Fecha de publicación: 04/12/1997
Categoría: DECRETO

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PROCESOS LEGISLATIVOS
DISCUSION/REVISORA
DICTAMEN
México, D.F., a 3 de diciembre de 1997.


- Es todo señor Presidente.

- Queda de primera lectura.

- El C. Presidente: Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato.

- El C. Secretario Gutiérrez Quiroz: Por disposición de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

(La Asamblea asiente)

- Sí se dispensa la segunda lectura señor Presidente.

- El C. Presidente: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el Gobierno Interior, ruego a la Secretaría consultar a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la discusión del dictamen se realice en lo general y en lo particular en un solo acto.

- El C. Secretario Gutiérrez Quiroz: Por disposición de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la discusion se realice en lo general y en lo particular en un solo acto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

(La Asamblea asiente)

- Sí se autoriza señor Presidente.

- El C. Presidente: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de Decreto. Esta Presidencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 96 del Reglamento para el Gobierno Interior, hace del conocimiento de la Asamblea que para la discusión en lo general y en lo particular del dictamen, se han inscrito los siguientes oradores: Senadora Amalia García Medina, Senadora María Elena Alvarez Bernal y Senadora María de los Angeles Moreno Uriegas.

En consecuencia se concede el uso de la palabra a la ciudadana Senadora Amalia García Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

- La C. Senadora Amalia García Medina: Señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores: Seguramente que todas y todos tenemos conciencia de que estamos viviendo un momento histórico no sólo para nuestra ciudad, no sólo para la capital de la República, sino para el conjunto de la nación.

Hoy se ha leído un documento, un proyecto de Decreto, que contiene reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la Ley de Expropiación y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

¿De quién, vale la pena subrayarlo en esta tribuna es el mérito esencial de estas reformas que hoy estamos revisando y que seguramente serán aprobadas? Yo diría que la felicidad, la alegría, el gusto, el mérito esencial, es de la ciudadanía; de los hombres y las mujeres de México que durante mucho tiempo de manera constante y persistente insistieron en que sus derechos ciudadanos fueran recogidos por nuestra legislación de manera plena y completa.

No es, lo hemos dicho aquí en la Comisión del Distrito Federal, en el mismo proyecto de Decreto se subraya un tema nuevo. Si hay un tema que ha estado presente a lo largo de dos siglos en la reflexión en el debate y en el análisis de los legisladores, de quienes hacen política y de los ciudadanos, es el que se refiere a los derechos políticos de quienes habitan en esta parte del país.

El tema de las facultades de quienes habitan en la ciudad de México nació con la República; en la Constitución y en los debates para elaborar la Constitución de 1824 estuvo presente la discusión sobre qué régimen político, qué facultades y qué características debía tener aquella región del país en la que estaba el asiento de los poderes de la Unión.

La opinión que seguramente tenemos si hacemos una revisión de la historia de México, del siglo pasado y del presente, es que en el corazón del debate y de la polémica estaban presentes dos visiones, dos puntos de vista, con argumentos cada uno de ellos; estaba presente, por un lado, una visión centralista; y por otro lado, la visión federalista.

Yo quiero, a propósito de esto, recordar por ejemplo que en el debate que se dio para elaborar la Constitución de 1857, respecto del carácter político, del régimen político de la ciudad de México, el nigromante hizo una afirmación que yo quisiera traer nuevamente a la tribuna. El decía "que no podía aceptarse que el asiento de los poderes federales fueran como los caballos de Atila que donde pisaban acabaran con la democracia y que era inadmisible la visión y la percepción de que ahí en donde estuvieran los poderes de la Unión no podía haber ciudadanía plena ni gobernantes locales para sus habitantes".

Diría además que el debate que se dio tenía que ver con una discusión que ha llegado hasta muy pocos años hasta nuestros días. EI debate era sustancialmente sobre si es posible que donde está el asiento de los poderes de la Unión pueda haber autoridades locales, elegidas por la ciudadanía, con el voto directo, universal y secreto de quienes habitan ahí.

En esta discusión y en este análisis la percepción de quienes hemos luchado por la ciudadanía plena y por un régimen plenamente democrático para la cuidad de México es que se cometía un error de fondo al confundir que el asiento de los poderes federales impediría la presencia de autoridades locales porque eso lastimaría la posibilidad de gobernar.

Yo diría que había una opinión incorrecta, una visión errónea, porque si se señalara que la existencia en determinado territorio de un poder lastima el ejercicio de otro poder, nada entonces explicaría que incluso territorialmente puedan convivir en el mismo espacio, por ejemplo, un gobernante de un estado de la República, y frente a ese Palacio de Gobierno, en la misma plaza y en el mismo asiento territorial, esté el Palacio de Gobierno Municipal.

