Fecha de publicación: 22/11/1996
Categoría: DECRETO

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PROCESOS LEGISLATIVOS
DISCUSION/ORIGEN
DISCUSION
México D.F., a 14 de Noviembre de 1996.


REFORMAS EN MATERIA ELECTORAL

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y expide la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Tiene la palabra el diputado Ignacio Ovalle Fernández, para dar lectura a la parte expositiva del dictamen.

Se instruye a la Oficialía Mayor para que reparta entre los diputados el dictamen que nos ocupa.

El diputado Ignacio Ovalle Fernández:

Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

(SE DIO LECTURA AL DICTAMEN)

Es de segunda lectura.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado José Luis Torres Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para dar lectura a un voto particular.

El diputado José Luis Torres Ortega:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Con fundamento en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 88 del Reglamento Interior, someto a consideración de esta soberanía, el voto particular del Partido Acción Nacional, en contra del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo dictamen presentan las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constituciones y de Justicia de la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura.

Los primeros días de abril del presente año, Acción Nacional presentó un paquete de iniciativas constitucionales y legales, para establecer una verdadera reforma electoral definitiva, que permitiera a todos los partidos políticos, lograr un consenso en búsqueda de reglas claras y equitativas a todos los contendientes de los procesos electorales federales.

Tales iniciativas buscaban arribar a siete puntos principales, que desde nuestro punto de vista creaban condiciones modernas y equitativas del quehacer político electoral, con el fin de establecer mecanismos institucionales que facilitaran la coparticipación del Gobierno y de los partidos, en el desempeño de funciones de Estado, fundamentales para la creación de condiciones democráticas, efectivas y eficaces, a partir de las condiciones reales de la política mexicana actual.

Tales puntos que planteamos en nuestras iniciativas, eran los siguientes:

1. Reforma de las instituciones y procedimientos electorales, dando énfasis en la autonomía del Instituto Federal Electoral y en la designación de los órganos ejecutivos por parte de los consejos electorales.

2. Reforma al marco regulatorio del financiamiento público y privado de partidos políticos y campañas electorales, dando énfasis a la disminución de los topes de gasto de campaña, la creación de mecanismos de auditoría y supervisión efectivos y la creación de autoridades con jurisdicción y capacidad adecuada y la publicación de informes.

3. Reformas para el desarrollo de la democracia participativa que permitirán a la sociedad nuevas formas de expresión y participación...

El Presidente:

Con el permiso del señor orador.

Vamos a suplicar a los ciudadanos que se encuentran en el pasillo central, sírvanse despejarlo para que los diputados puedan poner atención al orador. Prosiga usted, señor diputado.

Señor Presidente; señoras y señores diputados: Con fundamento en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 88 del Reglamento Interior, someto a consideración de esta soberanía, el voto particular del Partido Acción Nacional, en contra del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo dictamen presentan las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constituciones y de Justicia de la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura.

Los primeros días de abril del presente año, Acción Nacional presentó un paquete de iniciativas constitucionales y legales, para establecer una verdadera reforma electoral definitiva, que permitiera a todos los partidos políticos, lograr un consenso en búsqueda de reglas claras y equitativas a todos los contendientes de los procesos electorales federales.

Tales iniciativas buscaban arribar a siete puntos principales, que desde nuestro punto de vista creaban condiciones modernas y equitativas del quehacer político electoral, con el fin de establecer mecanismos institucionales que facilitaran la coparticipación del Gobierno y de los partidos, en el desempeño de funciones de Estado, fundamentales para la creación de condiciones democráticas, efectivas y eficaces, a partir de las condiciones reales de la política
mexicana actual.

Tales puntos que planteamos en nuestras iniciativas, eran los siguientes:

1. Reforma de las instituciones y procedimientos electorales, dando énfasis en la autonomía del Instituto Federal Electoral y en la designación de los órganos ejecutivos por parte de los consejos electorales.

2. Reforma al marco regulatorio del financiamiento público y privado de partidos políticos y campañas electorales, dando énfasis a la disminución de los topes de gasto de campaña, la creación de mecanismos de auditoría y supervisión efectivos y la creación de autoridades con jurisdicción y capacidad adecuada y la publicación de informes.

3. Reformas para el desarrollo de la democracia participativa que permitirán a la sociedad nuevas formas de expresión y participación...

El Presidente:

Con el permiso del señor orador.

Vamos a suplicar a los ciudadanos que se encuentran en el pasillo central, sírvanse despejarlo para que los diputados puedan poner atención al orador. Prosiga usted, señor diputado.

El diputado José Luis Torres Ortega:

Gracias, señor Presidente:

...Con figuras como el plebiscito, la iniciativa popular, el referendum y las asociaciones políticas nacionales.

4. Reformar el método de integración de la Cámara de Diputados y la de Senadores para fortalecer el pluralismo estableciendo mecanismos de proporcionalidad plena.

5. Reformas a la Ley Orgánica y Reglamento Interno del Congreso de la Unión, asegurando el fortalecimiento de la capacidad organizacional de las diversas fracciones de la Cámara.

6. Reforma al marco de la regulación de los medios de comunicación social, especialmente los electrónicos, conciliando la libertad de expresión y empresa, con el derecho a la información y la responsabilidad social de los medios, buscando, en todo momento, el acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de comunicación social.

7. Reforma de la estructura política del Distrito Federal, para permitir a los ciudadanos del Distrito Federal la elección directa de sus autoridades y legisladores.

