Fecha de publicación: 14/10/1999
Categoría: DECRETO

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PROCESOS LEGISLATIVOS
DISCUSION/ORIGEN
DIPUTADOS
DISCUSIÓN
México, D.F., jueves 23 de septiembre de 1999.
Diario de los Debates No. 9


Está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular y para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, los siguientes oradores: Sandra Lucía Segura Rangel, Alejandro Ordorica Saavedra y Miguel Angel Quirós Pérez.

Tiene la palabra la diputada Sandra Lucía Segura Rangel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Sandra Lucía Segura Rangel:
Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados:
El dictamen aquí presentado recoge una serie de propuestas para el avance democrático y el avance administrativo para el Distrito Federal, que de no aprobarlo incurriríamos en una responsabilidad con millones de mexicanos que aquí habitamos, ya que de no modificar el actual estatuto y esto ha sido incluso reconocido por los propios priístas que conocen a cabalidad la administración pública del Distrito Federal, de esta ciudad, por haber ocupado cargos en ella, como es el caso del propio Secretario de la comisión, diputado Enrique Jackson y por eso insisto que de no haber modificación en los relativos órganos de gobierno, simple y sencillamente no podrían ejercer sus funciones y estaríamos incumpliendo nosotros un mandato constitucional contenido en el artículo décimo transitorio y en el 122 base tercera de la Constitución.

El presente dictamen plantea una doble descentralización, una de carácter político y una de carácter administrativo, ya que, por un lado, establece órganos electos democráticamente, con lo que consigue su autonomía en razón de su nombramiento, dejando ya atrás la terrible situación de dejar en manos de una persona y únicamente a capricho de ésta, la designación de quien tiene funciones y facultades tan importantes y que de manera directa afecta la vida de los capitalinos, como lo son los delegados políticos y por otro lado, se les otorga a estos órganos electos con esta iniciativa, autonomía funcional, con lo que se obtiene a la vez autonomía administrativa y una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

Teniendo claro esto y por supuesto, entendiendo a diferencia de lo que en las reuniones de la comisión han sostenido quienes han firmado este dictamen en contra, tenemos presente que se trata de regular la estructura política y administrativa del Distrito Federal que ante todo es la sede de los poderes federales y capital de los Estados Unidos Mexicanos, como lo señala nuestra Carta Magna en su artículo 44 y eso la hace diferente a las demás entidades de la Federación, por lo que de esta obviedad se deriva que debemos ser muy cuidadosos, como lo hemos sido para presentar este dictamen, de respetar la correcta funcionalidad de los órganos de los poderes federales como razón de interés público.

En este dictamen estamos únicamente cumpliendo un mandato constitucional, ya que ésta señala que el Estatuto de Gobierno debe crear, señalar la forma de integración y la naturaleza de los órganos político-administrativos de este territorio. Con base en lo anterior advertimos que el Constituyente otorgó la facultad sustantiva de crear a los órganos, dotarlos de una estructura y señalar sus facultades y a la Asamblea Legislativa le corresponderá determinar la intervención de estos órganos dentro de la organización administrativa del Distrito Federal, sin modificar la estructura de los mismos.

Debido a la naturaleza singular de esta entidad federativa, coexisten en su territorio de hecho únicamente dos jurisdicciones: la federal y la local, concentrada esta última en el jefe de gobierno del Distrito Federal y los delegados políticos, existiendo en muchas facultades una confusión entre estos dos niveles.

Con este dictamen se pretende que coexistan tres jurisdicciones de manera real y de manera legal, como en cualquier otra entidad federativa, tres jurisdicciones bien definidas, sin crear un régimen de confusión de poderes. Habría una verdadera labor de coordinación en la distribución de facultades entre las distintas instancias de gobierno.

La integración de órganos político-administrativos tiene la finalidad de favorecer un doble objetivo: primero, el de la vinculación política entre el jefe de la demarcación y los que habitan en ella y, segundo, el de darle una auténtica funcionalidad administrativa. Es por ello que consideramos que en cada demarcación territorial debe existir una estructura propia de la descentralización administrativa, que se origina por razón de funcionalidad práctica, pero con un elemento fundamental político que se da a través de la elección de sus titulares.

En este dictamen que está por votarse, se salva un punto fundamental que ha sido comentado en la comisión y que ha sido debatido y que con insistencia se ha comentado por quienes firmaron en contra de este dictamen, argumento que es el de que se están creando estructuras municipales y argumentos que diremos que es totalmente falso.

Los órganos político-administrativos no pueden asimilarse a un municipio aun cuando históricamente el municipio ha existido como base de la organización política del D.F., si hubiera sido voluntad del Constituyente el que se establecieran municipios, así estaría prescrito.

La diferencia entre la descentralización de un órgano político-administrativo y un municipio, radica en que el ayuntamiento ejerce desde el punto de vista material funciones legislativas en materia de bandos, reglamentos y circulares de observancia general. Los órganos políticos tendrían funciones administrativas, son órganos políticos por su elección pero no tendrán facultades o funciones legislativas desde este punto de vista material, es decir, no tendrán la facultad reglamentaria y sólo podrán dictar o emitir disposiciones administrativas para la aplicación de una ley o un reglamento.

Desde el punto de vista administrativo, actualmente las delegaciones políticas son organismos desconcentrados por lo que no cuentan con personalidad jurídica propia, su actuación la hacen en representación del jefe de gobierno del Distrito Federal.

Si bien se trata de una desconcentración con una especial autonomía que corresponde a su peculiar cualidad política, el hecho de no tener reconocida personalidad jurídica limita enormemente su autonomía, tanto política como operativa.

El temor a otorgarles una excesiva autonomía pudiera provocar conflictos de gobierno que se subsanan en el presente dictamen, ya que se establecen mecanismos de control y vinculación entre los diversos órganos de gobierno. Un real contrapeso con pluralidad política que es lo que se propone en este dictamen.

Las razones que originaron la descentralización administrativa son las que justifican que esos órganos, que realizaron funciones administrativas deban tener personalidad jurídica propia.

Un punto de gran trascendencia del presente dictamen y que hemos sido sumamente cuidadosos de apegarnos a la Constitución, es el referente a la integración y la elección de los órganos político-administrativos. Esto hay que subrayarlo debido a que hay discrepancias en el interior de la comisión que ha suscitado un largo debate. Primero diríamos que la Constitución no señala de manera expresa si los órganos deben ser unipersonales o colegiados por lo que cabría cualquier opción.

