Sistema de Consulta de Ordenamientos




    Fecha de publicación: 22/11/1996
    Categoría: DECRETO

    PROCESOS LEGISLATIVOS
    DISCUSION/REVISORA
    DISCUSION
    México, D.F., a 19 de Noviembre de 1996.


    - El C. Presidente: En virtud de que el proyecto de Decreto ha sido distribuido y entregado a los señores Senadores, y siguiendo la costumbre parlamentaria se ha dado lectura a la parte expositiva del dictamen, ruego a la Secretaría consultar a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del articulado.

    - El C. Secretario Durán Reveles: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita la lectura del articulado del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

    (La Asamblea asiente)

    - Sí se autoriza, señor Presidente.

    - El C. Presidente: Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato.

    - El C. Secretario Durán Reveles: Por disposición de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

    (La Asamblea asiente)

    - Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

    - El C. Presidente: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el Gobierno Interior, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que la discusión del proyecto de Decreto se haga en lo general y en lo particular en un solo acto.

    - El C. Secretario Durán Reveles: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que la discusión del proyecto de Decreto se haga en lo general y en lo particular en un solo acto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

    (La Asamblea asiente)

    - Sí se autoriza, señor Presidente.

    - El C. Presidente: En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de Decreto.

    Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Sánchez López para presentar una moción suspensiva.

    - El C. Senador Héctor Sánchez López: Con su permiso, señor Presidente.

    Con sorpresa nos hemos enterado que en esta sesión de la Cámara no hay absolutamente nada que debatir, que aquí las cosas están decididas y por desgracia no están decididas por los legisladores. El Presidente de la República, como el héroe de la película dice que con sus "muchachitos" nada, que no le toquen a sus "muchachitos" ni a sus cosas, que aquí el único responsable de la reforma es él, que el desacuerdo no es entre legisladores ni entre partidos, que el desacuerdo es con el Presidente de la República. Bueno, si es Ernesto Zedillo el que se hace responsable, aunque nosotros no estamos de acuerdo con esa tesis, y en nuestra intervención lo diremos, si es Ernesto Zedillo el que se hace responsable de esta reforma y no los legisladores del Congreso de la Unión, si es él el que se levanta y dice y defiende a los priístas diciendo que es él, no hace más que demostrar que en este país no hay independencia del Legislativo para con el Ejecutivo, y si es así, señores priístas, señores Senadores, tenemos algo que discutir con ustedes, tenemos algo que debatir con ustedes, podemos llegar a algún acuerdo, a algún consenso cuando el gran elector, el gran dedo, el que decide en este país, ha dicho que ustedes no tienen nada que ver con esto, y que el problema es con él, en ese sentido, ante esta situación y por lo anteriormente expresado y con fundamento en los artículos 58, 109 y 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el Senado de la República, presenta la siguiente proposición suspensiva del dictamen que está a discusión con el objeto de que se convoque al C. Presidente Constitucional, Ernesto Zedillo Ponce de León a discutir los contenidos y alcances de dicho dictamen, debido a que él se ha hecho responsable de los contenidos y alcances de la reforma a la legislación secundaria en materia laboral y ha desconocido los acuerdos de las comisiones que dictaminaron esas reformas. Lo presentamos.

    - El C. Presidente: En los términos del artículo 110 del Reglamento, se tiene por presentada la moción suspensiva. Para hablar en contra de la proposición, se concede el uso de la palabra al Senador Guillermo Ulloa Carreón.

    - El C. Senador Guillermo Ulloa Carreón: Con su venia, señor Presidente; señoras y señores Senadores: En nombre de la fracción prieta del Senado de la República, he solicitado el uso de la tribuna para manifestar con todo respeto nuestro rechazo a la moción suspensiva que se a presentado a la consideración del Pleno. Este rechazo lo fundamentamos en las siguientes razones:

    Primero, la inmensa mayoría de las reformas, adiciones y derogaciones contenidas en la iniciativa de ley, que está a nuestra consideración, fueron acordadas en el proceso de negociaciones entre los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

    Los argumentos a favor o en contra de cada una de ellas, fueron ya ampliamente considerados. Los efectos esperados en cada caso también fueron valorados.

    Todas estas reformas, que merecieron el consenso de todos los partidos, justifican el tiempo concedido al proceso de negociaciones con el fin de llegar a acuerdos conjuntos.

    Los Senadores priístas, por esto, no podemos estar de acuerdo con quienes afirman que se perdieron dos años o que se ha dilapidado un tiempo por demás importante.

    En el proceso de negociaciones no se perdió tiempo alguno. La ley secundaria en materia electoral, de la que ahora nos ocupamos responde puntualmente a la reforma constitucional, que con la aprobación de todas las fracciones parlamentarias llevó a cabo el Congreso de la Unión.

    El desacuerdo final entre partidos no debe llevar a poner el énfasis en esto último, sino en los amplios consensos que se obtuvieron durante el proceso.

    Esta es la primera razón por la cual rechazamos la moción suspensiva que aquí se ha propuesto.

    La segunda razón es que nunca una iniciativa legislativa había merecido tanto tiempo, como la que está a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores.

    Efectivamente, apenas concluido el proceso electoral de 1994, los diferentes partidos iniciaron conversaciones relativas a esta reforma de tanta importancia.

    El impulso del gobierno federal a la reforma fue decisivo y se debe reconocer. El Presidente Ernesto Zedillo ha acreditado su vocación democrática y ha cumplido su compromiso.

    En cada momento su aliento y su voluntad permitieron la continuidad de las negociaciones entre partidos, para que éstas fueran conclusivas y llegáramos a las reformas que, estamos seguros habrán de consolidar la democracia.

    Este proceso de negociaciones se llevó mucho tiempo; pero no hay tiempo mejor empleado que el que dedicamos a buscar conjuntamente los mejores cauces normativos para la democracia.

    Las negociaciones demandaron una voluntad política reiterada. La reforma constitucional ha sido la recompensa a ese gran esfuerzo.

    La reforma electoral, por esto, es de fondo y de gran alcance.

    Las negociaciones exigieron de cada uno de los representantes de los partidos muchas horas de trabajo, mucha comprensión y una tolerancia a toda prueba.

    Los Senadores priístas queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento a todos los representantes de los partidos que con su empeño, su lucidez y su cultura democrática, hicieron posible los acuerdos que culminaron en la reforma constitucional, y ahora en esta reforma legal de la legislación secundaria en la materia.

    Esta es la segunda razón de nuestro rechazo a la moción suspensiva que ha sido presentada. Hubiera sido deseable alcanzar el acuerdo entre partidos hasta el punto final de esta reforma.

    El PRI hizo todo su esfuerzo para lograr este propósito. Hubo razones y argumentos sin duda de consideración que no permitieron cumplir con esta aspiración; pero lamentar esta situación no debe hacer perder de vista que esta reforma en materia electoral tiene plena legitimidad; tiene la legitimidad que le otorga el voto de una mayoría determinada a su vez por el voto ciudadano. Es una reforma legítima, una reforma que tenemos la seguridad habrá de consolidar la democracia para fortalecer la gobernabilidad y el entendimiento entre los mexicanos.

    Señoras y señores Senadores, por estas razones votaremos en contra de la moción suspensiva que está a nuestra consideración. Es cuanto, señor Presidente.

    - El C. Senador Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Señor presidente, solicito el uso de la palabra para el mismo tema.

    - El C. Presidente: Señor Senador, no obstante que el artículo 110 es muy claro en cuanto al trámite que se da a las mociones suspensivas, que no tendrán más requisito que oír a su autor y a algún impugnador si lo hubiere, con mucho gusto le concedemos la palabra para hechos.

    - El C. Senador Félix Salgado Macedonio: Gracias, señor Presidente.

    El pánico cundió entre los priístas del Congreso de la Unión ante el avance sin precedente de la oposición en las recientes elecciones efectuadas en Guerrero, Estado de México, Hidalgo y Coahuila, donde los resultados pronostican el derrumbe definitivo del PRI-gobierno en México.

    Una vez más, el voto mayoritario impone la incapacidad y soberbia de quienes niegan de manera obcecada a transitar hacia la democracia. Ineptitud, soberbia ciega, que dan al traste con las expectativas acumuladas por 23 meses para lograr un acuerdo entre el PRI y los partidos de oposición, de lo que podría ser la reforma electoral perfecta y definitiva.

    Pero quedó truncado el propósito la madrugada del 15 de noviembre en la sesión de la Cámara de Diputados para asegurar así que gran parte de las fuertes partidas asignadas a las campañas electorales vayan a las arcas del partido de Estado, que no se establezcan acuerdos entre partidos para llevar a elecciones a candidatos comunes.

    En fin, compañeras y compañeros legisladores del PRI, se ha retrocedido en lo pactado porque en el pataleo inconsolable de su desesperante agonía, la aprobación de la ley, como se había establecido, aceleraría su paso inexorable hacia su propia destrucción. Es parte de la historia de un capítulo que pudiéramos denominar el desafío priísta ante la irremediable llegada de su hora final.

    Resulta paradójico en esta realidad con el discurso oficial.

    Recientemente el Presidente Ernesto Zedillo, en el exterior, se ufanó de promulgar cambios profundos al sistema político mexicano. Y su partido, aquí en México, lo desacredita. El dice una cosa allá y aquí es otra; él dice que buscará los consensos y que se fortalecerán los partidos políticos. Y aquí dicen otra cosa

    ¿Qué es lo que ha pasado, qué hubo? Desobediencia o acatamiento servil para prevenir a tiempo, futuros descalabros. No se puede hablar de la existencia del más mínimo sesgo de democracia en un país como el nuestro, que acechado por la más cruel crisis económica se da el lujo de incrementar el financiamiento para los partidos políticos de acuerdo con la propuesta priísta a 2 mil 225 millones de pesos, cifra que es apenas una pequeña parte del monto real del llamado desarrollo político en México, cuyo costo, en un año electoral como en 1997, podría llegar a 5 mil millones de pesos, 598 millones de dólares, cantidad que colocará a los procesos electorales mexicanos entre los más caros del mundo; un país tan pobre con 40 millones de mexicanos en la miseria, en la pobreza, con guerra, y el PRI dándose el lujo de seguir pervirtiendo y envileciendo las elecciones.

    Esto es un insulto. Óigase bien, cómo laceramos nuestra dignidad, y lo más reprobable, la de nuestro pueblo, que sufre en sus vivencias cotidianas los más descarnados síntomas de la antidemocracia expresada en miseria, hambre, desnutrición, inseguridad social, las más infrahumanas condiciones de subsistencia que han llevado a muchos mexicanos a la pobreza extrema como consecuencia de la política neoliberal impuesta por los gobiernos priístas. Y estos últimos gobiernos, los jóvenes neoliberales que se enquistaron en el poder, son los que están llevando a la destrucción a nuestro país.

    Es tiempo de reflexionar compañeros Senadores, recapacitemos y digamos no a la decisión obcecada de la mayoría priísta en la Cámara de Diputados, evitemos consecuencias trágicas e irreversibles que puedan poner en peligro el destino de la nación; de lo contrario, las elecciones en México dejarán de ser la opción del cambio ansiado por nuestro pueblo.

    El PRI obviamente que va solo en esta reforma, y va por dos cosas: Porque los mandaron y obedecen, o porque así conviene a su propio interés, porque les favorece esta decisión de retroceso.

    Es que tienen miedo al cambio, tienen miedo a la democracia, por eso es que este punto del financiamiento es para ustedes medular. Hemos dicho muchas veces que el PRI no gana si no es pervirtiendo a los electores.

    El PRI está sufriendo el peor de sus desgastes, y de aprobar esta reforma electoral, así como se plantea, van a pagar los costos y muy altos, en las próximas elecciones que se avecinan, la del 97 y la del 2000. Hay un avance muy importante de la oposición que no se puede negar. Ustedes señores del PRI, los responsables del debate, deben entender que el pueblo en las urnas les da un rotundo rechazo, por eso vengo aquí a esta tribuna a reforzar la propuesta de que se haga una moción suspensiva a esta acelerada aprobación, que el Doctor Zedillo comparezca ante este Senado y pueda explicar cuáles fueron los motivos que lo orillaron a cambiar tan de repente.

    El, efectivamente, ha dicho que el asunto es con él, que el asunto no es entre partidos, ni es entre Diputados ni entre Senadores, es con él, con el señor Zedillo.

    ¿Entonces nosotros qué somos? Nosotros no somos marionetas, ni somos sus serviles. Por lo tanto el PRD no se va a prestar a una farsa de este tamaño que es una afrenta y vergüenza para el pueblo de México. Por eso es que venimos aquí, a ratificar de que se apruebe la moción suspensiva. Muchas gracias.

    - El C. Presidente: Conforme a lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se toma en consideración inmediatamente la moción suspensiva presentada por el Senador Héctor Sánchez López.

    - El C. Secretario López Tijerina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se toma en consideración inmediatamente la moción suspensiva. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

    (La Asamblea no asiente)

    - Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

    (La Asamblea asiente)

    No se toma en consideración, señor Presidente.

    - El C. Presidente: En consecuencia se da por desechada la moción suspensiva presentada.

    Para los efectos del artículo 96 del Reglamento, esta Presidencia informa a la Asamblea, que a la Mesa ha llegado un registro de oradores para participar en lo general y en lo particular en el debate sobre el proyecto de Decreto. En consecuencia se .concede el uso de la palabra al Senador Luis Felipe Bravo Mena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

    - El C. Senador Luis Felipe Bravo Mena: Con la venia de la Presidencia; señoras y señores Senadores: Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, venimos a fijar nuestra posición respecto del dictamen sobre la minuta con proyecto de Decreto enviada por la Cámara de Diputados, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal; del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y la expedición de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que contienen - todas ellas - aspectos sustanciales y trascendentes para el régimen electoral del país.

    Quede dicho, de entrada que el voto de los Senadores del PAN, será en contra y que el sentido de nuestro rechazo al dictamen está fundado en razones éticas, históricas y políticas.

    Adelanto desde ahora, que a la tribuna vendrán otros miembros de la bancada de Acción Nacional para abordar aspectos fundamentales de esta miscelánea electoral que la hacen intransitable para arribar a un consenso aprobatorio como era el deseo y el compromiso de todas las fuerzas políticas del país.

    Nuestro voto negativo no debe sorprender a nadie, durante las diversas etapas de la prolongada negociación política en la búsqueda de lo que se llamó una reforma electoral definitiva, habíamos advertido sobre las amenazas que se cernían sobre este noble propósito.

    Es oportuno recordar aquí, las palabras de Calderón Hinojosa, Presidente de Acción Nacional, pronunciadas en Palacio Nacional, el día que se firmó la iniciativa conjunta de reforma constitucional en materia electoral.

    Cito: "Se trata de un consenso apenas inicial que tendrá que ser confrontado en la práctica, con grupos, intereses, inercias de quienes usufructuarios del viejo sistema antidemocrático se han opuesto y se opondrán a los avances democráticos".

    Aquí mismo, el primero de agosto de este año, nuestro coordinador, el Senador Gabriel Jiménez Remus, al fijar nuestra posición sobre el consenso logrado en la reforma constitucional, destacó, el legítimo y sobrio entusiasmo que los protagonistas de esta reforma deberíamos de tener ante lo que bien se dijo, era sólo el primer paso, muy distante todavía, del proyecto integral que la reforma del Estado mexicano esperaba.

    A la vista del dictamen que se presenta a nuestra consideración, no podemos, sino manifestar una templada tristeza y una justificada indignación por el daño que se le hace a México al obstruir en las leyes secundarias el desarrollo democrático del país que comenzaba a despuntar en la reforma constitucional y en el nombramiento de los titulares del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

    Con palabras de Jiménez Remus, los Senadores del PAN, decimos que cuando se logró el consenso, fue gracias a que cada protagonista habla flexibilizado sus posturas iniciales y por que el gobierno no mantuvo la postura de sancionar a la oposición adelantándose a sus argumentos para que todo quedara igual.

    Hoy no podemos decir lo mismo. Lo lamentamos por México y por la democracia. En el último tramo de la reforma electoral cuando la congruencia y la altura de miras debió inspirar al gobierno y a su partido, ocurrió lo contrario.

    Se impuso una visión unilateral de la situación política del país; reapareció una voluntad hegemonista; se revitalizó la cultura patrimonialista del poder y el miedo, mucho miedo, del partido mayoritario que impidieron poner en las reglas de la competencia electoral avances en la transición democrática de México.

    Y como el miedo nunca ha sido buen consejero se nos trae un dictamen en el que se afecta gravemente la autonomía del Instituto Federal Electoral, al establecer que los vocales ejecutivos de las juntas locales y distritales, no podrán ser removidos sino hasta 1998.

    Y al establecer que el financiamiento público se determinará con base en los costos mínimos de campaña aprobados por el consejo general en 1995, multiplicándolos en tal magnitud que los hacen inmorales y ofensivos para el pueblo de México.

    El temor que ha invalidado a los miembros de la mayoría parlamentaria los ha llevado a proponernos una legislación secundaria que anula desde el principio la equidad en la contienda electoral.

    Por una parte, se disminuyen de 30 a 40 el porcentaje de tiempos en los medios de comunicación, que debería ser repartido de manera igualitaria entre todos los partidos.

    También se aumenta el porcentaje de financiamiento privado que cada partido puede allegarse, pasando del 10 por ciento del financiamiento público del partido con mayor fuerza electoral, al 10 por ciento del total del financiamiento público para actividades extraordinarias que corresponden a todos los partidos políticos.

    El pánico que cunde en las filas del partido en el poder nacional lo empujó a dificultar la existencia de coaliciones al reducir el número de candidaturas comunes antes de que la ley obligue a los partidos a realizar una coalición total a nivel nacional.

    Para Diputados se reduce de 34 a 20 fórmulas y para Senadores de 160 a 100 postulaciones.

    La angustia por las derrotas electorales sufridas en procesos electorales recientes, hacen que el partido mayoritario nos ofrezca un dictamen en el que se protege la impunidad para quienes burlen la ley. Olímpicamente se eliminan las sanciones penales para quienes violen los topes de campaña. Y el espanto que traen los de la mayoría los llevó a trastocar los acuerdos en materia de sobre representación en la Cámara de Diputados y con una fórmula por demás complicada favorecen a la primera y a la segunda fuerza política.

    Los cambios introducidos en este punto son simple y llanamente la revelación del pronóstico que a estas alturas ya se hacen en el partido hasta ahora mayoritario de los resultados de las próximas elecciones parlamentarías del 97, que al parecer el Partido Revolucionario Institucional prevé dos escenarios.

    Primero, que gracias a la competencia inequitativa puede conjuntar una precaria mayoría de votos, para lo cual necesita saltar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y asegurar su control.

    Segundo escenario, que ya avizoran quedar como segunda fuerza política y mediante sobrerrepresentación poder sacarle la vuelta a la voluntad popular de cambio que se manifiesta en las urnas.

    No cuestionamos que cada partido tiene derecho a utilizar su fuerza política en el parlamento, pero lo que aquí repudiamos es que valiéndose de su condición de mayoría actual se manipule la ley para distorsionar los pesos y fuerzas que los ciudadanos asignan a cada partido con su voto.

    En otras palabras: Para Acción Nacional lo importante no es dosificar la sobrerrepresentación de uno u otro partido, sino lograr la democratización plena de la representación nacional.

    El miedo es destructivo, inhibe, impulsa a cerrar puertas; hace miopes a quienes se dejan llevar por este sentimiento y a menudo los lleva ser violentos.

    Obviamente una reforma electoral en cuyo último trecho se ha hecho presente el miedo de la mayoría, cuyas muestras palpables son las regresiones que se han introducido en los distintos ordenamientos que contiene el dictamen, no tiene visión de futuro ni aliento democrático, ni compromiso patriótico.

    El dictamen propone una reforma electoral frustrada en su último trecho sin más horizonte que salir del apuro de 1997.

    En los pasillos del poder, en los medios y en las Cámaras del Congreso se escuchan ciertas voces de la mayoría que dicen: No cederemos el poder en la mesa; llegó la hora de atajar las pretensiones de la oposición.

    Nadie, señoras y señores de la mayoría, les ha pedido que cedan graciosamente el poder. Nadie les ha pedido que obsequien a la oposición su ventaja en las Cámaras. Lo que estamos reclamando es equidad en la competencia. justicia electoral; autoridades y funcionarios electorales imparciales, nada más, pero tampoco nada menos.

    De eso se trataba hace dos años, el primero de diciembre de 1994 al tomar posesión el Presidente Ernesto Zedillo decía en su discurso inaugural, cito: "Ha llegado el momento de sumar nuestras voluntades sin sacrificar nuestras diferencias. Ha llegado el momento de unirnos en la construcción de una nueva democracia, que comprenda un nuevo código ético, entre los contendientes políticos", hasta aquí la cita.

    En efecto, ese momento había llegado porque era un reclamo nacional; porque los mexicanos y la comunidad internacional democrática había visto con claridad lo que había ocurrido en las elecciones de 1994.

    Los consejeros ciudadanos del IFE, el 16 de noviembre de ese mismo año, lo habían precisado en su documento de propuesta de agenda para una nueva reforma electoral, en el que sentenciaron, cito:

    "La desproporción de los recursos utilizados por el partido mayoritario y la brutal asimetría cotidiana con que los medios electrónicos tratan o cubren a los distintos partidos, no dejan lugar a dudas de que todavía nos queda mucho por corregir en materia de equidad, para las condiciones de la competencia política y que es largo el camino por lograr un justo equilibrio al interior del sistema representativo"; hasta aquí la cita.