Todas estas propuestas, todos estos lineamientos que en general propusimos en nuestras iniciativas, los discutimos ampliamente con otros partidos políticos en las diversas mesas y en los diversos foros de discusión sobre la reforma electoral; sin embargo, del análisis del dictamen que hoy se discute se observa que no cumple en su gran mayoría con los puntos que establecimos como básicos y que acabo de mencionar, para establecer un avance al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El dictamen que hoy se presenta, por ejemplo, nos dice que los vocales ejecutivos nombrados desde 1994 ocuparán, a partir de 1997, los cargos de presidente de los consejos locales y distritales por los consensos de los partidos, luego de un proceso de depuración para garantizar su independencia; sin embargo, hay un artículo transitorio que menciona que esto será posterior a esta elección de 1997.

El hecho grave de que no se establezcan verdaderos topes de campaña que garanticen la equidad de los contendientes todavía se agrava más cuando el dictamen establece que rebasar tales topes sólo constituye prácticamente una falta administrativa, una falta que se castiga con una multa a los partidos políticos; no se establece ninguna causal de nulidad.

Respecto al artículo 8o. de este proyecto de dictamen sobre el Cofipe, se establece que no hay la posibilidad de hacer registro de candidatos a senadores simultáneo por el principio de representación y por el principio de mayoría relativa. Este hecho interviene en la vida política de los partidos, ya que los partidos no pueden elegir a un mismo candidato por el principio de representación proporcional y de mayoría relativa.

Por otra parte se establece que en el caso de las coaliciones el máximo para registrar candidatos ahora el número es de 100 y si se pasa este número al registrar 101 candidatos, los partidos tendrían que ir a la coalición total.

Respecto a lo que es los medios de comunicación, de hecho se maneja en el dictamen que el IFE no está obligado a producir los programas de los partidos políticos.

Compañeras y compañeros diputados: nuestra patria está transitando lentamente hacia la democracia. Esta reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un intento de los sectores más retrógrados del Partido Revolucionario Institucional para retardar esta transición; es por ello que el voto particular en contra, que hace nuestro partido, es responsable, ya que este intento de reforma electoral no resuelve el problema de fondo, el problema que es la desconfianza de ciudadanos y partidos sobre las autoridades electorales, ya que en el proyecto de dictamen, la autonomía, la imparcialidad y confianza que requieren los órganos e instituciones electorales para organizar procesos electorales democráticos, no se puede trasladar como lo intenta el PRI en el dictamen que nos presenta, a unos años después.

El consejo general y los consejos locales y distritales, deben gozar de plena autonomía para decidir hoy sobre financiamiento de los partidos políticos y sobre sus propios presupuestos como lo ordena la Constitución.

Los consejeros presidentes de los consejos locales y distritales que a su vez deben ser los vocales ejecutivos, deben ser designados hoy, por los consejos a propuesta de los propios consejeros electorales.

El PRI al establecer limitaciones en este dictamen al actual consejo general, designado por consenso por todos los partidos políticos, le falta al respeto al instituto y a sus autoridades.

Esta reforma electoral no es definitiva; tan sólo el número excesivo de transitorios que envían disposiciones legales, algunas de ellas hasta el año 2000, reflejan el sentido parcial y no definido de algunos aspectos electorales.

Esta reforma electoral tampoco es democrática; la reforma planteada por el PRI al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no tiene elementos que permitan la equidad en la participación de los contendientes en los procesos electorales federales.

La invitación irresponsable que hace el proyecto de dictamen para que cualquier partido o candidato sobrepase los topes de gastos de campaña, sin ninguna sanción, crea impunidad e iniquidad.

El acceso inequitativo e insuficiente de los partidos políticos durante las campañas electorales a los medios de comunicación social, no posibilita el derecho a la información consagrado en el articulo 6o. constitucional.

Por esto y por todas las razones anteriormente expuestas, el voto particular del Partido Acción Nacional, es en contra.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Alejandro González Alcocer, para dar lectura a un voto particular que presentan los diputados miembros de la Comisión de Justicia e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Alejandro Gonzalez Alcocer:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El voto particular en los términos de ley, va dirigido al coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, diputado Ricardo García Cervantes.

Los suscritos diputados miembros de la Comisión de Justicia e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 88,94 y relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, venimos a formular el siguiente voto particular, respecto a los artículos 2o., 3o., 5o., y transitorios generales del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Expedición de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CONSIDERACIONES GENERALES

Estamos en contra del dictamen que hoy se discute en sus artículos antes mencionados, porque el mismo carece de técnica legislativa adecuada. En un solo dictamen se reforman, adicionan y derogar diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales; se expide completa una nueva ley y se pretenden derogar en forma genérica mediante artículos transitorios, disposiciones de otros cuerpos normativos que no fueron objeto de una iniciativa y que ni siquiera se explica la razón o motivo de su derogación. Esta práctica absurda de las llamadas misceláneas, van en demérito de la labor legislativa, evidencian el sometimiento del Poder Legislativo, o más bien del grupo mayoritario que lo conforma, al titular del Ejecutivo que así envía sus iniciativas; dificulta el análisis y discusión de los dictámenes y crea confusión para quienes tienen que observarlas.

Estamos en contra del dictamen a discusión porque en otra muestra más de sometimiento al Ejecutivo, los autores del mismo desechan una serie de iniciativas presentadas con anterioridad por diputados pertenecientes a grupos parlamentarios distintos al mayoritario o de diputados independientes sin analizarlas y sin dar ninguna razón fundada para tal desechamiento.

Quienes elaboraron el dictamen, sólo afirman dogmáticamente que la comisión que suscribe, procedió a valorar las iniciativas en cuestión y en virtud de que la mencionada en el anterior inciso 9, que la enviada por el Ejecutivo, desarrolla de manera amplia y detallada las varias consideraciones de las restantes iniciativas, procede a analizarla en los siguientes términos:

1. Por supuesto que nada dicen de las grandes diferencias que existen entre las iniciativas presentadas por los diputados y la enviada por el Presidente ni de las cuestiones que esta última omite y que sí contemplan aquellas.

2. Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional. Estamos en contra del artículo 2o. del dictamen, además de las consideraciones generales antes expresadas, porque no existe ninguna razón jurídica válida para que en el segundo párrafo del artículo 71 de esta ley reglamentaria, se exceptúe a las sentencias que recaigan a las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, de la suplencia de la queja, como se da en las demás materias, al señalar que sólo podrán referirse a la violación de los preceptos expresamente señalados en el escrito inicial.

Sería absurdo que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se percata de que una ley electoral es violatoria de preceptos constitucionales, no señalados en el escrito inicial, no pudiera declararlo así.

3. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De esta ley, además de las consideraciones generales expresadas con anterioridad, estamos en contra de que la documentación electoral y los expedientes que maneja el tribunal electoral, al término de dos años, como lo dispone el artículo 231, se remita al Archivo General de la Nación, que depende de la Secretaría de Gobernación, es decir, del Poder Ejecutivo, cuando debería remitirse al archivo del Poder Judicial del que ahora forma parte.

4. Código Penal Para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y Para Toda la República en Materia de Fuero Federal. Estamos en contra de las reformas y adiciones al Código Penal en Materia de Delitos Electorales, porque el sentido y alcance de tal reforma consiste en meros retoques al sistema ya adoptado que ha probado su ineficacia en la lucha por hacer equitativos e imparciales los procesos electorales. Pugnamos por un sistema nuevo, estructurado, no a partir de las calidades del sujeto activo como en esencia se contempla en la ley penal en vigor, ni en consideración a circunstancias de lugar, tiempo y otras igualmente accidentales, sino en tomo al bien jurídico que se trata de tutelar. De modo de abarcar el amplio proceso electoral desde la conformación de sus antecedentes hasta la calificación del resultado de las elecciones. Todo ello con el estricto rigor sistemático, la economía denunciados y la firme y clara ponderación valorativa con que deben recogerse y tipificarse las conductas atentatorias del sufragio efectivo.

Es evidente que no es la ley, aún formal y materialmente perfeccionada, el medio más adecuado para eliminar todos los malos hábitos de nuestra experiencia cívica y extirpar vicios arraigados que siguen exhibiéndose en nuestros comicios electorales. Sin embargo, si contribuye a la dignificación de nuestra vida política, si define claramente el objeto de ataque de los delitos electorales y las formas más odiosas que éste asume, si reconoce sus sujetos activos no sólo entre los ciudadanos y los servidores públicos, funcionarios electorales y activistas políticos, sino entre los detentadores del poder político y económico aptos por eso mismo para ejercer indebida influencia sobre masas ingentes e innominadas de ciudadanos.

Estamos en contra de este artículo 5o. del dictamen en comento, porque no recoge la experiencia del proceso electoral de 1994 y, por el contrario, deja aún más limitada la posibilidad de perseguir a los delincuentes electorales y deja de contemplar una serie de figuras delictivas que impunemente se comenten en nuestros procesos electorales. Verbigracia no se contemplan en penas para quienes rebasen descaradamente los topes de campaña, aunque los recursos sean necesariamente ilícitos.

5o. Artículos transitorios del decreto.

Estamos en contra del artículo tercero transitorio que se refiere a las elecciones para el Distrito Federal, porque además de lo expresado en las consideraciones generales de este voto particular, resulta una aberración jurídica y legislativa derogar disposiciones que no fueron materia de la iniciativa presidencial, pero que sobre todo en las negociaciones de los partidos políticos ni siquiera se habían mencionado.

Por una parte, se derogan todos los artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, referidos a la elección de los consejeros ciudadanos. Pero, por el otro, se afirma paladinamente que con base en el nuevo Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la asamblea legislativa expedirá las disposiciones relativas a la participación ciudadana en el Distrito Federal.

¡Cómo es posible que esta Cámara de Diputados, además de mencionar un nuevo Estatuto de Gobierno, que tal vez algún día futuro se reforme, pretenda interferir en las facultades que directa y expresamente son exclusivas de la Asamblea de Representantes, como la de legislar en materia de participación ciudadana, de acuerdo a lo establecido con el inciso g de la fracción V de la base primera del artículo 122 constitucional!

¡Esto es inadmisible y ridículo para el Congreso de la Unión! ¡Esto es una clara violación a la Constitución, porque faculta a un órgano no previsto para legislar en materia de participación ciudadana, arrebatándole una facultad exclusiva a la asamblea legislativa y dársela indebidamente al Congreso de la Unión!

Por todas estas razones, estamos en contra del dictamen y así votaremos. ¡No es posible que cuando se han hecho esfuerzos por dignificar al Poder Legislativo se incurra en estas prácticas viciosas y viciadas que lo demeritan y todo por, como decíamos al inicio de este escrito, el sometimiento del grupo mayoritario de esta Cámara al Poder Ejecutivo.

Este artículo tercero transitorio, por decoro, debe eliminarse del dictamen.

México, Distrito Federal, a 14 de noviembre de 1996.

Lo firman integrantes de la Comisión de Justicia y le solicito al señor Presidente que los dos votos particulares que hemos leído se incluyan en la minuta que deba remitirse al Senado.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva.

El diputado Ricardo Francisco García Cervantes (desde su curul):

¡Pido la palabra!

El Presidente:

¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Ricardo Francisco García Cervantes (desde su curul):

Para hacer una moción a la Presidencia.

El Presidente:

Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:

Muchísimas gracias, señor Presidente.

Para insistir respetuosamente en la solicitud planteada por el diputado Alejandro González Alcocer, de que la Presidencia dicte trámite de incorporarse al dictamen los votos particulares presentados por diputados del Partido Acción Nacional y se incorporen a la minuta que deba remitirse al Senado de la República. Es en términos reglamentarios.

