminación ni de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Por el contrario, se busca fortalecer los caminos de la igualdad, así como ampliar las acciones conferidas al INMUJERES en su Ley vigente desde el año 2001. Por ello, en la Ley que se propone se les reconoce a ambas como leyes supletorias.

Así el Título I, en su Capítulo 1 de "Disposiciones Generales", enuncia precisamente la naturaleza reglamentaria de la Ley respecto del artículo cuarto constitucional, finando como objetivo esencial de la misma el regular y hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres, estableciendo los programas que determinen las acciones básicas que orienten a la Nación hacia el cumplimiento del principio de igualdad sustantiva en el ámbito público y privado, debiendo cumplir una función de empoderamiento del sujeto en desventaja.

Como sujetos de los derechos que establece la misma, se precisa que lo serán todos los hombres y las mujeres que se encuentren en territorio nacional y los mexicanos en el extranjero que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social y otras circunstancias, se encuentren en desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela.

El Capítulo II "Del Principio de Igualdad entre Mujeres y Hombres", en concordancia con la Ley del INMUJERES establece que el derecho a la igualdad, ya sea en las mujeres o en los hombres, implica la eliminación de los obstáculos y prohibiciones que se generen por pertenecer a cualquiera de dichos sexos.

En este Capítulo se plantean los conceptos y definiciones que enmarcan el ámbito de acción de esta ley, tomando en consideración los que han prevalecido en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres. Entre ellos los conceptos de igualdad ante la ley, igualdad en la diferencia, igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, igualdad de oportunidades, desigualdad de género, acciones afirmativas, masculinidades, transversalización, empoderamiento, democracia genérica y discriminación de género indirecta.

Entre estos conceptos destacan la importancia de la comprensión de la desigualdad de género como la situación desfavorecida de un género frente al otro, en cuanto al acceso y control sobre recursos, servicios y beneficios. Asimismo, de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres entendida como la ausencia de toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Igualmente se plantea el concepto de acciones afirmativas, que igualmente han sido aceptadas a nivel internacional, y particularmente en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, entendidas como medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva y como el conjunto de políticas públicas tendientes a buscar la igualdad de género, otorgando acciones o derechos a desiguales para lograrla.

Respecto a los principios rectores de la ley, se encuentra la no discriminación de género, entendida como la ausencia de cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la construcción social y cultural que se hace de cada sexo, que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera.

La Equidad, como otro de los principios, entendida como un acto de justicia social y económica basado en una noción ética, política y práctica que supera a una acción redistributiva. Son inherentes a la equidad el aumento de las capacidades, las habilidades, la redefinición de los derechos de las personas, y el respeto a las diferencias.

La Participación, refiriéndose al proceso en que hombres y mujeres pueden lograr una verdadera redistribución de oportunidades, que les permita tomar parte en las decisiones de su propio desarrollo, ya no como simples beneficiarios, sino como protagonistas.

Desde luego, el Federalismo, la Transversalización y la Autonomía Personal, son asimismo principios vertebrales de este ordenamiento que se propone.

El Título II, "De las Autoridades e Instituciones", distribuye en el ámbito de la concurrencia las atribuciones que corresponden a la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios. Para ello, los tres órdenes de gobierno establecerán las bases de coordinación para la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones institucionales para los fines de esta Ley.

A la luz del federalismo cooperativo, la Federación, a través de la Secretaría que corresponda o de las dependencias o entidades responsables de las políticas para la equidad de género facultadas para ello, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con las entidades federativas a fin de fortalecer sus funciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres, así como establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalización de la perspectiva de género en todo el país.

Los correspondientes convenios o acuerdos de coordinación podrán contemplar también medidas para impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del Sistema; programar y operar, de manera coordinada, las tareas en materia de igualdad entre hombres y mujeres, mediante acciones especificas que contribuyan a una estrategia nacional; proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de todos los ciudadanos, mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la
vida social, cultural y civil.

Los Congresos de los Estados, con base en sus respectivas Constituciones y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevé la Constitución y esta Ley.

Entidad central de esta Ley lo es el Instituto Nacional de las Mujeres, que como organismo público descentralizado y no sectorizado, tendrá la ejecución de la misma.

El Título III, en su Capítulo 1 "De la Política Nacional en Materia de Igualdad", define que la política nacional en la materia deberá promover el desarrollo de acciones conducentes para alcanzar los objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre hombres y mujeres.

Por tanto, la política nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en la vida económica, en la participación y representación política equilibrada, en el acceso y pleno disfrute de los derechos sociales, en la vida civil y en la diversificación de los roles y la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo.

Seguidamente, el Capítulo 2 "De los Instrumentos de la Política en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres", define como tales a: 1) El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2) El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y 3) El Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Otro instrumento necesario para encauzar la política nacional en esta materia debe ser la formación de un Sistema Nacional para la Igualdad entre las Mujeres y Hombres, que se concibe como el conjunto orgánico articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos del sector público y de la sociedad, a fin de efectuar acciones de común acuerdo, teniendo al INMUJERES como el ente vinculante de las acciones correspondientes.

Independientemente de los programas que el INMUJERES lleva a cabo en la actualidad para la no discriminación contra las mujeres, es oportuno establecer un programa integral que promueva la igualdad entre hombres y mujeres, tomando en cuenta las condiciones y características regionales y locales, con la posibilidad de que sea revisado cada tres años con la intervención del Consejo Consultivo y el Observatorio Nacional para la Igualdad.

Como anteriormente se señaló, la Ley que se propone y, por tanto, el programa operativo respectivo, no tienen solamente por objeto el avance de las mujeres, sino crear una igualdad de resultados entre ellas y los hombres. De ahí la necesidad de que exista un esquema de planeación específico.