    Y señalaron los consejeros de entonces como elementos sustanciales de esa agenda la imparcialidad y autonomía de la autoridad electoral, la equidad en la competencia tanto por la forma de financiar a los partidos políticos, como por su acceso a los medios de comunicación.

    Había llegado el momento, y por eso el 27 de enero de 95, nuestro partido firmó junto con todas las fuerzas políticas y el gobierno, el compromiso por la paz, la democracia y la justicia en el que todos los participantes nos obligamos a tomar decisiones que condujeran a crear condiciones de confianza y certidumbre en todas las instancias que intervienen en el proceso electoral, mediante ocho acuerdos específicos.

    El primero, la imparcialidad en las autoridades electorales.

    El segundo, plena confianza y acceso al padrón.

    El tercero, garantía de equidad en los medios de comunicación.

    El cuarto, impedir el uso de recursos o programas públicos en favor de cualquier partido político.

    El quinto, revisar el sistema de financiamiento para los partidos.

    El sexto, revisión de los puntos del Código Penal que significaran restricciones a los derechos políticos.

    El séptimo, nombrar un fiscal especial para perseguir los delitos electorales.

    Y el octavo, convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso, si los acuerdos requirieran adecuaciones.

    Estábamos en el momento histórico preciso, tanto que el propio Presidente de la República, lo habría de reconocer ante académicos europeos, al decir que su triunfo electoral había sido legal, pero no equitativo.

    Era el momento del consenso, de esa disposición política de todos los mexicanos a superar el lastre de las querellas electorales; consenso que viene del latín "consensus", que quiere decir "conformidad de sentimientos". Era la oportunidad para culminar la transición democrática de México con grandeza y generosidad. Y el consenso fue posible en la reforma constitucional.

    El Presidente Zedillo, al recapitular sobre ello, el 6 de agosto sostuvo, cito: "El desarrollo político del país no significa el aniquilamiento de ninguna fuerza; no significa rendición de ningún principio, no significa ni avasallamiento ni imposición autoritaria".

    Pero el consenso fue sustituido por el miedo a la hora de traducir la reforma constitucional en la legislación secundaria; llegó, entonces, la hora de la regresión; de la proclamación del consenso se pasó a la exaltación del poder de la mayoría. Y así, el gobierno de partido y el partido del gobierno, consideraron válido y necesario echar por tierra los consensos y los compromisos pactados.

    Votaremos en contra del dictamen porque representa esa retracción a la voluntad de realizar una reforma electoral definitiva.

    Señoras y señores Senadores:

    Nada más contraindicado para el estado de derecho que la falta de legitimidad electoral porque pone en riesgo la estabilidad política y, sin ella, no habrá ni recuperación económica ni desarrollo social.

    Culminar la transición democrática en México es una necesidad impostergable sin la cual el Estado mexicano pasará de la agonía, en la que se encuentra, a su total desfallecimiento.

    Es, el de la democracia, lo que debe ser el compromiso urgente de todos los partidos, más allá de sus cálculos electorales y estratégicos de corto plazo.

    La democracia es lo que caracteriza a la evolución política del mundo, en el último tercio del siglo XX; coloquemos a México a tono, con esa hora. Es nuestra responsabilidad como partidos y como legisladores. Abramos los cauces, construyamos los canales porque a final de cuentas, por encima de lo regresivo de este dictamen, la sociedad mexicana ya está haciendo su parte, en cada estado de la República y en cientos de municipios del país, los ciudadanos ya están realizando la transición y el cambio democrático; porque a final de cuentas a la democracia no se le puede taponar; sucede como con los diques artificiales, cuando de pronto un caudal de aguas inesperadas termina rompiendo las compuertas. Y eso va a suceder en México. Gracias.

    - El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

    - El C. Senador Ricardo Moreal Avila: Con su venia, señor Presidente; señores integrantes de esta Honorable Asamblea: El ejercicio legislativo cuya culminación parece evidente en esta sesión ordinaria de la Cámara de Senadores y que representa, desde nuestro punto de vista, avances notables en materia política y electoral, es y ha sido fructífero.

    Estamos analizando, reflexionando y discutiendo el alcance de las reformas y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; adiciones a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; propuesta de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; reformas y adiciones al Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal y finalmente, también estamos analizando, la derogación de diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

    Una vez más el Poder Legislativo asume su responsabilidad histórica de dotar a los organismos electorales, a los partidos políticos y a los ciudadanos, de mejores instrumentos jurídicos con los que realizaremos y organizaremos contiendas electorales, para la renovación de los poderes de la Unión con mayor confianza, certidumbre y legalidad.

    Una vez que agotemos el proceso legislativo formal que nos ocupa, un nuevo sistema electoral habrá de observarse, confiamos en que, con él, se generarán mejores niveles de desarrollo político; mayor y mejor civilidad; mejores condiciones para la competencia electoral.

    México experimenta un desarrollo en su derecho electoral en el que cobran relevancia fundamental la función de las elecciones en nuestra democracia plural. Las elecciones habrán siempre de afirmar y confirmar la oportunidad y la libertad de elegir a nuestros representantes y a nuestros gobernantes.

    Las elecciones competitivas serán, en el futuro, la regla común. Y parafraseando a Dieter Nohíen en su "Catálogo de Principios", serán las únicas que procuren justicia y legitimación.

    Hace apenas dos meses, aprobamos en un ejercicio amplio de consenso, 19 artículos de la ley fundamental, con ello se establecen nuevas y mejores instituciones democráticas y se logra reforzar los principios de legalidad y transparencia electoral.

    - Se refuerza el principio de la designación democrática de representantes en los poderes de la República.

    - Se protegen los derechos de la participación política de los ciudadanos.

    - Se subraya la definición última del sufragio libre como veredicto final e inatacable.

    - Se equilibra y armoniza la representatividad política.

    - Se reafirma el sentido de los procesos electorales para que estén invariablemente sustentados por los principios de certeza legalidad independencia, objetividad imparcialidad.

    Con las reformas que hoy estamos discutiendo en ésta Cámara revisora, se modifican y actualizan términos, conceptos e instituciones, producto de amplias y complejas deliberaciones entre los dirigentes de los partidos políticos nacionales, sus representantes e instancias del Poder Ejecutivo Federal.

    Así tenemos, que en el libro segundo se regula, la nueva figura de la participación ciudadana en el ámbito político denominada, agrupaciones políticas nacionales; así como lo relativo a los frentes, coaliciones y fusiones que se contemplan en el libro cuarto; lo relativo a los asistentes electorales; la regulación de las faltas y sanciones administrativas.

    Se deroga el libro sexto del Tribunal Federal Electoral en razón de la incorporación de este órgano al Poder Judicial Federal y por que en este mismo conjunto de ordenamientos jurídicos analizaremos la inclusión de este tribunal y su regulación a la ley orgánica de dicho poder.

    En el libro séptimo, que contempla actualmente las nulidades, el sistema de medios de impugnación, su derogación es inevitable en virtud de que se está proponiendo la expedición de la ley general del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

    En el libro octavo, respecto de la elección e integración de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se convierte ahora en el libro sexto y se deja a salvo la expedición de la ley correspondiente al régimen electoral para que la asamblea legislativa la expida.

    Aunque sería amplia la descripción de cada uno de los avances que se logran en estas nuevas disposiciones electorales, por la intervención anterior de quien me antecedió en el uso de la palabra, intentar resumir algunas de las más importes, sobre todo en materia del Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales, a saber:

    1.- La Cámara de Diputados suprime su carácter de colegio electoral para la calificación de la elección de Presidente de lo Estados Unidos Mexicanos.

    2.- Se establece como prerrogativa ciudadana, afiliarse a los partidos políticos de manera estrictamente individual.

    3. - Se amplía el derecho de los ciudadanos mexicanos a participar como observadores durante todo el proceso electoral y no sólo el día de la elección.

    4. - Para una mejor transparencia en la observación electoral se establece la obligación de las organizaciones a las que pertenezcan los observadores, de declarar el origen y monto de financiamiento que se destine a la observación electoral.

    5.- Los partido podrán registrar simultáneamente hasta 12 candidaturas al Senado de la República por ambos principios, el de mayoría relativa y el de representación proporcional.

    6.- Se incrementa de 1.5 por ciento a 2 por ciento el porcentaje de la votación nacional emitida que los partidos políticos deben alcanzar en cualquiera de las elecciones federales en que participen, para mantener su registro y para participar en la asignación de la representación proporcional. Lo mismo sucederá para los casos de Senadores de representación proporcional incrementándose del 1.5 por ciento al 2 por ciento el porcentaje que requerirán los partidos políticos para tener derecho a la asignación de Senadores por este principio.

    7.- Se establece un máximo de 300 Diputados para los partidos políticos por ambos principios.

    8.- Se establece que ningún partido obtendrá un número de Diputados mayor al que obtenga en la votación nacional más el porcentaje descrito en la propia Constitución y en la ley.

    9.- El Senado de la República continuará integrándose con 128 Senadores, los cuales serán electos, dos mediante el principio de mayoría relativa, uno se asignará a la primera minoría en cada entidad federativa y los 32 restantes en una circunscripción nacional, según el principio de representación proporcional.

    Para la asignación de estos Senadores electos por lista nacional, se aplicará la fórmula de cociente natural y de resto mayor.

    10.- Se propicia el fortalecimiento de partidos políticos en México y se modifican las modalidades de registro condicionado y definitivo y se simplifica el procedimiento mediante la regulación de un solo registro.

    11.- Se establece la imposibilidad de que un partido político que perdió su registro en un proceso electoral, pueda volver a solicitarlo sino hasta después de que se haya celebrado el siguiente proceso electoral federal ordinario.

    12.- Se establece la obligación para que los partido políticos se abstengan de formular expresiones que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigren a los ciudadanos, instituciones públicas o partidos políticos y sus candidatos, sobre todo, durante las campañas electorales y propaganda política que se utiliza.

    13.- Se establece un régimen fiscal especial por las agrupaciones políticas quienes contarán con financiamiento público para fines editoriales, de educación, de capacitación política así como un fondo para apoyar sus actividades ordinarias.

    14.- Las condiciones de la competencia política se modifican y pretenden fortalecer la legalidad, la imparcialidad, la equidad y la transparencia de la contienda partidista.

    15.- Para fortalecer las condiciones de imparcialidad y objetividad en el manejo informativo de las campañas políticas, se asegura mejor acercamiento con el electorado al mejorar el horario de transmisión de los programas de partidos políticos en radio y televisión, y se eleva a rango legal algunos acuerdos adoptados con anterioridad por el Consejo General del Instituto Federal Electoral; relativo a los monitoreos muéstrales de los tiempos de transmisión de las campañas de los partidos políticos en los espacios noticiosos de los medios informativos; la prohibición de contratos por terceros de propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido político; la suspensión días antes del día de la jornada electoral para que no haya la emisión de propaganda del gobierno federal en acciones de desarrollo social; la elaboración de un catálogo de tarifas para publicidad en los medios impresos; el señalamiento que la publicidad que aparezca en medios impresos tenga la leyenda "inserción pagada"

    16.- También en materia de acceso a medios, se establece frente al derecho preexistente, que haya programas conjuntos de los partidos políticos, dos veces al mes, además se establece para campaña presidencial 250 horas de radio y 200 horas en televisión, así mismo, sumados a este paquete habrá 10 mil promocionales en radio y 440 en televisión.

    Es conveniente destacar esta innovación que representa sin duda, avances significativos; estos programas de los partidos políticos y del Instituto Federal Electoral, hoy se deberán trasmitir no sólo en cobertura nacional, sino que el dictamen que se discute previene que deberán transmitirse en horarios de mayor cobertura y audiencia.

    Esto es el tiempo oficial que se otorga a los partidos, las tarifas publicadas en marzo de este año de 1996 para regir en los medios publicitarios mexicanos, calculan que 60 segundos de cobertura nacional en el horario de mayor audiencia equivaldría aproximadamente a 798 mil pesos, un minuto cuesta casi 800 mil pesos, le señalo sólo para referencia e ilustración de lo que estamos hablando en recursos económicos por estas 200 horas en televisión y 250 horas en radio además como ya se afirmó de los 10 mil promocionales en radio y 440 en televisión.

    17.- El tema que ha presentado mayores diferencias quizá sea el de financiamiento, entre los partidos políticos se generó con gran complejidad esta discusión pero debo de establecer con toda seriedad, que resulta totalmente inexacta, alejada de la verdad, la aseveración sobre la iniquidad y la calificación de esta iniciativa no tiene características de hegemonía, de unilateralidad y mucho menos de ser autoritaria.

    Todos los acuerdos que estoy describiendo, y solicito su comprensión para seguir enunciándolos, son producto del consenso y son producto de acuerdos amplios que durante dos años se han estado construyendo entre todos los partidos políticos. Me tocó en suerte representar a mi partido en la negociación política y se encuentran los antecedente y los precedentes de todas ellas.

    El financiamiento a partidos y a organizaciones políticas, ha cobrado relevancia en el mundo, su origen y su transparencia constituyen exigencias ciudadanas.

    Es quizá, repito, la parte más sensible de la reforma electoral y la que entraña análisis profundos y objetivos, sacudidos de poses demagógicas, efectivistas o electoreras.

    ¿Deseamos "transparencia y claridad" en el financiamiento a las organizaciones y partidos políticos para el desarrollo de sus actividades y demás tareas, no deseamos por el contrario que exista simulación, y oscuridad e ilicitud en el financiamiento y en los recursos utilizados para cubrir las actividades y campañas de candidatos de los partidos políticos?

    Por eso creemos firmemente, que al plantearse un conjunto de normas jurídicas en la ley reglamentaria se mejoran sustancialmente los elementos que transparentan el origen de los recursos de los partidos políticos y se ratifica el principio constitucional de que el financiamiento público debe prevalecer sobre el financiamiento privado.

    Se debe preferir establecer fórmulas y mecanismos creíbles y viables que permitan el desarrollo de las actividades de los partidos políticos y evitar ser permeadas sus estructuras por dinero proveniente de actividades ilícitas que desvíen los principios y postulados de los partidos y las agrupaciones políticas.

    Las fórmulas para calcular los costos mínimos de campañas y con ellos determinar el financiamiento público, tiene el alto valor de ser conocido, auténticamente públicas, estrictamente fiscalizadas, otorgan certidumbre a la política, y sobre todo, confiabilidad en la conformación de los gobiernos y de las Cámaras legislativas.

    Por esa razón también resulta inexacta la aseveración de que se cercenan facultades del Instituto Federal Electoral. Al contrario, se amplían y se fortalece la autonomía e independencia del Instituto Federal Electoral.

    18.- Para calcular el monto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanente de los partidos políticos, se propone una formula que toma como punto de partida el costo mínimo que el Consejo General del Instituto Federal Electoral determine para las campañas de Diputados y Senadores, y se proponen fórmulas para determinar costos mínimos para campaña del Presidente de la República, aún cuando no se desapercibe lo dispuesto en el décimo transitorio que en su oportunidad abordaremos.

    19.- Se fija un financiamiento privado hasta el 10 por ciento del financiamiento público que le corresponde al partido político con mayor fuerza electoral.

    20.- Se plasma la obligación para que los partidos políticos destinen el 2 por ciento del financiamiento al desarrollo de las fundaciones e institutos de investigación.

    21.- Se establece que las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, serán deducibles del Impuesto Sobre la Renta hasta un monto del 25 por ciento.

    22. - Se disminuye sensiblemente el limite anual para aportaciones individuales en dinero de las personas físicas y morales el cual equivaldría al 0.05 por ciento del monto total del financiamiento público, si este proyecto de Decreto es aprobado. Sobre los escenarios aquí descritos en relación a las expectativas políticas, me parece que debemos de respetar el que éstas se generen, aunque tarde que temprano se darán cuenta de que las mismas son falsas, pero finalmente es respetable soñar y formarse esas expectativas.

    Respecto esta posición nosotros asumimos con responsabilidad la nuestra.

    23.- Se establece una comisión de fiscalización de los recursos de los partidos y agrupaciones políticas del Consejo General del Instituto Federal Electoral, cuyo funcionamiento será permanente.

    Esta comisión tendrá amplias facultades para verificar ingresos y gastos de los partidos políticos e incluso ordenar la práctica de auditorias, visitas de verificación y por supuesto, proporcionar orientación o asesoría para el cumplimiento de las obligaciones de los partidos en este rubro de supervisión y vigilancia de los recursos económicos.

    24.- En materia de órganos electorales, que gozan por disposición constitucional de plena autonomía e independencia se amplían las facultades del consejo, de los consejeros electorales, quienes dispondrán, a partir de la reforma, si se aprueba, de capacidad de convocatoria para la celebración de sesiones extraordinarias.

    Las mayorías calificas para las decisiones legislativas son en las democracias modernas por lo regular una excepción en nuestro derecho electoral se usan con mayor frecuencia, es otro aspecto fundamental que se contempla en estas reformas, que para la designación de consejeros electorales y magistrados se requerirán de 2/3 partes y 3/4 partes de los miembros presentes de las cámaras de Diputados y Senadores respectivamente, lo que implica necesariamente la alianza de voluntades entre dos o más fracciones parlamentarias, como ha sucedido en el reciente pasado, para integrar el organismo electoral máximo y el Tribunal Federal Electoral.

    Resultan también, pues, por esto muy alejadas, pero muy alejadas la crítica sobre la expresión de parcialidad inequidad e injusticia electoral con lo que esto se demuestra y se reafirma que siguen siendo principios rectores y observantes en estas modificaciones, el de la objetividad, profesionalismo, imparcialidad certeza y legalidad.

    25.- Se establece la creación de comisiones permanentes sobre las siguientes materias: Fiscalización de los recursos; prerrogativas de los partidos políticos y agrupaciones políticas; radiodifusión; organización electoral; servicio profesional electoral; capacitación electoral; educación cívica; siendo que éstas comisiones permanentes se integrarán solamente por consejeros electorales.

    26.- Se establecen mecanismos de nombramiento en el servicio profesional electoral que contribuirán a garantizar la independencia de los funcionarios electorales designados.

    27.- El Consejo General del IFE, dentro de sus funciones, realizará el cómputo total de la elección de Senadores por el principio de representación proporcional y realizará su declaración de validez.

    28.- Un avance significativo, como ya lo señale, es la fortaleza de la autonomía e independencia del IFE, en este sentido se plantea que el consejo general tenga la facultad de aprobar el anteproyecto de presupuesto que le presente su consejero presidente, quien una vez aprobado, lo enviará al Titular del Poder Ejecutivo Federal para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

    El Presidente de la República no tendrá la facultad de modificar este proyecto que en adelante sólo estará sujeto a la última consideración de este poder.

    29.- Al desaparecer la figura del director general, la atribución que a él le correspondía se distribuye entre la presidencia del consejo y la secretaria ejecutiva y se acotan las funciones de éste último.

    30. - Para una mayor interlocución y mejorar la comunicación interna se establece que los directores ejecutivos participarán como secretarios técnicos en las comisiones permanentes que integran el consejo general y que tengan relación con la materia y sus atribuciones.

    31.- En los órganos locales y distritales del Instituto se integrarán por consejeros electorales, los mismos serán designados por los consejos locales respectivos y el presiente del consejo distrital será el vocal ejecutivo distrital.

    32.- Para la composición de las meses directivas de casillas, órgano electoral básico, de aprobarse estas reformas, se integrarán además de los funcionarios propietarios, tres suplentes generales y se disminuye en un 12.5 por ciento el número total de ciudadanos necesarios para integrar las casillas.

    Además de continuar con la doble insaculación, el sorteo de un mes de calendario, la insaculación del 10 por ciento de los ciudadanos y realizar un proceso complejo seleccionando las 29 letras del alfabeto.

    33.- En materia del Registro Federal de Electores, se flexibiliza la posibilidad de llevar a cabo actualizaciones al Catálogo General de Electores en forma permanente.

    34.- Se otorga mayor participación a los partidos políticos para su vigilancia en la comisión respectiva del Registro Federal de Electores.

    35.- Se extiende la práctica que se ha observado en elecciones locales últimas, consistente en que se imprima la fotografía también en las listas nominales de electores que otorgan mayor seguridad y confiabilidad esta fotografía que habrá de incorporarse en las listas nominales tiene también un alto costo económico y se iniciará esta práctica a partir de la elección de 1997.

    36.- Los consejos distritales podrán efectuar cotejos muéstrales entre las listas nominales de electores entregadas a los partidos políticos y se establece la posibilidad de cotejo similares durante la jornada electoral.

    37.- En lo que se refiere al servicio profesional electoral se propone que el estatuto que lo regula sea aprobado y expedido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral y por supuesto se plantea, que a partir de la reforma, se suprima la participación del Poder Ejecutivo Federal que había venido excediéndolo.

    38.- El Tribunal Federal Electoral hará la declaración de validez de la elección y de Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, atribución que le venía correspondiendo a la Cámara de Diputados erigida en colegio electoral.

    39.- Se delimita la duración de las campañas de Senadores que serán aproximadamente de 90 días y para Diputados serán de 75 días.

    40.- Se establece por vez primera el derecho de aclaración que los partidos, agrupaciones y coaliciones políticas podrán ejercer frente a la información que presenten los medios de comunicación cuando consideren que la misma deforma hechos o situaciones relacionadas con sus atributos personales, este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a la responsabilidad o daño moral que se ocasiona en los términos de la ley de imprenta o demás disposiciones legales aplicables.