El Presidente:

Le solicito a la Secretaría se dé lectura al articulo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El secretario Ramón Cárdenas Gudiño:

Artículo 56. Las iniciativas de ley presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los estados o por uno o varios miembros de las cámaras, pasarán desde luego a comisión.

El Presidente:

Disculpe la Secretaría.

Solicito que dé lectura al artículo 88 y al 94 del reglamento.

El secretario Ramón Cardeñas Gudiño:

Artículo 88. Para que haya dictamen de comisión, deberá éste presentarse firmado por la mayoría de los individuos que la componen. Si alguno o algunos de ellos desistiesen del parecer de dicha mayoría, podrán presentar voto particular por escrito.

Artículo 94. Las comisiones, durante el receso, continuarán el estudio de los asuntos pendientes, hasta producir el correspondiente dictamen. También estudiarán y dictaminarán las iniciativas que les sean turnadas por la Comisión Permanente durante el receso.

Una vez que estén firmados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargadas de un asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se remitirán a los diputados o senadores, según corresponda, para su conocimiento y estudio.

Al abrirse el periodo de sesiones se tendrá por hecha la primera lectura de todo dictamen que se remita a los legisladores antes del 15 de agosto de cada año.

Los dictámenes que las comisiones produzcan, sobre asuntos que no llegue a conocer la legislatura que los recibió, quedarán a disposición de la siguiente legislatura, con el carácter de proyectos.

El Presidente

En tal virtud, inclúyase los votos particulares presentados por los diputados del Partido Acción Nacional.*

Para presentar una moción suspensiva, tiene el uso de la palabra el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Es bastante claro para todos los integrantes de esta Cámara de Diputados, el camino azaroso que hemos transcurrido, que ha tenido que recorrer el proceso de negociación para las reformas que hoy son sujeto de discusión y posteriormente para decidirla mediante la votación.

Ha quedado también muy claro en el seno de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, antenoche y el día de ayer, que la posición del PRD, del grupo parlamentario del PRD, ha sido precisamente en el sentido del respeto a los acuerdos. Los votos particulares se encuentran al final de esta edición como apéndice 1 y 2 que se habían asumido por las dirigencias nacionales de los partidos, el propio Gobierno de la República y además integrantes de esta Cámara de Diputados y del Poder Legislativo en general con compañeros senadores, para buscar justamente el consenso y darle al país una legalidad electoral que le permita justamente crear las reglas para que evitemos los conflictos electorales y poselectorales y que final y decididamente transitemos pacíficamente de una manera civilizada hacia la democracia.

Hemos conocido un proyecto, conocimos un proyecto de dictamen que finalmente se aprobó y como dictamen ha sido turnado a esta soberanía con un conjunto de elementos en su contenido que son abiertamente violatorios de los acuerdos que serían tomados en estas discusiones en el seno de la Secretaría de Gobernación y que venían en lo fundamental también contenidos en la iniciativa de reformas que envió el Poder Ejecutivo a este Legislativo.

Dijimos antenoche y todavía el día de ayer que el sentido del voto del PRD estaría definido en función del respeto a los acuerdos, del respeto a la palabra empeñada. Dijimos que nos reservábamos para el día de hoy el sentido de este voto.

Durante varias horas hemos discutido en el curso de la mañana de este día, con amplitud, l el grupo parlamentario del PRD y el comité ejecutivo nacional del mismo y hemos decidido hacer el planteamiento a esta soberanía a los distintos grupos parlamentarios de que el dictamen pueda ser regresado a las comisiones unidas, a efecto de que con ello mismo se retorne al camino de la búsqueda del consenso y de situarnos de nueva cuenta en el respeto a los acuerdos que esencialmente están contenidos en la iniciativa, más algunos otros aspectos que no vienen en la misma, pero que nos parece que podríamos lograrlos, el voto del PRD sería en lo general en un sentido afirmativo.

Lo hemos decidido, lo hemos dado a conocer hace unos momentos a la opinión pública, lo queremos hacer aquí formalmente establecido y ofrecido como un compromiso de nuestro partido. Sabemos que en lo particular tenemos algunos puntos discrepantes que en su momento también los discutiríamos.

Por ello mismo me permito presentar, a nombre del grupo parlamentario del PRD, la siguiente

«PROPUESTA

Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente una moción suspensiva del dictamen que está a discusión, a efecto de que pueda regresar a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y se retome con ello el camino del consenso en términos de la iniciativa de reformas que envió el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo misma que hoy es objeto de discusión y firmamos entre otros compañeros diputados, el de la voz, Javier González, Cuauhtémoc Sandoval, Ana Lilia Cepeda, Rosa María Cabrera Lotfe, Ysabel Molina, Pedro René Etienne Llano, Saúl Escobar Toledo y Leonel Godoy, a nombre del grupo parlamentario del PRD.»

Muchas gracias.

El Presidente:

Para hablar en contra de la moción suspensiva solicitada por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del PRD, tiene la palabra el diputado Jorge Moreno Collado, del PRI.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Señor Presidente; honorable Asamblea:

En los términos del artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago uso de la palabra en nombre del grupo parlamentario Partido Revolucionario Institucional para impugnar y, por lo tanto, expresar nuestra negativa a que se apruebe la moción suspensiva presentada por el diputado Zambrano.

Hemos trabajado en el tema de la reforma electoral alrededor de dos años; ha sido discutido un conjunto de planteamientos ante la faz de la opinión pública que han mostrado el verdadero rostro de cada una de las fuerzas políticas; hemos presentado ahora un dictamen firmado por los priístas donde se respeta la inmensa mayoría de los acuerdos que se adoptaron por los grupos políticos del país y, por lo tanto, estamos ante la necesidad y la obligación de darle certidumbre al pueblo mexicano de inmediato, acerca del destino que debe tener la reforma electoral.

