Fecha de publicación: 14/10/1999
Categoría: DECRETO

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PROCESOS LEGISLATIVOS
DISCUSION (ART. 72-E CONST.)
DIPUTADOS
DISCUSIÓN
México, D.F., martes 12 de octubre de 1999.
Diario de los Debates No. 14


Está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular, los siguientes diputados: José Espina von Roehrich, del Partido Acción Nacional; David Ricardo Cervantes Peredo, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática y Miguel Sadot Sánchez Carreño, del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra para fijar posición respecto de este dictamen, el diputado Jose Espina von Roehrich, por 10 minutos.
El diputado José Espina von Roehrich:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores; invitados a esta sesión:

Con la discusión y en su caso aprobación de este dictamen que reforma el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se pone fin a un capítulo más del largo y lento proceso encaminado a reconocer los derechos políticos plenos a los ciudadanos residentes en el Distrito Federal, así como avanzar en la democratización efectiva de sus instituciones político-administrativas.

Desde hace muchas décadas, Acción Nacional y sus grupos parlamentarios han planteado en diversas ocasiones, a través de iniciativas de reformas constitucionales y legales, la necesidad de establecer una nueva organización jurídico-política del Distrito Federal que posibilite una nueva relación entre la sociedad y sus gobiernos locales, a partir del reconocimiento de un derecho humano fundamental: la elección libre, secreta y universal de sus gobernantes.

Lo anterior, sin menoscabo del status jurídico-político de esta entidad como sede de los poderes federales y capital de los Estados Unidos Mexicanos, que exige el establecimiento a nivel constitucional y legal de mecanismos de coordinación y distribución de funciones, para garantizar la seguridad, funcionalidad y estabilidad de los poderes de la Unión y, a su vez, que posibilite la creación de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con atribuciones y responsabilidades exclusivas en todo lo concerniente al ámbito local de la Ciudad de México.

Afortunadamente, esta visión de Acción Nacional fue compartida y coincidente en su esencia con las visiones y propuestas de otras fuerzas políticas nacionales y por diversos sectores sociales, cuya aceptación en la opinión pública fue en aumento, hasta convertirse en una exigencia generalizada que no ha podido ser ignorada o minimizada por el Gobierno y su partido, con lo que se hicieron posibles las diversas reformas políticas que conocemos y que nos han conducido hasta la situación actual.

Los progresivos avances, meritorios sí, pero insuficientes, que en este proceso de reforma electoral y política del Distrito Federal se han conseguido, gracias a esta perseverante y congruente lucha de Acción Nacional y los partidos de oposición en su conjunto, han logrado doblegar paulatinamente las innumerables resistencias e incluso pretexto del régimen priísta para impedir o por lo menos retrasar lo más posible, la liberalización política, primero y la democratización plena después, del Distrito Federal.

Este proceso tortuoso que se ha vivido en la Ciudad de México, nos refleja de manera muy clara y evidente cómo ha sido el desarrollo político de nuestro país, desde que la Revolución fue desvirtuada para después ser institucionalizada, hace poco más de 70 años.

Un régimen político que se impuso por la fuerza de las armas y que se disfrazó de popular, nacionalista y revolucionario, con objeto de conservarse en el poder para dominar y doblegar al pueblo.

Ahí está como ejemplo inicial la desaparición por decreto presidencial del régimen municipal que existía en esta entidad, ordenada por el general Alvaro Obregón en 1928 a consecuencia de la derrota electoral que él sufrió en esta Ciudad de México.

No obstante, a 71 años de distancia, afortunadamente hemos avanzado en esta lucha.

La transformación que el sistema político mexicano ha experimentado durante este tiempo, nos permite hoy refrendar nuestra convicción de que estamos en el camino correcto.

En el Distrito Federal en 1988 se logró la creación de la Asamblea de Representantes como órgano plural de representación, con facultades sólo reglamentarias y de supervisión de la administración pública local. Después se consiguió el otorgamiento de algunas facultades legislativas de presupuestación y fiscalización, así como de participación en la ratificación de algunos funcionarios locales.