No es un asunto territorial, el asunto esencial y la polémica tenemos que centrarla en las facultades.

El Gobierno federal, los poderes de la Unión existen en todo el territorio nacional por sus facultades; los gobiernos estatales existen en ese estado por sus facultades, y los gobiernos municipales existen por sus facultades que están claramente delimitadas y que no deberían ser el obstáculo para que se elija.

Seguramente que después de dos siglos esta fue la conclusión a la que se llegó en nuestro país, y se estableció la necesidad de que en el Distrito Federal hubiera un gobierno elegido por sus habitantes. No fue un asunto sencillo, en el proyecto de dictamen que se nos ha presentado hoy, se señalan varias fechas y varios momentos, yo quisiera hacer referencia a 1928 cuando se determinó por el Presidente Alvaro Obregón sustituir el régimen municipal, suprimir el régimen municipal por el mando único del Presidente de la República.

Si revisamos la historia de esos años, los años 20's, en esta región del país, lo que encontraremos es la existencia de varias fuerzas políticas a las que podemos llamarles legítimamente partidos políticos regionales. Desde la percepción de algunos historiadores, lo que estuvo presente en la decisión que tomó el General Alvaro Obregón en 1928 para suprimir el régimen municipal en esta parte del país, es que no se quería tener frente al poder presidencial a una gran cantidad y diversidad de agrupamientos políticos que pudieran, incluso, llegar a ser gobierno.

Sin embargo, a lo largo de nuestro siglo la reflexión continuó: El análisis, el debate y la polémica; y finalmente en 1986 se determinó crear una instancia todavía muy nueva, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con pocas facultades, pero producto del voto ciudadano. Destacados juristas participaron en el diseño de esta nueva figura de representación popular.

Y en 1993 se decidió ir un poco más lejos, y se elaboró como parte de la reforma del Estado un Estatuto de Gobierno, sin embargo, valdría la pena subrayarlo, porque es parte de la reflexión colectiva a la que estamos obligados hoy, señalar que ese Estatuto de Gobierno era todavía sumamente limitado, y que el Estatuto de Gobierno aprobado en 1993 ponía el acento en mecanismos que no contemplaban hasta ese momento la elección con el voto directo. universal y secreto del gobernante del Distrito Federal.

¿Por qué la modificación posterior de la Constitución?, indudablemente, yo quiero nuevamente subrayarlo, porque miles y miles de hombres y de mujeres del Distrito Federal reclamaron que hubiera un gobierno electo por ellos mismos, El 21 de marzo de 1993 se llevó a cabo lo que se conoce como el primer plebiscito ciudadano del Distrito Federal; y aunque esta figura no estaba en nuestra legislación, 9 asambleístas de la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal decidieron convocar a los ciudadanos a expresar su punto de vista.

Trescientas treinta y un mil mujeres y hombres, ese 21 de marzo, decidieron expresarse públicamente, de manera libre, y reclamaron que aquí en donde está el asiento de los poderes de la Unión hubiera un gobernante electo con el voto directo, universal y secreto. Después de esta gran movilización ciudadana los diversos partidos políticos asumieron el reto y elaboraron una reforma constitucional que fue aprobada por unanimidad en el año de 1996.

¿Ante qué situación nos hemos encontrado en estos meses quienes habitamos en el Distrito Federal y también los legisladores que formamos parte del Congreso de la Unión? Ante una situación que no era congruente, se tenía por un lado un Estatuto de Gobierno elaborado en 1993 que no contemplaba la elección con voto directo, universal y secreto del Jefe de Gobierno, y se tenía por otro lado una reforma a la Constitución en el artículo 122 que contemplaba no solamente otra forma de elección para el Jefe de Gobierno, sino algunas facultades nuevas.

¿En dónde estuvo la laguna y por qué hemos legislado en estas últimas semanas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la Cámara de Diputados a nivel federal y ahora en la Cámara de Senadores? Porque, y seguramente, que esta reflexión tendrá que llamarnos a todos al compromiso de legislar con más tiempo con la posibilidad de revisar artículo por artículo y de hacer una valoración ponderada, esta conclusión de hacer una revisión sensata con el análisis y las condiciones necesarias no fue hoy posible porque habiéndose reformado la Constitución en agosto de 1996 los legisladores, el Congreso de la Unión, no diseñó los mecanismos para inmediatamente hacer congruente el Estatuto de Gobierno con la Constitución General de la República que acababa de ser reformada.

Sin embargo, yo quisiera decir que el tema había sido ampliamente discutido y ha sido ampliamente analizado durante los últimos cuatro años, prácticamente no hay legislador, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, es decir, en el Congreso de la Unión que no conozca los asuntos esenciales del Estatuto de Gobierno y del artículo 122 de la Constitución General de la República.