Las oportunidades para la negociación política tuvieron su momento y este de ahora es el momento ya del debate, nuestra posición está ya fijada y nos remitimos a las consecuencias de la discusión que se dé aquí en esta Asamblea. Por lo tanto ruego a usted, señor Presidente, con todo respeto, se sirva ordenar que se tome la votación para ver si procede la consideración de esta moción suspensiva a la que los priístas nos oponemos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Permítanme, señores diputados.

Ruego a la Secretaría se dé lectura al artículo 110 del Reglamento Interno para el Gobierno Interior de este Congreso General.

El secretario Agustín Martínez Maldonado:

Artículo 110. En el caso de moción suspensiva, se leerá la proposición y sin otro requisito que oír a su autor si la quiere fundar y a algún impugnador si lo hubiere, se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente. En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto pudiendo hablar al efecto tres individuos en pro y tres en contra, pero si la resolución de la cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada.

El Presidente:

Señores diputados que han solicitado el uso de la palabra, tenemos la necesidad de aplicar el reglamento en cuanto al procedimiento, es muy claro el artículo 110 en cuanto a que en su oportunidad se concederá el uso de la palabra posteriormente que esta votación se dé si se acepta o no la moción suspensiva; ruego a la Secretaría... es un procedimiento el que está claro aquí.

Han solicitado la moción suspensiva más de cinco diputados apoyando la moción suspensiva que presentara el diputado Zambrano Grijalva, en tal virtud voy a solicitar a la Secretaría proceda a la votación nominal... A ver, ¿con qué objeto? Pasen un micrófono a la diputada Martha Alvarado.

La diputada Marta Alvarado Castañon (desde su curul):

Con fundamento en el artículo 147 y 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicitamos que la moción suspensiva propuesta por el grupo parlamentario del PRD, sea votada nominalmente.

Firman Marta Alvarado, Adolfo Aguilar Zinser, Tonatiuh Bravo, Cuauhtémoc Sandoval, Adriana Luna Parra y Gloria Sánchez.

El Presidente:

Esto estamos solicitando, diputada, ya estamos dando instrucciones a la Secretaría para que se proceda a la votación nominal, no hay ninguna violación al procedimiento, aquí hay firmas de más de cinco diputados presentado por el diputado Zambrano y en tal virtud proceda la Secretaría a levantar la votación nominal, si se acepta o no la moción suspensiva presentada por la fracción parlamentaria del PRD.

El secretario Agustín Martínez Maldonado:

En votación nominal se pregunta si se acepta o se desecha la moción suspensiva presentada.

Los diputados que estén porque se acepte...

El Presidente:

Estoy solicitando a la Secretaría se levante la votación nominal, en los términos del artículo 148.

El secretario Agustín Martínez Maldonado:

Se va a proceder a la votación nominal.

(Votación.)

Se emitieron 150 votos en pro y 263 en contra.

Se desecha la moción suspensiva, señor Presidente.

El Presidente:

Se han anotado para fijar posición los diputados José Narro Céspedes, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo; el diputado Pedro Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional y el diputado Víctor Samuel Palma César, del Partido Revolucionario Institucional. En tal virtud, tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Narro Céspedes:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El Partido del Trabajo expresa su posición ante esta Cámara de Diputados, sobre las modificaciones en materia electoral, como parte de esta reforma democrática del Estado a la que hemos decidido emprender juntos, con otras fuerzas políticas del país, con los ciudadanos y con los mexicanos.

El consenso logrado para la reforma constitucional en materia electoral por los partidos políticos representados en este Congreso de la Unión, fue un avance que, a pesar de las limitaciones señaladas en su momento, generaba expectativa y confianza entre la sociedad y los actores políticos, para que las modificaciones a las leyes complementarias fortalecieran nuestro régimen democrático y sirvieran de base para avanzar en la reforma del Estado.

Hoy, los mexicanos esperan que esta Cámara apruebe esas modificaciones como muestras del compromiso que tienen los partidos políticos con la nación y con la democracia.

En la búsqueda de cumplir con este objetivo, los partidos políticos hemos recorrido un difícil camino que concluirá por ahora con el debate que daremos el día de hoy. Lo primero que hay que reconocer, es que los resultados no cumplen en su totalidad con los compromisos adquiridos ni las expectativas despertadas. A los acuerdos dejados en el tintero durante la reforma constitucional como son el plebiscito, la iniciativa popular, el voto en el extranjero, la plena igualdad en el financiamiento público y una mejor integración de la Cámara, habría que sumar los que hoy se limitan o los que no se cumplen.

Pero antes de expresar nuestra opinión al respecto, deseamos realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Las consideraciones que hoy discutimos son presa de su tiempo, debido a que su dimensión y profundidad dependen fundamentalmente de quien ejerce la mayoría en esta Cámara, hecho que define una correlación de fuerzas que ha permeado todo el proceso de negociación partidaria y que ha terminado por limitar los alcances de la reforma.

2. Las modificaciones quedaron atrapadas por los intereses partidarios resultantes de la nueva realidad nacional. Hoy parece que los resultados de las elecciones locales realizadas el domingo pasado, han cuestionado desde el más puro pragmatismo electoral la pertinencia y funcionalidad de las modificaciones en materia electoral y el avance democrático de nuestro país, tanto para los que aspiran a la alternancia en el poder, como para los que no desean dejarlo.

3. Las modificaciones quedaron sujetas al temor del PRI de verse derrotado en las elecciones de 1997, que ahora busca defenderse con mayor financiamiento público y privado, impidiendo las coaliciones y adjudicándose un mayor tiempo en la televisión y en la radio, no importándole el postergar la profundización democrática que demandan los mexicanos.