    41.- Se establecen diversos acuerdos que habían mostrado ser eficientes en el momento de ejercicio del sufragio, ahora si se aprueba este proyecto de Decreto, será norma jurídica el caso del talón foliado para las boletas electorales, el análisis muestral del líquido indeleble que se utiliza el día de la jornada, e incluso se incorpora una especie de reverificación del líquido indeleble una vez que han pasado las elecciones para constatar que durante el desarrollo de la jornada no fue alterada.

    42. - Se establece un capitulo amplio de sanciones que pueden aplicarse a los partidos y agrupaciones políticas y que pueden ser la supresión del financiamiento, la suspensión del registro del partido o la cancelación del mismo.

    43.- La elección universal, directa y secreta del Jefe del Gobierno del Distrito Federal con el que se cumple así con un viejo reclamo ciudadano, además o la fortaleza del Poder Legislativo y otras instituciones en esta gran urbe.

    44.- Se establece una clara vía de resoluciones en materia de impugnaciones y clarifica la tipificación de delitos electorales.

    45.- En materia de medios de impugnación se muestra inequívocamente la voluntad de establecer resoluciones jurídicamente sustentables, objetivas y documentadas que superan la práctica de la sospecha, de la duda, de. la suspicacia y claro está de que se utilice como estrategia política de descalificación.

    Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

    El contenido de las reformas a diversos ordenamientos jurídicos en la materia electoral entrañan nuevas definiciones democráticas que amplían el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, y generan la confianza de que las elecciones serán el único medio que permita a la voluntad popular transformarse en poder público.

    La descripción resumida de estas modificaciones, y manifiestan la voluntad y la convicción democrática corresponsable, compartida de quien envía esta iniciativa al Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo Federal Dr. Ernesto Zedillo y de quienes integramos la mayoría en el Poder Legislativo, a quienes invito a que votemos en favor de ella. Estos son argumentos, razones, de la discusión en lo general.

    Compañero Presidente, compañeros integrantes de esta Asamblea, los invito a votar en favor de este proyecto de Decreto, motivo de amplias deliberaciones, de acuerdos y consensos entre los dirigentes de los partidos políticos y sus negociadores políticos.

    Concluyo diciendo, que lejos está de ser calificado este trabajo legislativo de incompleto, de mínimo, menos aún podría aceptar que sea regresivo o producto del retroceso.

    Por eso, frente a expresiones distintas de la nuestra, señalo mis respetos, aún cuando no las comparto, he expresado con seriedad razones y argumentos que la sociedad seguramente, habrá de valorar en su conjunto, por le que, de ninguna manera, podría aceptar la calificación que aquí se ha hecho, de que se trata de un proyecto de Decreto intransitable y no ético.

    Y con toda responsabilidad, nos atenemos al juicio inapelable y al veredicto final que habrá de registrar la historia nacional.

    Por último, debo decirle a la Asamblea, que aquí se mencionaron los ocho acuerdos específicos de la democracia que dieron inicio a esta jornada nacional electoral que hoy concluye; y por razón de congruencia y honestidad, manifiesto que siete de ellos han quedado plasmados en estas reformas; siete de ellos, repito, sólo uno, mantuvimos diferencias notables, que es, el del citado financiamiento.

    En donde si puedo que coincidir al menos el orador anterior, es coincidir, y habría en alguna parte con acerca de sus concepciones sobre la democracia. Es en lo único que tiene razón y que seguramente fueron transcritos de algún politólogo. Muchas gracias.

    - El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

    - El C. Senador Héctor Sánchez López: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores: Hace poco menos de dos años, los partidos políticos que integran este Congreso, firmamos un acuerdo para emprender el difícil camino de una reforma política que colocara a México en la antesala de su democratización, y no hace mucho, apenas unos meses, cuando las reformas constitucionales que sirvieran de base a la reforma electoral; vimos con beneplácito la manera en que había trabajado en las comisiones y habíamos logrado un consenso, en la que todos los partidos políticos tuvimos que ceder; en base a acuerdos definidos entre partidos y el Ejecutivo Federal.

    Hoy, vemos que esos acuerdos; vemos que ese consenso; vemos que esa decisión de transitar por la democracia se ha hecho pedazos; se ha hecho pedazos por el pánico, por el temor del partido del gobierno a seguir perdiendo cada día más el consenso, que decía tener del pueblo mexicano.

    La sociedad civil y sus múltiples organizaciones saludamos esa voluntad que apuntaba precisamente a un profundo cambio en la cultura política del país; un cambio que nos debiera alejarnos de las políticas del autoritarismo, el mayoriteo y la arbitrariedad característica de la vida política desde hace más de 60 años en nuestro país.

    Sin embargo hoy, seguimos acumulando vergüenzas y crímenes sombríos; la historia habrá de emitir efectivamente su juicio, y ya ha empezado a hacerlo; y tienen, y se dan cuenta, de la actitud que ha asumido el pueblo de México, se está empezando a dar el juicio de la historia.

    En esta Legislatura hay un muerto: La reforma política.

    Y acá si conocemos, acá si conocemos a los autores materiales, y son los legisladores priístas; habrá que ver, si efectivamente, el autor intelectual de este nuevo asesinato que con mociona a toda nuestra sociedad es el Presidente de la República, como él mismo ha asumido esta responsabilidad.

    La historia habrá de emitir su juicio. Pero en esta Legislatura murieron también las perspectivas de gobernabilidad, democracia y convivencia en el estado de derecho que el Presidente había prometido a la nación entera hace dos años; la mayoría del Partido Revolucionario Institucional, mató una vez más las esperanzas de millones de mexicanos, que no sólo anhelan la instalación de un régimen democrático, sino que han luchado por él, incluso como en el caso de nuestros compañeros del PRD, y otros partidos con su propia vida.

    El PRI no quería, ni quiere reformas pacíficas para la transición a la democracia; el PRI lo que busca y ahora lo sabemos, es una contrarreforma electoral; que le permita seguir aferrado irracionalmente al poder.

    Una contrarreforma que le asegurase el dispendio, que le permita conservar los privilegios y el control sobre los órganos básicos del proceso electoral, y sobre todo, la práctica que hoy ha convertido al Estado, en una identidad ingobernable, la práctica de comprar votos con el presupuesto público; un voto comprado es la peor herida que se le puede infringir a la democracia; un voto comprado surge del miedo y la corrupción, del clientelismo, de la falta de propuesta y programas políticos; temeroso frente a su descrédito el PRI se ha negado a reducir la carga impositiva y económica impuesta a la sociedad para financiar sus cada vez más dudosos y más improbables triunfos.

    La contrarreforma política actual, legaliza la corrupción electoral; el PRI no tiene militantes; el PRI tiene trabajadores; el PRI no convence; el PRI compra votos, obliga, coacciona, se aprovecha de la miseria del pueblo mexicano.

    Los votos que han de ser expresión real de la voluntad ciudadana, deben emanar de la convicción y de la razón de cada ciudadano; del esmero de los partidos políticos por elaborar propuestas convincentes, por el esfuerzo de gobernar honestamente y para las mayorías, el PRI, efectivamente, sufre hoy una crisis de pánico, debido a sus derrotas electorales, por el hecho de que sus militantes, muchos de ellos honestos han decidido abandonar sus filas y pasarse a la oposición; una crisis provocada por el hecho de que todas la tendencias indican que es muy probable que pierdan el Congreso de 1997

    Resalta el hecho de que la cifra de casi 600 mil millones de pesos se destine al IFE para financiamiento de partidos, para las campañas. Solamente hagamos un pequeño recuento, lo que representa esta cantidad de dinero. Todos los municipios del país, reciben poco más de 700 mil millones de pesos para el combate a la pobreza y a la marginación; y al IFE se le entregan 600 mil millones de pesos.

    ¿Qué es lo que se está pretendiendo hacer sino financiar la compra de votos para el partido oficial? ¿Qué es lo que se pretende sino comprar la conciencia de los mexicanos? Ese dinero que salía por trasmano, hoy lo quieren sacar abiertamente. Y hoy salen 600 mil millones de pesos, antes salía igual o más, recordemos solamente el caso de Tabasco. Y recordemos cuál había sido el acuerdo inicial de los recursos. El propio PRI propuso que para 1996, fueran los 680 millones, para el 97, mil 60 millones de pesos. Esto lo propuso Oñate en la mesa de negociaciones. Hoy; nos hablan, que efectivamente se sostiene los acuerdos, y nosotros les decimos, cuáles acuerdos, si el acuerdo con Oñate, con Gobernación y con los otros partidos fue en esta magnitud; y sabían cuánto estaba aprobado antes de esta reforma para los financiamientos de los partidos y campañas en 1995, 200 millones; en 1996, 300 millones; y para 1997, 500 millones. Lo que estaba acordado para el trienio, 95, 96, 97 antes de la reforma.

    Hoy, esto ha quedado atrás. Hoy, éstos acuerdos de consenso, han quedado atrás. Y donde no hay consenso, donde hay imposición, no hay reforma consensada, ni hay reforma electoral.

    Por eso les decimos que no se vale medrar con la miseria del pueblo para tratar de seguirse manteniendo en el poder. Con esta actitud queda claro, el PRI ha optado por dar marcha atrás a los relojes del cambio.

    Tal parece que el PRI se empeña en asegurar la existencia de conflictos postelectorales. Lo decía Woldenberg, hay quienes añoran el pasado. Supongo que se está refiriendo al PRI, porque son los que han tenido el poder en el pasado y los que hoy lo están perdiendo; y añoran ese pasado, añoran a lo mejor, esa mano dura como la del salinato para seguirse manteniendo.

    ¿Esta es la anhelada reforma legal, electoral, que buscaban, señoras y señores legisladores del PRI? Tuvimos que esperar más de dos años para que al final después de sus derrotas sufridas, dijeran que lo que querían era más dinero para comprar votos de los mexicanos, porque con sus argumentos ya no convencen al pueblo. Esta no puede ser, ni es la reforma electoral definitiva. Basta ver la agenda que quedó pendiente para comprobarlo. La sociedad se pregunta que fue lo qué pasó con el plebiscito y el referéndum, con la iniciativa popular, con la presencia igualitaria y las entidades federativas en el Senado, y los derechos de participación política de los ciudadanos sin partido. Esto no es lo que el Presidente Zedillo se comprometió con la nación; esto no es el compromiso que hizo en Los Pinos, cuando dijo que sin la presencia del PRD, esta reforma no sería ni será responsable. Hoy, ni el PRD, ni el PAN, ni el PT, están de acuerdo con esta reforma. ¿Dónde está esa palabra comprometida con el pueblo de México?, ¿qué país tenemos que todavía aguanta esto a un Presidente que no sabe sostener su palabra ante la nación?

    ¿No fue acaso Ernesto Zedillo el que lanzó la iniciativa para crear un consenso pluripartidista y efectivamente republicano para los inicios, desde los inicios de 1995?

    Y hoy, después del madruguete que le infringió su propio partido, el madruguete de los caciques, el madruguete de quienes adelantaron el Año de Hidalgo, cuatro años antes, porque como ya no saben si van a gobernar ese país en 1997, han decidido asaltar el erario público a través de un financiamiento jumbo, de la arbitrariedad electoral; o no me digan que "los patos se revelaron a las escopetas".

    - El C. Presidente: Permítame, señor Senador.

    - La C. Senadora Luz Lajous Vargas: (Desde su escaño) Quisiera preguntar, si puedo hacer una pregunta al orador.

    - El C. Presidente: ¿Acepta una pregunta de la Senadora?

    - El C. Senador Héctor Sánchez López: No.

    - El C. Presidente: No la acepta, señora Senadora.

    - El C. Senador Héctor Sánchez López: No. Porque no hay nada que debatir con ustedes. No hay nada que escuchar acá, porque aquí solamente hay sumisión al Ejecutivo.

    Hay lugares de donde se puede regresar compañeros; del ridículo, no se puede jamás regresar. Y no es acaso ridículo que mientras el Presidente presume en Argentina su hipotética reforma política tratando de calmar los ánimos de los inversionistas internacionales que ya no confían en el PRI, las huestes diputariles y por lo que veo las de este Senado, también, del partido oficial; lo suman en el más absoluto ridículo.

    Es grave, muy grave que los conflictos internos entre priístas estén dando al traste con los sueños de una nación entera.

    El PRI traicionó al Congreso, traicionó al pueblo. Y traicionó a la nación. Durante dos años no hizo más que alargar y manipular las esperanzas de una sociedad que se ha decidido definitivamente por su democratización.

    Ayer mismo, 500 cetemistas renunciaron al PRI y se integraron en calidad de ciudadanos individualmente a las filas del PRD. Ellos creyeron que el PRI podría cambiar y formar parte de un esfuerzo de democratización. Ahora como la mayor parte de la ciudadanía ha llegado a la conclusión que el partido de Estado es incapaz de responder al reclamo más sentido de la sociedad; ¿por qué democracia?, ¿por qué el país quiere urgentemente un régimen democrático?

    En primer lugar, porque la ciudadanía tenga control de los mismos partidos políticos, para que lo que el pueblo entrega al Estado en calidad de impuestos, regrese en calidad de servicios, política social, educación, salud, y no sea destinado a engrosar los bolsillos de políticos inútiles y partidos mediocres como el PRI; cuyo distintivo principal es la corrupción y la negligencia. El COFIPE de hoy, no hace más que legalizar la corrupción.

    Necesitamos democracia para que la expresión de las demandas ciudadanas pueda resolverse en las formas libre, como ellos lo decidan, es decir, en coaliciones y agrupaciones, es un derecho garantizado por la Constitución misma.

    El COFIPE impuesto por el PRI viola el libre derecho ciudadano a darse la organización política que más se desee. Este simple hecho nos llama a quienes respetamos los derechos constitucionales a convocar a la nación, a emprender el camino por rescatar los pasos dados a que una reforma política auténtica y que se apegue a la Constitución.

    El mayoriteo del PRI, su irresponsabilidad histórica, su falta de compromiso con la democracia, no hace más que abrir pasos de nuevo a la incertidumbre; las posibilidades de ingobernabilidad y los argumentos de quienes equivocadamente se han lanzado por el camino de la violencia.

    El PRD mantendrá su línea de buscar la transformación democrática por la vía de la paz, la ley y lo hará a pesar de las provocaciones del PRI y su política de cinismo, que por un lado, habla de consenso y por el otro, no hace más que fomentar la ira y la violencia por la falta de democracia y respuesta a las demandas sociales.

    Hoy, estamos acá en la tribuna, sabiendo expresamente que no es posible cambiar ni una letra, ni una coma a esta minuta. Sabemos que así es, porque el propio Zedillo ha decidido hacerlo público y si vemos las ocho columnas de los periódicos dice: "Ernesto Zedillo Ponce de León, conmigo el desacuerdo", con ustedes no hay nada que discutir, compañeros Senadores, lástima que pongan primero sus intereses particulares y no pongan por delante su conciencia cívica y el respeto al pueblo que los llevó a este puesto, por eso compañeros Senadores, como en este punto no hay nada que discutir con ustedes, la fracción parlamentaria del PRD se retira de este debate porque no hay debate.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Senador Melquiades Morales Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

    - El C. Senador Melquiades Morales Flores: Señoras y señores Senadores: En este debate ratificamos que el Partido Revolucionario Institucional ha sido decisivo para la reforma electoral y el avance de la democracia. Los priístas nos manifestamos

    desde la campaña electoral de 1994 por la realización de cambios y ajustes a la normatividad electoral para profundizar y consolidar la democracia. Nos enorgullece ser la fuerza política protagónica en esta reforma electoral, lo hacemos con plena conciencia de que así cumplimos con el electorado

    Al apoyar la reforma hicimos uso de nuestra mayoría, una mayoría alcanzada en las urnas y a través del libre ejercicio del sufragio ciudadano, de esta manera respondemos al mandato popular, cumplir con los compromisos establecidos fue nuestro propósito.

    Está acreditada la disposición de mi partido para establecer acuerdos con las distintas fuerzas políticas y mejorar el sistema de representación política. Desde un primer momento asumimos la responsabilidad de avanzar en la transformación democrática de México.

    Durante su campaña a la Presidencia de la República el Presidente Zedillo hizo ante la ciudadanía el compromiso de impulsar una reforma electoral para avanzar hacia la democracia plena.

    Al asumir la titularidad del Ejecutivo, Ernesto Zedillo convocó a las distintas fuerzas políticas para que a través del diálogo lograrán consensos en materia electoral y se ampliarán los espacios democráticos. Ratificó su voluntad de que en nuestro país se conformara un sistema competitivo y plural de partidos, se establecieran órganos electorales independientes del gobierno que garantizaran mejor la imparcialidad, que existiera una más eficaz justicia electoral y que en el Distrito Federal la ciudadanía pudiese elegir directamente a su gobierno mediante el voto universal y secreto.

    Al cumplir esos compromisos convocó el Presidente a todos los partidos políticos, impulsando en todo momento el acuerdo entre ellos; hemos de reconocer que la reforma constitucional aprobada con la participación y el consenso de todos los partidos políticos del país mantuvo siempre su impulso gracias al aliento del Presidente de la República.

    El espíritu reformador y la convicción democrática alientan la iniciativa de reformas legales en materia electoral que el Presidente de la República envió al Congreso de la Unión.

    También en torno a dicha iniciativa, el Ejecutivo Federal alentó siempre el acuerdo entre todos los partidos. Expresamos que dicho acuerdo se logró en la mayoría de los aspectos de la reforma que ahora se integra en la iniciativa que está a nuestra consideración.

    En el punto del financiamiento público, el Presidente de la República, Ernesto Zedillo, como él mismo lo ha recordado, hizo una propuesta inspirada por una visión de Estado. La propuesta relativa al monto del financiamiento público tiene el propósito de asegurar a los partidos, de manera transparente, los recursos que necesitan para desarrollar sus actividades de acuerdo al carácter de organizaciones de interés público que les otorga la Constitución, de ahí la determinación de que el financiamiento público fuese prioritario, así como el monto propuesto de los mismos.

    En la medida en que el financiamiento privado será sólo complementario, y mediante aportaciones absolutamente claras y transparentes, se evitarán los riesgos de que los partidos se vuelven rehenes del poder, de pequeños grupos o que recursos de origen ilegal distorsionen la política, en este punto no fue posible lograr el consenso unánime de los partidos, las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, se atuvieron y se atendrán a la visión de Estado que inspira la propuesta de financiamiento hecha por el Presidente de la República.

    La democracia se desnaturaliza si pierde la visión de Estado, esto no significa que se olvida a la sociedad, por el contrario, cuando hablamos de Estado nos referimos asimismo a la sociedad. El Estado surge de la historia misma de la sociedad entera que lo construye; el Estado, organización política del poder, según lo establece la Constitución, se debe a la defensa y a la preservación de la sociedad.

    La reforma electoral tiene como objetivo último, fortalecer al Estado y su legitimidad para que cumpla cada vez mejor sus propósitos, esta es la litis del debate que hoy sostenemos, una democracia para fortalecer al Estado o la prevención de la misma por los intereses particulares de grupos o partidos; partidos con sentido de Estado, o partidos como meras facciones de lucha por el poder.

    La fracción parlamentaria de mi partido, en el Senado de la República se decide por una visión histórica del Estado para la nación y la sociedad; se decide por la ratificación de que el Partido Revolucionario Institucional es un partido incluyente y abierto en la perspectiva de la nación.

    En todo momento el Presidente de la República honró su compromiso de impulsar una nueva relación con el Poder Legislativo, estos son los tiempos del mayor respeto del Ejecutivo hacia el Congreso de la Unión; el Poder Legislativo se ha fortalecido mediante una mejor concurrencia con el Ejecutivo en las funciones generales del gobierno.

    Los titulares de las distintas dependencias del gobierno federal han acudido a las Cámaras para informar a los legisladores y recibir sus propuestas y puntos de vista.

    El Presidente de la República ha manifestado la necesidad de que el Poder Legislativo siga consolidándose mediante nuevas atribuciones y facultades. El Ejecutivo Federal y Poder Legislativo, coinciden en la finalidad de consolidar una legitimidad sustentada en la observancia de la ley y la participación ciudadana, en la que las elecciones libres adquieren una importancia fundamental.

    La voluntad de lograr una reforma electoral, que garantizará imparcialidad, objetividad, certidumbre y equidad en las contiendas políticas, hizo que el PRI manifestará su acuerdo en torno a los diversos puntos y temas a discusión en las negociaciones entre las dirigencias partidistas.

    El Partido Revolucionario Institucional ha tenido un papel destacado en este proceso de modificaciones al sistema electoral, al mantener una permanente posición favorable a las reformas; siempre buscó superar las discrepancias y divergencias con lo distintos partidos, a fin de que la reforma electoral se fundara en consensos amplios con las fuerzas de oposición.

    Su permanente presencia en la mesa de las negociaciones es prueba indiscutible de su voluntad política de avanzar en la democratización mediante la ampliación de la participación ciudadana. Esta es una actitud que hace evidente la responsabilidad política de mi partido para corregir y renovar el sistema electoral. El Partido Revolucionario Institucional participó en las negociaciones con la clara convicción de perfeccionar los procedimientos electorales, ya que éstos son la única vía legítima de seleccionar democráticamente a los gobernantes.

    Por encima de todo, la democracia como cultura es la conciencia de que la unidad de la nación se sobrepone a los intereses de partido.

    En contraste con esta posición del Partido Revolucionario Institucional, otros partidos adoptaron como prioridad la resolución de sus conflictos internos o condicionaron su participación en las negociaciones a asuntos de orden local en una cuestión de carácter nacional.

    Frente a esta conducta, el Partido Revolucionario Institucional reafirmó su compromiso con una democracia que nos una y no que nos divida, una democracia que genere certezas y no incertidumbre, que precise que más allá de nuestras afiliaciones partidarias está la fortaleza de la nación.