Sin embargo, el gobierno y el PRI no han permitido que los órganos de gobierno locales adquieran autonomía plena para el desarrollo cabal de sus funciones, a pesar de la decisión plural que hizo posible la elección del jefe de gobierno de esta entidad en 1997.

Y hoy, a propósito del presente dictamen que discutimos, nuevamente se ha impuesto la cerrazón del Gobierno y su partido para impedir el cumplimiento del mandato constitucional, el establecimiento de órganos político-administrativos colegiados que posibiliten una integración plural y representativa de los mismos en cada delegación del Distrito Federal, por una parte y el necesario equilibrio y contrapeso al interior de los mismos, por la otra.

La iniciativa que presentó el PAN, así como el dictamen que aprobó esta soberanía hace unos días, proponía una doble descentralización: una de carácter político y otra de carácter administrativo, ya que por un lado se buscaba establecer órganos electos democráticamente, lo que les daba autonomía en razón de su nombramiento y por otro lado, se le otorgaba a estos órganos colegiados electos popularmente, la autonomía funcional y en consecuencia autonomía administrativa con objeto de conseguir una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos,

En nuestra propuesta se pretendía la coexistencia de tres jurisdicciones de manera real y de manera legal, como en cualquier otra entidad federativa, bien definidas y coordinadas, sin crear una situación de confusión de atribuciones y responsabilidades.

Sin embargo la cerrazón priísta, apoyada en su mayoría numérica en el Senado de la República, impidió nuevamente que se lograra un avance sustancial en este proceso de reforma política del Distrito Federal.

Conscientes de la validez de nuestros argumentos y de la responsabilidad política ante los ciudadanos del Distrito Federal, aceptamos participar junto con los representantes del PRI y del PRD, en el análisis y definición de una fórmula que permitiese cumplir con el mandato constitucional establecido en la fracción II de la base tercera del apartado C del artículo 122 Constitucional, para hacer efectiva la creación de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales y con ello hacer posible de inmediato la elección de sus respectivos titulares, tomando en consideración el apremio de los tiempos en los procesos electorales del Distrito Federal, sin afectar en modo alguno la estabilidad de la administración pública local.
A pesar de todo lo anterior fue posible y así está contenido en el dictamen que hoy discutimos, el otorgamiento de mayores facultades a estos nuevos órganos, de las que hasta hoy han tenido las actuales delegaciones políticas y además se le otorgaron a la Asamblea Legislativa nuevas facultades que le permitirá ejercer la supervisión, fiscalización y contrapeso que se requiere respecto de estos órganos político-administrativos.

Concluyo, señor Presidente. Señoras y señores Diputados. Porque asumimos plenamente nuestra responsabilidad política y legislativa para con los habitantes del Distrito Federal, porque sabemos que la reforma política que concrete la transición democrática de México, no se consigue en un solo y único acto, sino que debe ser la consecuencia de un conjunto de decisiones y acciones políticas constantes.

Porque a pesar de los obstáculos y cerrazones del PRI-Gobierno seguimos avanzando, es que los diputados federales del PAN votaremos en favor de este dictamen.

Muchas gracias.
El Presidente :
Gracias, diputado José Espina.

Tiene la palabra para el mismo tema el diputado David Ricardo Cervantes Peredo, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática.
El diputado David Ricardo Cervantes Peredo:
Gracias, compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El dictamen que hoy se presenta el pleno, como sabemos, será votado a favor por todos los grupos parlamentarios en esta Cámara, así como lo fue en la Cámara de Senadores. Esto es resultado de la discusión y los acuerdos alcanzados entre los partidos políticos, aunque como se expresa en el dictamen, la discusión sobre el tema central de estas reformas, no es una discusión agotada y se mantienen diferencias sustanciales entre el Partido Revolucionario Institucional y los demás partidos.

Creemos que es importante señalarlo, no en demérito del acuerdo alcanzado, pero si en abono a la claridad con que debemos expresar ante el pleno y ante la ciudadanía, las posiciones y las decisiones que hemos asumido los partidos políticos.