Al respecto, el Partido del Trabajo no puede dejar de mencionar que somos nosotros los que más hemos cedido en este proceso de negociación y lo decimos no como reproche, sino como entendimiento cabal de nuestra posición de fuerza en este Congreso, pero junto con nosotros también se ha sacrificado la pluralidad política del país, al establecer en la reforma constitucional, el 2% como el porcentaje mínimo para obtener el reconocimiento como partido político nacional y para acceder a la integración de las cámaras y lo aceptamos así porque nuestro partido siempre ha considerado que el consenso es la mejor vía para enfrentar una delicada y profunda reforma del Estado y una transición democrática, que como ahora lo vemos, no está exenta de obstáculos.

Hoy el priísmo no sólo evita el consenso ahí donde la discusión fue más árida y compleja, como es el caso del financiamiento público y las coaliciones, sino que revierte el consenso logrado en los siguientes puntos y que estaban integrados en la iniciativa presentada por el Ejecutivo:

1. Suprime el párrafo tercero del artículo 8o. que permitía registrar simultáneamente como candidatos de mayoría relativa y de representación proporcional al 12% de candidatos al Senado.

2. Modifica el artículo 34 en su párrafo primero, impidiendo a las agrupaciones políticas nacionales participar electoralmente con coaliciones.

3. Modifica el artículo 47 en su párrafo tercero, redefiniendo la asignación de tiempos en radio y televisión, ya que la iniciativa presidencial proponía 60% en proporción a la fuerza de cada partido político y 40% en términos de igualdad.

Ahora se propone que ésa sea de 70% y 30% respectivamente.

En lo que se refiere al financiamiento privado, se modifica el acuerdo alcanzado que establecía el límite para éste en el 10% del financiamiento público otorgado al partido que más recibía, por una fórmula que lo amplía al percibido por todos los partidos políticos.

Modifican el límite superior del número de fórmulas necesarias para la realización de coaliciones parciales, estableciéndolo para el caso de los senadores en 20 fórmulas y para los diputados en 100, cuando el acuerdo partidario que este límite tenía era 34 y de 160 fórmulas respectivamente.

Redefinen el requisito establecido para ser consejero electoral, de no haber sido en los últimos cinco años candidato a cargo de elección popular o dirigente partidario, reduciéndolo a tres años, mientras que para la burocracia del IFE y de los órganos electorales se sigue manteniendo en cinco años.

El Partido del Trabajo no puede dejar de manifestar su rotundo desacuerdo con lo que se pretende asignar para financiamiento público para los partidos políticos, sobre todo si consideramos el estado que guarda la nación producto de la grave crisis económica y de las graves consecuencias que ésta ha significado para los niveles de vida de la población.

También queremos señalar que la fórmula que se desarrolla en la propuesta para la integración de la Cámara de Diputados se aleja del propósito inicial de evitar lo más posible distorsiones en la representación entre los partidos. Lo que la reforma buscaba era un Congreso fortalecido en la pluralidad, que coadyuvara al fortalecimiento institucional del país y posibilitara un ejercicio de gobierno que considerara todos los puntos de vista que se expresan en la sociedad y no la repetición de fórmulas que sobrerrepresentan desmedidamente a los partidos que no alcanzaron la mayoría de los votos.

Lo anterior podría atemperarse si para definir la votación nacional efectiva se restan los votos del partido sobrerrepresentado y los votos de los partidos que obtuvieron triunfos de mayoría relativa.

Al mismo tiempo queremos insistir en la necesidad de que la reforma garantice la realización de procesos electorales competitivos, que permitan a la ciudadanía definir su voto en mejores condiciones de conocimiento de los actores políticos y de sus propuestas, por lo cual insistimos en la corrección de los porcentajes asignados para los tiempos en radio y televisión, para que queden tal y como lo establecía la iniciativa enviada por el Ejecutivo, que recogía el consenso partidario logrado durante las negociaciones.

Insistimos también en la propuesta de las candidaturas simultáneas a distintos cargos de elección popular.

El Partido del Trabajo reconoce que después de dos años de discusión e intenso trabajo los resultados obtenidos no son los deseados y que una reforma electoral democrática, como la que demandan los mexicanos, tendrá que esperar a que las condiciones políticas del país cambien, ya sea por una creciente movilización social o porque las fuerzas de los votos de los ciudadanos permitan derrotar las inercias autoritarias que inhiben el desarrollo justo y democrático de nuestro país.

El Partido del Trabajo espera que en el transcurso de este debate puedan sensibilizarse las posiciones planteadas por los partidos políticos en el ánimo de atender las demandas de los mexicanos y en ese caso reconsideraríamos nuestro voto en contra.

Hacemos un llamado desde esta tribuna a todas las fuerzas políticas que están presentes en este Congreso, para que busquemos en el debate y en esta casa del diálogo la reconstrucción de los acuerdos y el arribo a consenso en los puntos en donde aún persistían el desacuerdo, para que esto nos permita cumplir con el mandato que nos dio el pueblo al hacer realidad las expectativas y los anhelos de transitar a un México más justo, más democrático y más libre.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para fijar posición a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática, el diputado Pedro René Etienne Llano.

El diputado Pedro René Etienne Llano:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Creo no exagerar si decimos que hoy estamos discutiendo la iniciativa de mayor trascendencia y demás repercusión política de todas las que vamos a discutir durante los tres años de esta LVI Legislatura.

No es una iniciativa menor, no es un dictamen ordinario y, más aún, lo que aquí suceda, compañeros, trasciende a la Cámara y afecta no sólo las relaciones entre los diversos grupos parlamentarios, sino afecta a la actividad política, afecta al país y nos afecta a todos los mexicanos.