    Se equivocan quienes creen, quienes manifiestan que esta reforma electoral responde solamente a los intereses particulares de mi partido. El único interés del PRI es la democracia, porque ella es la base de la estabilidad y de los buenos gobiernos, el claro compromiso del Partido Revolucionario Institucional con la consolidación de una democracia plena y efectiva, nos lleva a votar a favor de la iniciativa que está a nuestra consideración en absoluta congruencia con el mandato que nos dieron nuestro electores.

    Reafirmamos que en la democracia los intereses y las convicciones de la mayoría y las diferencias de las oposiciones, se mantienen dentro de la norma y han de contribuir al fortalecimiento de una convivencia plural y tolerante.

    Señoras y señores Senadores:

    En el proceso de la reforma electoral el PRI ratificó su plena voluntad para lograr acuerdos y consensos con las distintas fuerzas políticas. Nuestro propósito siempre fue contribuir al establecimiento de una normatividad electoral que garantice objetividad, imparcialidad, transparencia y confiabilidad en los comicios.

    Hoy con esta reforma, a diversos ordenamientos normativos, se avanza y se profundiza en la transformación democrática de México. Los priístas ratificamos que cumplimos con los compromisos adquiridos con la ciudadanía y reafirmamos nuestra convicción democrática mas que está a nuestra consideración. Muchas gracias por su atención.

    - El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Senador Juan de Dios Castro Lozano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

    - El C. Senador Juan de Dios Castro Lozano: Señor Presidente, señoras y señores legisladores: En alguna de las intervenciones que el que habla tuvo en el seno de este Senado, recordé aquella reunión que los Diputados franceses tuvieron en 1789, cuando los miembros del tercer Estado decidieron ejercitar lo que por derecho eran depositarios de la soberanía del pueblo.

    Cuando el Rey ordenó su disolución y el Marqués de Bresse le señaló: "Ya habéis oído las órdenes del Rey". Mirabeau con aquella voz que conmovió los corazones de los Diputados, le señaló: "Estamos aquí por la voluntad popular y no hemos de desalojar este lugar, sino por la fuerza de la bayoneta".

    En aquella ocasión, con alguna rectificación hecha por uno de los Senadores de la mayoría, recordé que en nuestro país alguien parafraseó la frase de Mirabeau, el General Agustín Olachea Avilés, quien fuera en su tiempo Secretario de Defensa y quien fue también Jefe Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Y él dijo lo mismo: "No dejaremos el poder sino por la fuerza de las bayonetas".

    En otro sexenio, uno de los Senadores, uno de los más destacados e influyentes miembros del Senado, Manuel Moreno Sánchez, señaló a la opinión pública del pueblo de México para que su voz y su concepto se escuchara, se sintiera en toda la nación: "SI - dijo Manuel Moreno Sánchez - somos una oligarquía. No negamos ser una oligarquía. La única diferencia es que somos una oligarquía revolucionaria

    Esa era la década de los 60's, la década del endurecimiento presidencial, la década en que la oposición, al término de ella, logró triunfar pese a la legislación electoral imperante y pese a la situación del país logró triunfos importantes en algunas capitales de las entidades de la República. Y el sistema tuvo miedo y el sistema se cerró y ocurrió algo que yo ya no quiero recordar, el conflicto del 68.

    Y sí, señores, motivó reformas, motivó reformas electorales, solamente electorales. Y ciertamente en 1988, en aquella sesión de la Comisión Federal Electoral, cuando el sistema se cae y se reconoce a la oposición cuando menos 48, 49 de cada voto depositado, han empezado cambios sustanciales indudables e indiscutibles; nosotros no los discutimos en el desarrollo democrático del país.

    Y siento que estamos en una transición; pero en la medida que esa transición se alargue, se extienda, la vida política del país será de tensión y será el sufrimiento del pueblo de México.

    Y ninguno de nosotros puede ni puede tomar la decisión de ser ajeno a ello. No importa el interés de la oposición; no importa el interés del partido del gobierno, no importa el interés del sistema. Por encima de uno y de otro está, señoras y señores legisladores, el interés de la nación.

    Creo que lo entendió así, y no dudó en reconocerlo, el actual titular del Ejecutivo Federal. Y prometió una reforma que ya algún compañero Senador de mi partido recordó a ustedes el calificativo que no nosotros, el Presidente de la República fue el que le dio el calificativo; la llamó definitiva, la llamó definitiva y él mismo dijo: "Mi elección fue legal, no hubo conflicto postelectoral, fue legal la elección". Pero dijo: "No fue equitativa".

    Y señoras y señores legisladores: Si el propio titular del Ejecutivo reconoció en ese mensaje a la nación, la necesidad de una reforma que él llamó definitiva y si él mismo en declaración posterior señaló que una de las circunstancias que podía haber obscurecido el número indudable de votos que obtuvo en la elección de 94 había sido la inequidad, nos queda muy claro á los legisladores y nos queda claro al pueblo de México, que precisamente la columna vertebral, la sustancia de la reforma que anunciaba el Presidente de la República, era precisamente acabar con la situación de inequidad; inequidad que se daba por la enorme y profunda diferencia entre los recursos con que contaba y contó el Partido Revolucionario Institucional.

    La inequidad en el acceso a los medios masivos de comunicación, comparados con los recursos y accesos a los que tuvieron los candidatos de la oposición.

    Si, el Presidente a través de su Secretario de Gobernación dio pasos; el Partido Revolucionario Institucional - yo no lo discuto, ni niego tampoco su decisión - también los dio.

    Aquí pronunciamos discursos que eran frases de auténtico convencimiento, mayoría y oposición; el hecho inédito; inédito porque se daba por primera vez en la historia política del país que en la totalidad de los partidos representados en el Congreso, suscribieran las reformas constitucionales acordadas, y se logró; claro que se logró una integración del órgano máximo del Instituto Federal Electoral, señoras y señores legisladores, señores Senadores, se logró, se dijo y yo lo reafirmo; la salida del Ejecutivo del Consejo General y la salida también, por cuánto a votos se refería, de los representantes del Poder Legislativo o no, porque quienes representamos y representamos entonces al Poder Legislativo como representante de la mayoría y de la primera minoría, formábamos parte y respondíamos a fracciones parlamentarias partidistas, representadas en el Congreso.

    Y claro que fue un avance, y se logró el consenso, para tener un consejo general donde las determinaciones, el voto decisivo quedaba en integrante que al menos desde la perspectiva gubernamental y desde la perspectiva de la oposición, sus decisiones eran garantía de objetividad y de imparcialidad.

    Y así, así lo dice el dictamen, así está el texto del dictamen, dice y cito, y permítame leer dos o tres líneas, a riesgo de hacer árida esta intervención, para garantizar su independencia, se estableció que el Instituto Federal Electoral sería un organismo estatal autónomo.

    La reforma constitucional dedicó gran atención a las consideraciones sobre el Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración ya no participa del Poder Ejecutivo Federal.

    Esto es avance; avance del gobierno, sí; avance del país y avance de la oposición para haber llegado a este consenso. Pero señoras y señores legisladores; este texto qué está en la exposición del dictamen, que sirve de sustento al dictamen, está amparado por el articulado de la ley, la ley - yo todavía tengo esperanzas, y lo señalar al final - la ley que para no terminar con una concatenación de consensos, debiera ser el último eslabón de la cadena que uniera a todos los mexicanos.

    La operación de la reforma constitucional contenida en la ley secundaria. ¿Y qué nos dice la ley? Nos dice un transitorio, un transitorio, el décimo; el décimo transitorio nos dice: Que claro con esa autonomía que caracteriza al Consejo General, al órgano máximo del Instituto Federal Electoral, aprobará los montos de financiamiento y calculará los gastos de campaña. Con base en lo que su consejo aprobó en 1995.

    Yo les digo señoras y señores legisladores que este transitorio que desmiente, que rompe, que quebranta el sostén contenido en la redacción del dictamen leo: "La reforma que todos aprobamos por consenso, el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, se fijará anualmente aplicando los costos mínimos de campaña, se fijará anualmente, - recalco el anualmente -, los costos mínimos de campaña calculados por el órgano superior de dirección del Instituto Federa Electoral."

    Es la Constitución, es el acuerdo, es el consenso de todo; es la Ley Fundamental, quebrantada por este artículo transitorio de esta normatividad que nos va a hacer pasar a votación dentro de unos momentos.

    Quiero decir otra cosa, se nos dice también en el dictamen: "Que se garantiza a la Suprema Corte, la facultad de ser la superior controladora de la Constitución, y el respeto a la independencia y autonomía del Poder Judicial".

    Sí, nos decían hace rato, igual como pasa con el presupuesto de la Corte; nos decía el Senador Monreal, así el presupuesto del Instituto Federal Electoral y ratificado por el Senador Melquiades, nada más el Ejecutivo lo incluirá, no lo modificará, ni un solo peso modificará el Ejecutivo del presupuesto que elabore el Instituto Federal Electoral.

    Pero saben ustedes lo que ocurre; saben lo que ocurre cuando la norma no se sanciona y es imperfecta; que cuando el Instituto Federal Electoral estaba discutiendo su presupuesto anual, en ese mismo momento el Señor Secretario de Hacienda, antes de que el Instituto aprobara su presupuesto, ya estaba presentado a la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación donde incluía más de tres mil millones de pesos para el Instituto Federal Electoral, cuando el Instituto todavía ni siquiera votaba su presupuesto.

    ¿Eso va a ocurrir también el año próximo?

    Pero igual pasa con el Poder Judicial; claro hay una normatividad muy completa, yo no estoy de acuerdo totalmente con la integración constitucional del Tribunal Federal Electoral, como está hubiéramos querido que quedara totalmente integrado al Poder Judicial, contra lo que dice el dictamen es un Tribunal sui generis, pero saben qué nos dice esta iniciativa, esta minuta, que nos manda la Cámara de Diputados, que deberá ser el Tribunal Federal Electoral, podrá debo ser honesto, no. dice deberá, podrá silo quiere, hacer el Tribunal Federal Electoral con los expedientes electorales.

    ¿Qué los va mandar al archivo del Poder Judicial Federal como poder independiente? No, señoras y señores legisladores.

    Hay un artículo que en materia de archivo los expedientes electorales irán al Archivo General de la Nación.

    Léase, control absoluto de la Secretaría de Gobernación.

    Y otro tema también en materia de justicia electoral, la Corte controladora de la Constitución conoce, señoras y señores legisladores, saben, los sabemos todos, de la acción de inconstitucionalidad; una acción de inconstitucionalidad que nosotros aquí como Cámara de origen aprobamos no solamente la reforma constitucional, aprobamos también la ley reglamentaria.

    Y saben que votamos entonces cuando sobre la acción de inconstitucionalidad; porque se dio un gran avance en la legislación fundamental, en la ley fundamental, la controversia y la acción de inconstitucionalidad podría conocer la corte de todas las materias, menos de una: De la materia electoral.

    Y por consenso PRI- gobierno, PRI- gobierno y oposición, acordamos quitar esta excepción.

    Por qué la Corte no podía temas de inconstitucionalidad electoral; yo estoy de acuerdo que conozca de recursos que califican pero por qué no ha de conocer del aspecto constitucional de una ley si es el órgano supremo controlador de la Constitución.

    Y lo acordamos así, y no sólo eso, reglamentamos el 105 constitucional; y aprobamos un artículo 71 para darle mayor fuerza al 105 constitucional y mayor fuerza a la Corte. ¡No!, a la Constitución, porque en última instancia era su protección, era su defensa evitar que se violara la Constitución por parte del Congreso al emitir normas de carácter general.

    Y aprobamos un artículo 71 que para darle mayor fuerza teníamos, y un artículo 19 y artículo 20 donde teníamos, señoras y señores legisladores, la posibilidad de que la Corte subsanara las deficiencias en la acción de inconstitucionalidad.

    Y saben qué nos manda la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, nos modifica el artículo que establece la posibilidad de subsanar la deficiencia de la queja. Y nos dice que cuando se ejercite la acción de inconstitucionalidad, artículo 71, se le agregue un párrafo.

    La actual ley en el 71 dice, que opera la deficiencia de la queja siempre; acción defectuosa, acción defectuosa, la Corte hace que se subsane la deficiencia de la queja.

    ¿Pero qué nos manda la ley?

    Al dictar sentencia, dice la actual ley, la Suprema Corte deberá corregir los errores que advierte en la cita de los preceptos; suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda; la Suprema Corte podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional haya o no sido invocado en el escrito inicial, Eso dice la ley.

    ¿Por qué, señores?

    Porque es la defensa de la Constitución, elecciones, porque no es el interés del que ejercita la acción, es la defensa misma de la Constitución.

    ¿Y que nos manda en la minuta la Cámara de Diputados?

    Un párrafo que dice: La sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la no conformidad de leyes electorales, las demás sí, pero las leyes electorales, sólo podrá referirse a la violación de los preceptos expresamente señalados en el escrito oficial.

    Eso es lo que nos mandan para votar.

    No hay retroceso, nos decían hace unos minutos. No hay y quiero, señoras y señores; claro el Código Penal ya nos hicieron una relación de todas las posibles conductas delictuosas en materia electoral que son sancionadas penalmente; todas, menos los topes de campaña.

    Claro, me adelanto. Sí, Senador, vea usted el COFIPE, y vea las sanciones que el COFIPE señala para quien viola los topes de campaña a los partidos políticos, que incluso se puede llegar a la cancelación del registro.

    ¿Y á los candidatos?

    La sanción penal; no hay sanción penal ninguna.

    Don Roberto Madrazo, cuantos miles y miles de millones de viejos pesos.

    Y díganme, aún en la hipótesis de la sanción, vean ustedes, yo podría, no hubo fundamentación del dictamen y bueno yo quise entrar de lleno al debate; podría, ayer estuve horas, horas estudiando recursos, y términos y no dudo en reconocer que en materia de términos este Código es un avance. ¿Por qué? Porque se acortan los términos electorales. Porque eso puede ser benéficos para cuando las resoluciones se dictan dentro del proceso electoral.

    Pero saben ustedes qué pasa con los términos, el informe, la resolución, el dictamen y todo, que después de las elecciones pasarán cinco meses o seis ya después de que tome posesión del cargo el candidato; en la hipótesis de que haya incumplido con los topes de campaña.

    Señores, llámenme ingenuo, llámenme quizá candidato o cándido, inocente, si pienso que todavía aún después de que la mayoría de este Senado vote - y yo sí estoy dispuesto a debatir con ustedes -, aún después de que vote, aún después de que quede aprobada por este Senado la minuta, yo le tomo la palabra al Presidente de la República.

    Sí, señor Presidente, tenemos discrepancia con el partido al que usted pertenece - y es legítimo pertenecer a un partido -; pero vivimos no en régimen de facciones, vivimos y creo y quiero y estoy convencido, en un Estado nacional.

    Presidente de la República, de todos los mexicanos, la discrepancia que tenemos con usted, todavía en bien de la nación. Aún después de que pase por este Senado la minuta, aún después de votada, todavía se puede hacer algo en bien de México.

    Tiene usted, señor Presidente, el derecho de veto, cuando le sea enviada la aprobación del Senado, con voto aprobatorio para su promulgación.

    Señoras y señores Senadores:

    Podemos, ustedes y nosotros, tener discrepancia; pero todos tenemos muertos, sepulcros y cunas, que nos unen en una patria ordenada y generosa: La patria de todos. Gracias.

    - El C. Presidente: Se concede la palabra al Senador Eduardo Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

    .- El C. Senador Eduardo Andrade Sánchez: Con su permiso, señor Presidente.

    Las últimas expresiones del Senador Juan de Dios Castró me dan pie para empezar, señoras Senadoras, señores Senadores, por coincidir plenamente con él.

    Creo que, efectivamente, es mucho, pero mucho más lo que nos une a los mexicanos que lo que nos puede separar accidental o coyunturalmente. Y que es el valor del consenso, un valor que debemos rescatar - más adelante me permitiré agregar que no a toda costa -, pero, es un importante valor en nuestro país.

    Y mientras el Senador Castro estudiaba recursos yo andaba estudiando consenso - y me fui también hasta altas horas de la noche -, en diversos libros, para tratar de rescatar, bueno, ¿qué? Si vamos a hablar de consenso, ¿qué es, finalmente, el consenso?, ¿hasta dónde debe llegar?, ¿cuál es su valor?, ¿cuáles son sus virtudes?, ¿cuáles son sus límites?

    Me encontré un pasaje en el Diccionario de Política, que coordinó don Norberto Bobbio, que me parece que resulta muy aplicable a nuestra situación actual. Dice, en alguna parte, del artículo del consenso: "En las sociedades democráticas, que permiten de manera más o menos amplía la expresión de opiniones y puntos de vista, el consenso es bastante menos visible en la superficie que en los elementos de disensión esto depende en parte de ciertas características de los medios de comunicación de masas. En pocas palabras, la disensión es más noticia que el consenso. Y en parte, del hecho de que los principios verdaderamente fundamentales, - esas tumbas, esos niños - tienen raíces tan profundas que, a menudo, se dan por descontados.

    Así, el respeto debido a los difuntos, el derecho imputado a la defensa de un detenido, etcétera, están en la conciencia colectiva. Y de eso resulta que el análisis superficial y relativo a los problemas más controvertidos, tiende a subestimar el grado de consenso existente; se corre el peligro opuesto, en referencia a regímenes de tipo autoritario o totalitario". Hasta ahí la cita.

    Pero, ¿qué significa esto en nuestro contexto actual? Que, efectivamente, parece que estamos dando indebidamente, mucha más importancia a la parte de disenso, que aún existe, que puede ser superada y lo será en algún momento, estoy seguro, que a todo el consenso y al trabajo de equipo y de conjunto que llevó a esta profunda, a esta gran reforma política de nuestro país.

    De manera que mi primera premisa es que estamos actuando en un marco de consenso real y profundo, aunque en la superficie y en las planas de los diarios - como es normal, tampoco me parece que eso sea contrario al trabajo de los medios en una sociedad democrática moderna -, es lógico que se ponga el acento coyuntural en ese disenso, pero, nosotros debemos rescatar lo valioso y lo profundo del consenso que nos ha traído a esta discusión.

    Ahora bien; veamos concretamente el punto que se ha elevado por encima del consenso y cuál es su sentido y su proyección real. Aquí rebatiría la argumentación del Senador Castro, respecto a la parte formal, constitucional, de la base del financiamiento, para después entrar al asunto de fondo.

    El citaba, correctamente, el inciso a) de la fracción II del artículo 41 donde dice que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos que ya es permanente, se fijará anualmente aplicando los costos mínimos de campaña por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Eso es cierto. Pero, antes, en la propia fracción II, se dice:

    "La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades; por tanto tendrán derecho al uso, en forma permanente, de los medios de comunicación social", etcétera y, concretamente dice:

    "Además, la ley, señalará la reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los privados". Ahí está, el propio Constituyente nos dice; sí, lo fijará el Consejo General anualmente, pero en el marco de las reglas que fije el Poder Legislativo. La autonomía del órgano que es autoridad electoral, no puede ni debe estar por encima de las decisiones de la ley que le sirve de marco y que es su sustento.

    Ahora bien: Voy al fondo; yo no he escuchado, hasta ahora, un solo argumento que cuestione la inequidad del sistema de financiamiento; se dice que es muy alto, se dice que ofende a la pobreza, se dice que es demasiado dinero; pero yo no he oído que se diga que hubo una acción inequitativa o avasalladora que favorezca a nuestro partido, en contra del financiamiento de los otros partidos.

    Se podrá decir que el monto es elevado, habrá que ver las razones de eso, pero no se ha objetado el asunto de fondo que fue el compromiso en materia de financiamiento; la equidad. Y la equidad se ha mantenido en la distribución de los recursos como se planteó desde el compromiso inicial.

    ¿Qué se ha hecho en realidad? Decir que el monto es elevado y con un hábil manejo de medios a veces parece que el PRI quisiera para sí 2 mil millones de pesos. Esa cantidad es para todos; se distribuye entre todos los partidos e incluso entre las agrupaciones políticas que se lleguen a formar.

    Una publicación de días, en un periódico de mostraba en primera apenas hace unos amplia circulación plana cómo, por ejemplo, el voto unitario del Partido Acción Nacional representa un ingreso para ese partido en términos relativos mayor que lo que significa cada voto del PRI; y para el Partido del Trabajo significa una cantidad aún mucho mayor en términos proporcionales.

    De manera que nosotros no hemos violentado el compromiso con la equidad, lo que sí se violentó fue el compromiso original por parte de la oposición de respetar las reglas básicas del consenso que aprobamos para el texto constitucional. Sabían los partidos opositores que de la aplicación de las reglas acordadas por consenso y votada unánimemente y plasmadas en el artículo 41 de la Constitución habría de surgir este monto de financiamiento al proyectar cifras objetivas que no inventamos nosotros, que el consejo general fijó para 1995 y para 1996 y de la que hemos disfrutado todo los partidos políticos.

    Y entonces no dijeron nada sobre si eso podía ser ofensivo para la sociedad, o si era muy alto; guardaron silencio y esperaron el momento oportuno para sacar el as de la manga y tratar con un argumento perverso llevar en contra de las cuerdas al PRI tratando de insinuar que era contrario a su compromiso cuando había un designio previo de romper ese compromiso para deslindarse de él y tratar de exhibir a nuestro partido. Esa es la realidad de las cosas y eso es lo que debe saber la gente.