602,603 y 604

Es de explorada doctrina que los órganos pueden ser simples o complejos siendo los primeros los que se forman por una sola voluntad y los segundos los que hacen intervenir varias voluntades para su realización de actos de su competencia.

En la Constitución se habla de elección de titulares y algunos lo han interpretado como una referencia a un modelo unipersonal, cuando en realidad también se puede hablar de titulares en los órganos colegiados, siendo titulares todos los que intervienen en la formación de un acto. En este sentido no se puede decir que ésta sea una razón fundamental para votar este dictamen en contra; por el contrario, incluso encontramos un indicio de que la voluntad del legislador es que se trate de órganos complejos ya que se establece en el propio estatuto que el propio estatuto definirá la forma de integrarlos y esto está contenido en el propio artículo 122 en la base tercera en su fracción II;

Segundo, en el caso del D.F., resulta urgente darle una estructura funcional y operativa a través de los órganos político-administrativos en las disposiciones del estatuto que deben prever estructuras que tengan una operatividad muy rápida, muy eficiente y simplificada.

En este aspecto nos parece que el presente dictamen recoge este sentido al no crear órganos numerosos y con facultades expresas y

Tercero, la Constitución establece que deben conformarse órganos político-administrativos, lo que implica que la estructura como la base que crea este dictamen, debe tener tres criterios: la representatividad, la vinculación con la ciudadanía y el control de poder.

Termino, señor Presidente. Se establece por otro lado la sustitución de autoridades y remoción de miembros por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; esto es, también hay un control para que estos titulares sean sustituidos por la autoridad legislativa del Distrito Federal.

Por lo antes expuesto, quienes integramos el grupo parlamentario de Acción Nacional, votaremos a favor del presente dictamen, ya que consideramos cubre a cabalidad con el apego que debe tener hacia la Constitución y sobre todo porque esta reforma representa un gran avance de democratización y viabilidad administrativa para los que aquí vivimos.

Muchas gracias.
Presidencia del diputado
Sergio César Alejandro Jáuregui Robles

El Presidente:
A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Ordorica Saavedra, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.
El diputado Alejandro Victoriano Ordorica Saavedra:
Con su permiso.

Uno de los ejes centrales de la transición democrática y de la reforma del Estado, es justamente la reforma política del Distrito Federal que para nosotros, para el PRD, siempre ha sido un compromiso ineludible con la ciudadanía y que hemos trasladado incluso a nuestro ideario como un principio sustancial y una firme propuesta legislativa que hoy, una vez más, defenderemos.

Hemos recogido también las aspiraciones de muchas mujeres y hombres que se han pronunciado visionariamente en diversos momentos de nuestra historia para darle a la Ciudad de México el derecho a constituirse en un estado de la República sin modificar su condición privilegiada de ser la capital de los mexicanos y a la vez sede de los poderes federales.

Todavía hoy, a más de un siglo del Congreso Constituyente de 1856 y a 82 años de la Constitución de 1917, tales reformas no sólo no se han gestado, sino que parecen posponerse cada vez que se abre el debate y la gran oportunidad histórica de emprenderlas con el agravante además de que ahora, como parece ocurrir, se trata de hacer reformas que siendo muy importantes son de otra magnitud.

En efecto, situados en el presente, en el caso que ahora nos ocupa, el del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y destacadamente lo referente a los órganos político administrativos en las demarcaciones territoriales, parecen nuevamente trabarse.

Y se trata ahora de crear, estructurar y definir las facultades de estos órganos, que es una obligación como lo establece el artículo 122 constitucional, pero de nueva cuenta la reforma política del Distrito Federal corre el riesgo de posponerse soslayándose así las aspiraciones ciudadanas de que avance en la transición democrática y se igualen los derechos de los capitalinos, a los que gozan todos los mexicanos.

Una vez más, lo que ha sido una demanda clara y contundente de la ciudadanía, se niega recurrentemente ante esta oportunidad de emprender importantes cambios para la vida social, económica y política en la capital de la República y no se trata en este caso, como ya se dijo, de hacer las grandes reformas, que también son muy necesarias, como la conformación del Estado 32, la municipalización o la creación de poderes plenos en la Ciudad de México.

No, en esta ocasión lo que se discute no representa incluso reformas de carácter integral ni con la profundidad que exigen estos tiempo políticos, sino al menos establecer las bases de cambios elementales que apoyen otros de mayor trascendencia que podamos hacer juntos en un futuro inmediato; por otra parte, de mantenerse la decisión del PRI que ha mostrado en la Comisión del D.F., sería hoy contradictorio pues ellos suscribieron dos acuerdos importantes: uno en noviembre de 1997 y el otro apenas en abril de 1999, manifestando una intención política diferente a la que ahora sostiene.

Queremos entonces hoy, dar a la estructura de gobierno de las demarcaciones territoriales, un sentido de mayor participación ciudadana, de más equilibrio en el ejercicio del poder público, de conformar consensos más amplios en la toma de decisiones y de instrumentar mecanismos de cogobierno sustentados en criterios de legitimidad y representatividad.

Los avances conseguidos con las reformas de 1996 para elegir en el año 2000 a los delegados políticos o como se establece en el Estatuto de Gobierno, a los titulares de las demarcaciones territoriales, pueden verse frenados hoy una vez más con la negativa de crear estos órganos político-administrativos en forma colegiada, con facultades suficientes que generen las condiciones para un gobierno estable, eficiente y honesto.
Hacer esta reforma significa rectificar y remover constantes históricas que han distorsionado la forma de gobernar, sometida siempre a un centralismo asfixiante, férreo control político y bajo un presidencialismo anacrónico. De no existir estos consejos se carecería de los contrapesos institucionales necesarios que inspiran los fundamentos de nuestra propia Constitución Política y en contrapartida incluso lo que se daría en la práctica cotidiana sería una mayor concentración de facultades y funciones en un solo individuo y aun cuando ese titular fuera elegido democráticamente, sería inevitable la centralización del poder, que de suyo debiera distribuirse entre otros representantes de la propia ciudadanía.

Al igual, entre otros falsos argumentos que se esgrimen para estar en contra de la creación de estos consejos, es el de que podrían bloquearse las decisiones y las acciones del titular de la demarcación territorial y generar caos administrativo y hasta desestabilización, cuando es justamente la democracia la que al generar consensos y estos consensos mayoritarios, le dan legitimidad al ejercicio de gobierno y todavía sería más aberrante afirmar que los consejos puedan alterar la gobernabilidad, que es tanto como negar la figura del municipio, que es base de la estructura política-jurídica de nuestra nación.