Yo quisiera decir, que en este gran consenso, que no fue sencillo, hubo resistencias al principio; yo recuerdo, por ejemplo, que durante la campaña para este plebiscito ciudadano del 21 de marzo de 1993 un Senador muy destacado llegó a ser titulado como el Senador "no" por sus resistencias a que hubiera modificaciones, hoy jugó como legislador en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un papel muy importante en el diseño de estas reformas a los diversos ordenamientos a los que se les ha dado lectura aquí.

Por ejemplo, y no quisiera dejar de mencionarlo como un mérito y haciendo un reconocimiento, en uno de los ordenamientos que hoy se ponen a nuestra consideración, el que se refiere a la Ley de Expropiación, quien se encargó de revisar la Constitución, quien se encargó de revisar las condiciones jurídicas que le diera el sustento, fueron dos legisladores del PRI.

El Diputado Manuel Aguilera Gómez, el Diputado "no", y el Diputado Escobedo, que es un jurista que ustedes conocen. Fueron el Diputado Eduardo Escobedo y el Diputado Manuel Aguilera quienes participaron de manera precisa y exhaustiva en la elaboración de la reforma a la Ley de Expropiación.

Quiero mencionar, aunque no haré mención a los demás casos, que ellos fueron verdaderamente acuciosos para no violentar de ninguna manera la Constitución ni nuestras normas. ¿Para esta reforma en qué se basaron? En primer lugar, en el artículo 27 constitucional, que todos bien conocemos, y que en su fracción VI dice lo siguiente: "Las leyes de la Federación y de los estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. Es decir, las leyes de la Federación, la Ley de Expropiación es una Ley Federal, se le ha hecho una reforma y se ha adicionado un artículo 20 bis.

Adicionalmente en el artículo 122 de la Constitución, se establecen en la base segunda, fracción II, inciso a) como facultad y obligación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, lo siguiente:

"El Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberá cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión," es el Congreso de la Unión el que.

- El C. Senador Alfredo Garcimarrero Ochoa:
(Desde su escaño) Señor Presidente, le pido les diga a los señores Senadores le presten su atención a la Senadora.

- El C. Presidente: Ruego a la Asamblea presten atención a la señorita Senadora.

- La C. Senadora Amalia García Medina: A la Senadora, gracias, muy, amable, muchas gracias señor Presidente.

Quisiera subrayar lo siguiente: Estoy haciendo tal vez un examen exhaustivo de la reforma que se hizo a la Ley de Expropiación con base en el artículo 27 constitucional, y tomando también en cuenta las facultades que están contempladas en la misma Constitución, en el artículo 122 para el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, como una muestra de cómo se trabajó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; no fue un trabajo unilateral, ni trabajó sólo un grupo parlamentario, se trabajó en comisiones unidas, trabajaron todos los partidos políticos presentes en dicha Asamblea Legislativa, y cuando el proyecto de Decreto fue enviado a la Cámara de Diputados Federal, lo que hicieron unánimemente los diversos grupos parlamentarios, representados en esta LVII Legislatura, fue también llevar el trabajo a comisiones, revisarlo y aprobarlo por unanimidad.

Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores para subrayar que si hoy en México estamos viviendo momentos inéditos, en la historia política de nuestro país se empiezan a dar hechos que no habíamos vivido los mexicanos hay polémica, hay debate incluso hay apasionamiento, el hecho de que se haya aprobado por unanimidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, primero y después en la Cámara de Diputados a nivel federal, y ahora en las comisiones unidas del Senado de la República, este proyecto de Decreto, nos habla de que en medio del debate y la polémica podemos seguramente discrepar, y en ocasiones votar de manera separada, pero también vale la pena resaltar que sobre algunos temas podemos seguramente debatir y reflexionar y también votar de manera unánime, y esto habría que valorarlo.

Creo que en este caso, el hecho histórico se refiere no solamente a que estamos dando congruencia a la reforma constitucional al 122 con un Estatuto de Gobierno que ya no se correspondía con esos cambios y con esos avances, estamos, al mismo tiempo dándole vida a una posibilidad de que en ciertos temas relevantes, no para una parte de la ciudadanía, sino para toda la nación, podamos actuar con unanimidad.

Yo seguramente, a nombre del grupo parlamentario del PRD, pero seguramente los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, aquí, junto con los ciudadanos y las ciudadanas, nos felicitaremos de que en este Senado de la República haya también un voto unánime que siente las bases para que en el momento en que el nuevo Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es resultado de una elección extraordinariamente satisfactoria, porque los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Federal dieron una gran leeción de madurez, de civismo, de democracia y de responsabilidad, todos nos felicitaremos de que este proyecto de Decreto fuera aprobado por unanimidad, porque se estará dando una señal a los ciudadanos de que queremos que este gobierno gobierne para todos, que lo haga bien y que lo haga de una manera diferente a como se ha gobernado hasta hoy, rindiendo cuentas, atendiendo los reclamos de los hombres y las mujeres de esta entidad, atentos a que las reformas que se den en nuestra ciudad, como la que está contemplada en este Estatuto específicamente la que se refiere al plebiscito, sean expresión de lo nuevo, pero también del acuerdo.