De aprobarse la presente iniciativa, las entidades federativas podrán coadyuvar con el Sistema Nacional y, en su caso, establecer sistemas locales con los mismos propósitos.

Siendo necesario el monitoreo de los esquemas de igualdad o de desigualdad entre mujeres y hombres, y con el objetivo de ampliar la presencia y participación de la sociedad civil en el tema, se concibe un Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que funcionará como un ente ciudadano con autonomía técnica de seguimiento, evaluación y monitoreo, en las materias que expresamente le confiere esta Ley y en las que le sea requerida su opinión. Tiene por objeto la construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la situación de que guarda la igualdad entre hombres y mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia. Invariablemente deberá solicitársele su opinión en materia de planeación, reglamentos y normas relacionadas con los propósitos de la Ley.

Sin lugar a dudas ésta es una de las aportaciones más relevantes e innovadoras de la presente ley al prever un Observatorio Nacional Ciudadano, que favorezca la participación ciudadana en las políticas públicas en materia de equidad con la independencia y autonomía necesaria que permita emitir opiniones, lineamientos, sugerencias, recomendaciones e incluso excitativas, para que la ley sea debidamente observada.

Con la gran bondad de no generar estructuras adicionales de gran envergadura, que requieran la asignación de recursos onerosos para el Estado, sin que por ello se continúe con la tradición equívoca de que las acciones a favor de la equidad e igualdad, deban de ser prestadas en forma asistencial y no profesional.

Por tanto será la Junta de Gobierno del propio Instituto Nacional de las Mujeres, con la intervención de su Consejo Consultivo, los que definan su operación bajo los parámetros previstos en la propuesta legislativa.

De estructurarse los mecanismos de concurrencia de la Federación y las entidades federativas, sería deseable la promoción de observatorios similares en el ámbito local.

Expresados, tanto el sentido como los instrumentos de la Política Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres, el Título IV puntualiza los objetivos y acciones de esa política nacional.

El primero de ellos, se refiere a la promoción de la igualdad en la vida económica de las mujeres y los hombres, sobre todo en los rubros de empleo, procesos productivos e integración de la perspectiva de género en las políticas económicas.

A manera enunciativa, más no limitativa, las acciones económicas para la igualdad abarcan elementos fiscales, de capacitación, fomento de la empleabilidad, coordinación de los sistemas estadísticos nacionales, financiación, contrataciones públicas y el establecimiento de estímulos a las empresas que impulsen la igualdad de oportunidades de género.

Por lo que se refiere a la participación y representación política equilibrada, se consideran acciones tendientes a evitar la subrepresentación en este ámbito.

A efecto de promover como política nacional la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales de las mujeres y hombres, se articulan medidas que armonicen la protección social y la prevención de cualquier tipo de discriminación.

Como objetivo de la política nacional en cuestión, se considera también la necesidad de promover y procurar la igualdad de la vida civil, mediante la vinculación al pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tanto para los hombres como para las mujeres, entre otras acciones.

Este objetivo comprende el mejoramiento de sistemas de inspección del trabajo, dimensión de género sobre violaciones de derechos humanos y el impulso de acciones integrales para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género.

Con el fin de promover la modificación de roles estereotipados, un objetivo de la política nacional deberá ser la modificación o erradicación de comportamientos, actitudes, normas y valores sociales que promueven estereotipos en todos los ámbitos de la vida pública o privada.

Finalmente, en el Título V "Del Derecho a la Información y la participación social en materia de Igualdad entre mujeres y hombres" se reconoce el derecho de toda persona a que las autoridades de organismos públicos pongan a su disposición la información sobre políticas instrumentos y normas sobre igualdad entre hombres y mujeres, así como a participar en las actividades tendientes a concientizar y sensibilizar a la población en esta materia, así como a combatir la desigualdad.

Con base en estos fundamentos, se propone la adopción de una Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres en México, bajo la premisa de la legislación como un agente de transformación social y con el objetivo de garantizar que exista una ley específica en lo referente a la igualdad de género.

La presente iniciativa de ley intenta completar la labor legislativa plasmando los derechos necesarios para crear una igualdad jurídica, dentro de una desigualdad social entre los géneros, favoreciendo la instauración de las políticas públicas necesarias en la República Mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Asamblea, la presenta Iniciativa con

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se expide la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres:

TITULO I

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. - La presente Ley es reglamentaria del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana.

Tiene por objeto regular y hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres, estableciendo los programas que determinen las acciones básicas y políticas públicas que orienten a la Nación hacia el cumplimiento del principio de igualdad sustantiva en el ámbito público y privado, debiendo promover el empoderamiento de quien se encuentra en desventaja social.

Artículo 2.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, todos los hombres y las mujeres que se encuentren en territorio nacional y los mexicanos en el extranjero que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o capacidades diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela.

La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en su caso, por las Leyes aplicables de las Entidades Federativas, que regulen esta materia, independientemente de las sanciones que se prevén en la presente ley.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Igualdad ante la Ley.- Consideraciones conforme a las cuales, deben ajustarse las normas jurídicas, a partir del reconocimiento de una situación de desigualdad de hecho, sufrida por un determinado grupo social y la búsqueda de normas tendientes a eliminarla.

II. Igualdad en la Diferencia.- La búsqueda de equidad y equilibrio a partir del reconocimiento de las diferencias sexuales que tiene cada género y que determinan un tratamiento social específico.

III. Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.- La ausencia de toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

IV. Igualdad de oportunidades.- El desarrollo eficiente de los recursos que garanticen la equidad y la calidad de vida de las generaciones, a fin de que todas las personas tengan las mismas condiciones para potenciar sus capacidades, sin distinción de sexo, género, origen étnico o nacional, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

V. Desigualdad de género.- Situación desfavorecida de un género frente al otro, en cuanto al acceso y control sobre recursos, servicios y beneficios.