Por ello, nuestra propuesta se sustenta básicamente en la base tercera del artículo 122, en los términos de que deben establecerse estos órganos político-administrativos en estas demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal y alcalde además que asimismo deberán fijarse los criterios para efectuar la división territorial del D.F., así como la competencia de los órganos político-administrativos, la forma de integrarlos y su funcionamiento.

Y consideramos además que no sólo debe realizarse la reforma del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para dar el marco jurídico que establezca las bases de la elección de los titulares de estos órganos, sino también recoger y continuar en esta misma legislatura con las propuestas derivadas del proceso de reforma política del D.F., que resulten adecuadas a la realidad capitalina, a partir de un análisis y cambio a fondo del artículo 122 constitucional. Pero por el momento se aprecia entonces que estos cambios que pretendemos son factibles, necesarios y benéficos para que la ciudad sea más democrática y por ende funcione mejor y aún suponiendo sin conceder que en la Constitución no queda claro lo referente a que los órganos sean uninominales o colegiados, en todo caso se abre el espacio para ser o no democrático. Sólo así se entendería que algunos optarán por la interpretación de poderes unipersonales y no por la conformación de órganos colegiados. Esta ha sido una prueba en realidad o un examen democrático para quienes lo han reprobado en otros años y la oportunidad ahora de rectificar y enmendar el error.

Votar en contra e impedir estos cambios al Estatuto de Gobierno significa impedir el avance democrático, desatender los deseos del ciudadano, obstaculizar el buen funcionamiento de la ciudad e ir incluso en contra de la historia y el progreso colectivo, pues al querer darle un carácter eminentemente administrativo, carente de representación y contenido político, nos traen inevitablemente e ingratamente el recuerdo del dictador Díaz, que no se cansaba de aplicar en sus decisiones el criterio de "mucha administración y poca política".

Vayamos entonces juntos todos los partidos políticos sin excepción, hacia esta dinámica de cambios democráticos tan necesarios y urgentes.

Estamos a tiempo y a tiempo para fincar los nuevos cimientos de la Ciudad de México que aseguren su gobernabilidad, es decir, su presente y su futuro antes y después del año 2000.

Gracias.
Presidencia del diputado
Jesús Enrique Jackson Ramírez

El Presidente:
Gracias, diputado Ordorica.

Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Miguel Quirós Pérez.
El diputado Miguel Angel Quirós Pérez:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:

A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, expreso a ustedes las razones por las que habremos de votar en contra del dictamen que la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de este pleno, en relación a las iniciativas presentadas por la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal el día 13 de los corrientes y por el señor diputado José Espina von Roehrich, en la última sesión de esta Cámara y que se refiere a modificaciones sustanciales al régimen de gobierno del Distrito Federal.

Desde luego, no deja de llamar la atención la forma que tiene el dictamen en cuestión, ya que, por una parte, al referirse a la iniciativa de la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, introduce importantes modificaciones a sus propuestas, como las relativas a la denominación de las demarcaciones territoriales, la naturaleza jurídica de los concejos de gobierno como formas descentralizadas en el desempeño de funciones, la denominación del funcionario que estaría al frente de los concejos de gobierno, el alcalde, las funciones de los concejos de gobierno propuestas.

En todas estas sobresalientes modificaciones, el dictamen no argumenta las razones de quienes lo alentaron para realizar cambios tan radicales, estimo por tanto que se incurrió en una inexcusable omisión.

Respecto a la iniciativa del señor diputado Espina, no obstante la documentada exposición de sus motivos y las modificaciones a distintas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que hace, el dictamen que hoy se discute tampoco contiene argumentos que apoyen la conveniencia o inconveniencia de llevar a cabo las reformas propuestas por el señor diputado Espina y aun cuando en el fondo hay coincidencias en el cuerpo de decreto, muchos argumentos y propuestas del señor diputado proponente, fueron inexplicablemente ignoradas, yo diría desdeñadas, por quien o quienes elaboraron el dictamen y afirmo que esto no es justo. El mismo valor y la misma jerarquía tienen la iniciativa del diputado Espina y la iniciativa de la Asamblea Legislativa.

En el dictamen se debió haber hecho un estudio detallado y puntual de todas las propuestas y motivaciones para aceptarlas o desecharlas, en correspondencia al interés y al esfuerzo de nuestros compañeros. Esto es lo que provoca, compañeros diputados, legislar con tanta premura. compañeros diputados, legislar con tanta premura.

605,606 y 607

Por otra parte, también es digno de mencionar la técnica legislativa que desarrolla el proyecto de decreto contenido en el dictamen, de acuerdo a la práctica legislativa que ha venido observando el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados.

Las modificaciones al texto de un cuerpo de disposiciones que impliquen reformas, adiciones o derogaciones, se contiene en uno o dos artículos que precisan tales modificaciones y las disposiciones objeto de las mismas y después siguiendo la enumeración ordinal, se detallan los textos de tales modificaciones.

En el proyecto de decreto cada modificación es referida por un artículo, llegando el cuerpo del decreto a 21 artículos que reproducen reformas, adiciones o derogaciones a otros tantos preceptos. Me referiré ahora a otros planteamientos que estimo de fondo.

La reforma constitucional de 1996, en relación al gobierno de la Ciudad de México, previo un órgano ejecutivo y un órgano legislativo electos de manera universal, directa y secreta y en las elecciones de 1997, se mostró, independientemente de los intereses partidistas en juego, lo positivo de dicha reforma con la elección e instalación de las nuevas autoridades locales del Distrito Federal.

La base tercera del apartado C, del artículo 122 de la Constitución, refiere que el Congreso de la Unión a través de un Estatuto de Gobierno, debe organizar una administración pública local de la que forman parte los órganos político-administrativos por demarcación interna, mismos que hasta ahora han venido siendo las delegaciones.

Desde la reforma constitucional y las modificaciones que ha sufrido la legislación en materia electoral del Distrito Federal, se previó la necesidad de legislar en relación a las disposiciones constitucionales relativas a los órganos político-administrativo, motivo de la reforma constitucional de 1996 y cuyos titulares deberán ser producto de elección popular con un nuevo ámbito de competencia y un nuevo régimen de relaciones con el órgano ejecutivo del Distrito Federal.

Es por eso que el PRI sostiene la necesidad a través de disposiciones de carácter reglamentario de darle una mayor precisión a lo dispuesto por el apartado C, base tercera del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que con base en ello la Asamblea Legislativa desarrolle su competencia en materia electoral.