Yo terminaría, simplemente subrayando que este tramo que habrá cursado esta iniciativa de Decreto, desde la Asamblea Legislativa, pasando por la Cámara de Diputados y llegando a la Cámara de Senadores, en la que hayan participado todos los partidos políticos, atendiendo el reclamo de la ciudadanía, mostrará también que este Congreso de la Unión que específicamente el Senado de la República, está con los habitantes de esta ciudad, que queremos que este gobierno que inicia el próximo viernes lo haga con todo el respaldo institucional que se requiere, y el respeto de las diversas instancias de decisión de gobierno y las legislativas.

Señor Presidente, compañeras y compañeros: Este es un día histórico, este es un día, votando este proyecto de Decreto, que inicia en verdad un camino ancho y amplio para que la democracia tenga posibilidades de crecer en nuestro país.

Sin duda también para los habitantes del Distrito Federal significará el compromiso de que en la reforma democrática del Estado, que todavía tendrá que discutir temas fundamentales de la nación, avances de más fondo, sustanciales, que garanticen la democracia plena para quienes habitan en la capital de la República no estarán excluidos, y que en esa reforma democrática del Estado contemplaremos al Distrito Federal, a la capital de los mexicanos y las mexicanas, como el corazón que tiene que garantizar una forma de gobierno renovada, que tendría que ser el espacio para que la República se convierta en una República plenamente democrática, en una República libertaria, en una República respetuosa de la pluralidad de quienes la habitan.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Senadora María Elena Alvarez Bernal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

- La C. Senadora María Elena Alvarez Bernal: Con su venia señor Presidente.

Señoras y señores Senadores: A lo largo de su historia, el Partido Acción Nacional ha dado testimonio de voluntad, madurez y apertura al presentar propuestas legislativas o sumarse a la de los diferentes partidos políticos o del gobierno mismo, siempre que estas coincidan con el propósito de alcanzar consensos que acerquen al objetivo democratizador de nuestra nación.

Y en esta ocasión no podía ser la excepción al tratarse del Distrito Federal, pues ha sido preocupación permanente de Acción Nacional, y objeto de gran número de nuestras iniciativas el dar participación ciudadana plena a los habitantes y moradores de la ciudad capital.

Conscientes de que corresponde a nuestra responsabilidad histórica y política aceptar otras posibilidades, compatibles con nuestros principios y propósitos, los Senadores del grupo parlamentario de Acción Nacional nos sumamos a las comisiones unidas que tuvieron a su cargo la elaboración de este dictamen para revisar y estudiar el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; de la Ley de Expropiación y de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal.

En la larga, tortuosa y lenta transición mexicana hacia la democracia, Acción Nacional ha demostrado que con voluntad y deseo de servir a la nación en primer orden, se puede caminar hacia el perfeccionamiento de las instituciones en la conformación de un marco legal acorde con los avances democráticos que lentamente se van logrando, sin renunciar a los objetivos propios de cada uno de nuestros partidos.

Congruentes con este compromiso y asumiendo lo propuesto en nuestra plataforma para el Distrito Federal, en el sentido de impulsar una reforma política que garantice la democracia y la división de poderes, así como la participación ciudadana, la responsabilidad gubernamental y la legitimidad de origen y el ejercicio de las autoridades de ellas, daremos nuestro voto aprobatorio a este dictamen.

Para el Partido Acción Nacional, son dos los aspectos fundamentales en el proceso de democratización, primero, la elección directa, por el voto universal y secreto de los ciudadanos, de las autoridades locales, en este caso, Jefe de Gobierno, Congreso local, autoridades municipales o delegacionales, posteriormente. Y segundo, que se dote de facultades plenas a estas autoridades que los ciudadanos eligen.

La estructura lógica y natural dentro del sistema constitucional mexicano para lograr ambos contenidos, sería la de convertir al Distrito Federal en un estado de la Federación con características especiales, donde puedan convivir armónicamente los poderes federales con los poderes locales.

No hemos renunciado a este propósito, pero tampoco eludimos la responsabilidad coyuntural de apoyar iniciativas que aunque incompletas contribuyan al proceso de democratización.