    (Aplausos)

    Que no les preocupe en exceso el gasto de campaña, y el gasto de sostenimiento de los partidos, porque ese es el costo de una democracia sana, de una democracia no penetrada por fuerzas ajenas al interés popular. Cuál es la raíz de esta discusión sobre el financiamiento, una larga historia que debería de darnos vergüenza, vista desde el exterior, de recriminaciones recíprocas, de acusaciones, de trampas, de fraudes, de mal uso del dinero, de violaciones a la ley; llevamos años recriminándonos.

    La oposición alegando que el PRI utiliza indebidamente recursos del erario, el PRI alegando que el PAN se financia por abajo de la mesa con recursos del clero y de los banqueros, y por otro lado todavía se decía hasta antes de la caída del bloque socialista que a los antecesores de los que acaban de salir, mostrando irresponsabilidad en el debate, los financiaban desde Moscú. De lo que se trata es de acabar con esas sospechas, con esas recriminaciones que nos degradan y ver hacia adelante y crear un sistema de financiamiento verdaderamente transparente, claro, que garantice una democracia fiable que no se vea penetrada por intereses, algunos legítimos, que tratan de presionar a los partidos mediante el financiamiento de sus campañas y otros ilegítimos como se ha visto en algunos países donde el narcotráfico trata de ingresar por ahí al poder político.

    Estamos a tiempo de cerrar el paso a eso aprobando un. financiamiento responsable que esa es una cuestión de Estado, ahí estamos viendo, como dijo el Presidente, una visión de Estado, no atendiendo, como me parece que lo está haciendo en los partidos opositores a un interés coyuntural específico para tratar de sacar raja de este asunto y mostrarnos como unos ambiciosos y tener un beneficio electoral inmediato, pero sin ver lo que necesita el país y lo que necesita la democracia en el juego partidista de México.

    Finalmente, veámoslo prácticamente, va a ser caro, sí va a ser caro, pero cuánto cuesta una desestabilización por vía de penetración de intereses ilegítimos a los partidos. Todos podemos estar expuestos, lo hemos visto en el exterior, partidos alemanes, partidos españoles, partidos americanos en democracias que se suponen más maduras han visto el sufrimiento ante la opinión pública del ataque derivado de escándalos que se han propiciado por medio de ilícitos de financiamiento.

    Cuánto cuesta la desestabilización postelectoral y el conflicto, terminemos con eso, finalmente el dinero no se lo van a embolsar los partidos, eso también hay que decírselo al pueblo; cuando se le dice al pueblo que su dinero va a ir al financiamiento de los partidos quizá la gente esté pensando "estos señores se van a meter el dinero a la bolsa" los del PAN, los del PRD, los del PRI, porque en ese sentido para ellos todos somos iguales.

    Y qué es lo que no estamos viendo, que finalmente ese dinero es para un gasto público, quizá plenamente justificado, que puede servir para activar en partes muchas tareas que les sirven también de sustento y de alimento a las campañas electorales; todos los sabemos, cuando estamos de campaña tenemos que gastar papelería, propaganda, carteles, banquetes, reuniones, encendedores, ceniceros. Toda esa gente que se beneficia de lo que estamos gastando en el proceso de campaña está recibiendo en el proceso de la economía un reciclamiento del gasto público, no nos lo estamos embolsando, no nos lo estamos clavando, no estamos usándolo para beneficio personal; se está usando en un proceso económico que recicla los bienes y que les sirve, en ese sentido, doblemente a la sociedad.

    Veamos otras cuestiones respecto del consenso, yo creo que el consenso es útil, el consenso es benéfico, el consenso es un elevado valor político; pero el consenso no lo es todo en una sociedad, y buscar el consenso es adecuado hasta cierto límite, tampoco podemos ni debemos buscar el consenso a toda costa, buscar una pretendida unanimidad para dar una fachada de unidad cuando lo lógico y lo normal en las sociedades democráticas es que haya diferencias; es que haya una competencia abierta frente al electorado, que haya distintos puntos de vista.

    Por eso no debemos elevar el consenso por encima de la regla básica de la democracia que es la regla de la mayoría, consenso bienvenido cuando se puede, cuando se logra, cuando se alcanza por la buena voluntad y por la buena fe de los participantes. Pero cuando no se logra no hay que alarmarse, las sociedades que se gobiernan unánimemente y por consensos aparentes generalmente son las totalitarias; si no se logra un consenso es válido, es debido, es jurídicamente correcto que la mayoría ejerza su derecho de gobernar, porque dicen que nos vamos solos, no nos vamos solos los priistas, vamos con 17 millones de votos atrás.

    Entiendo y me pueden decir en el curso del debate que la opinión pública varía, que esos 17 millones de votos se expresaron hace dos años, que pueden estar cambiando las tendencias de votación, lo admito, efectivamente así es, la opinión pública varía y varía en el corto plazo. En Chihuahua el PAN ganó la gubernatura y en la siguiente elección perdió el Congreso local; y hace apenas dos años William Clinton parecía estar en la lona después de una arrasadora victoria de los republicanos y acaba de ganar hace unos cuantos días nuevamente la presidencia de los Estados Unidos.

    Entonces eso es normal, pasa en todas las democracias modernas, la opinión pública varía, pero la que vale, la que cuenta, la encuesta constitucional es la que se recoge en las urnas, y esa es la que valida la acción de los parlamentarios en los congresos y es lo que nos permite estar muy tranquilos, compañeros priistas, frente a la opinión pública de que ejercer nuestra mayoría no es ninguna vergüenza, es nuestro derecho y yo diría aún más es nuestra obligación.

    No nos dejemos llevar por las falsas acusaciones de mayoriteo, nosotros no mayoriteamos, pero tampoco dejamos que nos minoritéen. El mayoriteo lo entiendo como una acción inconsulta, autoritaria, avasalladora, prepotente, que no escucha, que no atiende los requerimientos y los planteamientos de la oposición. Si de algo no se nos puede acusar después de dos años de negociación, de reuniones incansables de cesión de puntos de vista partidistas para buscar el consenso, es de mayoriteo. No estamos mayoriteando, estamos ejerciendo ese derecho de gobernar. Pero el minoriteo es la contrapartida del mayoriteo. Si el mayoriteo es el ejercicio irresponsable de la mayoría, el minoriteo es el ejercicio irresponsable de la posición minoritaria y opositora que acude a la presión ilegítima; que quiere obtener más presionando cuando ya habla llegado a un acuerdo inicial; que sabe que colocando en una posición incómoda al partido mayoritario puede tratar de obtener una nueva ganancia en la mesa, porque sí ha habido -y seamos sinceros- si vamos a atender el desarrollo político de nuestro país con verdad, si ha habido concesiones en la mesa. Cada vez que hemos limitado, de una manera -y yo lo dije un día en una reunión de conferencia- ha introducido elementos partidocráticos en nuestra Constitución; cada vez que hemos lindado por disposición constitucional los Diputados que puede tener un partido político, independientemente de la voluntad del electorado, hemos hecho concesiones, yo no diría necesariamente a los partidos de oposición, han sido coyunturalmente concesiones a ellos, porque nosotros estamos en la mayoría. Pero igualmente operarla si la situación fuera al revés.

    Yo me pregunto, por qué si un partido, un candidato carismático, arrollador, de pronto lograra el 90 por ciento de los votos en el país y hubiese ofrecido al electorado un conjunto de reformas constitucionales, qué diría ese candidato al llegar al poder; fíjate pueblo que pese a tu 90 por ciento de apoyo no puedo hacer las reformas constitucionales, porque sobre tu voluntad electoral hay pactos partidistas que me impiden tener más de 300 Diputados en la Cámara.

    Yo no sé si eso es bueno o malo; creo que es bueno en este momento del desarrollo del país. Pero hay que pensar en lo que esto significa de fondo para una democracia sana y estable y cómo sí esos acuerdos en la mesa han puesto el interés de los partidos incluso por encima de un hipotético interés del electorado, luego, entonces, sí ha habido esas concesiones que han sido hechas en la mejor voluntad; que han sido hechas con el mejor deseo de generar las condiciones de democracia mexicana más idónea para el futuro, es cierto, pero todos debemos de reconocer cuáles son esos efectos.

    El minoriteo se da también cuando en esa presión se nos viene a decir que el Presidente ha faltado a su palabra de honor. Eso no lo podemos admitir de ninguna manera. Aunque no esté aquí el que ya lo dijo, pero quien ha faltado en todo caso a su palabra, ha sido la oposición que rompió consensos establecidos. El Presidente ofreció una reforma definitiva, no como algo que él pudiera dar, hombre, la oposición a veces se contradice mucho en esto. Critica el presidencialismo, luego dice, el Presidente lo ofreció, El Presidente no es Dios; el Presidente ofreció un acto de buena voluntad; de buscar una reforma definitiva ¿en qué sentido? Ya lo explicó algún día. En el sentido de que acabara con las discusiones de recriminaciones recíprocas en cuanto a validez y legitimidad de nuestro proceso electoral. Hombre, como pasa en otros muchos pueblos, donde las reglas están claras y hay una definitividad en cuanto al consenso básico de las reglas electorales, aunque no hay una inmutabilidad porque sabemos que no hay nada inmutable, en el sentido de conclusión de las discusiones por la validez electoral, era la voluntad presidencial, y se mantuvo hasta el fin. Si esa definitividad no se logró, fue porque los consensos se rompieron entre los partidos. Y eso tampoco es tan grave. En todo caso puede haber otra forma de minoriteo también peligrosa, el consenso popular partidista.

    Dicen en Argentina, por ejemplo, que toda la reforma del Estado que realizaron se efectuó después, de lo que allá denominan el consenso de dos, Menem y Alfonsín. Bueno, el consenso de pocos, por muy alta que sea su investidura a nivel partidista, no necesariamente habrá de reflejar el contenido rico de un Congreso plural. Me decía un compañero Senador, si cinco en la mesa representando a partidos políticos y gobierno no se pusieron de acuerdo, por qué se habrían de poner 600 y pico de legisladores.

    Entonces tampoco caigamos en la idea de un posible minoriteo por la vía de las cúpulas partidistas en donde el que acaba minoriteado es el Congreso. Tomemos nuestro papel, y lo tomó la Cámara de Diputados a mi juicio con un gran valor, con una gran decisión, con la comprensión de su papel como legisladores, más aún cuando no llegaba la Reforma con un consenso para lograr una votación unánime. Y dicen que tenemos pánico.

    El día en que se remitió la iniciativa no había ocurrido el proceso electoral del domingo. Y dicen que estamos condenados a desaparecer. Yo no sé. Una fuerza que retiene más del 40 por ciento -que ya lo quisieran en un día de fiesta algunos partidos europeos o de democracia como la norteamericana- ¿con cuánto ganó Clinton? con 40 y tantos por ciento; con una abstención del 50 por ciento; con menos del 25 por ciento de apoyo efectivo del electorado, Si esta es una democracia madura y reconocida, no veo por qué nos vamos a espantar, hombre; si no nos espantamos en 88; si no nos hemos espantado otras veces que naturalmente por razones de los vaivenes democráticos hemos perdido terreno, no nos vamos a espantar ahora ni es el pánico lo que nos lleva a ningún lado, Es la responsabilidad de mantener una conducción que sabemos que va a ser una conducción plural; una conducción en la que tenemos que aprender a convivir todos en conjunto finalmente, aún en donde la oposición ha obtenido triunfos importantes, tendrá que contar con el PRI para gobernar también, porque somos un partido sólido, porque somos un partido arraigado en la sociedad; porque no somos un cascarón burocrático, como otros partidos que históricamente se han defenestrado una vez que concluye el régimen que lo sostiene; aquí hay una sociedad en la que vive el PRI, en la que se arraiga millones de votos, a los que ofende el Senador Héctor Sánchez cuando les dice que son comprados. ¡Qué bajo concepto del pueblo al que pertenece tiene el Senador Sánchez!

    (Aplausos)

    Así, pues, es indiscutible que en el futuro tenemos que trabajar juntos. La política para bien de México, estoy seguro, será un trabajo constante de consensos y disensos; de encuentros y desencuentros, de debates ríspidos, pero también de soluciones apropiadas para las necesidades del país.

    Aquí estamos ya tres grandes fuerzas que se vislumbran como el trípode de la sustentación, de la democracia mexicana del siglo XXI, y un pueblo que nos va a estar vigilando a todos. Se equivoca quien crea que el pueblo va a dar un cheque en blanco a una sola fuerza política en el futuro. Los propios compañeros de Acción Nacional saben como lo están checando. Yo lo veo en mi tierra, en Veracruz, la opinión pública atenta a lo que pasa con el alcalde, que si toca o no toca con su conjunto musical; atenta también en Jalisco a que si prohíben o no las minifaldas; atentas a los escándalos de corrupción en los que ya se han metido en muy poco tiempo de gobernar. En fin, estaremos ahora todos sometidos a la prueba de la vigilancia electoral y de las urnas. Entendamos que ese es el México moderno; ese es el México que hemos diseñado todos juntos, y el PRI en una parte muy importante como partido conductor de la historia mexicana del siglo XX y que será, sin duda, también un protagonista principal en los años futuros.

    Entendamos esto; vayamos juntos; podemos disentir hoy; habremos de llegar a un consenso mañana, y si no, el que tenga la mayoría que la ejerza con responsabilidad. Muchas gracias.

    (Aplausos)

    -El C. Presidente: Habiendo transcurrido el término, que para la duración de las sesiones señala el artículo 28 del Reglamento Interior para el Congreso, esta Presidencia decreta que esta sesión se prorroga hasta el total desahogo de los asuntos en cartera.

    Se concede el uso de la palabra a la Senadora Guadalupe Gómez Maganda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

    -La C. Senadora Guadalupe Gómez Maganda: Con su venia, señor Presidente; Honorable Asamblea: Después de la brillante intervención de nuestro compañero Eduardo Andrade, deseo llamar su atención a otro tema contenido en el dictamen que nos ocupa, referente a la reforma electoral y que constituye, sin duda, un avance sustancial en el propósito común de enriquecer nuestra vida democrática.

    En ella se recogen los reclamos de una mayor participación, de una sociedad civil madura y se responde a los desafíos de una lucha partidista más abierta y competitiva, para encauzar los grandes cambios que exige el pueblo de México.

    Las reformas a la legislación secundaria en materia electoral, abre también nuevas perspectivas a la participación política de la mujer.

    En efecto, en el Artículo Transitorio Vigésimo Segundo, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que los partidos políticos considerarán en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios a Diputados y Senadores no excedan el 70 por ciento para un mismo género; asimismo, promoverán la mayor participación política de las mujeres.

    Es clara entonces la intención, de que en base a este instrumento normativo, todos los partidos promuevan una más amplia y equitativa participación de las mujeres en la actividad y responsabilidad política; el ejercicio de los derechos políticos de la mujer, su acceso a la toma de decisiones responde a la necesidad esencial de su mayor y más eficaz intervención en la vida pública de nuestro país.

    La estructura de la nueva legislación electoral que se propone, la hace viable, dentro de los marcos de igualdad de derechos y oportunidades que a cada mujer como ciudadana corresponde.

    Esta reforma constituye, sin duda, un paso más en la ardua lucha que lo largo de este siglo han librado las mujeres mexicanas por conquistar sus derechos; hoy nadie cuestiona, nuestra esencial contribución en las luchas sociales y cívicas que dan vida y modelan a la nación.

    Sin embargo al imponerse la concepción tradicional de que la representación y la toma de decisiones son ámbitos de competencia esencialmente masculino.

    Nuestro afán en la búsqueda de la equidad no ha sido fácil; porque enfrentamos un arraigado modelo cultural de corte patriarcal; porque cuestionamos prejuicios y equivocadas apreciaciones, que impiden valorar en justicia el esfuerzo femenil y por tanto reconocer nuestro derecho elemental a participar en participaciones de asuntos que nos conciernen, relacionados con la familia, con la comunidad, con la nación.

    La conquista de los derechos de la mujer ha sido en lo fundamental, resultado de la lucha femenil misma; pero seria injusto no reconocer que a ello han contribuido líderes y corrientes de ideología progresista, de posturas revolucionarias, convencidos de que la desigualdad en el campo que se presente es una injusticia que debe desterrarse.

    La lucha por la igualdad femenil, no es un asunto que sólo competa a las mujeres; la equidad de oportunidades entre géneros, beneficia a la sociedad en su conjunto, a la economía, al país entero; y es como valor y concepción de una sociedad justa, meta compartida por los sectores más avanzados de la República.

    Sin lugar a dudas, hemos alcanzado logros importantes en la vida nacional. La igualdad de los derechos sociales asentados en la Constitución Política desde 1917, se fueron traduciendo paulatinamente en derecho a la seguridad social, en derechos políticos, primero limitados y luego universales, y en igualdad jurídica. También en instituciones, programas y prácticas, destinados a propiciar el trato equitativo y las oportunidades similares; porque ha quedado demostrado, que cuando contamos con ellas, sabemos actuar también con responsabilidad y madurez.

    Sí hemos avanzado; pero es más largo el camino que nos falta por recorrer para lograr que los derechos conquistados se traduzcan en actitudes y conductas cotidianas. La democracia es bandera de hombres y mujeres decididos a participar activamente en la construcción de su presente y su futuro; la equidad de oportunidades, es por tanto un aspecto fundamental de la democracia; Porque las mujeres significamos la mitad o más de la sociedad, de los ciudadanos, de los miembros de los partidos y de los electores del país.

    Es innegables que. las ideologías progresistas y revolucionarias, y la voluntad de las mujeres mexicanas, han permitido ir abriendo campos cada vez más amplios de participación femenil; pero en las transformaciones sociales mismas, los cambios educativos y culturales, así como la dinámica económica con sus avances y desafíos, impulsan y exigen nuestra creciente intervención en las decisiones del país.

    Nuestro avance hacia un trato digno, equitativo y justo, es irreversible; por ello hay que traducirlo en leyes y preceptos que encaucen y alienten nuestra participación; los retardos, los aplazamientos sólo complican el camino de la democracia mexicana; por ello debe ser compromiso de legisladores y dirigentes políticos; de hombres y mujeres hacer a un lado prejuicios injustificables.

    No buscamos privilegios, ni concesiones gratuitas, tampoco desplazar a nadie, sólo buscamos igualdad de oportunidades.

    Las mujeres sabemos, que esta reforma electoral, era oportunidad inmejorable para dejar al nuevo siglo incluir a la legislación electoral, obligaciones ineludibles que lejos de violentar el espíritu de la Constitución, permitieran hacer efectivos nuestros derechos constitucionales.

    Porque desafortunadamente, existe un amplio espacio entre la norma y la práctica, y también incomprensible resistencias que limitan nuestra participación.

    Nos satisface a las priístas, que la reforma al COFIPE incorpore logros que alcanzamos en nuestra XVII Asamblea Nacional, pero deseábamos que la nueva legislación electoral, incorporara acciones afirmativas, para hacer de ese compromiso y de los propósitos declarados de todos los partidos, un ejercicio real y permanente.

    No nos desalienta no haber alcanzado propósitos compartidos con compañeras legisladoras de otros partidos; no nos desanima, estamos acostumbradas a encontrar y a vencer resistencias; por el contrario la reforma en relación a nuestra participación política nos motiva; porque significa un avance en un camino en el que sabemos por experiencia que iremos encontrando apoyos y convicciones cada vez más amplio a esta justa causa.

    Lo importante, y más allá de demandas de género, es que con esta reforma electoral, México construye un mejor mareo para hacer de la pluralidad política la gran fuerza que permita una transición, que preserve la unidad de la nación y que consolide la democracia como el modelo y la meta de convivencia. Por ello les pido a ustedes su voto aprobatorio. Muchas gracias.

    (Aplausos)

    -El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Xavier Salazar Sáenz, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

    -El C. Senador Francisco Xavier Salazar Sáenz: Con su venia, señor Presidente; señoras y señores Senadores: El pasado jueves 14 de noviembre en la Cámara de Diputados, el PRI dio luz verde a la contrarreforma electoral definitiva; se echó para atrás en los acuerdos muy importantes que se habían venido negociando durante casi dos años.

    Y la razón, para este retroceso, fue el financiamiento a los partidos, el dinero, los recursos.

    La discrepancia de los demás partidos con el PRI, acerca del financiamiento, no fue la fórmula de asignación de los recursos, en esto, en principio, había consenso.

    Los partidos estaban de acuerdo, en que al PRI le tocara una cantidad mayor, que obviamente, le daría una ventaja como siempre la ha tenido, sobre los demás partidos.

    No fue la fórmula de asignación, fue el monto, fue la cantidad de dinero, la causa de la discrepancia. La cantidad de dinero que finalmente se aprobó solamente por el PRI, es una cantidad muy grande de dinero. Hablamos de más de 2 mil 400 millones de nuevos pesos, o sea, 2.4 billones de pe­sos viejos; que representan un aumento estratosférico con respecto a elecciones anteriores.

    Permítanme, yo sé que no van a ver las letras, pero las figuras se ven muy bien, aquí tienen señores Senadores, lo que representa los gastos actuales y lo que representa la propuesta del PRI, un aumento escandaloso y estratosférico, lo que propone el PRI y aprueba sólo el PRI en aumento en los gastos.

    Y permítanme hacer una breve cita de una persona muy conocida para todos ustedes, porque es un distinguido Senador del PRI, que dice lo siguiente: "Querámoslo o no, la política cuesta y cuesta mucho, pero debe costarles cada vez menos a los contribuyentes y debemos dar los pasos necesarios para lograr una verdadera democracia, comenzando por la transparencia de las finanzas de los partidos políticos". Fíjense bien, "debe costarles cada vez menos a los contribuyentes". No como la gráfica que les enseñe, señores Senadores. El autor de ese texto ustedes lo conocen muy bien, porque ha sido Secretario de Finanzas del PRI, y es el Senador Miguel Alemán Velasco.