La naturaleza jurídica del Distrito Federal, definida por el artículo 44 de la Constitución Política, permite afirmar que la Ciudad de México es al mismo tiempo Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión y la capital de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte el texto del artículo 122 constitucional, ratifica esa importante decisión política y del texto de ese precepto, surge una entidad de perfiles singulares donde concurren con ámbitos de competencia bien definidos los poderes federales y las autoridades locales de acuerdo al régimen de división de poderes, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Para lograr el funcionamiento armónico de estos tres ámbitos de poder, el artículo 123 constitucional asigna competencias a cada uno de los órganos cuya actuación incide en el Distrito Federal, así se precisa las facultades que corresponden al Congreso de la Unión y al titular del Ejecutivo Federal. Al mismo tiempo se establecen las bases a las cuales debe sujetarse la expedición del Estatuto de Gobierno por el propio Congreso y se regula la organización y funcionamiento de las autoridades locales.

Debe destacarse que la reforma de 1996 al texto constitucional, además de preservar la naturaleza jurídico-política del Distrito Federal, asiento de los poderes de la Unión y capital de la República, permite garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos en la conformación de las autoridades locales, jefe de gobierno del Distrito Federal con funciones ejecutivas y Asamblea Legislativa con funciones material y formalmente legislativas de carácter local.

Pero a la vez, reguló lo relativo a la organización de la administración pública local, partiendo de la distinción entre órganos centrales, desconcentrados y descentralizados; el establecimiento de órgano político-administrativo que no son otros que los que se corresponden a una descentralización política y administrativa, de acuerdo a la teoría sobre la materia y con el texto mismo de la iniciativa de la Asamblea Legislativa, en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal y desde luego la determinación de que los titulares de los órganos a cargo de esas demarcaciones, fueran de extracción popular.

Ahora bien, se ha venido señalando en forma reiterada la urgente necesidad, en congruencia con la normatividad constitucional, de llevar a cabo la correspondiente reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para que los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, al mismo tiempo que sean electos en forma universal, libre, secreta y directa, estén sujetos a un régimen expreso de facultades que les permita cumplir con las funciones básicas que corresponden a ese nivel de gobierno, con toda la legitimidad obtenida de una competencia electoral y toda la eficacia dirigida a un solo ámbito territorial con asignación de competencias, ejercicio presupuestal, rendición de cuentas y régimen de responsabilidades.

El asunto más controvertido es el relativo a la naturaleza de los órganos político-administrativos de cada demarcación territorial y al respecto sostenemos que la titularidad unipersonal de estos órganos se deriva de la lectura misma del último párrafo de la base tercera, apartado C del artículo 122 constitucional cuando expresa que: "los titulares de los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales serán electos en forma universal, libre, secreta y directa".

Que se refiere, desde luego, a un titular por cada órgano y no a la pluralidad de cierto número de titulares por cada uno de los órganos.

De ninguna forma puede suponerse que nuestra posición equivalga a una regresión ni al desconocimiento de un precepto de nuestra Constitución; pero no se puede admitir que por medio de una errónea interpretación del texto constitucional, se pretenda crear órganos cuya existencia no esté jurídicamente sustentada.

Compañeros diputados: hemos externado a los representantes de los demás grupos parlamentarios, que independientemente del destino que tenga el contenido del dictamen que hoy se discute, que estamos en la disposición, aún con la premura de los términos fatales, de discutir y llegar a un acuerdo que corresponda a las diferentes percepciones que sobre este asunto tienen los partidos políticos aquí representados.

Por lo pronto nuestro voto será en contra.

Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Quirós.

Ha concluido la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. Se abre un primer turno de oradores en contra y en pro del dictamen y se han inscrito en contra: diputados; Tulio Hernández Gómez y Jaime Moreno Garavilla. En pro: diputados; David Cervantes Peredo y Fauzi Hamdan Amad.

Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Tulio Hernández Gómez.
El diputado Tulio Hernández Gómez:
Gracias a la mesa directiva de esta sesión; compañeras y compañeros diputados:

Esto que se está tocando hoy, es una muestra más de la importancia que tiene el trabajo legislativo, sobre todo ligado a la actividad política y de gestión social y también ligado al cumplimiento de las normas fundamentales de nuestro Estado, que son las normas constitucionales y también la relación nuestra con la importancia histórica que tiene cada una de las partes de la República.

Estos comentarios son los primeros que hago, para que quede claro que no estamos simplemente anunciando nuestro voto en contra del dictamen, porque estemos en contra del propósito que ya se ha tocado aquí, de mejorar, renovar, fortalecer la estructura política y de gobierno de la capital de la República.

El no estar de acuerdo con una propuesta y con un dictamen, no implica de manera automática, simplemente oponerse a un asunto o tener como posición un voto negativo, sin entender las partes que actúan, el interés y el valor del tema a discusión.

Dicho de otra manera se ha tocado ya también aquí, de ambas fracciones o de los grupos que han propuesto una reforma y del grupo priísta que está en contra de este dictamen, que es muy importante lograr que se siga avanzando en algo que también se mencionó hoy, el Distrito Federal, es muy distinto de todo lo que ha vivido antes.

Pero no ha sido esto fruto de una pelea de gallos, de un pleito o de un asunto deportivo, sino ha sido fruto de las coincidencias, de los esfuerzos en que ha habido realmente transacciones y ha habido también el deseo de sumar esfuerzos, para que haya más vida democrática y mayor eficiencia en el gobierno de la capital de la República.

Comento esto, porque desgraciadamente a veces se piensa que las coincidencias y los votos que se suman en favor de ciertos temas, significan traición, servilismo o compra. Por desgracia con frecuencia se dice esto y también se llega al otro punto, que cuando no hay coincidencia, hay pleito o hay una posición negativa y dañina al avance y al progreso que requiere una sociedad.

Por todos estos comentarios y muchos más, la fracción priísta va a votar en contra de este dictamen, pero queremos también todos en esta tribuna y de manera directa en las comisiones y en el trato personal, insistir que hacer las reformas con base en nuestro artículo 122 de la Constitución y las reformas al estatuto, va a ser muy importante y vamos a poder coincidir, yo lo creo sinceramente.

Yo creo que debemos buscar coincidencias, dado el tiempo y el valor histórico que tiene el hacer una serie de reformas legislativas, para que se pueda avanzar más en el fortalecimiento de la capital de la nación.

Por eso se ha dicho ya aquí jurídicamente, cómo algunas cuestiones, además de carácter lingüístico, de carácter jurídico, hay que evitar que se realicen mal, hay que lograr que se realicen adecuadamente los cambios.