Es así como Acción Nacional ha contribuido a avanzar gradualmente, venciendo resistencias que por tanto tiempo ha controlado el poder local en el Distrito Federal. Todavía recordamos cuando en 1993, en la mesa de trabajo para la elaboración de los contenidos de la reforma constitucional de ese año, los representantes del grupo en el control del poder local, argumentaron que era inconcebible pensar en la elección directa de un Jefe de Gobierno en el Distrito Federal; temían que al pertenecer éste a un partido político distinto al del Ejecutivo Federal, se correrían enormes riesgos de ingobernabilidad.

Acción Nacional ha demostrado en la práctica, que este riesgo se elimina totalmente, casi, cuando hay compromiso con la nación. y así lo ha demostrado en los estados y municipios que gobierna y cohabita con otros gobiernos de otros partidos sin problema.

Así nos demostrará ahora Acción Nacional con su actuación como partido en el Distrito Federal; ha sido también presión, y debemos así reconocerlo, de grupos representativos de la sociedad capitalina que sumados a la insistencia de los partidos de oposición donde Acción Nacional ha sido pionero, la que ha posibilitado los avances logrados en los últimos dos años.

Tuvieron que pasar a partir de 1824 más de 150 años para avanzar en la democratización de la ciudad de México y más de 170 para echar abajo el mito de que había incompatibilidad en la convivencia, en la ciudad capital entre el poder federal y el poder local, si éstos provenían de diferentes partidos.

Por temor a este mito padecimos durante muchas décadas el antidemocrático esquema de designación de una autoridad local controlada y solamente al servicio del Presidente de la República en turno.

Queda todavía pendiente, pese a los logros que hoy festejamos; queda todavía pendiente una reforma en el sentido de que no solamente el titular del órgano político administrativo de la demarcación territorial, sino todos los órganos que integran el gobierno, se sujeten a esta elección universal, libre, secreta e indirecta, como serían, y esperemos que así sea la elección de los delegados.

Por ello, es necesario que sigamos promoviendo nuevas reformas al marco constitucional y así lo hará Acción Nacional para continuar este proceso democratizador en el Distrito Federal.

Pero por ahora, señoras y señores Senadores, al aprobarse con el voto de Acción Nacional también, este Decreto, nuestro partido quiere dar una muestra de lo que puede ser un trabajo en conjunto, de lo que puede ser un trabajo consensado, quiere con este voto, dar un mensaje a los ciudadanos del Distrito Federal y a toda la nación, quiere decirles que es posible vivir en la pluralidad política, quiere decirles que esta pluralidad va a redundar seguramente en beneficio no sólo de los habitantes del Distrito Federal, que es nuestra ciudad, pero que no debemos olvidar y también con ello ponemos todo el empeño, porque no sólo es nuestra ciudad capital, sino es la capital de todos los mexicanos. Por ella y por México, votaremos en favor de este dictamen.

- El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

- La C. Senadora María de los Angeles Moreno Uriegas: Con su permiso ciudadano Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores. Para quienes estamos comprometidos con esta ciudad, la capital de la República, la gran ciudad de México y creemos en el desarrollo democrático del país, contribuir y participar en la elaboración y discusión de este dictamen que es motivo de aliento.

Estimo que esta percepción será compartida por los demás compañeros del Senado de la República, pues presentamos un dictamen suscrito por distinguidos Senadores, miembros de diversas fracciones parlamentarias que refleja la actitud para generar consensos entre las fuerzas políticas que actúan en nuestra patria, no obstante la complejidad del momento político que atravesamos.

Subrayar la posibilidad de entendimiento, recalcar nuestra capacidad para dialogar y llegar a acuerdos, se encuentra sustrato político que sustenta el fondo del dictamen sobre la iniciativa del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que ponemos a su consideración.

Evidentemente, razones trascendentes dan motivo a este consenso partidario, consolidar a través de la vigencia del Estatuto el proceso de democratización del Distrito Federal en que los ciudadanos de esta gran urbe hemos puesto convicción y empeño, particularmente en los últimos años.

El Distrito Federal al mismo tiempo que capital del país y sede de los poderes federales, es una metrópoli bella y compleja, orgullo de los mexicanos por su rica historia, sus tradiciones, sus raíces y su riqueza cultural, a la vez que por su modernidad y su potencial a futuro.

Cuna de una de las civilizaciones de mayor esplendor de la humanidad, la ciudad de México se ha caracterizado desde sus orígenes, por ejercer en sus habitantes y en quienes la visitan, una poderosa fascinación e influencia.

Desde el año de 1325, fecha de la fundación de la antigua México-Tenochtitlán, la ahora ciudad de México, también llamada Distrito Federal, ha sido definida como centro del poder político de nuestro país.

En 1814 la Constitución de Apatzingán y los Tratados de Córdoba en 1821 la situaron desde entonces como sede de los poderes de la Unión de nuestro sistema federal de gobierno.