VI. Acciones afirmativas.- El conjunto de normas y políticas públicas tendientes a buscar la equidad entre los géneros, otorgando acciones o derechos a desiguales para establecer dicha equidad.

VII. Masculinidades.- Las diversas construcciones sociales, culturales e históricas que se hacen de las personas a partir de la identificación de sus características sexuales, mediante la asignación y atribución de manera diferencial de un conjunto de funciones, determinaciones y características asociadas con el ser hombre.

VIII. Transversalización.- El proceso de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y para los hombres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas. Es una estrategia para garantizar que la perspectiva de género y la atención al objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres sean aspecto central de todas las actividades que se emprendan.

IX. Presupuestos con enfoque de género.- El diseño presupuestal que tome en cuenta las diferencias entre los sexos en los ingresos y gastos gubernamentales, con la introducción transversal de la perspectiva de género en la conceptualización, diseño, planeación, presupuestación, instrumentación y evaluación. Asimismo, la valoración del impacto de los presupuestos sobre mujeres y hombres, en todos sus ciclos de vida.

X. Empoderamiento.- El proceso por el cual el individuo aumenta su capacidad de decisión sobre las acciones y recursos personales sin coacción de ningún tipo.

XI. Democracia genérica.- el proceso continuo de actualización y conformación de un pacto social básico entre hombres y mujeres para impulsar políticas para una mayor participación de la ciudadanía basada en el desarrollo y afirmación de sus derechos.

XII. Discriminación de género indirecta.- una disposición, criterio o práctica, aparentemente neutros, que sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular respecto a personas de otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica, pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.

XIII. Sistema.- Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

XIV. Programa.- Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

XV. Instituto.- El Instituto Nacional de las Mujeres.

XVI. Observatorio.- El Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y los demás ordenamientos a que se hace referencia.

CAPITULO II
DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 5.- El derecho a la igualdad, ya sea en las mujeres o en los hombres, implica la eliminación de los obstáculos y prohibiciones que se generen por pertenecer a cualquier sexo.

Artículo 6.- Son principios rectores de la presente Ley:

I. La No Discriminación de género, entendida como la ausencia de cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la construcción social y cultural que se hace de cada sexo, que tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera.

Atendiendo al principio de igualdad ante la ley, como queda definido en el artículo 3 del presente ordenamiento, no se considerarán conductas discriminatorias las acciones afirmativas, de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;

II. La Transversalización, como la aplicación de la perspectiva de género en todas las políticas, estrategias, programas, actividades administrativas y económicas, e incluso, en la cultura institucional de una organización pública o privada.

III. La Equidad, en tanto se otorgue un trato justo y diferenciado entre las personas que tenga como objetivo eliminar la desigualdad, para construir la igualdad.

IV. El Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para la coordinación y el fortalecimiento institucional de todas las dependencias responsables de la equidad de género en las Entidades Federativas y en los Municipios;

V. La Autonomía personal, como un proceso de cambio en el que los individuos aumentan su acceso al poder y a la toma de decisiones, como consecuencia se transforman las relaciones desiguales; y

VI. La Participación, se refiere al proceso de inserción, permanencia y desarrollo en que hombres y mujeres pueden lograr una redistribución de oportunidades que les permita tomar parte en las decisiones de su propio bienestar.

TITULO II
DE LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES

CAPITULO 1
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
Y LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Artículo 7.- La Federación, las Entidades Federativas y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de esta Ley de conformidad con la distribución de competencias previstas en la misma y en otros ordenamientos aplicables a los tres niveles de gobierno.

Artículo 8.- La Federación, las Entidades Federativas y los Municipios establecerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones institucionales para los fines de la presente Ley.

Artículo 9.- La Federación, a través de la Secretaría que corresponda o de las dependencias o entidades responsables de la equidad de género facultadas para ello, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, a fin de:

I. Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres;

II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalización de la perspectiva de género en todo el país;

III. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del Sistema;

IV. Programar y operar, de manera coordinada, las tareas en materia de igualdad entre hombres y mujeres, mediante acciones especificas y en su caso, afirmativas que contribuyan a una estrategia
nacional; y

V. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de todos los ciudadanos, mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social cultural y civil.

Artículo 10.- En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, deberá tomarse en consideración un compromiso en materia presupuestal y los recursos necesarios materiales y humanos para el cumplimiento de la Ley, tomando en consideración que los gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios en su caso, cuenten con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las funciones que asuman, basándose en todo momento en
los principios rectores del sistema.

Artículo 11.- Se preverá que en el seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere este capítulo, intervenga el Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres correspondiente.

CAPÍTULO 2
DE LA FEDERACIÓN

Artículo 12.- Corresponde a la Federación:

I. Formular y conducir la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

II. Diseñar, organizar y aplicar los instrumentos de política de igualdad garantizada en esta Ley para la correcta coordinación entre la Federación, Entidades Federativas, Municipios y organismos interinstitucionales;

III. Elaborar las políticas públicas de orden nacional y proyectos sexenales y transexenales, a fin de cumplir con lo establecido en la presente Ley, estableciendo además las bases para la concientización de la población sobre la desigualdad de género, a efecto de crear un entorno de igualdad sustantiva;

IV. Coordinar las acciones para la transversalización de la perspectiva de género, así como crear y aplicar el Programa, con los principios que la ley señala;

V. Garantizar la igualdad de oportunidades y resultados con equidad de género, mediante la adopción de políticas, programas y proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas;

VI. Celebrar acuerdos nacionales e internacionales de coordinación, cooperación y concertación en materia de igualdad de género;

VII. Diseñar, desarrollar, y propiciar, en coordinación con las dependencias y entidades federales competentes, un programa económico que deberá tomarse en cuenta en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda, para promocionar la transversalización del enfoque de género en la Política Pública, con base en lo previsto en el Programa; y

VIII. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

Artículo 13.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, están obligadas a promover y procurar la igualdad ente los hombres y las mujeres, garantizando la aplicación de la presente Ley, en las materias que les corresponda.