En primer término, conviene señalar que el tema de las demarcaciones territoriales, es un solo tema de la reforma política del Distrito Federal, si bien tuvo que ser abordado en lo particular por razones de los tiempos establecidos para el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo año en el Distrito Federal, no puede desvincularse del conjunto de temas que conlleva el debate sobre la reforma integral necesaria, para avanzar en la democratización de la ciudad.

Más aun es necesario reiterarlo para no perder de vista dos cuestiones: la primera, es que las discusiones de la mesa sobre la reforma política se habían alcanzado consensos importantes entre los partidos, incluido el PRI en algunos aspectos, mismos que no se reflejan en el dictamen que hoy aprobamos y la segunda, es el hecho de que hoy, esa reforma tendrá esos resultados, debido fundamentalmente a que se mantienen secuestrados buena parte de los derechos de los habitantes del Distrito Federal.

Si eso no fuera así, no tendríamos por qué estar discutiendo y decidiendo en esta Cámara, lo que correspondería decidir a los habitantes de la Ciudad de México a través de sus órganos de representación.

En segundo lugar, vale la pena compartir una reflexión sobre el asunto de la gobernabilidad, en relación con las reformas para democratizar el Distrito Federal, puesto que éste fue un punto central de la argumentación en la posición del PRI, posición que finalmente es la que prevaleció en el dictamen.

Con la reforma para elegir al jefe de gobierno que daría paso a la conformación de un gobierno propio del Distrito Federal, se temía que se presentara un conflicto en la convivencia entre el Ejecutivo Federal y el ejecutivo local y dicho temor se basaba en cálculos, que nunca consideraron siquiera como probable que el Gobierno de la ciudad fuera ganado por el PRD en la forma en la que sucedió en 1997; pero así sucedió, el PRD ganó la ciudad con una abrumadora mayoría y esto no ha significado el surgimiento de conflicto alguno con el Ejecutivo Federal.

También existía el temor y así se quiso hacer creer a la ciudadanía, de que habría caos si un partido de oposición quedaba al frente del Gobierno de la ciudad, cosa que a la fecha ha quedado más que desvirtuada.

Ahora, en los argumentos para defender la posición de que sólo se eligiera a un titular unipersonal de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, se esgrimió nuevamente el asunto de la gobernabilidad. Ahora el PRI manifestó su temor o su preocupación en cuanto a que la constitución de titulares colectivos que funcionarán como órganos colegiados, podría generar situaciones de parálisis de la administración pública en las demarcaciones o podría dar pie a conflictos en la relación con el jefe de gobierno. Todo ello, basado en que dichos órganos tendrían una composición plural y considerando la gran probabilidad de que el partido que obtuviera la mayoría de votos en una demarcación podría ser distinto al que obtuviera la mayoría de votos para la jefatura de gobierno.

Hoy, este nuevo temor hizo que se mantuviera una posición inflexible por parte del PRI, que finalmente prevaleció en la decisión sobre la conformación de los órganos político-administrativos de las demarcaciones. Esta vez no podrá verificarse de inmediato que una vez más su temor no tiene fundamento.

Estamos convencidos que aún en el supuesto de que algún problema de esta naturaleza pudiera presentarse, dado que esto es posible no sólo en el Distrito Federal, sino en cualquier entidad del país, es a través de la ley, como también se hace en otras entidades, en donde se prevé la forma de resolverlos. Para eso también deben servir las leyes en un régimen democrático.