Más tarde, consumada y consolidada la Federación mexicana, con la promulgación de la Constitución el 4 de octubre de 1824, la ciudad adquirió la honrosa calidad de sede de los poderes federales el 18 de noviembre de ese año, cuando se inició el decreto que ubicó al Distrito Federal en la ciudad de México.

Esta gran ciudad es un centro económico, político y cultural del país, en su desarrollo, ha realizado importantes contribuciones a las civilización occidental, desde sus construcciones, sus palacios coloniales y prehispánicos y la riqueza de su sociedad; de sus poetas, pintores, mujeres y hombres destacados de las artes, las ciencias, la diplomacia y la política.

El Distrito Federal es, también, una de las urbes de mayor magnitud del mundo, aquí habitan más de 8 millones de personas que, en conjunto con el área metropolitana integrada con los estados vecinos incluye a casi 17 millones de personas. Las peculiaridades de su conformación histórica y social, la densidad y diversidad de sus actividades, así como la complejidad de su estructura política, de comunicaciones y de educación, tecnología y cultura, implican que esta ciudad constituya un fenómeno sociodemográfico único en el mundo.

Los habitantes de la capital mexicana han manifestado, permanentemente, su deseo de participar, crecientemente, en los asuntos de la ciudad; la necesidad de los capitalinos de lograr mayor participación en las decisiones de gobierno y en la selección y elección de sus gobernantes representan el espíritu que inspiró las importantes reformas impulsadas para la ciudad hace ya algunos años por el Partido Revolucionario Institucional.

Esta entusiasta y creciente presencia de la ciudadanía, en los asuntos públicos, dio origen a la reforma política para el Distrito Federal promovida por el Ejecutivo Federal; discutida y aprobada en el Congreso de la Unión en 1993. Con esas reformas se logró, mediante un arduo trabajo legislativo en el Congreso de la Unión salvaguardar la integridad y el funcionamiento adecuado de los poderes federales, así como garantizar las libertades políticas públicas de los ciudadanos del Distrito Federal.

Los partidos políticos -y destacadamente el PRI- dimos, entonces, una respuesta responsable al reclamo de mayor democracia con márgenes suficientes de gobernabilidad. Posteriormente en el año de 1996 el Presidente de la República convocó otra vez a los partidos políticos a plantear una nueva reforma política del Distrito Federal, que tuvo por objeto ampliar la participación política de los ciudadanos y concluyó, entre otras cosas importantes, con la elección directa de un Jefe de Gobierno para el Distrito Federal con amplias facultades para ejercer la conducción política y administrativa que requiere esta ciudad.

La reforma política del Distrito Federal de 1996 condujo a otras modificaciones del artículo 122 constitucional, entre las cuales estuvo la ampliación de facultades legislativas que el Congreso de la Unión otorgó a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal que extendió las que ya le concedía la reforma de 1993 y le dio, por ejemplo, la de legislar sobre aspectos electorales locales a partir de 1998.

Sobre las responsabilidades de los servidores públicos de los órganos encargados de la función judicial del fuero común, sobre el registro público de la propiedad y el comercio, sobre los servicios de seguridad prestados por empresas privadas, así como en las materias civil y penal a partir de 1999.

La ciudad de México, por sus dimensiones y características de extensión y población, afronta enormes y complejos retos; complejas son también las soluciones a problemas inmediatos, como la seguridad publica, el transporte, la dotación de servicios públicos la contaminación del agua y del aire que respiramos, la desigualdad social y la pobreza entre los habitantes de nuestra ciudad.

Con estas reformas, con sus efectos y con nuestro trabajo, continuado y unificado en el ánimo de servir a los intereses superiores de la ciudad del país, sin duda, podremos avanzar.

Nuestra imagen del futuro deseable es ciertamente una cuidad limpia, segura digna y próspera para brindar bienestar a todos sus habitantes.

La coincidencia de todos los partidos políticos, representados en la Asamblea Legislativa sobre la necesidad de afrontar, con responsabilidad, los enormes retos del Distrito Federal, permitieron la conformación de una Comisión Plural que por consenso dio forma a un proyecto único para presentar a la consideración del Congreso de la Unión el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, renovado.

También, en esta ocasión, los Diputados del Partido Revolucionario Institucional, ante la Asamblea Legislativa, hicieron importantes aportaciones para la adecuación del Estatuto en vigor.

Nuestra responsabilidad, como fuerza política seria y revolucionaria nos obliga al perfeccionamiento continuo de las disposiciones jurídicas que garanticen una convivencia pacífica y armoniosa entre los citadinos y los mexicanos todos. Este es el compromiso de quienes militamos en el Partido Revolucionario institucional.