Artículo 14. La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres tendrá a su cargo la ejecución de la presente Ley, sin menoscabo de sus funciones y atribuciones debidamente previstas en la Ley que rige dicho Instituto; correspondiéndole consecuentemente:

I. La coordinación del Sistema;

II. La coordinación del Observatorio Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres;

III. La determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas públicas en materia de igualdad; y

IV. Las demás que sean necesarias para cumplir con los objetivos de esta Ley.

CAPITULO 3
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Artículo 15.- Corresponde a las Entidades Federativas, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del país, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México, en esta Ley y las Leyes locales en materia de igualdad entre hombres y mujeres, las siguientes atribuciones:

I. Formular y conducir la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

II. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que, en cada dependencia gubernamental, se ocupen de los asuntos de equidad de género en las Entidades Federativas;

III. Elaborar las políticas públicas de orden estatal, sexenales y transexenales de proyección, debidamente armonizadas con los programas nacionales, locales y así como su respectivo Programa Estatal para la Igualdad, dando cabal cumplimiento a la presente Ley;

IV. Las Secretarías Estatales, promoverán y procurarán en materia de igualdad entre hombres y mujeres, en coordinación con las Secretarías Federales, la aplicación de la presente Ley en la materia de su competencia, garantizando el principio de transversalización de la perspectiva de género, creando un entorno de equidad.

Artículo 16.- Los Congresos de los Estados, con base en sus respectivas Constituciones y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres que prevé la Constitución y esta Ley.

CAPITULO 4
DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 17.- Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las Leyes locales en materia de igualdad entre hombres y mujeres, las siguientes atribuciones:

I. Diseñar, formular y conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con el Programa;

II. Aplicar los principios de igualdad previstos en esta Ley y en las Leyes locales en bienes y zonas de jurisdicción municipal en materias que no estén expresamente conferidas a la Federación y a las Entidades Federativas;

III. Coadyuvar con la Federación y con el Gobierno de la Entidad, en la consolidación de los programas en materia de igualdad entre hombres y mujeres;

IV. Participar con el Poder Ejecutivo de la entidad correspondiente, en el diseño del presupuesto de egresos en lo concerniente a los programas de igualdad aplicables a su jurisdicción;

V. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización y sensibilización, así como programas de desarrollo, de acuerdo a la región sobre la política de igualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos de participación política, de educación, cultura y arte, en el laboral, así como en lo económico y social; y

VI. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en las áreas urbanas como en las comunidades rurales e indígenas.

TITULO III

CAPITULO 1
DE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD

Artículo 18.- La Política Nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres deberá promover el desarrollo de acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político y social.

Por tanto, la Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá:

I. Fomentar la igualdad hombres y mujeres en la vida económica;

II. Fomentar que la planeación presupuestal atienda a la perspectiva de género, apoye la transversalización y prevea el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y acciones para la igualdad entre hombres y mujeres;

III. Fomentar una participación y representación política equilibrada;

IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres;

V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil; y

VI. Promover la diversificación de los roles y la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo.

CAPITULO 2
DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 19.- Son instrumentos de la Política Nacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres, los siguientes:

a) El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

b) El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y

c) El Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo 20.- En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los instrumentos de política de igualdad entre hombres y mujeres, se deberán observar los objetivos, criterios y principios previstos en esta Ley.

CAPITULO 3
EL SISTEMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 21.- El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y privados y con las autoridades de las Entidades Federativas y Municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre hombres y mujeres.

Artículo 22. Para los efectos de lo anterior, el Instituto Nacional de las Mujeres, se constituirá como una entidad vinculante de las acciones interinstitucionales, privadas y sociales a cargo del Sistema Nacional, sin perjuicio de las atribuciones y funciones contenidas en su ordenamiento; correspondiéndole consecuentemente:

I. La formulación del proyecto de Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como la evaluación anual de su cumplimiento y el de otros relacionados;

II. La realización de programas de cooperación internacional sobre igualdad, en coordinación con las entidades y dependencias competentes;

III. La elaboración de propuestas de reformas a leyes y reglamentos en materia de igualdad, así como el análisis y determinación de estudios y proyectos que le sean sometidos a su consideración;

IV. La expedición de reglas para la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional, así como las medidas para vincular dicho sistema con otros nacionales o locales;

V. La vinculación con los Poderes Legislativos y Judicial para los propósitos del Sistema Nacional; y

VI. Las demás que sean necesarias para cumplir con los objetivos de esta Ley.

Artículo 23. El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene los siguientes objetivos:

I. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el país, atendiendo a los problemas de discriminación sexual y violencia de género, con especial interés en las acciones preventivas;

II. Contribuir al desarrollo de la perspectiva de género en el país;

III. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la equidad de género y que favorezcan algún tipo de discriminación;

IV. Promover un sistema de fomento que coadyuve al desarrollo de programas y servicios que no sean contrarios a los principios de igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 24.- Corresponderá al Sistema Nacional:

I. Establecer y conducir la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en los términos de las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo Federal;

II. Coordinar los programas de igualdad entre mujeres y hombres de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen;

III. Promover, coordinar y realizar la revisión de programas y servicios en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

IV. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las dependencias y entidades de la administración pública federal, con sujeción a las disposiciones generales aplicables;

V. Formular recomendaciones a las dependencias competentes sobre la asignación de los recursos que requieran los programas de igualdad entre mujeres y hombres;

VI. Apoyar la coordinación entre las instituciones del sector público, para formar y capacitar recursos humanos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres;

VII. Promover e impulsar la participación de la Sociedad Civil en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, impulsando actividades económicas, sociales, culturales, científicas y tecnológicas entre otras;

VIII. El Sistema promoverá y facilitará la comunicación de los programas y acciones del Observatorio Nacional, Estatales o Municipales.