Si en el fondo realmente existiera una sincera preocupación por la gobernabilidad de la ciudad y de esa preocupación pudiéramos entender que se desprendería una voluntad para modificar o eliminar las disposiciones o las omisiones presentes en el marco jurídico actual del Distrito Federal y que representan en la práctica, no en un supuesto, problemas en el ejercicio de las funciones de los órganos de gobierno local, que pueden derivar en problemas de gobernabilidad, ¿por qué no han aceptado llevar a cabo las reformas que han sido propuestas por todos los partidos para, por ejemplo, darle al órgano legislativo local facultades plenas y convertirlo en un Poder Legislativo como en las demás entidades? ¿Acaso no es un problema real para el ejercicio de las funciones de este órgano y acaso no representa un problema político, sea cual sea el partido que tenga la mayoría, el hecho de que no se puedan elaborar leyes en las que se pueda desarrollar integralmente el marco jurídico sobre algunos aspectos fundamentales de la vida de la ciudad o acaso no es un problema que no contribuya la gobernabilidad el que constantemente se legislen algunos temas delicados, colocándose en el filo de la inconstitucionalidad por las diversas interpretaciones que se le dan a un artículo 122 constitucional, cuyas omisiones y contradicciones son cada vez más palpables?

¿Acaso no representa, como hoy lo estamos viviendo, un problema político innecesario, bajo la concepción de un régimen democrático, el hecho de que un partido minoritariamente representando en el órgano local decida, por el hecho de contar con una mayoría en el Senado de la República, algo que en cualquier otra entidad se discute y se decide en sus propios órganos a partir de la correlación de fuerzas que en ellos existen?

Más aún, la forma en que se ha dado este proceso de reforma política del Distrito Federal a cuentagotas, que ha significado la sobreposición de marcos normativos, la permanente adecuación de las leyes e incluso la existencia de normas que nunca se aplicaron, ¿no ha sido también un factor más que no contribuya a la gobernabilidad?

Si en realidad se trata de una intención por contribuir a la gobernabilidad democrática de la ciudad, ¿por qué entonces se han negado a llevar a cabo las reformas para convertir, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa en un Poder Legislativo sin facultades acotadas? Y como es el caso de la función legislativa, se podrían poner otros ejemplos de la función ejecutiva y otros aspectos relacionados con el ejercicio de gobierno en la ciudad que no son exclusivos de esta gestión, pues igualmente se presentaron cuando el PRI era mayoría en la Asamblea y estaba al frente del Gobierno.

La respuesta en los hechos, más allá de lo que se ha dicho y pueda decirse en las discusiones, nos muestra claramente que se trata en el fondo de una concepción sobre el ejercicio de Gobierno y de una posición sobre la forma en la que se construye la democracia que no podemos compartir. La democracia no puede construirse si se tiene temor para construirla ni tampoco si las decisiones se basan en el ejercicio de una mayoría en el Senado que desconoce a la mayoría que por su propia decisión del PRI, no tiene posibilidades de decidir. Esas ideas no son hoy una base para construir la democracia.

Hoy, las bases para construir la democracia, rebasan la simple aplicación de mayorías numéricas en las cámaras, pues deben considerar la participación y el reconocimiento de todos actores políticos y fundamentalmente de las aspiraciones y el sentir de la ciudadanía.

Por lo tanto, debe quedar claro que la aprobación de este dictamen con el voto favorable de todos los partidos, no se da en lo que respecta al PRD, como resultado de la coincidencia en los planteamientos de fondo sobre el tema. Nuestro voto favorable, responde sí, a una coincidencia en la necesidad de dotar en este momento a la Asamblea Legislativa de bases jurídicas claras para adecuar la legislación electoral y para contribuir a dar certeza y seguridad jurídicas a los ciudadanos sobre la realización del proceso electoral que se llevará a cabo el próximo año.

De esta manera, ante la cerrazón y la inflexibilidad del PRI, hemos cedido hoy a la incorporación de nuestra posición en el contenido de las reformas que serán aprobadas, en aras de contribuir responsablemente a la materialización de un imperativo establecido en la Constitución, considerando que era indispensable eliminar cualquier duda o motivo que pudiera dar lugar a una impugnación de inconstitucionalidad contra el acto legislativo local o sobre el proceso electoral mismo.

Mantenemos nuestra convicción en que el establecimiento de órganos de gobierno plurales, con personalidad jurídica y patrimonio propio que ejerzan funciones de gobierno local como las que ejercen los ayuntamientos en las demás entidades federativas, es un elemento necesario para avanzar en la democratización de la ciudad.