Por eso sí quisiera encarecidamente rogarles la atención que esta materia requiere y solicitarle a todos los diputados poder actuar con la responsabilidad que hoy tenemos en nuestras manos y en nuestra decisión. No podemos abordar un asunto de esta magnitud y trascendencia, con la dispersión que a veces caracteriza la discusión de la Cámara con las pláticas en corrillos y totalmente ajenos a lo que es el debate.

Por esta razón, solicito a la Presidencia haga un llamado a los miembros de esta legislatura para tener las mejores condiciones para abordar este punto.

El Presidente:

Con todo gusto, señor diputado.

Se ruega a los diputados presentes en el recinto, poner atención al orador y a quien no lo fuere nos permita seguir la discusión de este importante asunto, guardando el mayor orden posible, solicitándole asimismo despejar los pasillos del recinto parlamentario.

El diputado Pedro René Etienne Llano:

Agradezco el llamado de esta Presidencia y sobre todo agradecería más la respuesta de los compañeros diputados.

Regreso al orden de la intervención. Habría que preguntamos ¿qué estamos discutiendo en este momento? He insistido que no es un dictamen ordinario. Las reformas a las leyes que rigen el proceso electoral que hoy estamos abordando, tienen también un antecedente y surgen de una reforma constitucional que logró el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara.

Habría por lo tanto que preguntamos si cuando acordamos la reforma constitucional, no estaban habladas y entendidas las características que deberían traducirse a la ley reglamentaria. Pero, compañeros, esa reforma constitucional de consenso, fue fruto de largos meses, de largas discusiones y de acuerdos que fueron tomados puntualmente entre todos los partidos políticos.

Por eso no podremos decir que hoy estamos inventando una disposición reglamentaria distinta o que no tiene conexión con el proceso de consenso que nos llevó a la reforma constitucional .

Pero por otro lado, por si eso fuera poco, hubo un largo proceso de discusión, después de aprobada la reforma constitucional, en la que participamos los partidos políticos representados en esta Cámara y me interesa mucho destacar este hecho, porque no fueron acuerdos limitados sólo a las fracciones parlamentarias. Hubo representación de los cuatro grupos y hubo un momento en donde estas pláticas y estos acuerdos, trascendieron a los grupos parlamentarios, para llegar al nivel de los dirigentes de los cuatro partidos políticos y del titular de la Secretaría de Gobernación.

En ese ámbito y en ese nivel, hubo acuerdos que el 30 de octubre, nos permitieron resolver un serio problema constitucional, por el mandato que los obligaba a integrar antes del 31 de octubre el órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral.

Y fue con base en esa serie de acuerdos, fue con base en los compromisos asumidos en este proceso, que los partidos políticos y los dirigentes de las cuatro fracciones parlamentarias, hicimos la propuesta para cumplir con este mandato constitucional y para en su tiempo, presentar a esta soberanía la ley reglamentaria que rige los procesos electorales en nuestro país.

Hubo acuerdos sobre la autonomía del organismo, sobre el acceso equitativo a medios de comunicación, sobre topes de campaña, acuerdos para flexibilizar el régimen de coaliciones .

Hubo por lo menos 19 temas fundamentales, en los que hubo acuerdo y en los que finalmente arribamos al consenso.

Se mantuvo en ese día un diferendo sobre aspectos fundamentales, que es el financiamiento, pero hay que rescatar que en otros temas de vital importancia hubo acuerdos fundamentales.

Estos acuerdos en su mayoría, con la excepción del relacionado con los delitos a quienes rebasen el tope de campaña, se recogió en una iniciativa que fue suscrita por el Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo y que es a partir de la cual se ha abierto este proceso legislativo.

Sin embargo, esta iniciativa que recoge parte de los acuerdos fundamentales entre las fuerzas políticas, resulta que ahora es modificada en un dictamen que hoy se presenta a nuestra consideración.

Escuchamos con cuidado la opinión del diputado Moreno Collado, quien en su intervención se refirió a que se respetan, a pesar de los cambios en el dictamen, la inmensa mayoría de los acuerdos .

Pero, compañeros, nos preguntamos si alguien tiene derecho a modificar en forma unilateral un proceso de negociación, que se ha llevado por el consenso de las fuerzas políticas. La respuesta de alguien de las galerías confirma que hay muchos compañeros que no entienden lo que es el consenso y que no entienden lo que es un país, en donde no se puede seguir con decisiones unilaterales.

Nos preguntamos si es serio que un proceso, de acuerdo y de negociación, al final alguien unilateralmente decida que deben modificarse 15 ó 16 o los que sean, aspectos acordados o incluso introducir algunos nuevos. Recordemos que este mismo expediente se utilizó con la reforma constitucional porque también en forma unilateral se metieron puntos que no estaban acordados unas horas antes de presentar la iniciativa. En esa fecha, sin embargo, prevaleció la cordura y el manejo responsable de los partidos y a pesar de esas decisiones unilaterales aprobamos por consenso esa reforma constitucional. Pero lo que fue una .aceptación por madurez o responsabilidad no puede convertirse en norma de conducta repetida y reiterada, el consenso implica el respeto a los acuerdos tomados entre todas las fuerzas.

Realmente la negociación y la construcción de consensos implica renunciar a la imposición unilateral de las posturas propias y hay que reconocer que en una negociación no se puede llegar pretendiendo que se va a ganar todo. Alguien ha dicho, y creo con razón, que el consenso perfecto es el que no deja contento a nadie, pero sí deja satisfechas a todas las partes involucradas. Y, así, hemos venido construyendo los acuerdos en materia de reforma política y electoral, llegando a compromisos que no dejan contenta a ninguna de las fuerzas, pero que dejan satisfechos a todos como posiciones aceptables en las que las diferencias desaparecen y se encuentran los puntos de convergencia.