En la propuesta que hoy se discute en relación al dictamen presentado, hay una serie de datos que ya se comentaron aquí, como el nombre de concejo, la denominación de alcalde y muchas otras cuestiones que no están precisadas.

Por esto y además porque consideramos que es muy necesario hacer una reforma que también fortalezca el sistema federal y que no mezcle instituciones y asuntos de los estados y de los municipios, no quiere decir que estemos simplemente en una posición contraria en todo.

Es por eso importante subrayar cómo aquí hemos logrado hace unas semanas, una reforma al artículo 115 de la Constitución, dándole mayores facultades y mayores posibilidades a los municipios de nuestro país, para establecer incluso acuerdos y establecer suma de esfuerzos entre municipios que no siendo del mismo, van a poder seguir avanzando en esto que se llama la cédula democrática de nuestra nación, que es el municipio.

Pero si hemos logrado esto, también debemos lograr que no se confunda la importancia que tiene un avance en la capital, en donde es la sede, es el asiento de los supremos poderes de la Federación y no se puede pensar en aplicar una serie de mecanismos y de normas jurídicas sin dejar de respetar lo difícil, la naturaleza muy singular que tiene esta Ciudad de México, Distrito Federal.

Por eso y sin entrar en discusiones de más detalle, lo que queremos es dejar claro que nuestra votación va a ser en contra y nuestra posición porque se alcancen reformas inteligentes y adecuadas en favor de más vida democrática y mejor trabajo y más eficiencia en el gobierno del Distrito Federal siguen siendo el asunto básico de las mesas y de los trabajos por ejemplo de la Comisión del Distrito Federal.

Me parece que es muy importante insistir en esto, porque si no luego la información que se da hacia afuera, es que hay un pleito o hay divisiones que no tienen posibilidad de superarse y lo más importante también, creo que es valioso decirlo, es que nuestra legislatura no siga dando pie a una imagen negativa en que parece que lo único que hace esta legislatura es tener una falta de desarrollo legislativo y una posición de permanente lucha y pleito hasta pasional.

Por desgracia para muchas personas la información a veces los ha llevado a pensar en esto y debemos reconocer todos los esfuerzos que hemos logrado en reformas y en disposiciones legales que deben ser motivo de orgullo. Hagamos pues de este asunto, un asunto que nos permita encontrar nuevas opciones, encontrar

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nuevos asuntos y nuevas formas para apoyar el desarrollo del Distrito Federal, pero que quede muy claro que mucho de lo que se presentó en las dos iniciativas y en el dictamen, está señalando que no es conveniente aprobarlo, es el caso nuestro, de la fracción priísta, porque tienen muchas fallas, muchos defectos y podemos juntos lograr que se alcance un trabajo legislativo de mayor calidad.
El Presidente:
Gracias, diputado Tulio Hernández.

Para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, el diputado David Cervantes.
El diputado David Ricardo Cervantes
Peredo:
Gracias, señor Presidente:

Con las reformas que hoy discutimos, no se trata como a veces parece quererlo hacer ver el PRI, de cumplir solamente con la formalidad de establecer las atribuciones y la forma de integración de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, como lo señala la fracción II de la base tercera del artículo 122.

Creemos nosotros que se trata fundamentalmente de establecer el contenido que queremos dar a la continuación de la reforma política del Distrito Federal, de esa reforma política llevada a cabo en 1996 y que dejó en parte pendientes discusiones, para ser luego complementadas por este Poder Legislativo. Se trata entonces de posiciones respecto a cómo queremos que se gobierne la Ciudad de México, al carácter de ese gobierno de la Ciudad de México y de las posiciones que hemos conocido tanto en la comisión como en las discusiones entre los grupos parlamentarios y aquí mismo en esta tribuna, podemos observar claramente dos posiciones:

Una posición en la que se atiende al sentido y al espíritu de la reforma realizada en 1996, una propuesta que responde al carácter democrático y a la intención democrática de esa reforma.
Por otra parte, hemos visto y nos hemos confrontado con una posición, que con un criterio administrativista niega la posibilidad de establecer mecanismos democráticos para el gobierno local de la ciudad.

La primera posición expresada en el dictamen y que es la posición que defiende el PRD, no sólo la defendemos por una cuestión programática, sino porque esta propuesta en su esencia fue apoyada por la abrumadora mayoría de los ciudadanos a través de la votación de 1997; además porque la propuesta de crear órganos colegiados, responde al criterio general de nuestro sistema político-jurídico en el país sin dejar de reconocer las particularidades del Distrito Federal.

También la propuesta recoge lo fundamental de los acuerdos alcanzados en la mesa tres de la reforma política, en la que se discutieron temas fundamentales sobre la reforma política para la ciudad y en esos acuerdos coincidieron cuatro partidos políticos representados en la Asamblea, pero sobre todo estamos convencidos de esta propuesta porque fortalece y profundiza el proceso de democratización de la ciudad que expresa la necesidad de la pluralidad y el desarrollo de nuevos mecanismos democráticos de participación como lo ha reclamado la ciudadanía.

Por su parte, el PRI difiere de la propuesta del dictamen no sólo en cuanto a que los órganos político-administrativos sean de carácter unipersonal o un órgano colegiado; difiere también en la propuesta en cuanto al carácter que deben de tener estos órganos. El PRI mantiene de hecho en su posición, una propuesta en la que los órganos político-administrativos se mantendrían, fundamentalmente, como órganos desconcentrados, lo que los sujeta todavía, como las actuales delegaciones, fuertemente a la dependencia con respecto al jefe de gobierno y como ya decíamos, esta propuesta se defiende por un criterio fundamentalmente como lo han expresado en las discusiones administrativistas, en el sentido en el que dice el PRI que por el establecimiento de estos órganos político-administrativos, si fueran de carácter plural y tuvieran un funcionamiento colegiado, podrían generar dificultades y podrían incluso hasta paralizar el desarrollo de la administración y del gobierno local.

En suma, tenemos dos propuestas que tienen qué ver con formas distintas de ver y de resolver los problemas de gobierno en la Ciudad de México. La propuesta planteada por el PRI, como lo conocimos en las discusiones, en pocas palabras nos dice que en la medida en que el gobierno de una ciudad se hace más complejo por su desarrollo, por su amplitud, por la cantidad de sus habitantes, entonces hay que aplicar y hay que desarrollar instrumentos menos democráticos. Este criterio preocupa, porque si consideramos el desarrollo que están teniendo muchas otras ciudades en el país, desarrollos similares a los que ha tenido la Ciudad de México, esto querría decir, de acuerdo con el criterio del PRI, que entonces tendríamos que ir suprimiendo paulatinamente la organización municipal en otros estados para facilitar, dicen ellos, el gobierno de estas ciudades.