IX. Las demás atribuciones, afines a las anteriores, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema y las que determinen las disposiciones generales aplicables.

Artículo 25.-Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con el Instituto o, en su caso, con las dependencias o entidades de la administración pública federal, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Con tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, Sistemas Estatales de Igualdad entre Mujeres y Hombres, procurando su participación programática en el Sistema Nacional.

Artículo 26.- La concertación de acciones entre la Federación y los sectores social y privado, se realizará mediante convenios y contratos, los cuales se ajustarán a las siguientes bases:

I. Definición de las responsabilidades que asuman las y los integrantes de los sectores social y privado;

II. Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que llevarán a cabo el Instituto Nacional de las Mujeres en coordinación con las instituciones correspondientes, en su respectivo ámbito;

CAPITULO 4
DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 27.- El Programa Nacional es la planeación y ejecución de las acciones, así como estrategias en materia de igualdad entre hombres y mujeres, y tomará en cuenta las necesidades de las Entidades Federativas y los Municipios, así como las particularidades que tiene la desigualdad en cada región; debiendo integrarse al Plan Nacional de Desarrollo así como a los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación.

Los programas que elaboren los gobiernos de las Entidades Federativas, con visión de corto y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la política nacional de igualdad y buscando congruencia con los programas nacionales.

Artículo 28.- Derivado del Plan Nacional de Desarrollo, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres elaborará el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tomando en cuenta las condiciones y características regionales y locales, el cual deberá ser revisado cada tres años por el Observatorio Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

El Ejecutivo Federal incorporará en sus informes anuales que debe rendir ante el Congreso de la Unión, un informe sobre el estado que guarda la ejecución del Programa, así como las demás acciones relativas al cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.

CAPITULO 5
DEL OBSERVATORIO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 29.- Se crea el Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que funcionará como un órgano dependiente de el Instituto Nacional de las Mujeres, con autonomía técnica de seguimiento, evaluación y monitoreo, en las materias que expresamente le confiere esta Ley y en las que le sea requerida su opinión. Tiene por objeto la construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia. Invariablemente deberá solicitársele su opinión en materia de planeación, reglamentos y normas relacionadas con los propósitos de la Ley.

Artículo 30.- El Reglamento Interno del Observatorio será expedido por la Junta de Gobierno del Instituto con la intervención del Consejo Consultivo, y establecerá:

I. El funcionamiento y composición, debiendo cumplir con un criterio de representación equilibrada por sexo, y de las entidades federativas;

II. El procedimiento para la elección y permanencia en su cargo del titular;

III. Determinará los mecanismos de permanencia y remoción de los representantes de instituciones académicas y centros de investigación, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de carácter social y privado, relacionadas con la equidad de género;

IV. El procedimiento para la convocatoria e incorporación proporcional y equitativa de los sectores profesionales, académicos, sociales, comunidades indígenas y rurales; y organizaciones no gubernamentales relacionados con la lucha por la equidad de género;

V. El monto de aportación económica a los observadores por sesión y al titular, sin que ello implique relación laboral alguna con la federación;

Artículo 31.- El Observatorio estará integrado por once personas que durarán en su cargo tres años, pudiendo ser reelectas hasta por un período más exclusivamente, dentro de los cuales se elegirá al titular y serán:

I. Cuatro personas expertas en el análisis del tema de la igualdad entre hombres y mujeres de reconocida trayectoria.

II. Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil, avocadas a las materias que son competencia del Observatorio y acrediten estar operando los últimos dos años inmediatos a su inclusión.

III. Tres personas expertas procedentes del ámbito universitario, académico o vinculado a disciplinas que tengan relación con las materias que se analizan en el Observatorio.

Los observadores podrán recibir una aportación económica por cada sesión a la que acudan por parte del Instituto o por algún trabajo específico que le sea encomendado por el pleno del Observatorio y previa consulta presupuestal al Instituto, sin que ello implique una relación de subordinación laboral con dicho Instituto. Lo anterior bajo el régimen de asimilables a salarios que prevé la Ley del Impuesto Sobre la Renta en vigor.

Artículo 32.- Las personas que integren el Observatorio serán elegidas por:

I. El Congreso de la Unión; a personas expertas previstas en la Fracción I del Artículo que antecede al presente.

II. El Consejo Consultivo del Instituto; a representantes a que hace alusión la Fracción II del Artículo anterior con base al principio de federalismo.

III. Las Instituciones de Educación Superior con programas de Estudios de Género; a personas expertas señaladas en la Fracción III del artículo 31 de esta Ley.

Artículo 33.- El órgano máximo de decisión del Observatorio, será el pleno, el cual:

I. Se reunirá dos veces al año con carácter ordinario y, excepcionalmente, cuantas veces sea convocado por su Titular, a iniciativa propia o a propuesta de, al menos, una tercera parte de los integrantes.

II. Acordará la creación de cuantas comisiones de trabajo estime oportuno, que se constituirán, previa aprobación por la mayoría de sus miembros, en función de materias concretas que se considere necesario analizar. A estas comisiones de trabajo podrán incorporarse expertos de reconocido prestigio, con el fin de elaborar los informes técnicos pertinentes, si existe la suficiencia presupuestal para ello.