Creemos firmemente en que la democracia se construye estableciendo instrumentos democráticos de gobierno que deben siempre estar sujetos a su evaluación y perfeccionamiento.

Concluyo. El propósito de lograr la eficiencia y la eficacia administrativa, no puede darse sobre la base de restringir el desarrollo de formas democráticas de gobierno y éstas jamás podrán desarrollarse si no se someten al inexorable juicio de la ciudadanía y de la historia.

Seguiremos trabajando para que llegue la hora en que el temor de algunos a la democracia, deje de ser el motivo para mantener secuestrados los derechos políticos de quienes habitamos en la Ciudad de México y los de todos los mexicanos.

Nos anima la expresión de la voluntad ciudadanía para seguir avanzando en este camino y la certeza de que esta hora llegará pronto.

Muchas gracias.
El Presidente :
Gracias, diputado Cervantes Peredo.

Tiene la palabra el diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño, del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional.
El diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño:
Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente :
Adelante.
El diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño:
Señoras y señores diputados:

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional representado en esta Cámara, desea dejar constancia que, comprometido con la vocación democrática para impulsar las acciones que busquen fortalecer nuestras instituciones y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 122 constitucional, emitirá su voto aprobatorio por el dictamen que hoy se presenta y que busca ampliar la voluntad de los ciudadanos del D. F.

Con la reforma que aprobaremos el día de hoy, reivindicamos una larga y vehemente lucha de la ciudadanía del Distrito Federal para que su voluntad constituya la única fuente de poder de quienes son responsables de la conducción de los esfuerzos no sólo para la prestación y realización de obras, sino fundamentalmente para garantizar el libre y seguro ejercicio de sus derechos y promover el ascenso a mejores condiciones de vida y desarrollo.

El próximo 18 de noviembre se cumplen 175 años en que el Congreso de la Unión expidiera el decreto mediante el cual se creaba el Distrito Federal, derivado ello de la facultad que le otorgaba el artículo 50 de nuestra primera Constitución.

Se iniciaba para el Distrito Federal al igual que para nuestra nación, una larga historia de vicisitudes que les tocaría enfrentar y en este decurso de la historia quedó comprobado que siempre el Distrito Federal fue cobijado por el pensamiento y el esfuerzo de los gobiernos liberales y que fueron los conservadores, los que se empeñaron en enterrarlo.

En efecto, durante los regímenes centralistas de 1836 y 1843, el Departamento del Distrito Federal desapareció. Se restituye con gobiernos liberales de 1847 y la expresión de la voluntad luminosa del 1857. Pero nuevamente los gobernadores encabezados por Zuloaga, entierran este proyecto y es hasta Juárez, en 1861, que el Distrito Federal vuelve a tener este carácter.

Habría una interrupción más bajo el efímero imperio de Maximiliano, que desaparece con este carácter. Pero a la caída de este imperio, se restituye y ésta vez en forma definitiva.

La vida interna del Distrito Federal quedó consagrada en las disposiciones derivadas de las reformas constitucionales para que fuera el Congreso de la Unión, quien tuviera jurisdicción en el sentido político y jurídico, sobre esta entidad.

La Ley Orgánica de 1929 da la pauta para que surja la figura de la jefatura del Departamento del Distrito Federal, Pero es en esta época contemporánea, a partir de las reformas de 1996, que mi partido, el Revolucionario Institucional, también aprobó que el país abrió por vía de la ley, un amplio cauce a la corriente democrática que exigía una mayor participación de la ciudadanía en la conformación de los órganos de gobierno y a ello obedecen las reformas constitucionales mediante las cuales el gobierno del Distrito Federal queda exclusivamente en manos de la voluntad popular de los ciudadanos de esta capital.

En forma sucesiva pero invariable, estas reformas se han aplicado. En 1997 por vez primera la ciudadanía elige mediante el voto directo, universal y secreto, a sus autoridades ejecutiva y legislativa.