La minuta que hoy se pone a consideración del Senado de la República contiene el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y consta de cuatro artículos:

El primero contempla las reformas al Estatuto; el segundo establece las reformas y adiciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; el tercero adiciona un artículo a la Ley de Expropiación, y el cuarto reforma y deroga algunos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

EI objetivo de dichas reformas es adecuar las leyes para que estén acordes con el espíritu y la letra del vigente artículo 122 de la Constitución General de la República

Los puntos fundamentales de la reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal son los siguientes: Desarrollar el marco de competencia que tienen los poderes de la Unión respecto del Distrito Federal, preservando su esfera de jurisdicción local. Dicha competencia ha sido acatada en relación con las facultades históricas de gobierno exclusivo que tuvieron dichos poderes hasta hace poco, particularmente el Ejecutivo y el Legislativo. En este sentido se establecen las determinaciones normativas que pormenoriza la Constitución como las concernientes a la caracterización que debe hacer el Congreso del patrimonio del Distrito Federal; las precisiones sobre causas y procedimientos para la remoción del Jefe de Gobierno, las normas relativas al mando constitucional del Presidente de la República sobre la fuerza pública en el Distrito Federal.

Las propias reformas se centran no sólo en la necesaria adecuación del Estatuto a las reformas constitucionales, sino que redefinen con base en la Ley Fundamental, las interrelaciones que en vanos aspectos se deben dar entre el Ejecutivo Federal con un Jefe de Gobierno que sustenta su legitimidad en el voto directo, universal, libre y secreto. Esto a diferencia del Estatuto expedido en 1994, donde la interrelación descansaba en el nombramiento por el Presidente de la República de un Jefe del Distrito Federal que sería ratificado por la Asamblea de Representantes hasta en dos oportunidades y en una tercera el Senado haría directamente el nombramiento de dicho Jefe.

En el nuevo Estatuto destaca, a modo de ejemplo, la interrelación en dos campos, el de la seguridad pública por lo que hace a los nombramientos de titulares y al ejercicio del mando y de las funciones de dirección. Las propuestas que el Jefe de Gobierno pueda someter a la consideración del Presidente de la República en cuanto a proyectos de reglamento, de leyes del Congreso, relativas al Distrito Federal.

Las reformas, siempre de acuerdo con el marco constitucional, se han orientado a establecer un esquema de relaciones horizontales de poder entre órganos ejecutivos y legislativos; de tal modo que se ha hecho de lado, por ejemplo, la vinculación Presidente-Asamblea Legislativa y se plantean la de Presidente-Congreso, Jefe de Gobierno-Asamblea Legislativa así como relaciones entre órgano legislativo con órgano legislativo, órgano ejecutivo con órgano ejecutivo. Es decir, Asamblea Legislativa-Congreso, a través de la iniciativa de Ley y Presidente-Jefe de Gobierno en los varios puntos que se han mencionado.

Sin lugar a dudas las reformas determinan precisamente la esfera competencial básica del Presidente de la República, armonizando, esto, con la orientación de fortalecimiento de las facultades del Jefe de Gobierno. De tal forma que éste cuenta con las atribuciones necesarias como titular de la administración pública local.

Ello está reflejado fundamentalmente en el artículo 67 en el que destaca lo relativo a declaración de expropiación, especificación de funciones de dirección. administración de establecimientos de arresto, fusión preventiva y readaptación social, así como ejecución de sentencias penales.

Convocatoria a consulta popular vinculatoria, celebración de convenios en materia de ecología y protección al ambiente para asumir funciones de competencia federal.

En materia de órganos judiciales destaca el ingreso y promoción a la carrera judicial mediante el concurso interno de oposición y de oposición libre, el cual actualmente solo se contempla para jueces y que a partir de estas reformas se hará extensivo para otras posiciones en la carrera judicial que hoy solo requieren examen de actitud.

En materia electoral son desarrollados los principios y normas básicos de la Constitución, previéndose así los principios rectores de la función electoral y los aspectos fundamentales para conformar las instituciones de organización y de solución de controversias que la tendrán a su cargo, al igual que sobre partidos políticos y medios de impugnación en el tema.

Junto con la jurisdicción de los poderes de la Unión en su sede el equilibrio y armonía con el fortalecimiento del Jefe del Gobierno, otro de los puntos medulares de la reforma es el consenso para abordar el año de 1998 e incluso hasta los primeros meses de 1999 el análisis, discusión y construcción normativa del modelo de órganos que sustituirían a las delegaciones políticas.

Respecto de ellos, el punto más importante es el establecimiento de la forma institucional jurídica de interrelación entre el Jefe de Gobierno con titulares de órganos que serán también producto del voto directo.

El decreto comprende no solo al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, como se ha señalado, pues tiene que ver con la necesidad de incluir en él reformas a otras leyes.

A la Ley de Expropiación, para sujetarse a la previsión de la Constitución, que señala que solo por medio de leyes se determinan los casos de utilidad pública.