III. Contará con el apoyo de tres unidades, una de asesoría, supervisión, vigilancia, y la otra de evaluación y seguimiento en la aplicación de los criterios de política e instrumentos de igualdad previstos en esta Ley, así como una unidad técnica encargada de dar apoyo profesional a los observadores, manteniendo una comunicación y coordinación permanente con los Observatorios de las Entidades Estatales y Municipales.

Cada unidad contará con el número de profesionales que sean requeridos, mismos que celebrarán con el Instituto, los respectivos contratos de prestación de servicios profesionales, a propuesta del titular del Observatorio, por el tiempo que acuerde dicho titular con la presidencia del Instituto.

Artículo 34.- El Instituto proporcionará al Observatorio, los recursos materiales e inmobiliarios que requiera para su operación y que de acuerdo a su presupuesto le asigne, debiendo celebrarse los contratos respectivos entre el Instituto y el titular del Observatorio, que no podrá en ninguna circunstancia exceder al tiempo del encargo del citado titular.

Para los efectos de lo señalado en la fracción III del artículo anterior y del presente artículo, toda controversia que surja, será dirimida en los términos de la Ley en la materia.

Artículo 35.- El Observatorio está facultado para:

I. Emitir opinión en la determinación de lineamientos para el establecimiento de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres;

II. Sistematizar, analizar y difundir información, de fuentes nacionales e internacionales, sobre la situación de las mujeres y de los hombres.

III. Formular recomendaciones y propuestas para el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como para mejorar los sistemas de información relacionados con la igualdad;

IV. Realizar propuestas de programas de cooperación institucional, nacional, estatal o municipal, en los fines de la presente Ley;

V. Elaborar propuestas de reforma a leyes y reglamentos, así como políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

VI. Llevar a cabo las medidas pertinentes para que el Observatorio se constituya en foro de intercambio y comunicación entre organismos públicos y la sociedad, proponiendo iniciativas tendientes a realizar el seguimiento del tratamiento de las imágenes estereotipadas en función del sexo y de las masculinidades en los medios de comunicación;

VII. Participar y mantener relaciones con instituciones internacionales similares, así como con los Observatorios de carácter local que se establezcan;

VIII. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico de la situación de la igualdad entre hombres y mujeres, sobre diferentes tópicos;

IX. Realizar el seguimiento informativo de las políticas sociales que afectan a las mujeres;

X. Fomentar en quienes impartan y administren justicia incluir en sus razonamientos, visiones y actitudes, la perspectiva de género y la búsqueda de la igualdad sustantiva;

XI. Analizar que los criterios de procuración de justicia no sean discriminatorios ni valorativos hacia un género determinado;

XII. Revisar la inclusión de los principios rectores de la Ley en los documentos básicos de los Instituciones Políticos del país;

XIII. Pronunciarse con relación a iniciativas de Ley que vinculen o no incluyan la perspectiva de género;

XIV. Analizar los proyectos y estudios que se sometan a su consideración;

XV. Opinar sobre la expedición de reglas para la organización y funcionamiento al Sistema Nacional y su vinculación con otros programas nacionales, estatal o municipal; y

XVI. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de está Ley.

Artículo 36.- El Observatorio Nacional, junto con los gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, promoverán la integración de Observatorios para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Estatales y Municipales en su caso, como órganos de carácter consultivo, asesoramiento y concertación, en materias de planeación, supervisión y evaluación de las políticas o acciones a que se refiere la presente Ley.

En las Leyes locales que se expidan en la materia, se establecerá la composición y atribuciones de los Observatorios Locales, sin perjuicio de las atribuciones que la presente Ley les otorga.

En la constitución de estos Observatorios se propiciará la representación proporcional y equilibrada por sexos de sus integrantes. Asimismo, sus normas de operación interna deberán responder a las necesidades, demandas, costumbres e intereses de cada territorio o demarcación.

Artículo 37.- El Observatorio, independientemente de las denuncias, quejas y reclamaciones que pudiera efectuar en términos de los procedimientos que señala la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, éste podrá emitir ante el incumplimiento de las disposiciones de la presente ley:

I. Recomendación;

II. Declaratoria;

III. Excitativa

Corresponde al reglamento de la presente ley la normatividad de procedencia respectiva, así como las diversas modalidades y circunstancias para su aplicación.

Artículo 38.- Para el debido y cabal cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, el titular del Observatorio, integrará las constancias respectivas sobre el incumplimiento de la ley y procederá a someterlas a consideración del pleno, el cual emitirá la recomendación, declaratoria o excitativa debidamente motivada y fundada sobre el particular, Misma que se hará llegar a la autoridad u organización que corresponda, dentro de los quince días hábiles siguientes a la emisión de ésta.

TITULO IV
DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES DE LA POLITICA NACIONAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 39.- La Política Nacional a que se refiere el Título IV de la presente Ley, definida en el Programa y encauzada a través del Sistema, deberá desarrollar estrategias o acciones interrelacionadas para alcanzar los objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre hombres y mujeres en el país, en todos sus ciclos de vida, conforme a los objetivos operativos y acciones especificas a que se refiere este capítulo.