En este nuevo régimen de la entidad, se contempló la existencia de órganos político-administrativos y con base en el artículo 122 constitucional, se dispuso que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, fijara la competencia de éstos, su integración, su funcionamiento, así como las relaciones de éstos con la jefatura de gobierno. Pero bajo ningún aspecto se asentó en estas disposiciones que los titulares de los órganos político-administrativos, fueran colegiados.

Esta fue la razón por la que mi grupo parlamentario, no suscribió el dictamen que fue presentado en esta Cámara el pasado 23 de septiembre, ya que consideramos que los alcances del mismo al instituir la forma colegiada de los titulares, rebasaba el marco constitucional que el artículo 122 señalaba y por tanto carecía de fundamento legal.

Sin embargo y con la intención de superar lo que hubiera podido ser el rechazo legítimo y legal a la minuta que envió esta Cámara a nuestra colegisladora, el Partido Revolucionario Institucional en el seno de la Cámara de Senadores presentó sendas iniciativas con el propósito de que con el análisis y la recuperación de las coincidencias que pudieran encontrarse en la minuta, pudiésemos lograr, como lo hicimos, un dictamen consensado. Dijimos no a la cerrazón y quien abrió la puerta fue la voluntad priísta en el Senado.

Superando estas divergencias la colegisladora aprobó, por unanimidad de las fuerzas representadas en esa Cámara, el dictamen que hoy se presenta.

Todos estuvimos de acuerdo en representar la voluntad de los ciudadanos y ningún partido desoyó esta voz responsable para instituir en el futuro este ensanchamiento a la vida democrática.

Son innegables los avances logrados en el dictamen. Destacamos entre ellos la autonomía funcional de los órganos político-administrativos, un régimen claro de sustituciones en que, por cierto, hoy se transforma la mayoría calificada de dos terceras partes que se requería, para que quede simplemente en una mayoría absoluta, a fin de que puedan agilizarse los trámites de las sustituciones.

Se establecen con claridad las obligaciones de los jefes delegacionales, que será el término con el que se van a denominar en lo futuro los titulares de estos órganos.

Y también, merece destacarse, se aprobó que a dichos jefes se les otorgara un piso presupuestario en la asignación de sus recursos. Y se señalaron en el Estatuto General de Gobierno criterios objetivos como el de población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano.

Igualmente quedaron señaladas obligaciones para estos titulares. Se establece hoy que mediante recorridos y audiencias públicas los titulares presten la atención debida y no sea producto únicamente de un clientelismo político.

Con estas reformas, estamos seguros, restituimos hoy y para siempre a los ciudadanos de la capital del país lo que en justicia les debíamos y que en otras entidades federativas gozan de estos derechos los ciudadanos y es: el de elegir a quienes de manera cercana deben atender sus necesidades. Hoy los ciudadanos dejan el relegado lugar que tenían, para constituirse y ocuparse de manera directa de los asuntos que entraña su vida comunitaria.

"En política, decía Reyes Heroles, junto a la responsabilidad de las mayorías se da la responsabilidad de las minorías. Unas y otras puede escoger las puertas falsas, que no por cómodas dejan de ser falsas. Las primeras, creyendo que siempre tienen razón; pero las segundas, cayendo en la crítica contumaz de todo y para todo revelan incapacidad para reconocer aciertos. Se sitúan en la perspectiva del negativismo, tomando a beneficio de inventario la legalidad, hallando en el oportunismo la materia prima de la oposición y plegándose mediante transformismo a cualquier gusto, según sopla el viento. Olvidan que no hay viento favorable para un barco sin destino."

Gracias.
El Presidente :
Gracias, diputado Sánchez Carreño.

Se ha agotado el turno de oradores inscrito.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Francisco Javier Loyo Ramos:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente :
Gracias, señor Secretario.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario Francisco Javier Loyo Ramos:
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para tomar la votación en lo general y en lo particular.

(Votación.)
El secretario Eduardo Guadalupe Bernal Martínez:
Se emitieron 353 votos en pro y cero en contra.
El Presidente :
Aprobado en lo general y en lo particular por 353 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
El secretario Eduardo Guadalupe Bernal Martínez:


Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.


 

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