A la Ley Federal de Responsabilidades para plantear las modificaciones con el fin de que los instrumentos de fiscalización interna del gobierno local estuvieran bajo su dependencia.

Y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para suprimir la dependencia que durante décadas fue el órgano de gobierno del Distrito Federal.

Por conducto de este órgano el presidente ejercía, como todos sabemos, el gobierno en la entidad.

Y lo que consideramos su aportación más importante es que la reforma constitucional y el orden normativo secundario que ahora votaremos vienen a definir una recurrente discusión histórica sobre la naturaleza constitucional de la ciudad de México, Distrito Federal, que adquiere así su perfil sui generis diferente a una entidad federativa más y a una simple ciudad capital política.

Es, al final de todo, al final del análisis, una síntesis jurídica geográfica, social y política de la República Mexicana.

Es por todo lo anterior, que congruente con nuestro compromiso democrático y atendiendo a las razones de nuestros compañeros legisladores del Distrito Federal y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Senadores que integramos el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, aprobamos y, votaremos en favor de este dictamen.

Compañeros legisladores.

Una nueva etapa histórica se inicia en la ciudad de México.

Decantada por los siglos; la mirada de los orgulIosos fundadores de la gran Tenochtitlán, habrá de juzgar severamente nuestra capacidad o incapacidad de refrendar este espacio de convivencia democrática renovada, a través de conductas políticas maduras v civilizadas.

A través de un profundo respeto a la ciudadanía y a la pluralidad.

A través de soluciones innovadoras para tan graves y complejos problemas que enfrenta.

La tolerancia, el ejercicio responsable y eficaz del poder público son aspiraciones que los habitantes de la capital hemos manifestado desde siempre y que se reitera día con día.

Tengo confianza en el talento y seriedad de las fuerzas políticas que actúan en nuestra gran ciudad, y espero, como todos los mexicanos que amamos a México, que exista la conciencia de que los grandes problemas que enfrentamos requieren de una convergencia inteligente, de la suma de voluntades de todos, quienes con buena fe y compromiso por México reivindicamos el quehacer político democrático, como indispensable para conducir el desarrollo.

Hoy, que damos un paso fundamental para consolidar la democratización del ejercicio del gobierno en el Distrito Federal, ratifico mi compromiso con la gran ciudad y con los valores de su pueblo.

Y subrayo en nombre de mis compañeros la responsabilidad del Senado de la República para concurrir en el ámbito de sus atribuciones al robustecimiento democrático de la capital de la Federación.

(Aplausos)

- El C Presidente: Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento para el Gobierno Interior y en virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido

- El C Secretario José Antonio Valdivia: Por disposición de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

(La Asamblea asiente)

- Suficientemente discutido señor Presidente.

- El C. Presidente: Con fundamento en el artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

- El C. Secretario José Antonio Valdivia: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Se ruega a la Oficialía Mayor se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.

(La Oficialía Mayor cumple)

- La recibe por la afirmativa, José Antonio Valdivia.

- EI C. Secretario Gutiérrez Quiroz: La recibe por la negativa, Gutiérrez Quiroz.

(Se recoge la votación)

- El C. Senador José. Trinidad Lanz Cárdenas: (Desde su escaño) En virtud de que voy a emitir un voto diferencial, voy a pedir al Secretario se tome nota de mi voto en lo general y en lo particular de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Voto en contra en lo general y en lo particular de las reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley de Expropiación.

Y voto en contra en lo particular de 17 artículos que se reforman y que preciso:

Artículos 6; 10; 15; 17 fracción V; 25; 29; 32, fracción I; 34, fracción II; 37, fracción V; 42, fracción II y fracción XXIII; 51, fracción II; 53, fracciones III y VI; 55; 61; 128; 130; 131 y el primero Transitorio de lo que se refiere a las reformas del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

- El C. Presidente: Le pido a la Secretaría tome nota del voto diferenciado del señor Senador Trinidad Lanz.

- El C Secretario José Antonio Valdivia: Se tomo nota señor Presidente.

- Señor Presidente se emitieron 101 votos en pro en lo general y en lo particular de todos los artículos; y un voto diferenciado de la siguiente forma: en pro en lo general de las reformas al Estatuto del Distrito Federal; en pro en lo general y particular de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en contra en lo general y particular de las reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; en contra de los artículos 6°; 10; 15 y 17, fracción V; 25; 29; 32, fracción I; 34, fracción II; 37, fracción V; 42, fracción II y XXIII; 51, fracción II; 53, fracción III y VI; 55; 61; 128; 130; 131 y Primero Transitorio del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

- Es todo señor Presidente.

- El C. Presidente: En consecuencia, aprobado el Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; de la Ley de Expropiación y de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal.

Pasa al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

 

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