Creemos que esta posición del PRI refleja fundamentalmente lo que ha venido manifestando a lo largo de las distintas reformas políticas del Distrito Federal en las dos últimas décadas.

El PRI sigue rechazando y sigue oponiéndose a una visión de democracia, a una visión que permita avanzar en la democratización de la ciudad y del país, se opone al proceso que se ha venido desarrollando en la Ciudad de México avalado, apoyado por la ciudadanía y en el que ha reclamado fundamentalmente el poder gozar de plenos derechos igual que los demás ciudadanos de las otras entidades de nuestro país.

Con esta posición el PRI también se opone y esto es algo que nos preocupa profundamente, a una nueva realidad. El PRI con su posición quiere desconocer la nueva realidad de la Ciudad de México, en la que la mayoría de los ciudadanos abrumadoramente votaron a favor de la propuesta que recoge en lo esencial la propuesta del dictamen y se opone también a reconocer que los partidos políticos representados aquí en la Cámara de Diputados, que firmamos a favor de esta propuesta, representamos en la Ciudad de México a esa mayoría de ciudadanos que votaron a favor de una propuesta democrática.

Tiene en fin, el PRI, la responsabilidad en este momento, de coadyuvar y de sumarse a este proceso de democratización de la ciudad o como lo ha hecho en las anteriores reformas políticas, seguirla retrasando, seguirla entorpeciendo y seguir aplazando el derecho que tienen los ciudadanos a gozar de plenos derechos.

Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado David Cervantes.

Se encuentran en el recinto integrantes de la organización Presencia Ciudadana, acompañados por la ciudadana Martha Delgado Peralta.

Se encuentran estudiantes del Instituto Andes, de Puebla, acompañados por el ciudadano Luis Linares.

Se encuentran estudiantes de la preparatoria oficial numero 30, acompañados por la profesora María de los Angeles Fernández Rojas.

Y se encuentran invitados especiales del diputado José Pascual Grande Sánchez.

¡Sean todas y todos ustedes bienvenidos!

Para hablar en contra del dictamen tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, el diputado Jaime Moreno Garavilla.
El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla:
Con su venia, compañeras y compañeros diputados:

¡No! El Partido Revolucionario Institucional no está en contra del proceso democrático que vive hoy por hoy nuestro país.

El Partido Revolucionario Institucional promueve y va a la vanguardia de ese proceso y de esa apertura democrática que vive nuestro país, con sus costos, con sus riesgos. Hemos apostado por la democracia y prueba irrefutable de ello es el proceso que hoy por hoy vive nuestro partido, el Revolucionario Institucional.

Como ciudadanos advertimos y aplaudimos este proceso que cristaliza en 1996, con las reformas constitucionales.

Como ciudadanos advertimos y aplaudimos lo mismo en la academia que en la tribuna, que en las calles y las plazas, que ese status de capitis diminusio en que nos encontrábamos los ciudadanos del Distrito Federal, hubiese pasado a formar parte de la historia.

Ahora, los ciudadanos del Distrito Federal, a partir de 1996, por disposición constitucional estaremos en posibilidad de elegir a los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, tal como lo preconiza el artículo 122 constitucional.

Si no estamos en contra de la democracia, estamos a favor de que la democracia por la vía del derecho y su respeto, nos lleve a la eficiencia y a la gobernabilidad

Estamos a favor de que haya órganos de gobierno estables, solidos, confiables, pero también con facultades reales de ejecución y de administración para atender las necesidades de los gobernados.

De qué nos habrá servido abrir todo un proceso democrático para elegir al encargado de ejecutar y administrar en una demarcación política, si después intentamos atarle las manos con un órgano colegiado, integrado pluralmente, que en un momento dado podrá, a partir de pasiones políticas y de partidos, retrasar la atención primaria de los servicios que han de recibir los usuarios en cada demarcación. Es decir, se podrá retrasar de esta forma el auténtico e ingente reto que tiene toda autoridad, que es el de mejor servir al ciudadano.

Pero al margen de estas consideraciones y por supuesto suscribiendo las que de mejor forma han realizado mis compañeros priístas desde el punto de vista técnico-jurídico y desde el punto de vista eminentemente político, yo quisiera advertir y someter a la mejor reflexión de todos ustedes, compañeros, que no es la forma adecuada de legislar respecto de un tema de gran trascendencia.

El reformar el Estatuto de Gobierno no puede estar sometido a un proceso expreso, expreso me refiero por la expeditez del mismo. No puede legislarse al vapor con una velocidad verdaderamente inusitada.

Cómo es posible que nosotros estemos en este momento conociendo un dictamen que propone la reforma al Estatuto de Gobierno en los términos en que lo preconiza el 122 constitucional, bajo la presión fatal de los 17 días que tenemos solamente por delante, para poder hacer prosperar esto que, desde 1996, estableció el Congreso de la Unión, vía la reforma constitucional.

¿Qué, independientemente de que habrá puntos de convergencia con seguridad, dejando al margen nuestros puntos de disidencia, qué, independientemente de ello, no somos capaces de dotar de normas eficientes y eficaces, tendientes a la integración sólida y eficaz de los órganos de gobierno del Distrito Federal, a los ciudadanos de ésta que es la capital de la nación?

Yo creo que debemos de estar muy atentos, en principio a reconocer que democracia y eficiencia son dos conceptos que de ninguna manera pueden estar enfrentados. No riñe democracia y eficacia y eficiencia.

Y segundo, que tenemos que legislar con responsabilidad es tener siempre de aliado al tiempo.

Las precipitaciones y la legislación al vapor no conducen a normas que sean respetables; no conducen a ensanchar la base de legitimación social que necesitamos darle a nuestro marco institucional.

La democracia es una forma de gobierno, todos lo sabemos. O sea, es una forma tendiente a poner en orden los asuntos públicos, a poner en orden las relaciones de la sociedad frente a los órganos primarios de gobierno y es una forma para poner en orden las relaciones de los ciudadanos entre sí. Pero es una forma para poner orden, es una forma de gobierno.

En consecuencia, tenemos que ser muy cautos para encontrar, sí, nuestras coincidencias, construir a partir de nuestras convergencias, dotarle a los ciudadanos del Distrito Federal de órganos político-administrativos, es decir, de órganos de gobierno capaces, eficientes, sólidos, pero también capaces, por ende, de ofrecer un ambiente de estabilidad y de gobernabilidad que no surge de la precipitación ni de la legislación al vapor.