CAPITULO 1
DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA ECONÓMICA NACIONAL

Artículo 40.- A fin de profundizar en todos los aspectos de la igualdad en la vida económica de los hombres y las mujeres, será objetivo de la política nacional el fortalecimiento de la dimensión de igualdad en materia de:

I. Empleo y establecimiento de fondos para la promoción de la igualdad en el empleo y los procesos productivos;

II. Desarrollo de estrategias para fomentar la integración de la perspectiva de género en todas las políticas que tengan repercusiones sobre las mujeres en la economía;

III. Impulsar liderazgos igualitarios en la macro y microeconomía; y

IV. Aquellos temas que constituyan un impacto social.

Artículo 41.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y organismos públicos desarrollarán las siguientes acciones:

I. Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que disuaden a las personas en función de su categoría sexual subrepresentada de incorporarse al mercado de trabajo;

II. Fomentar el aprendizaje permanente y el acceso a medidas activas del mercado del trabajo para la categoría sexual subrepresentada;

III. Fomentar la empleabilidad y el acceso de la categoría sexual subrepresentada a puestos directivos, especialmente incrementando su incorporación en la educación y formación en esos ámbitos;

IV. Apoyar, cuando sea necesario, el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos nacionales, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia nacional de empleo;

V. Reforzar los mecanismos de cooperación entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, para supervisar la aplicación de las acciones que establece el presente artículo;

VI. Aportar financiación a escala municipal, local y federal, para la realización de acciones de información y sensibilización destinadas a fomentar la igualdad entre los hombres y las mujeres en el marco de los fondos y programas de apoyo económico;

VII. Desarrollar vínculos entre las acciones financiadas por los tres ordenes de gobierno y las medidas de desarrollo rural y otras políticas sociales que también promueven la igualdad entre los hombres y las mujeres;

VIII. Evitar la segregación del mercado de trabajo mediante iniciativas en materia de recursos humanos;

IX. Proponer y aplicar lineamientos de igualdad en las contrataciones públicas;

X. En las políticas y programas de desarrollo, integrar el análisis en función del género al concebir, aplicar y evaluar las medidas, especialmente las relativas a políticas macroeconómicas y a la reducción de la pobreza;

XI. Establecer comunicación con el sector privado, sobre su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres en la vida económica y laboral; y

XII. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia.

CAPITULO 2
DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA EQUILIBRADA DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES.

Artículo 42.- A fin de evitar la subrepresentación de hombres o de mujeres en todos los ámbitos de la representación popular y democrática, será objetivo de la política nacional garantizar la participación equilibrada entre hombres y mujeres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas.

Artículo 43.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y organismos públicos desarrollarán las siguientes acciones:

I. Favorecer la creación de redes en materia de igualdad elegidas a nivel nacional y local, que enriquezcan el trabajo de las comisiones parlamentarias de equidad de género;

II. Promover, en la educación cívica, una mayor conciencia de la discriminación por razones de sexo y de la necesidad de una representación y participación equilibrada entre hombres y mujeres;

III. Evaluar por medio del Observatorio, la influencia sobre dicho equilibrio de los sistemas electorales, las legislaciones, las cuotas, los objetivos y otras medidas en los distintos organismos públicos elegidos por medio del sufragio;

IV. Prestar apoyo y recursos a proyectos para aumentar la capacidad institucional y operativa de las Entidades Federativas y Municipios, para que la sociedad civil participe en las cuestiones de igualdad a nivel nacional y local, incluidas las acciones legislativas y administrativas por la igualdad entre mujeres y hombres;

V. Realizar actividades de concienciación dirigidas a la ciudadanía sobre la necesidad de una participación y representación equilibrada entre hombres y mujeres en los organismos públicos elegidos por sufragio y dentro de las estructuras de los partidos políticos, así como alentar al activismo político, bajo el principio de igualdad;

VI. Evaluar y aplicar medidas para eliminar los obstáculos en la transición de la educación y la formación a la vida laboral, la contratación y el desarrollo de la carrera profesional de las mujeres y los hombres en igualdad que puedan desempeñar altos cargos públicos;

VII. Crear y mantener actualizadas estadísticas completas y diferenciadas por sexo, sobre puestos decisorios y cargos directivos en los sectores público, privado y de la sociedad civil; y

VIII. Evaluar en función del género, e impulsar el mejoramiento en los sistemas existentes de contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en particular mediante una representación equilibrada entre hombres y mujeres en los tribunales de selección, el examen de los contenidos y la metodología de los concursos de acceso, para detectar una posible discriminación.

CAPITULO 3
DE LA IGUALDAD DE ACCESO Y EL PLENO DISFRUTE DE LOS DERECHOS SOCIALES PARA LAS MUJERES Y LOS HOMBRES

Artículo 44.- Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales y el pleno disfrute de éstos, será objetivo de la política nacional:

I. Mejorar el conocimiento y vigilancia de la legislación existente en el ámbito del desarrollo social;

II. Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar las políticas y actividades públicas, privadas y sociales que impactan la cotidianeidad;

III. Revisar permanentemente las políticas de atención a la violencia de género;
IV. Fomentar masculinidades más participativas sin asignación de funciones de ejercicio de poder o de violencia; y

V. Aquellos temas que constituyan un impacto social.

Artículo 45.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y organismos públicos desarrollarán las siguientes acciones:

I. Garantizar el seguimiento y la evaluación de la aplicación en la Federación, Entidades Federativas y Municipios, de la legislación existente en la esfera social en armonización con instrumentos internacionales;

II. Apoyar el conocimiento de la legislación y la jurisprudencia en esta materia entre las organizaciones no gubernamentales, los interlocutores sociales, las inspecciones de trabajo y las profesiones jurídicas;

III. Apoyar las actividades, dirigidas a la ciudadanía, de información y difusión de la legislación en materia de igualdad, socializando el conocimiento de sus derechos y los mecanismos para su viabilidad;

IV. Integrar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de la protección social y con respecto a todos los objetivos de la misma establecidos por la Constitución y las Leyes;

V. Incorporar la perspectiva de género en todas las medidas públicas, privadas y sociales para prevenir y combatir la marginación, en particular las destinadas al combate de la feminización de la pobreza;

VI. Financiar acciones y programas que propugnen la igualdad de acceso de hombres y de mujeres a la alimentación, la educación y la asistencia en materia de salud; y

VII. Apoyar campañas nacionales de concientización y políticas públicas que presenten la atención a las personas dependientes como una tarea tanto de hombres como de mujeres.