    El PAN proponía una cantidad mucho menos de la mitad de lo que finalmente aprobó el PRI, solo el PRI; y esto Senador Andrade, es lo que nosotros llamamos mayoriteo, cuando sólo un partido contra otros tres o cuatro partidos, él sólo aprueba las cosas.

    A mí me parece, señores Senadores, que aprobar un gasto de este tamaño para campañas electorales, es una bofetada para el pueblo de México, Cuando en México tenemos 40 millones de hermanos nuestros que viven en la pobreza y en la miseria, cuando sus necesidades son comida, salud, educación, agua potable, seguridad pública; el PRI aún echándose para atrás en acuerdo ya pactado hasta por las más altas autoridades, no fue capaz de aceptar una reducción en este gasto.

    Al PRI le parece más importante tener dinero, mucho dinero para sus campañas que ayudar en algo a superar la triste situación de muchos mexicanos.

    Y esto hay que decirlo, señores Senadores, el único partido, único partido, y eso Senador Andrade, es lo que nosotros llamamos mayoriteo, el único partido que prefiere gastar mucho dinero en campañas políticas, es el PRI. Pero esto el pueblo se lo va a cobrar con réditos, se lo va a cobrar con votos, los priistas lo saben, como en el caso del IVA, saben que tendrán que enfrentar la crítica social, la irritación popular, saben que tendrán que pagar la factura, el desprestigio de ser los únicos, y eso es a lo que llamamos mayoriteo, de ser los únicos que votan esta contrarreforma. Lo saben, pero para ellos, como lo dijo un distinguido priista: "Esto es cuestión de vida o muerte".

    Y es que efectivamente en el PRI no saben hacer campañas sin gastar muchísimo dinero. Siempre ha hecho campañas de derroche, de dispendio; siempre han tenido recursos de sobra, antes los obtenían por abajo de la mesa del gobierno federal o de los gobiernos estatales o municipales. Pero ahora que los otros partidos tienen mayor capacidad de vigilancia sobre los gastos de los gobiernos, ya no pueden disponer de esas cantidades exorbitante, de las que siempre habían dispuesto.

    Anteriormente, también tenían otra fuente de financiamiento, sus mismos militantes o simpatizantes y hasta los propios candidatos. He oído versiones directos, testimonios directas de candidatos, ex alcaldes priistas lo que les costaba una Presidencia Municipal, lo que tenían que dar para ser ellos los candidatos; y estos simpatizantes o hasta los propios candidatos estaban dispuestos a aportar grandes capitales a las campañas, más que aportar, diríamos a invertir grandes capitales, sabiendo que llegando al poder, la recuperación de la inversión era rapidísima y con una magnífica utilidad. Apoyar a un candidato del PRI y después hacer negocios a la sombra del gobierno, era la forma de hacer fortuna y si no pregúntenselo a los señores que fueron charoleados por el Presidente Salinas de Gortari, el aún priista, el ex Presidente Salinas de Gortari.

    Y luego, presumiendo empresarios, aunque en su vida sólo hubieran tenido puestos burocráticos o hubieran sido parientes o amigos de algún hermano de los jerarcas.

    Pero hoy eso ya no es negocio, hoy no tienen ninguna seguridad de que si invierten en apoyar a los candidatos del PRI vayan a tener utilidades, más bien, lo contrario es lo más frecuente. Ahora ya saben que en muchos casos invertir en candidaturas del PRI es botar el dinero, es tirarlo a la basura o al menos hay el riesgo de perder lo que se invirtió.

    Eso explica, señores Senadores, el por qué los mismos dirigentes del PRI, reconocen que el dinero, el dineral, es cuestión de vida o muerte para ellos. Porque no saben, porque les da miedo, pánico, pavor, porque no están acostumbrados, porque nunca han tenido la necesidad de hacer campañas austeras, con poco dinero, como lo hemos hecho durante muchos años, los que militamos en la oposición.

    Porque su forma de hacer campañas, siempre fue en base de la compra de votos, de los acarreos de gente, de la inundación de propaganda, de la saturación de los medios de comunicación; cuántas veces no vimos las caravanas de suburbans, camionetas y camiones llenos de personas, a veces hasta de otro Estado acompañado a los candidatos del PRI; los famosos mítines móviles.

    Cuántas veces no nos llenaron las urnas y nos decían los militantes, que habían cuidado las casillas, que habían pagado los votos a determinadas cantidad de dinero, la entrega de despensas, los costales de MASECA, los recursos de PROCAMPO, o de PRONASOL, los desayunos el día de la elección, los taxistas contratados por todo el día de las elecciones; y esto, señores Senadores, cuesta mucho dinero. Y los priistas quieren seguir con el mismo estilo de hacer campaña, tener dinero de sobra para seguir siendo los mismos, sólo que ahora quieren que el dinero se les dé por arriba de la mesa. No les importa que hayan otras urgentes y lacerantes necesidades de los mexicanos, ellos quieren seguir siendo los mismos.

    No se puede dar más del 17 por ciento de aumento a los salarios porque es inflacionario o porque no hay dinero. El gobierno ha estado reduciendo el presupuesto en educación, pero para eso no hay dinero; se aplaza seis meses la entrada en vigor de las AFORES, escamoteándoles a los trabajadores los fondos que el gobierno ya se habla comprometido a darles y que por ley tenía obligación de hacerlo, pero para eso no hay dinero; no se les da suficiente mantenimiento a las instalaciones de PEMEX, y a los bomberos se les dan medallas, pero no equipos, porque no hay dinero. Bueno, lOS municipios siguen siendo miserables, para eso no hay dinero, tan hace falta dinero a este gobierno que hay que vender a como dé lugar las plantas petroquímicas, hay que vender todo lo que se pueda vender, tan hace falta dinero que a cada rato se contratan nuevas líneas de crédito en el extranjero; tan le hace falta dinero a este gobierno, que el señor Ortiz, el Secretario de Hacienda, está haciendo una campaña intimidatoria, terrorismo fiscal, y ofrece hogueras inquisitoriales para el que no pague; todo porque hace falta dinero.

    ¡Ah!, pero para campañas políticas, para eso sí hay dinero, para eso si hay bastante dinero, lo que aprobó el PRI en la Cámara de Diputados, equivale al presupuesto del programa de apoyo a la pobreza de nueve estados de la República juntos; equivale a lo que debería de haberles dado el gobierno a los trabajadores si hubieran entrado en vigor las AFORES.

    Tengo la información disponible para todo aquel que tenga acceso a Internet, de que los tres candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos, los tres juntos se gastaron 103 millones de dólares, equivalente a 800 millones de nuevos pesos; o sea, la tercera parte, los tres candidatos a la Presidencia de la República de Estados Unidos, se gastaron la tercera parte de lo que aquí los señores del PRI quieren que se gaste en campaña.

    Pero señores, hay una agravante que todavía hace más lacerante este problema. Lo que aprobó el PRI el pasado jueves, es el mínimo, el costo mínimo de una campaña, los máximos, los topes de campaña, lo que dice la ley, serán 2.5 veces el costo mínimo de una campaña; estamos hablando de 7 mil 500 millones de nuevos pesos. Además está el dineral que se gastan en las campañas estatales, además está lo que gastan en las campañas municipales.

    Señores Senadores, nosotros no estamos en contra de que el gobierno dé dinero para las campañas políticas, tampoco rechazamos lo que dicta el artículo 41 de la Constitución acerca de que debe de prevalecer el financiamiento público sobre el privado; es más, ni siquiera estamos en contra de las fórmulas de asignación de los recursos, aunque el PRI recibiera una mayor cantidad, lo que nos rebela, lo que nos indigna es el monto, es la falta de sensibilidad de este gobierno y su partido, lo que ofende es que mientras mucha gente tiene hambre, enfermedades, inseguridad, el PRI insiste en campañas de derroche y de dispendio, nos parece una bofetada para los pobres, para los desempleados, para los inmigrantes, para los campesinos, para los damnificados, para los trabajadores, para todos aquellos para los que no hay dinero, por eso, señores Senadores nosotros votaremos en contra de esta contrarreforma. Muchas gracias.

    (Aplausos)

    -El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Chapa Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

    -La C. Senadora María Elena Chapa Hernández: Con su permiso, señor Presidente; Senadoras y Senadores: Sostener en la reforma electoral la afiliación individual, el derecho de los ciudadanos a participar como observadores durante el proceso electoral hasta el día de la elección, el máximo de los 300 Diputados para los partidos políticos por ambos principios; la integración del Senado; la simplificación del registro de los partidos políticos; la obligación de abstenerse de formular expresiones denigrantes tanto de los candidatos como en la propaganda política; el aliento a la capacitación política; el asegurarse de mejores horarios en los medios, radio y televisión, son algunos logros de consenso de las mesas de diálogo, ahora plasmadas en el COFIPE, pido la cortesía política para abordar un planteamiento de los asuntos de las mujeres que estimo importante dejar asentado.

    La lucha de las mujeres por acceder a la toma de decisiones ha sido sin duda muy prolongada. A pesar de los avances históricos que las mujeres han hecho en los movimientos sociales, sigue confinada al ámbito privado; a la atención de las labores domésticas en lo que constituye la doble o la triple jornada de trabajo.

    La aportación de las mujeres a la vida nacional, de aquellas que decidieron ser amas de casa, es cuantiosa, mucho sin duda de la estabilidad que México tiene es por las tareas silenciosas que millones de mujeres realizan sin el reconocimiento de su familia ni de la sociedad; valorar el trabajo doméstico es una demanda sin discusión en nuestro tiempo.

    Las mujeres hemos mantenido una actitud leal y honesta frente a las organizaciones partidistas; realizamos actividades políticas de todo orden, pero sobre todo hemos sido activistas consumadas en las contiendas electorales, pero muy pocas hemos tenido oportunidad de acceder a las decisiones, tanto en nuestros partidos como en los cargos de elección popular, la historia, la educación y la cultura mexicana se ha fincado en un trato preferencial para los varones y discriminatorio para las mujeres; empezar a reconocerlo es dar un primer paso para el cambio.

    Desde la familia se producen actitudes reproductoras de los roles considerados como femeninos o masculinos, nuevas generaciones de franca mayoría exigen ahora condiciones de equidad, transitan de la democracia doméstica a la democracia política.

    La participación política de las mujeres no es un problema de leyes ni de interpretaciones gramaticales, es un problema de decisión y de voluntad política. El principio que anima el derecho social es que no puede tratarse igual a los desiguales, la misma Constitución General de la República faculta la protección legal al débil, los indígenas y los obreros, son ejemplo de ello.

    Las mujeres siendo una mayoría poblacional, reciben el trato de minorías frente a una sociedad desigual. Desde principios de siglo se hicieron públicas algunas acciones de las mujeres en su lucha por la igualdad política.

    Fue hasta 1952 que se derogó el artículo 115, cuya adición en su fracción I concedía el voto a las mujeres en las elecciones municipales para reformar el artículo 34 que otorgó el carácter de ciudadanía a las mujeres. Amplio debate se dio entonces en las diferentes corrientes políticas.

    En 1974 se aprobó la modificación del artículo 4º constitucional para establecer que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Hace 22 años se reconoció que la garantía de igualdad, plasmada. en la ley, no era suficiente, pues la desigualdad no se erradica con instrumentos legales, se hablaba entonces de cambios de actitud y cambio de la cultura mexicana.

    El 11 de septiembre de 1993, en la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se logró adicionar el párrafo tres del artículo 175, el que menciona: "Los partidos políticos promoverán en los términos que determinen sus documentos internos una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a través de su postulación a cargos de elección popular".

    Dos señalamientos político-partidistas son conveniente mencionar ahora para ubicar los logros: El del Partido de la Revolución Democrática que tiene establecida la acción afirmativa en sus estatutos en un 30 por ciento mínimo de participación política femenina, y el Partido Revolucionario Institucional, que el 22 de septiembre, en su XVII Asamblea Nacional aprueba en sus estatutos del 35 al 41, entre otros, que en los cargos de dirigencia de partido y de elección popular, en ningún caso incluirán una proporción mayor del 70 por ciento de un mismo género.

    En votación unánime de las delegaciones estatales, sectoriales y de organización, hombres y mujeres logramos abrir la puerta a la mitad de la militancia en las regidurías, alcaldías, diputaciones locales, federales y senadurías, este mecanismo deberá observarse en cada segmento de diez candidatos en los casos de las listas de representación proporcional. Queremos tener la oportunidad de contender, asegurando no los escaños, sino las oportunidades en las candidaturas.

    Así, en el Estado de México, en la elección del día 10, contendieron 342 mujeres, y 109 en Coahuila, y al igual que los varones ganaron o perdieron; los seres humanos por igual son asertivos o cometen errores.

    Nuestro particular agradecimiento a los hombres solidarios que nos apoyaron, que no nos dejaron hablando solas, evidentemente hubo incomodidades y todavía hay algunas resistencias al interior de nuestro instituto político; al igual que de una parte de la sociedad. Las opiniones son múltiples, las diferentes corrientes plasman su concepción de la democracia, pensamos que no hay democracia completa si no se tiene una representación completa y en ella están sin duda alguna, las mujeres.

    Otros esfuerzos se han realizado. En junio del presente año en la Ley Estatal Electoral de Sonora se aprobó en el articulo 87 que será requisito esencial para que proceda el registro de candidaturas que no deban incluir una proporción mayor al 80 por ciento de candidatos de un mismos sexo en ayuntamientos y en las diputaciones locales de mayoría relativa.

    En San Luis Potosí se ratificó la iniciativa el mes pasado, señalando en el articulo octavo la igualdad de dignidad de derechos, oportunidades en la vida pública, económica social y cultural.

    La semana pasada en la Cámara de Diputados, tras doce horas de negociaciones logró, con 282 votos priístas, incluir en el articulo Vigésimo Segundo Transitorio del articulo primero del COFIPE, el texto siguiente:

    "Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas a Diputados y Senadores no excedan del 70 por ciento para un mismo género, asimismo promoverán la mayor participación política de las mujeres".

    Por razones que escapan a la lógica política, el asunto de las oportunidades políticas para las mujeres, presente en la ciudadanía mexicana y en el mundo habrá de continuar, pues sólo se estima la adición al Transitorio Vigésimo Segundo como un paso más en la lucha por la equidad y la competencia política.

    El Ejecutivo Federal estableció un compromiso con las mujeres mexicanas, señalando que ha llegado el tiempo de poner en práctica cabalmente, no sólo en la letra de la ley sino en la vida cotidiana, la igualdad de la mujer con el varón e igualmente a encabezar una gran reforma para que sea plenamente efectiva la igualdad ante la ley y la equidad de oportunidades, conforme lo dispone el artículo 4º constitucional.

    Las acciones afirmativas son herramientas transitorias encaminadas a eliminar las desigualdades y los desequilibrios en las oportunidades, son mecanismos reconocidos por la Organización de Naciones Unidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer, ratificada ya por más de 100 naciones, entre ellas México, lo hizo en 1981, señala la adopción por los Estados partes de medidas especiales de carácter temporal, encaminadas a acelerar la desigualdad de facto entre el hombre y la mujer, no se considera discriminación. Estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad, de oportunidad y de trato.

    Para las Naciones Unidas, discriminación es toda distinción, exclusión o preferencia, que tenga por objeto resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

    Los artículos 7º y 8º - de dicha convención amplían las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política. y pública de los países.

    Las acciones afirmativas o acciones positivas para la igualdad, llamadas también sistemas de cuotas o sistemas de cupos o discriminaciones positivas, están en los reglamentos partidistas de 33 países en variación del 20 al 50 por ciento.

    En América Latina destaca Argentina con el 30 por ciento, donde las legisladoras demandaban una reparación histórica, o Brasil, Paraguay, República Dominicana y Perú, entre otros. Países con la meta mundial para el año 2005 según el resolutivo de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer que firmó nuestro país, realizada esta conferencia en Pekín, China, que significa lograr el 50 por ciento de las oportunidades políticas para ese año 2005 lo son Canadá, Finlandia, Francia, Suecia, entre otros.

    A situaciones desiguales corresponden soluciones desiguales, así señala un argumento de las Naciones Unidas. El principal obstáculo que se opone a la participación de la mujer, es la falta de apoyo activo en los partidos políticos, en los parlamentos, en los sindicatos, en la organizaciones profesionales, entre otras.

    Las mujeres se han hecho visibles ya en las universidades, en las empresas, creando sus propios espacios en las organizaciones no gubernamentales o estableciendo redes con organizaciones populares, movimientos femeninos y asociaciones. En los países en donde las mujeres se organizan en redes solidarias por encima de las diferencias ideológicas es más alta la participación política.

    En México hay ejemplos legislativos y de acciones plurales que evidencian la madurez política femenina. Las cifras actuales de mujeres políticas de todos los partidos, indican porcentajes menores. Por ejemplo, de los 2 mil 412 municipios, menos del 4 por ciento de las alcaldías son mujeres; de 1044 diputaciones locales, el 10 por ciento; de 500 diputaciones federales, el 14 por ciento; y de las senadurías, el 12 por ciento somos mujeres.

    Establecer una acción afirmativa significa un medio para aumentar rápidamente el número de candidatas que aprendan previa capacitación el oficio político. Garantiza la presencia de las mujeres y su influencia política en las decisiones. El debate continúa, es ya un logro, pues las mujeres no estamos usualmente ni en el debate ni en las negociaciones políticas nacionales.

    Pasar de la igualdad de trato a la igualdad de oportunidades de las buenas intenciones y del discurso a los hechos, en el empleo, la salud, la educación, el combate a la pobreza y la política, acorta la distancia de las asimetrías.

    Transitar a la valoración, a reconocimiento, a la visibilidad, a la igualdad, a la equidad y a la solidaridad, significa reconocer las diferencias y la tolerancia. Es también testimonio de democracia incluyente y de justicia.

    Las mujeres no podemos ni queremos renunciar a la diferencia; pero tampoco renunciar a la igualdad.

    No significa que por el hecho de ser mujeres se otorgue tratos preferenciales, sino establecer condiciones igualitarias en un contexto discriminador. Reconocer su capacidad, su perfil de confianza, de credibilidad, de honradez y de sensibilidad frente a las políticas y a las grandes causas sociales.

    Al final, la ciudadanía decide con su voto su preferencia electoral, no sólo por el género, sino por la oferta que cada candidato o candidata haga y cada organización partidista ponga a consideración.

    En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, se adopta una perspectiva de género, tanto en el proceso de formulación de políticas como en la ejecución de programas. Las repercusiones en las decisiones diferenciadas sesgan y afectan la visión de la sociedad.

    Hablar de las mujeres es hablar de las sociedad mexicana. El ejercicio del poder y la toma de decisiones, incluida la revisión de la legislación que obstaculiza la participación plena de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural, la asumió ya el Programa Nacional de la Mujer.

    Somos, por último, el 51 por ciento de la población, y el 53 por ciento del padrón electoral. Queremos pasar de la mesa de la cocina a las mesas de las negociaciones. Queremos eliminar los techos de cristal. Pretendemos avanzar real y efectivamente en las oportunidades políticas.

    Reconocemos que el COFIPE plasmó un primer esfuerzo de acción afirmativa. Otros hombres, otras mujeres, avanzarán en la ley, en el futuro.

    A finales de siglo ya no hay reversa, las resistencia que ahora existen se romperán por la fuerza de los principios de la igualdad y de la equidad que la nueva sociedad reclama. Las mujeres somos una fuerza real, un activo político, una oportunidad de cambio. No nos quedemos fuera de la historia. Muchas gracias.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Elena Sansores San Román, para razonar su voto.

    - La C. Senadora Layda Eléna Sansores San Román: Señor Presidente, compañeras y compañeros: Es cierto, se reconoció ante propios y extraños, que las elecciones presidenciales de 1994 fueron inequitativas. A confesión de parte, relego de pruebas; triunfo legitimo, contienda desigual.

    Y a menos de dos año de distancia, cuando parecía que habíamos entrado a camino sin retorno en el proceso de perfeccionamiento de nuestra vida democrática, haciendo a un lado el consenso ya logrado, queremos imponer otra vez la desigualdad. Por eso voto en contra.

    Y voto en contra también porque sin dejar de reconocer que hay avances en lo que se refiere a justicia electoral, a la conformación de los órganos electorales. En fin, me parece inaceptable que cuando el pueblo de México está padeciendo una de las peores crisis económicas, la propuesta para financiar los partidos políticos, sea de millones y millones de pesos, cuando paradójicamente todos los partidos políticos de oposición están en contra.

    No nos llamemos a engaños. A quienes queremos convencer que la razón de este financiamiento que resulta ofensivo para un pueblo en la penuria, es para evitar infiltraciones de narcotráfico.

    Todos los que estamos aquí en esta sala, sabemos que si el narcotráfico quiere, no hay Recursos públicos, por generosos que sean, que puedan evitarlo.

    Ahí tenemos ejemplos recientes en Italia, en Colombia, el financiamiento en Italia es enorme. Y ahí está el narcotráfico; el dinero no es la vacuna, y en cambio si lastimamos profundamente el sentimiento popular.

    La gente no quiere partidos ricos, aunque todos sean mucho más ricos ahora, hay que escuchar las voces de la calle, lo que la ciudadanía cree, es que queremos remediar con dinero lo que no hemos sabido defender con trabajo, con ideas, con principios.