Yo recuerdo en este momento, a propósito de las premuras, que el hombre, en medio de las
manos de piedra del tiempo, puede simplemente convertirse en arcilla. No nos convirtamos, compañeras y compañeros diputados, en arcilla, en ésa que utilizaron los romanos, para medir al tiempo, al tiempo que ha pasado y que sigue haciendo de las instituciones romanas instituciones eternas hasta nuestros días.

611,612 y 613

Tomemos como aliado al tiempo, seamos responsables y por ende, como los priístas, votemos en contra, por lo pronto, este dictamen.
El Presidente:
Gracias, diputado Jaime Moreno Garavilla.
El diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas
Arreola (desde su curul):
Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente:
¿Con qué objeto, diputado Gonzalo Rojas?
El diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas
Arreola (desde su curul):
Para rectificación de hechos, por favor.
El Presidente:
Con mucho gusto, a usted y a la diputada Lenia Batres.

Para hablar en pro del dictamen, tiene el uso de la palabra el diputado Fauzi Hamdan.
El diputado Fauzi Hamdan Amad:
Con la venia de la Presidencia; honorable Asamblea:

Yo creo que en el fondo no hay discrepancias en la posición del PRI y es más, honestamente no veo argumentos para no estar de acuerdo con el dictamen.

En principio hablan de que desde luego están en favor de un proceso democrático. Bueno, el proceso democrático de elección de lo que serían los titulares de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, pues tiene su base en la elección que se hagan de esos titulares. Hasta ahí estamos de acuerdo.

El punto, el meollo de todo se centra: en que si los titulares serán unipersonales o serán colegiados. Eso es en lo que discrepamos en el fondo y aducen fundamentalmente que siendo colegiados trastocaría o sería un impedimento de gobernabilidad en esas demarcaciones. ¡Nada más falso que eso!

En primer lugar, creo que estamos de acuerdo en que desde el punto de vista constitucional, distinguidos constitucionalistas que me han precedido en la palabra, don Miguel Quirós y don Jaime Moreno, coinciden en que la Constitución permite que pueda haber titulares integrados por órganos colegiados.

Creo que ahí no discrepamos, no es un problema de base constitucional, entonces ya dimos un paso adelante.

El segundo, de que sea colegiado por el impedimento de gobernabilidad. ¿Cuál? El esquema planteado en las reformas y en el dictamen son muy puntuales. Hay que recordar que lo que ahora todavía son las delegaciones, constituyen unidades fundamentales y básicas de desarrollo político y social en una comunidad y ésta es por cierto en el Distrito Federal muy similar a un municipio y en una estructura municipal de verdadera representación regularmente es colegiado, el cabildo, el ayuntamiento, por su naturaleza es colegiado.

Y si vamos históricamente, desde las mismas pradias griegas, el origen del municipio, siempre tuvieron el carácter colegial de representación y pasaron por el municipio romano, por el municipio español y es de donde nosotros, en nuestra primera instancia la famosísima Villa Rica de la Veracruz, en 1919, se constituye y se integra como la primera unidad comunitaria autónoma e independiente.

De manera que estructuralmente las demarcaciones territoriales para el Distrito Federal, que es la ratio leguis de la reforma del artículo 96 al 122, quería que esas instituciones tuvieran esa autonomía funcional y orgánica a través de la elección de sus titulares y ya no que haya una relación de subordinación jerárquica de mando, permanente, con el jefe de gobierno. Algo similar como acontece con las entidades federativas, el gobernador unipersonal y los municipios integradores, sin menoscabo de la coordinación en las funciones.

Por lo tanto, la gobernabilidad del órgano colegiado en nada afecta la eficacia del desempeño de las actividades de estas demarcaciones, máxime que estas unidades colegiadas tendrán funciones muy propias de conducción, de dirección y de gobernación de esas demarcaciones en coordinación, repito, con lo que es el gobierno integral del Distrito Federal.

De modo que no entiendo las objeciones de fondo, porque coinciden en las funciones que van a tener estas demarcaciones territoriales en el ámbito de sus servicios, en la autonomía funcional, pero en lo que no están ustedes de acuerdo es que sea colegiado. Si es aduciendo razones económicas, que se va a ver una carga presupuestaria adicional para atender el pago, las remuneraciones de esos servidores públicos, creo que con creces paga, pero con creces, el que tengan el carácter colegiado. Si es en función de representación de la comunidad, con mayor razón tendríamos que abocarnos a aceptar esa representación colegiada y no unipersonal.

Y en el esquema planteado por nosotros, es un esquema de representación integral con una cabeza que sería el equivalente, incluso la denominación la habíamos propuesto ya el Partido Acción Nacional, de alcalde de ese concejo de gobierno y ya no quisimos mencionar nada en las reformas al estatuto, quizá la ley secundaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, es la que califique la denominación de esos titulares como la materia electoral en la Ley Electoral.

De modo que en el fondo, de verdad, no encuentro ningún argumento de peso, pese a los argumentos esgrimidos de manera tan general, que sustente el voto en contra del dictamen.

Yo creo que, los invito realmente a recapacitar y ustedes dieron la pauta, la apertura, de que no es definitiva finalmente su posición, de que, de que hay posibilidad de reflexión, de análisis nuevamente sobre el tema, pero el meollo, el punto clave es unipersonal o colegiado. Por esas mismas razones desde luego que nosotros estamos en que debe mantenerse la estructura orgánica colegiada de esas nuevas demarcaciones territoriales.

Pero además, déjenme comentar por último un argumento de contenido sociológico. Las delegaciones hoy en día en el Distrito Federal, aun cuando las conglomeraciones sean tan apretadas por la densidad de población que vivimos aquí en el Distrito Federal, siempre funcionan bajo un esquema de representación colegial.

Vean el antecedente de los concejos ciudadanos, vean ahora a los órganos de opinión que las mismas comunidades de vecinos tienen en cada demarcación territorial, que no sólo es más que el paso adicional para que esas unidades y comunidades vecinales tengan su auténtica representación en la demarcación territorial. Esa es la razzio legis y política que da sustento real y efectivo a que se incorpore el régimen de representación colegial en las demarcaciones territoriales.

Muchas gracias, señores.
El Presidente:
Gracias, diputado Fauzi Hamdan.