CAPITULO 4
DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA CIVIL

Artículo 46.- Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil, vinculado al pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tanto para los hombres como para las mujeres, será objetivo de la política nacional:

I. Evaluar la legislación en materia de igualdad entre hombres y mujeres;

II. Promover los derechos específicos de las mujeres como derechos humanos universales;

III. Combatir las distintas modalidades de violencia de género y la trata de personas;

IV. Apoyar la masculinidad que comparta los procesos y actividades relacionadas con la crianza; y

V. Aquellos temas que constituyan un impacto social.

Artículo 47.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y organismos públicos desarrollarán las siguientes acciones:

I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las normas sobre la igualdad de retribución;

II. Promover estudios y recoger información sobre la dimensión de género en la salud y la seguridad en el trabajo;

III. Impulsar formaciones específicas sobre la legislación en materia de derechos humanos e igualdad entre hombres y mujeres dirigidas a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia;

IV. Apoyar las actividades de interlocución ciudadana respecto a la legislación sobre la igualdad para los hombres y las mujeres;

V. Promover acciones de concientización y capacitación sobre derechos humanos, de las mujeres y los hombres que sufren una discriminación múltiple, especialmente migrantes e indígenas;

VI. Fomentar la creación de redes y observatorios para recoger de forma sistemática datos comparables sobre las violaciones de derechos humanos o discriminación por razones de género;

VII. Reforzar la cooperación y los intercambios de información sobre los derechos humanos e igualdad entre hombres y mujeres con las principales organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales de la cooperación para el desarrollo;

VIII. Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas necesarias para prohibir, prevenir y sancionar la violencia de género en los ámbitos públicos y privados;

IX. Establecer los mecanismos para la atención de los diferentes tipos de violencia de género, para quienes son objeto de ella, así como para los individuos que la generan y

X. Fomentar las investigaciones y proyectos psicojurídicos tendientes a eliminar cualquier tipo de violencia de género.

CAPITULO 5
DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS ROLES Y ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS ESTABLECIDOS EN FUNCIÓN DEL SEXO

Artículo 48.- Con el fin de promover la modificación de comportamientos, actitudes, normas y valores sociales que determinan roles estereotipados e influyen en ellos en la sociedad, mediante la educación, la formación, los medios de comunicación, la cultura y la ciencia, será objetivo de la política nacional el desarrollo de la conciencia sobre la igualdad y la superación de estereotipos tradicionales en las políticas públicas, sociales y privadas.

Artículo 49.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y organismos públicos desarrollarán las siguientes acciones:

I. Promover y procurar acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación basada en estereotipos de género en la educación, mediante materiales didácticos y el impulso de buenas prácticas al respecto;

II. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo a las sociedades democráticas; y

III. Vigilar la integración de una perspectiva de género en las políticas de especial importancia para superar los estereotipos tradicionales, como la política de educación, formación, cultura, investigación, medios de comunicación y deporte, y potenciar la igualdad en todas las fases futuras de programación de programas gubernamentales.

TITULO V
DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 50.- Toda persona tendrá derecho a que las autoridades y organismos públicos pongan a su disposición la información que les soliciten sobre políticas, instrumentos y normas sobre igualdad entre hombres y mujeres en los términos previstos por las Leyes.

Artículo 51.- El Ejecutivo Federal, por conducto del Sistema, de acuerdo a sus atribuciones, promoverá la participación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los programas e instrumentos de la política de igualdad entre hombres y mujeres a que se refiere esta Ley, con base en el Sistema, convocando a las diversas organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y de investigación, agrupaciones sociales y privadas, asociaciones o individuos y demás personas interesadas para manifestar su opinión y propuestas a nivel nacional, estatal o municipal.

Artículo 52.- Los acuerdos y convenios que en materia de igualdad celebren el Ejecutivo y sus dependencias con personas físicas o morales del sector público, social o privado, podrán versar sobre todos los aspectos considerados en los instrumentos de política sobre igualdad, así como coadyuvar en labores de vigilancia y demás acciones operativas previstas en esta Ley.

Artículo 53.- El Observatorio o los Observatorios a que se refiere el Capítulo 5 del Título III de esta ley, según corresponda, podrán proponer al Sistema lineamientos para promover la participación de los sectores social y privado en la planeación y realización de actividades tendientes a sensibilizar y combatir la desigualdad de
oportunidades y resultados entre hombres y mujeres, así como formas diversas de violencia de género.

De igual forma, podrán participar en la consulta de normas oficiales mexicanas y en aquellos aspectos de salud que se consideren fundamentales, en términos del presente artículo.

También propondrán y participarán en la consulta de normas oficiales mexicanas.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a los diez días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Sistema a que se refiere la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, deberá de ser integrado dentro de los 30 días que sigan a la entrada en vigor de la misma.

Artículo Tercero. El reglamento de la presente ley, deberá expedirse dentro de los 60 días siguientes a su vigencia.

Artículo Cuarto. El Instituto presentará a la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, la asignación presupuestal para la operación del Observatorio.

Artículo Quinto. El Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a que se refiere la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, deberá constituirse dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

Artículo Sexto. El reglamento interno del Observatorio, se aprobará dentro de los 150 días siguientes a la vigencia de la ley.

SALON DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPUBLICA. México, D.F., a 9 de Noviembre de 2004.

 




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