    Desde esta tribuna le digo al Presidente de mi país; que me hubiera gustado verlo induciendo y conduciendo la reforma; una reforma electoral profunda.

    Desde aquí le digo que me hubiera gustado verlo como jefe de Estado, protagonizando un liderazgo visionario; que me hubiera gustado verlo cumpliendo su palabra empeñada.

    Y a ustedes compañeros Senadores; una reflexión. Esta es una oportunidad más que se nos va.

    De qué sirvieron dos años de afanes, de esgrimas, de inteligencia, de peregrinar, de Chapultepec a Barcelona, de Bucareli a Los Pinos y al Congreso, y finalmente dejamos fuera las coaliciones, ya vendrán.

    Suprimimos la equidad en los medios de comunicación, ya vendrán, dejamos fuera el plebiscito, ya vendrá, dejamos fuera el referéndum, ya vendrá. Pronto vendrán otros a cumplir las exigencias de un México huevo que reclama una vida democrática plena:

    Por ello voto en contra.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Senador Mario Vargas, del Partido Revolucionario Institucional.

    - El C. Senador Mario Vargas Aguiar: Con su venia, señor Presidente; ciudadanas Senadoras, ciudadanos Senadores: He solicitado el uso de hacer uso de la palabra con el propósito de hacer algunas consideraciones respecto a diferentes afirmaciones que se han vertido en torno a la posición que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional hemos asumido en la reforma a los ordenamientos legales en materia electoral.

    Es un hecho que quienes han opinado criticado severamente la posición priístas, lo hacen de manera muy parcial, considerando como absolutos y verdaderos sus argumentos.

    Se ha dicho que privilegiar los fondos públicos sobre los privados, es vulnerar la economía popular, que fortalecer el régimen de partidos es burlarse de la necesidad del pueblo.

    Afirmo que dicho razonamiento es subjetivo y es unilateral, y ha sido usado para enrarecer el clima de consenso que el gobierno federal ha impulsado y que el PRI en todo momento ha demostrado su voluntad por alcanzar.

    El debate sobre la reforma electoral, compañeras y compañeros Senadores, se empantanó en la negociación no por nuestra voluntad, sino por falta de consenso de las partes, para lograr el - consenso como muy bien lo planteó el Senador - Eduardo Andrade, se necesitaba de la voluntad de todas las partes en todos los temas de la agenda de negociación y - no solamente en aspectos parciales.

    Siempre estuvimos dispuestos al acuerdo, sabíamos que el método adoptado para alcanzarlo, necesitaba diálogo respetuoso, tiempo para pensar y tiempo para consultar, a través de este método y en el transcurso de dos años, se logró la reforma constitucional que hoy algunos pretenden minimizar tratando de desconocer sus grandes logros.

    Así también sacamos adelante los nombramientos del Presidente y los Consejeros del Instituto Federal Electoral, garantizando la independencia de este organismo ciudadano.

    Igualmente en esta Cámara de Senadores, designamos a los magistrados que estarán encargados de aportar el elemento de justicia e imparcialidad a todo el procedimiento electoral.

    Todavía más, en la adecuación a los ordenamientos legales en materia electoral, fue el PRI quien flexibilizó principalmente sus posiciones; y hay quien afirma que el PRI rompió el consenso, bastarla con recordarles que fue la oposición quien continuamente se paraba de la mesa de negociación obstaculizando sus trabajos. Finalmente por estrategia política, se decidieron no alcanzar el consenso total para no legitimar la reforma electoral y guardar capital político para en el futuro seguramente descalificar el procedimiento electoral.

    Esta es la razón.

    También hay quien dice, que el PRI rompió los acuerdos como reacción a los resultados de las elecciones en Coahuila, Estado de México e Hidalgo.

    Creo que esta es una apreciación inexacta, el PRI ganó las elecciones en la mayoría de los municipios de los tres estados y seguirá teniendo también la mayoría parlamentaria en los Congresos locales.

    Que hubo triunfos en municipios importantes de partidos opositores, lo reconocimos, es el triunfo de la democracia, es el triunfo del sistema constitucional de partidos que nosotros, los priístas y las demás fuerzas políticas - nos hemos empeñado en construir.

    Hay quien argumenta, por otro lado que el PRI antepuso sus intereses particulares sobre la nación Aquí se ha reiterado en ese argumento y bastaría sostener que no fuimos nosotros quienes pretendimos privilegiar el financiamiento privado sobre el financiamiento público, sostenemos que los partidos políticos por ser entidades públicas se deben al pueblo, a las causas populares y deben ser sostenidas por él.

    No creemos, nunca hemos creído en las oligarquías, en los pequeños grupos que a través de su gran poder económico, financien sus propios partidos y se hagan dueños invisibles de la voluntad popular. Ellos si anteponen sus intereses particulares sobre los de la nación.

    Hay también quien asegura que los duros del PRI se revelaron contra la iniciativa presidencial porque acaba con sus paraísos políticos.

    Al respecto afirmamos que en la relación del PRI con el Ejecutivo surgido de nuestra fila, hay respeto y armonía, hay grandes coincidencias esenciales, hay voluntad compartida para trabajar en el perfeccionamiento de nuestro régimen democrático.

    ¿Qué es lo que los priístas queremos en las elecciones?

    Queremos, aquí se ha dicho, condiciones equitativas, reglas claras, y transparencia financiera de los procesos electorales, que estamos a favor de ella y creemos firmemente que con las disposiciones que fueron aprobadas por el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, en nada se atenta en contra de ellas.

    El PRI está satisfecho con los cambios impulsados en materia electoral, porque son de un alto contenido democrático y por que representan, a pesar de que hay quien se atreve a negarlo, las reformas políticas más importantes en las últimas dos décadas.

    A nuestro parecer se consolidaron tres ámbitos que garantizan la imparcialidad, la pluralidad y la participación ciudadana.

    La imparcialidad con las instituciones electorales que hoy son totalmente independientes del gobierno.

    La pluralidad a través de los órganos de representación nacional que garantizan el mejor y mayor acceso a los partidos con presencia política entre el electorado al Congreso de la Unión.

    Y la participación ciudadana a través del nuevo e importante régimen político instrumentado para el Distrito Federal.

    Creo que nadie debe negar estas profundas transformaciones; hacerlo, significa aceptar que nunca buscaron realmente el consenso, y sólo tenían como objetivo aprovechar los tiempos para ganar capital político.

    Compañeras y compañeros Senadores:

    Las elecciones se ganan con votos; por eso, hago un llamado a todas las fuerzas políticas para que volvamos al debate serio y respetuoso, para que no mal informemos a la opinión pública, para que no generemos desconfianza, lo que obstruye la participación política de la ciudadanía en los procesos electorales.

    No es descalificando a los adversarios políticos como consolidaremos la democracia; no es a través de posiciones rígidas como alcanzaremos los consensos que fortalezcan la gobernabilidad del país.

    No es buscando publicidad política en momentos coyunturales como lograremos consolidar el sistema político de partidos.

    Demos contenido al debate político, convenzamos con argumentos, elevemos la calidad de la política, mediante la participación de la sociedad.

    Volvamos al terreno de las convergencias en una actitud civilizada, responsable, y que busque verdaderamente los intereses de la acción por encima de los intereses particulares. Gracias por su atención.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Herrero Arandia, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

    - El C. Senador Fernando Herrero Arandia: Señor Presidente, compañeras Senadoras, compañeros Senadores: Señor Senador que me antecedió en la palabra, usted afirmó que nuestra crítica es muy parcial, cuando aquí se han dado argumentos en defensa de la Constitución.

    Si querer que se cumpla la Constitución es parcial, señor Senador, nos confirma que usted está de acuerdo con esta contrarreforma en contra de la Constitución, porque también nos confirma que es intranscendente para ustedes pasar por encima de la Constitución a costa de su interés personal o de partido.

    La realidad, señor Senador, es que ustedes se aferran a no bajar los montos de financiamiento, eso es lo más claro; y eso sí es anteponer intereses particulares a los de la nación.

    Porque la nación necesita educación, necesita salud, necesita alimentación, para sus pobladores; yo no creo que al pueblo le interese que la gran parte del pastel, de ese financiamiento, estamos seguro va a ir a parar a las arcas otra vez de los más ricos de los concesionarios, de los medios de comunicación.

    Y ya que mencionamos esto quisiera comentar que a los millones de mexicanos que día a día vienen sufriendo la reducción de su nivel de vida, en los que han visto decrecer su poder de compra, a niveles que sólo les alcanza para comer y a veces ni para eso.

    Les queda la diversión, les queda la televisión, les queda la radio, es con lo poco que se - pueden entretener, porque de medios escritos difícilmente' tienen acceso.

    Y esto da como consecuencia que los medios de comunicación han venido adquiriendo a lo largo de los años, una gran importancia en la formación de la opinión pública.

    La influencia de los medios electrónicos sobre la opinión ciudadana es extremadamente alta; eso es algo conocido y aceptado, es evidente, lo grave es que por la insuficiente y deficiente educación nuestra sociedad se ha mediatizado.

    ¿Y por qué estas referencias? Porque están íntimamente, absolutamente relacionadas con lo que a través de los medios se puede hacer con la imagen pública de un candidato, de un partido político.

    Las campañas políticas modernas se realizan fundamentalmente a través de los medios de comunicación, escritos y electrónicos, ante la imposibilidad de comunicarse en un tiempo restringido con el electorado.

    Bastan veinte segundos en un tiempo de mayor audiencia en un canal de televisión para que el mensaje llegue a millones de ciudadanos; bastan veinte segundos para cambiar la forma de pensar de miles de radio escuchas o de televidentes.

    Basta un comentario editorial sobre una noticia para orientar a la audiencia a favor o en contra; a aceptar o rechazar, a simpatizar o antipatizar.

    Por medio de encuestas realizadas durante los años 93 y 94 se llegó a que el 86 por ciento de los mexicanos se informan casi exclusivamente a través de los medios electrónicos de comunicación.

    Y de aquí la evidencia que la inequidad en el manejo de los medios en los procesos electorales lleva como consecuencia un proceso electoral inequitativo.

    Ahí nos queda claro por qué al analizar la importancia de los medios, el Ejecutivo reconsidera en lo ya acordado con los partidos políticos en este rubro.

    Y es claro, por qué existe una resistencia al cambio de viejas prácticas inequitativas en el manejo de los medios de comunicación por parte del PRI y también reconsideraron los acuerdos.

    Entendemos perfectamente que era muy importante para ustedes modificar los acuerdos en cuanto a medios de Comunicación.

    En la minuta enviada a la Colegisladora y en el dictamen de las comisiones se cambiaron los acuerdos de distribución de los tiempos garantizados de transmisión en los medios electrónicos para los partidos políticos; de 40 por ciento en forma igualitaria a 30 por ciento.

    Esto significa que de los ocho partidos registrados tan sólo el PRI contará con el 36 por ciento del tiempo oficial transmitido; el resto para los demás, para los otros siete.

    Y no se puso limite a la contratación de los medios en forma directa por los partidos políticos; además dejan confusos algunos textos como el inciso 5 del artículo 182-A, que permite discrecionalidad.

    El PAN no tendría inconveniente en la no limitación de los tiempos contratados por los partidos políticos en los medios sobre la base de que disminuyen los topes de campaña y el monto de financiamiento, de tal suerte que fuera decisión de los partidos políticos la manera en que destinara sus recursos, pero en la forma en que se presentan las reformas en cuanto al financiamiento y a los montos escandalosos del mismo, permite al PRI que con ese cuantioso financiamiento disponga de una mucho mayor cobertura y mejores tiempos en los medios, a través de esa contratación privada. Ya estoy viendo, ya me imagino, frotarse las manos a los magnates de la televisión y de la radio. Ya están sintiendo llenar sus bolsas porque el Senador Andrade nos decía que no nos vamos a quedar con ese dinero en los partidos. No, efectivamente, no. Pero ojalá y se repartiera como lo mencionó aquí; que se repartiera en todo el país, pero el gran monto - Senador Andrade - de los recursos se va ir a los medios de comunicación, ahí. - Y aquí se dijo lo que valía. Entonces, no va a ser repartido, va a quedar en unas cuantas manos.

    Pero además no se regulan los tiempos de transmisión en los espacios noticiosos. Y ésta es una cosa muy delicada, porque una cosa es lo que se paga y otra cosa son los espacios noticiosos, que no se pagan pero que están a la discreción de los concesionarios.

    Tan sólo se menciona que la Comisión de Radiodifusión realizará monitoreos muéstrales para informar al Consejo General, pero no nos dicen qué va a hacer el Consejo General con esos monitoreos, para qué va a servir esa información. No se establece ningún marco de valoración ni por ende ningún castigo a los abusos; además es cuantitativa y no se hace mención al sentido de orientación y forma de ofrecer esa comunicación. Ante una noticia sobre el programa de acción o plataforma de un partido, se pone inmediatamente después o se puede poner inmediatamente después la noticia sobre el menú del desayuno que le sirvieron en una reunión de un candidato, en tiempo se contabiliza o puede contabilizarse el mismo, en sentido o en valor comunicativo es profundamente diferente. Ante una imagen con miles de simpatizantes, que lo vimos muchas veces, las imágenes del PRI ponían miles de simpatizantes, atrás de la noticia, otra con unos cuantos, inmediatamente después o un partido de oposición, una noticia con unos cuantos y por ahí alguno bostezando. Nuevamente en tiempo puede ser exactamente equivalente, pero el efecto ante el auditorio es radicalmente distinto.

    Un ejemplo a mencionar es que en las elecciones de noviembre de 94, de acuerdo a un informe del Instituto Federal Electoral, después de protestas y señalamientos de partidos de oposición por la manipulación que se hacia de las noticias, a partir del 11 de julio, es decir a escaso un mes de la elección ya no hubo una fuerte tendencia a la editorialización de la noticia, dice el IFE, pero aún así del 100 por ciento de comentarios y editoriales favorables el 52 por ciento fue nada más para el PRI.

    Además en la propuesta se establece que los monitoreos sólo abordarán los tiempos de transmisión. En este sentido lo recomendable hubiera sido que el IFE estuviera obligado a monitorear y evaluar la cobertura noticiosa que realizan los medios de comunicación electrónicos, respecto de las campañas electorales, de los partidos y de sus candidatos; deberían de estar los resultados de esos monitoreos a disposición de cualquier interesado, publicarse y notificarse a las autoridades competentes para que procedieran a aplicar sanciones y/o recomendaciones para que de ello se pudiera derivar. Con ello se extiende el monitoreo a los aspectos cualitativos y no sólo cuantitativos, de la información periodística que tanta influencia tiene en el electorado.

    Y por otro lado, ante hechos deformados, difamatorios o de manipulación, de actividades o atributos personales, el Código sólo menciona un derecho de aclaración, pero no menciona siquiera en que consiste ese derecho, cómo se hará esta aclaración, si en los mismos medios, tiempos en los que fueron calumniados o insultados o manipulados.

    Aquella añeja expresión de la sabiduría popular de calumnia que algo queda, pues, la aclaración jamás tendrá el peso del escándalo y menos en la forma que lo está señalando el Código. Por eso la exigencia de la reforma electoral era de establecer el derecho de rectificación, de tal suerte que rectificar su información. La aclaración sólo da derecho de que el afectado aclare lo que le parezca conveniente, al estilo de las cartas de redacción de los medios impresos, lo cual no tiene el mismo alcance político como la rectificación.

    Por supuesto que existen otro tipo de responsabilidades de quien causa el daño, a través de leyes civiles o penales, pero la imagen, el efecto sobre el electorado, el daño causado a un candidato o a un partido debiera sancionarse en el Código para que la rectificación y la sanción se realizara durante el tiempo en que se desarrolle el proceso y no hasta dos años o tres después en caso de que se fincara responsabilidad sobre el daño moral.

    Es importante que adicionalmente a lo que debiera establecerse en este Código y esto no nada más en este caso sino en todos los casos, se requiere un código de ética de los comunicadores de tal suerte que sin lesionar la libertad de expresión se establecieran los criterios para garantizar la objetividad de la información. Es importante separar la información de la opinión y análisis, siendo ambos derechos de todos los ciudadanos, comunicadores o no, no elimina el derecho de los mexicanos a no ser manipulados.

    Hemos insistido en diversos foros que las concesiones de las frecuencias que otorga el Estado no debieran ser otorgados a través de la Secretaría de Gobernación porque además de muchas otras implicaciones, en el caso que nos ocupa, una lealtad mal entendida de los concesionarios, tiende a favorecer a veces hasta inconscientemente damos el derecho de duda a su candidato del partido en el gobierno. No han entendido que las concesiones las da, las otorga el pueblo. Y es al pueblo a quien le deben guardar esa lealtad y deben de demostrarla ofreciéndoles a los mexicanos información veraz, clara y oportuna. Por eso sentimos que estas razones obligaban a que la reglamentación fuera más clara, más precisa, para evitar precisamente discesionalidades y favoritismos.

    Señoras Senadoras, señores Senadores:

    Como se nos presenta el dictamen de modificaciones al Código en lo que se refiere a los medios de comunicación, en el texto, y en contexto con el financiamiento, denunciamos la propuesta como absolutamente inequitativa. Es obvio que el pueblo quiere un cambio, no sólo lo quieren, lo está exigiendo; vaya, hasta sus compañeros, Senadores priístas, exigen un cambio. La disyuntiva es, ¿queremos un cambio pacifico o un cambio violento? En el PAN estamos por el cambio pacífico a través del voto y de la ley. Hemos sostenido que la lucha democrática es la única vía legal para lograr las transformaciones democráticas. A pesar de las penurias económicas, el pueblo en su mayoría ha sido sabio y ha optado por un cambio pacífico, ante la violencia, el pueblo se manifestó con firmeza para presionar al gobierno a detener la violencia militar. Y después para presionar al EZLN a convertirse en una fuerza política; el diálogo está en marcha, ha sido un proceso difícil, la población acepta que la transición sea por la vía pacífica.

    Compañeros Senadores y Senadoras del PRI:

    ¿No se dan ustedes cuenta de lo que pueden provocar con esta imposición? ¿Acaso no platican con el pueblo, con la gente? Tal vez encuentren algunos deprimidos o algunos otros desesperados, pero hay ira, hay rencor.

    Si apenas pierden ustedes unas elecciones deciden retractarse de los acuerdos logrados durante un largo proceso de negociación y además anunciando a la población, si deciden utilizar su poder de mayoría para legislar solamente a su favor, el mensaje que están enviando es que no están dispuestos a ceder el poder. Si tienen el peligro de perderlo por la vía democrática, prefieren cancelar la vía democrática antes que entregar el poder; prefieren torcer y corromper los mecanismos de expresión democrática antes que someterse a la verdadera y justa competencia democrática.

    Al aprobar, ustedes solos, señoras Senadoras, señores Senadores del PRI están diciendo al pueblo que su capacidad de elegir al Gobierno está limitada por su conveniencia partidista, la conveniencia partidista de ustedes los del PRI. Están diciendo al pueblo: Tienes derecho a elegir, siempre y cuando tu elección sea para confirmar y mantener al PRI en el poder; le están diciendo al pueblo que sus derechos terminan justo cuando empiezan a aceptar los intereses del PRI.

    A eso le ha llamado usted aquí, compañero Senador de Puebla, "visión de Estado"; el Presidente de la República ha llamado a esto "visión de Estado" a los intereses partidarios, a los intereses individuales de los miembros del PRI. Ya tienen una nueva teoría del Estado, se llevan un libro para que lo estudiemos todos; hasta en los escenarios políticos y sociales presentes y futuros cómo podrán ustedes señores legisladores volver a llamar a los ciudadanos a utilizar la lucha democrática como la vía del cambio, si la vía democrática electoral habrá sido ya deslegitimizada y cancelada por ustedes.

    Por eso, nuestro voto, es por la democracia, nuestro voto es en contra de este dictamen. Muchas gracias.

    - El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra a el Senador Serafín Romero Ixtlapale, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

    - El C. Senador Serafín Romero Ixtlapale: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores Senadores: Como miembro de la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, vengo a esta tribuna para expresar que no compartimos la posición del Partido de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática en el sentido de que se nos señala a los priístas como que limitamos y frenamos la reforma electoral.

    Al respecto debo decir que los priístas hemos demostrado una gran voluntad y disposición para el cambio y sobre todo para llevar a cabo la gran reforma democrática. Y así lo ha demostrado, desde el Presidente de la República la dirigencia de nuestro partido, los coordinadores de nuestras fracciones parlamentarias y las propias fracciones parlamentarias priístas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

    Quienes hemos respetado y aprobado los acuerdos de la reforma constitucional que por consenso se logró con la dirigencia de los partidos, estos acuerdos los consideramos como sustanciales y de fondo para la gran reforma electoral. Mismos que se culminaron plasmándolos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a la recomposición y renovación del Congreso General a la reforma del Distrito Federal y a la reforma de los procesos electorales de los estados.

    Muy a pesar de los sobresaltos que se dieron cuando se retiraban las oposiciones de la mesa de concertación, sin embargo, se pretendía con esto condicionar esta gran reforma a la solución de conflicto pos-electorales.

    Los priístas hemos demostrado que cumplimos con nuestros compromisos y así se demuestra con el nombramiento que hicieron las respectivas Cámaras, del Presidente y de los consejeros electorales para integrar el Consejo General del Instituto Federal Electoral, y con el nombramiento que se hizo por esta cámara de los magistrados de las salas superior y regionales que conforman el Tribunal Electoral que forma parte de el Poder Judicial Federal.