Para rectificación de hechos, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Gonzalo Bárbaro Rojas Arreola.
El diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas
Arreola:
Muchas gracias, señor Presidente:

La primera rectificación que tengo que hacer es a usted señor Presidente. Mi nombre es Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola.
El Presidente:
Le agradezco mucho, señor diputado.
El diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas
Arreola:
Yo quisiera señalarles a los compañeros que han hecho uso de la palabra en contra de esta
propuesta de dictamen, con argumentos verdaderamente insostenibles, si observamos cómo se han comportado durante los años anteriores en que eran hegemónicos en esta Cámara de Diputados y en el Congreso, cuando hablan, por ejemplo, de que no se debe de legislar al vapor. Tendríamos ene ejemplos de como se ha legislado al vapor cuando esta Cámara era de dominio unipartidista. Podemos señalar muchos ejemplos.

Solamente diría, para muestra, dos. La iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social se hizo en 10 días, votada solamente con la aplanadora del PRI. ¿Eso que afectó a millones de trabajadores no es legislar al vapor? La iniciativa de reformas a la Policía Federal Preventiva, también impuesta en sólo 10 días. ¿Eso no es legislar al vapor?

Si es hasta hoy que se está presentando esta iniciativa, es porque los señores del PRI en la Asamblea de Representantes, en la Asamblea Legislativa, no quisieron participar en la comisión que se conformó para procesar los cambios necesarios para adecuarlos al mandato constitucional que desde 1996 facultaron la elección de estos órganos que hoy estamos debatiendo.

Esa comisión en la Asamblea Legislativa se conformó desde principios del año. No asistieron los señores del PRI y se procesó en su ausencia y hoy vienen a decir que se está presentando una iniciativa que se pretende legislar al vapor. ¡Congruencia, señores diputados del PRI!

Nos dicen aquí que las reformas que se han dado son producto de un proceso y de transacciones, dijo un diputado, excelso diputado del PRI, son acuerdos, son concertaciones, no transacciones, ésas son otra cosa. Pero yo quisiera recordarles que tienen un doble discurso, porque mientras aquí en la tribuna vienen a decir que respetan la democracia y que propugnan el avance de las instituciones democráticas, a la hora de los hechos atacan a las instituciones democráticas y ahí tenemos cuál es el embate que han emprendido en contra de una institución democrática surgida de la reforma electoral, de la reforma del Estado, que es el IFE, cómo han tratado ellos, los señores del PRI, de desprestigiarlo, de demeritarlo y de echar atrás ese avance democrático.

Podríamos seguir señalando otros ejemplos acerca del doble discurso, de incongruencia, pero nada más quisiera hacer una reflexión a ustedes, señores de la línea, de la consigna: mal están haciendo quedar a su Presidente, el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, que se comprometió, entre otras cosas, ya no digamos de bienestar para la familia, se comprometió a que el D.F. tendría órganos como los que hoy se están proponiendo, tendría cuasi cabildos, fueron sus palabras y hoy que se están proponiendo, que se están plasmando en esta iniciativa de ley, los señores del PRI simplemente vienen a decir que eso no lo van a apoyar, están haciendo quedar mal a su presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en una más de las incongruencias y de las promesas que se hicieron en campaña.

Finalmente yo quisiera señalar que la preocupación de que se apruebe esta propuesta que hoy se presenta, está en función de los tiempos que se tienen por delante, se necesita que la Asamblea Legislativa realice las adecuaciones a la ley electoral por lo que, si no se aprueba con el tiempo suficiente, en los hechos por responsabilidad del PRI se estaría negando el avance democrático que necesita la capital del país.

Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas.

Para rectificación de hechos tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Barnés García hasta por cinco minutos.
El diputado Guillermo Barnés García:
Con su permiso y su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:

Hemos escuchado recientemente por algunos representantes del PRD, en este sentido, sobre argumentos insostenibles sobre legislar al vapor, argumentos que hemos estado sosteniendo en forma seria y responsable, porque estoy convencido después de la reunión de la Comisión del Distrito Federal que ustedes son los primeros que tienen dudas sobre este tema, todos los diputados que estuvimos ahí tenemos dudas, nos preguntamos si realmente es la forma la que están ustedes planteando.

Le recuerdo a mi amigo el diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas, que una iniciativa que fue presentada en la sesión pasada a la consideración de esta Asamblea es legislar al vapor, 48 horas no son suficientes para legislar en forma seria.

No estamos de acuerdo con algunos defensores de oficio que oficiosos del jefe del gobierno del D.F., que piensa que esta ciudad ya es suya para siempre porque logró ganar una elección en 1997 y que afirman que ahora es poca administración y mucha política, como lo dijo o casi lo quiso decir el representante Ordorica.

Estamos en contra de este dictamen, porque tenemos todas las dudas sobre la violación del artículo 122; lo primero para gobernar bien es ser respetuosos de las leyes, del marco jurídico que es el que nos da base para poder llevar una convivencia democrática en orden, una convivencia democrática que se traduzca en beneficios directos para la población.

Por eso no estamos de acuerdo, por las dudas que ustedes aceptan también en corto tener sobre la violación al artículo 122 constitucional. Primero está el respeto a las leyes y primero está el pensar en nuestro marco jurídico y por eso afirmamos que están votando al vapor.

También considero que el legislador que me antecedió en el uso de la palabra, no tiene la menor autoridad moral para venir a decir aquí que esto no representa una transacción, un doble discurso y demás palabras que utilizó. Gracias al PRI se llevó a cabo la reforma de 1996, la reforma electoral y gracias al PRI, en un afán para que la oposición y el gobierno que actualmente gobierna la Ciudad de México, maduraran y lograran un proceso democrático.

Deberían de darle las gracias al PRI porque gracias a nosotros están donde están... y repito señores, como legisladores serios, tengamos cuidado con los apresuramientos, no queramos que por un accidente y por resultado de una ambición política, perdamos la reflexión y la seriedad como legisladores.

Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Guillermo Barnés.

Se encuentran presentes seis estudiantes de la Universidad de Nueva York invitados por el señor diputado Bernardo Bátiz Vázquez. ¡Sean bienvenidas y bienvenidos!

Para rectificación de hechos tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Lenia Batres Guadarrama... Declina la diputada Lenia Batres.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Carlos Jaime Rodríguez
Velasco:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de este dictamen en un solo acto.
El secretario Carlos Jaime Rodríguez
Velasco:
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para tomar la votación en lo general y en lo particular.

(Votación.)

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Se emitieron 211 votos en pro y 185 en contra.

El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular por 211 votos. Es aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

El secretario Carlos Jaime Rodríguez
Velasco:

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

 

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