    Estos órganos que por su independencia y autonomía y desde luego que habrán de cumplir su función apegados a la legalidad, por eso abrigamos la certidumbre de que habrán de garantizar una democracia transparente que es lo que reclamamos todos los mexicanos. Las ideas rectoras de la gran reforma política que se plasmaron en la Constitución fueron trasladadas y ampliadas en la gran iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de otras leyes que tienen relación con la materia electoral que presentó el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados misma que ya fue aprobada y que hoy se discute en esta plenaria del Senado.

    Desde luego, con los puntos de vista que se han expresado no coincidimos en algunos aspectos, yo diría formales de esta reforma. Por ejemplo, como se ha manifestado, no coincidimos con el monto del financiamiento; con la coalición de partidos y con los tiempos dedicados a la publicidad de los partidos. Pero nosotros debemos decir que en lo substancial hemos cumplido, y a pesar de todo se nos acusa que los priístas estamos en contra de la democracia.

    Pero con esto considero que lo único que se persigue son más bien fines de propaganda con los que se pretende confundir y cautivar a la ciudadanía. De que el PRI no quiere la democracia, pero debemos decir que ha sido nuestro partido, el Revolucionario Institucional, quien ha impulsado la democracia, y tan es así que hemos aceptado y reconocido los triunfos de la oposición que se han dado en todos los niveles de gobierno de representación popular.

    Por otra parte, en lo que sí debemos coincidir,. es en las reglas universales de la democracia; en que el partido que gana las elecciones gobierna e influye en las decisiones nacionales, estatales y municipales según la elección de que se trate. Incluso hasta se da al interior de los partidos. Y podríamos citar como ejemplo, apenas un partido tuvo su Asamblea Nacional y ahí una minoría propuso la idea de luchar por la reelección de los Diputados y los Senadores. Sin embargo no fue aprobada por la mayoría de sus asambleístas. Y sin embargo, no decimos que se ha frenado la democracia al interior de este partido;

    De lo que sí debemos estar conscientes es que a pesar de que no coincidamos con algunos puntos de vista, las mayorías tienen derecho a que se les considere en estas reformas con sus propios puntos de vista.

    No obstante de que se enjuicia y se cuestiona la democracia que practicamos, gracias a esa democracia generosa estamos presentes en esta Honorable Cámara de Senadores, Senadores de mayorías y de minorías porque compartimos en este sentido la idea de que debemos gobernar con las minorías como factor fundamental para garantizar la estabilidad y la tranquilidad social para impulsar nuestro desarrollo nacional.

    Desde luego, vale la pena profundizar con las reformas constitucionales del 22 de agosto pasado y con las reformas en materia electoral que ahora debatimos y que muy probablemente aprobaremos en esta Cámara, los mexicanos hemos dado un paso más en el perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas; todas esas modificaciones significan, sin lugar a dudas, un avance mayúsculo en el proceso de transición política vivida por nuestro país, mismo que ha estado marcado por el tránsito de un sistema de partido predominante a un sistema de partidos más plural, más abierto y más competitivo.

    El paquete de reformas sometido hay a la consideración del Senado, contiene medidas claves que confirman la marcha de México quizás como nunca antes por el camino de la democracia político-electoral. El grado de avance de las reformas que ahora consideramos significan para nuestra democracia, solamente se pueden apreciar en función de una precisión acerca del concepto mismo de democracia. En nuestra opinión este sistema de organización y convivencia política no es producto, en ningún país, de un sólo acto fundacional en el que de una vez y para siempre se fijan las reglas que hoy identificamos como democráticas. Por el contrario, las democracias reales existen después de haber pasado por largos períodos de tiempo, de los cuales sus instituciones fueron moldeándose como las únicas formas socialmente aceptadas para disputar el derecho de ejercer el poder político. En la mayor parte de los países democráticos, las instituciones democráticas fueron naciendo, una a una, no de manera sincronizada, sino en tiempos distintos y no de manera lineal, sino accidentada e insegura, en una sucesión de avances y retrocesos a pesar de los cuales la idea democrática iba ganando cada vez más espacios de la política.

    En otras palabras, las instituciones de la democracia que en esencia no son otra cosa que reglas con cualidades determinadas y específicas distintas de las reglas de una dictadura o de un régimen totalitario surgen, se mantienen, se perfeccionan y se consolidan en procesos históricos de largo alcance, mismos que están sujetos a retroceso e incluso a rupturas. En esos procesos históricos van surgiendo las garantías, los candados, las seguridades, los incentivos, las sanciones y los instrumentos de defensa que al integrarse y funcionar de manera conjunta permiten caracterizar a un sistema político como democrático.

    En nuestra opinión, la mayor parte del presente siglo, México ha estado inmerso en un proceso histórico de este tipo, cuyas distintas etapas han tenido prioridades y ritmos diversos. A pesar de eso, creemos que por lo menos a partir de la década de los setentas, es posible identificar en nuestra historia política e institucional, medidas muy claras y firme tendientes a perfeccionar precisamente esas garantías, candados, seguridades, incentivos, sanciones e instrumentos de defensa que caracterizan a una democracia.

    De consolidar y perfeccionar estos elementos y no de otra cosa se ha tratado la transición política mexicana de las distintas décadas.

    Ahora bien, con las reformas en materia político-electoral que hoy discutimos, este proceso que no ha sido impuesto, ni copiado, sino que ha surgido de las raíces mismas de nuestra historia, de nuestra forma de ser y de la forma en que la sociedad mexicana ha venido cambiado, llega a un punto de inflexión; es decir, con las reformas propuestas se llega a un punto de ruptura contundente que sienta las bases de una ruptura definitiva con las antiguas formas de la política mexicana que en su momento estuvieron plenamente justificadas y gozaron de gran legitimidad, pero que en la actualidad han sido rebasadas por la realidad de nuestro país. Para ponerlo en los mismos términos que utilizamos cuando hablamos del proceso histórico de largo alcance que significa toda democracia, hemos de decir que las garantías, los candados, las seguridades, los incentivos, las sanciones y los instrumentos de defensa que son necesarios para que en un país determinado se pueda decir que existe una democracia.

    En efecto, un gran avance en el perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas puede verse en la ciudadanización plena del organismo público encargado de organizar las elecciones federales en México. Todos sabemos que la participación del Poder Ejecutivo Federal en la integración del Instituto Federal Electoral y en sus antecesores, constituyó un elemento de desconfianza de los partidos políticos de oposición en relación con las decisiones tomada por dicho organismo. La misma reacción suscitaba la composición de esos organismos que daba al partido mayoritario el control de la anteriormente denominada Comisión Federal Electoral.

    La fama pública no se encuentra directamente involucrada en la militancia político-partidista y que por lo mismo ofrecen una expectativa razonable de conducirse dentro de un terreno de imparcialidad y neutralidad.

    Recordamos que el primer paso en la ciudadanización de los órganos electorales, se dio con la creación de los llamados consejeros magistrados. Posteriormente en 1993 se creó la figura de los consejeros ciudadanos cuyos requisitos de elegibilidad se esperó garantizaran el tipo de conducta imparcial demandando de los órganos electorales.

    Recordamos también que bajo el COFIPE, aún vigente, esos consejeros ciudadanos compartían con otros consejeros representativos de los poderes Ejecutivo y Legislativo el control del Consejo General del Instituto Federal Electoral; si bien los primeros que eran seis superaban en número a los segundos que eran cinco; por estas razones, señores Senadores, invocamos a su conciencia parlamentaria para que votemos en favor de estas iniciativas para seguir construyendo la democracia de México. Muchas gracias.

    (Aplausos)

    - El C Presidente: Se concede el uso de la palabra al Senador Ricardo González Cruz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

    -El C. Senador Ricardo González Cruz: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores: Me voy a referir a un tema y a una razón más, del por qué la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, votara en contra del dictamen que hoy nos ocupa.

    En el espíritu de atender a una exigencia del pueblo mexicano, de tener órganos electorales con la ocupación fundamental de garantizar imparcialidad, equidad y transparencia, para encaminarnos hacia una democracia, pero tina democracia institucional apegada a las leyes y reglamentos que la definen para nuestro país.

    El papel de los ciudadanos que llevan a cabo la tarea, anteriormente descrita, recae en primer término en los integrantes del Consejo General del IFE, y en un segundo término en los vocales ejecutivos y demás integrantes de los consejos locales y distritales que se encuentran en todo el territorio nacional.

    El marco que nos hemos dado para poder lograr procesos electorales, más transparentes y democráticos, ha sido el consenso.

    Hoy nos encontramos ante este dictamen de la iniciativa que reforma el marco electoral, por un espíritu de responsabilidad ante las exigencias ciudadana 5, y yo me pregunto y les pregunto a todos ustedes, compañeras y compañeros Senadores, y también le pregunto a toda la ciudadanía mexicana: ¿Es ésta la forma en que le garantizamos a México procesos democráticos, procesos transparentes, procesos pacíficos, para llevar a cabo la renovación de los poderes del país?

    La renovación del Consejo General del IFE, fue lograda por consenso, en la Honorable Cámara de Diputados, como consta en el Diario de los Debates, que es testigo de este hecho importante para la vida nacional.

    Así también en un espíritu democrático del Consejo General del IFE, que hoy está en funciones, rindieron protesta todos y cada uno de sus integrantes del respetar y hacer respetar todas las leyes que en materia electoral, del ámbito federal, rigen a nuestro país.

    Y hemos aceptado por consenso todo lo que anteriormente les he comentado.

    Es por eso que cuestiono que tomando en cuenta el artículo 82, párrafo 1, inciso e) del COFIPE, el cual plasma las atribuciones que se otorgan y que han protestado ejercer y hacer cumplir los integrantes del Consejo General del IFE, resalto ante ustedes y ante la nación, este artículo 82, párrafo 1, inciso e) que contempla lo siguiente:

    "Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuaran como presidentes de los consejos locales y distritales, y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas correspondientes".

    Senadoras y Senadores, no encuentro una lógica para explicar dos artículos transitorios, el décimo primero y el décimo tercero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dicen lo siguiente:

    El décimo primero.- "Por lo que hace a la designación de los consejeros presidentes de los consejos locales y distritales y tanto se expide el nuevo Estatuto del Servicio Profesional Electoral, se estará a 10 siguiente:

    a) Las vacantes que se presentan a partir de la entrada en vigor de este Decreto, serán cubiertas como se establece en el inciso e) del párrafo 1, del artículo 82 del COFIPE;

    b) Las propuestas para dichos cargos serán formuladas por el consejero presidente y por los consejeros electorales del Consejo General, Quienes podrán solicitar a la junta general ejecutiva, nombres de candidatos para ello",

    El décimo tercero -a continuación- "En el supuesto de que algún partido político presente impugnaciones fundadas sobre el cumplimiento de los requisitos y del desempeño de los actuales vocales ejecutivos locales y distritales, la Comisión del Servicio Profesional Electoral y del Consejo General procederán a su revisión con la participación y coadyuvancia de la junta general ejecutiva. Este proceso de revisión, deberá quedar concluido por lo que hace a los vocales ejecutivos locales, el 23 de diciembre de 1996; y, por lo que se refiere a los vocales ejecutivos distritales, el 23 de enero de 1997.

    Los vocales ejecutivos locales y distritales, que no hubiesen sido objetados o habiéndolo sido, resultase improcedente la impugnación formulada deberán ser designados por el Consejo General como consejeros presidentes de los consejos locales o distritales según corresponda.

    Esta designación, así como las nuevas que deba efectuar el Consejo General por las vacantes que se generen, deberán estar realizadas a más tardar en las fechas señaladas en el párrafo 1 del presente artículo".

    De aquí podemos interpretar, que donde no hubiesen sido objetados los vocales ejecutivos locales y distritales o habiéndolo sido, resultase improcedente la impugnación, no habrá vacancia de consejeros presidentes de los consejos locales y distritales. Y por lo tanto, tampoco habrá designación autónoma del Consejo General del IFE, sin tomar en cuenta las facultades otorgadas a dicho consejo por el artículo 82 párrafo 1, inciso e) de la ley en cuestión.

    Entonces, compañeras y compañeros, es eminentemente manifiesto el que los actuales titulares presidentes de los consejos locales distritales por mandato de estos artículos transitorios, siempre y cuando las impugnaciones que se hagan sobre ello, y que estas no procedan, seguirán en funciones hasta pasado el próximo proceso electoral federal.

    ¿Cuál es el fundamento democrático que sustenta lo anterior? ¿Por qué esos transitorios van más allá de la ley, en su artículo 82, párrafo 1, inciso e)?

    ¿Qué, acaso empezamos no teniéndole confianza a los actuales consejeros ciudadanos del Consejo General del IFE?

    Los cuales resultaron nombrados por consenso y han sido bien vistos y aceptados por toda la sociedad mexicana.

    ¿Qué, acaso estos consejeros generales del IFE no tienen la capacidad para revisar la integración de los órganos electorales locales y distritales?

    ¿Acaso tenemos los legisladores federales, la necesidad de llevar a los consejeros generales del IFE de la mano? Acotándoles sus facultades concedidas en el artículo 82, párrafo 1, inciso e), por medio de un artículo décimo primero y décimo tercero transitorios.

    Debemos todos en el ámbito de nuestras facultades y responsabilidades, asumimos su papel en el próximo proceso federal electoral.

    La incongruencia aquí señalada, entre los artículos décimo primero y décimo tercero transitorios, con el artículo 82, párrafo 1, inciso e) de la ley en cuestión; esconde un trasfondo que limita a la democratización plena de nuestro país; o se otorgan facultades y responsabilidades o no se otorgan.

    Por lo tanto, es altamente sospechoso esta contradicción que les señalo compañeras y compañeros, eliminemos este y otros nubarrones antidemocráticos que se presentan en el dictamen de las leyes y las modificaciones legales que hoy nos ocupan referentes a la materia electoral.

    Démosle plena facultad a los consejeros generales del IFE, tal como lo anuncia el artículo 82, párrafo 1, inciso e).

    Rechazamos los artículos décimo primero y décimo tercero transitorios de esta iniciativa por estar totalmente en contradicción al artículo 82 en cuestión.

    Por eso hablamos de reforma y contrarreforma; reforma cuando mencionamos el artículo 82; contrarreforma cuando introducimos el décimo primero y el décimo tercero.

    Por estas razones y por las razones que han expresado mis compañeros de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Senado, votaremos en contra. Gracias

    (Aplausos)

    - El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Senador Mauricio Valdés Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

    - El C Senador Mauricio Valdés Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores: Ciertamente ya, en este momento del debate, se han expresado por parte de quienes se han opuesto a él y por quienes lo respaldamos, muy diversos y amplios argumentos.

    Pedí hacer uso de la palabra para defender mis convicciones. Por cierto, lo considero de asunto sencillo y de esfuerzo fácil, porque trato de ser de aquellos que tratan de conservar el espíritu sereno y medir junto a los ideales de toda una vida la conveniencia pasajera de una posición por popular que fuera.

    Se ha debatido con amplitud, llegamos, pues, al parecer, al final del mismo.

    Quiero hacer un reconocimiento a todos, quienes desde una o de otra posición han participado. Estimo coincidir con las mayoría de esta Cámara, en que sólo nos convencen los hechos, nos convencen los argumentos, producto de nuestras experiencias y de nuestra formación.

    La democracia no es propiedad de ningún partido, es compromiso colectivo, es de la sociedad y de la ciudadanía, de los partidos, es de todos.

    La democracia es inherente al Estado constitucional, es base de la fortaleza de la República. La democracia es para preservar el presente y lograr el mejor futuro para la nación. Con esas convicciones, con esos principios, los Senadores priístas aprobaremos las reformas legales en materia electoral, una vez que con el acuerdo de los partidos, aprobamos la reforma constitucional en dicha materia,

    El dictamen que está a nuestra consideración se apega a esa reforma constitucional, se inspira en idénticos principios y propósitos y en las mismas convicciones, el Presidente de la República, Doctor Ernesto Zedillo, ha cumplido y México avanza en el perfeccionamiento de la democracia; son propósitos, valores y principios que hemos acreditado en la tarea histórica de la construcción de la democracia en el país.

    Hemos puesto énfasis en lo que nos une, aunque no se reconozca. ahí está la realidad. El PRI y sus antecesores. El Partido Nacional Revolucionario y el Partido de la Revolución Mexicana, dedicaron su esfuerzo a reconstruir a la nación, de las ruinas económicas, políticas y sociales, resultado de un país que vivió casi un siglo de guerras intestinas, y que se vería coronado con una dictadura política que negando la participación ciudadana, controló la vida de la sociedad mexicana.

    Construir y reconstruir desde su origen las bases legales, las instituciones políticas, el orden social, motivando a la vez, la participación política de los ciudadanos que estuvieron ajenos a las decisiones de gobierno, por mucho tiempo, es con certeza uno de los mayores logros.

    En seis décadas de gestión en el poder, el PRI impuso la doble tarea de reconstruir a la nación y de crear una sociedad participativa, consciente y plural, encaminada a la creación de un sistema competitivo de partidos políticos, a través de los cuales, el pueblo soberano decidiera quién accedería al poder.

    El instrumento escogido para lograr el ideal democrático es el mejor que las sociedades humanas históricamente han encontrado, el imperio de la ley.

    Un sistema de reglas claras que hemos transformado para corresponder fielmente a las aspiraciones populares, y garantizar así, el acceso a los cargos de gobierno a quien el pueblo en su voluntad soberana, escogiera; con todo el proyecto histórico del PRI, no se conformaba con tener instituciones políticas que proporcionaran estabilidad o leyes que garantizaran la legitimidad de los gobiernos, si no se tenía a una sociedad transformada, a una sociedad con una nueva cultura política dispuesta a participar y dispuesta a impulsar por sí misma, el cambio democrático.

    El PRI nunca ha detenido la marcha de las reformas electorales, se adapta a los tiempos de la sociedad, esa que demanda, esa que participa en la creación de una democracia más plural, basada en la legalidad

    Nunca, a pesar de lo que digan nuestros detractores, hemos intentado usurpar la voluntad popular, siempre con el apoyo de ésta, hemos promovido el debate, hemos intentado consensos y hemos estado dispuestos a llegar al acuerdo siempre por el bien de la nación.

    Nunca hemos tenido posiciones inflexibles, pues sabemos que la sociedad y el proyecto nacional por su dinámica tienen que ser continuamente asimilados por las instituciones y por las leyes.

    Compañeras y compañeros Senadores:

    La historia de las reformas electorales en México es la historia de la consolidación del régimen democrático de nuestro país, muchas de ellas tuvieron al PRI como único actor, las más recientes sólo como una parte más del sistema de partidos políticos que los mexicanos nos propusimos construir; en todas, el PRI ha debido asumir en momentos claves para la nación, la tarea insólita para el concepto general que se tiene de los partidos políticos, de propiciar activamente el desarrollo de aquéllos que más adelante serían su oposición.

    A este compromiso de impulsar una sociedad plural, el PRI, no renuncia, pues parte de su esencia, de su compromiso histórico, el PRI ha cumplido y seguirá cumpliendo con su destino histórico de crear una nación de instituciones y de leyes, fiel al mandato constitucional de tener una República democrática, representativa, y federal en la cual su gobierno y sus representantes, sean resultado de la voluntad soberana de su pueblo.

    Atendiendo a esas convicciones leales a la historia de nuestro partido, ratificando nuestra voluntad democrática, los Senadores priístas votaremos a favor de la iniciativa de reformas legales que se nos ha presentado en el dictamen a nuestra consideración en materia electoral y que en unos momentos más pido a la Presidencia de la Mesa Directiva, consulte si está suficientemente discutido el dictamen. Es cuanto.

    (Aplausos)

    - El C Presidente: En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 116 del Reglamento, esta Presidencia informa a la Asamblea que han hecho uso de la palabra, los siguientes señores Senadores de los respectivos grupos parlamentarios:

    Luis Felipe Bravo Mena, del PAN, en contra; Ricardo Monreal Avila, del PRI, a favor; Héctor Sánchez López, del PRD, en contra; Melquiades Morales Flores, del PRI, a favor; Juan de Dios Castro Lozano, del PAN, en contra; Eduardo Andrade Sánchez, del PRI, en pro; Guadalupe Gómez Maganda, del PRI, a favor; Francisco Xavier Salazar Sáenz, del PAN, en contra; María Elena Chapa Hernández, del PRI, para fijar posición; Layda Elena Sansores San Román, del PRI, para razonar su voto; Mario Vargas Aguiar, del PRI, a favor; Fernando Herrero Arandia, del PAN, en contra; Serafín Romero Ixtlapale del PRI, a favor; Ricardo González Cruz, del PAN, en contra y Mauricio Valdés Rodríguez; del PRI, a favor.

    - Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento para el Gobierno Interior, y en virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

    - El C. Secretario López Tijerina: Por disposición de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

    (La Asamblea asiente)

    - Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

    (La Asamblea no asiente)

    - Suficientemente discutido, señor Presidente.

    - El C Presidente: Con fundamento en el articulo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto en un solo acto.

    - El C. Secretario López Tijerina: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto Se ruega a la Oficialía Mayor se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.

    (La Oficialía Mayor cumple)

    - La recibe por la afirmativa, López Tijerina

    - El C. Secretario Durán Reveles: La recibe por la negativa, Durán Reveles

    (Se recoge la votación)

    - El C. Secretario López Tijerina: Señor Presidente, se emitieron ochenta y nueve votos en pro y veintitrés en contra

    - El C Presidente: Aprobado el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones Procedimientos Electorales; y de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal; del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y se expide la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral Pasa al Ejecutivo de la Unión para los efectos constitucionales.

     




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