Eso es un consenso y una negociación que genera confianza y que permite seguir avanzando. Por eso, compañeros, cuando al presentarse este dictamen alguien nos ha preguntado qué tan graves son los cambios que se contienen en este dictamen, nosotros les hemos dicho que lo más grave es la ruptura de los acuerdos; les hemos dicho que lo más grave es el incumplimiento de la palabra y el incumplimiento de los compromisos, porque eso no tiene reparación en la actividad política en donde realmente valoramos la palabra empeñada y el compromiso acordado.

En el caso nuestro, del Partido de la Revolución Democrática, este proceso de diálogo y consenso que se inició en enero de 1995 ha sido honrado y respetado por nuestro partido y por su fracción parlamentaria. Hubo incluso un cambio en la dirección nacional y, sin embargo, respetamos los acuerdos y honramos la palabra de quienes habían establecido compromisos a nombre y en representación del Partido de la Revolución Democrática.

Fue otra la dirección y, sin embargo, demostramos, desde el presidente de nuestro partido, todos los miembros de su dirección nacional y todos los integrantes de la fracción parlamentaria del PRD que sabemos dialogar y que hemos ido, en serio, a buscar el diálogo. Que las etiquetas que nos colocó durante seis años, una confrontación firme y frontal con el Poder Ejecutivo, deformaron la realidad de nuestro partido; pero que al margen de esas etiquetas hemos demostrado vocación de diálogo y, sobre todo, que sabemos cumplir la palabra empeñada por nuestro partido.

Yo no vería mayor dificultad si hoy estuviéramos rompiendo acuerdos entre nosotros a nivel de la Cámara, finalmente no serían los últimos acuerdos y en posteriores ocasiones sabríamos tratar con quienes no saben honrar sus compromisos.

Pero la gravedad del asunto de hoy es que trasciende con mucho el ámbito de la Cámara; no es sólo la palabra y el compromiso de las fracciones parlamentarias, es la palabra y el compromiso de los partidos políticos y es la relación de los partidos con el Gobierno de la República; eso es lo que está en juego hoy al presentarse un dictamen que cambia en forma unilateral acuerdos tomados por todas las fuerzas, consensos construidos con dificultad entre todos los partidos. Eso es lo que está a debate compañeros, no cuántos cambios y si éstos son mayores o menores.

Nosotros consideramos que el respeto a los acuerdos entre los partidos y con el Gobierno, es fundamental para construir una base de confianza política. Romper estos acuerdos trasciende con mucho nuestra relación en la Cámara y afecta, lesiona de manera grave el quehacer político en la República.

Porque compañeros, si se mantiene esto como práctica reiterada, si se mantiene la ruptura de acuerdos y la falta a los compromisos empeñados, no habrá posibilidad de que los máximos dirigentes responsables políticos puedan seguir caminando en la construcción de la democracia que requiere nuestro país.

Cabe preguntarnos si los incidentes electorales de un domingo, son suficientes para destruir esta base de confianza que tanto necesita nuestro país. Más aún, vale la pena preguntarnos cuál es el verdadero sentido del resultado electoral del pasado domingo; en ninguno de estos estados, el Partido Revolucionario Institucional perdió el control del Congreso: ni en Coahuila, ni en el Estado de México, ni en Hidalgo, se perdió lo que fue durante años práctica inveterada que fue ganarlas todas, todas; la política de carro completo.

Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿si empezar a perder es razón suficiente para romper los compromisos y la palabra empeñada?, ¿es razón suficiente para desconocer los acuerdos del propio presidente del Partido Revolucionario Institucional?, más aún ¿es razón suficiente para cuestionar la voluntad del Presidente de la República, empeñada en la iniciativa que presentó a esta soberanía?

Creo, compañeros, que estas reflexiones son pertinentes hacerlas y responderlas todos y cada uno de nosotros con la mayor responsabilidad política. Por nuestra parte pensamos que no es razón suficiente; una competencia equitativa, una competencia equilibrada y por lo tanto resultados en donde todos los partidos se presentan como opciones y pueden ser ganadores para romper los acuerdos y para lesionar así la relación entre los partidos y con el Gobierno de la República.

Pudiera parecer que estamos en una situación insalvable. Pero yo creo que en el campo de la política nunca estamos en el terreno de lo imposible. Por eso hoy aquí al fijar la posición de nuestro partido, en relación con este dictamen y con lo que políticamente implica, hacemos un llamado a todos los coordinadores parlamentarios y en particular un llamado al coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para actuar con la mayor serenidad y responsabilidad, para incluso decretar un receso en esta sesión y volver nuevamente a buscar cómo cumplir los compromisos empeñados, cómo salvar la base de confianza política entre los partidos y con el Presidente de la República y a ver si realmente es posible agotar el último momento para tratar de salvar este proceso en el que ya no sólo estamos empeñados los diputados; un proceso en el que está depositada la confianza de muchos mexicanos, mexicanos de todos los partidos políticos, mexicanos sin partidos, pero que todavía tienen alguna fe en el proceso político y en las
instituciones políticas de nuestro país.

No lesionemos apresuradamente o por darle rienda suelta a las pasiones contenidas de algunos compañeros de las fracciones, un daño que puede ser irreparable para el país y para la actividad política.

Compañeros: no perdemos nada con un receso que nos permita en forma serena, saber si realmente todavía tenemos voluntad de cumplir los compromisos y de honrar los acuerdos. Creo que este tiempo de reflexión lo merece el país. No les neguemos a todos esta posibilidad.

Compañeros: es mucho lo que esta en juego y pedimos que actuemos en consecuencia.

De manera respetuosa me dirijo también al coordinador del Partido Acción Nacional y me dirijo también al coordinador del Partido del Trabajo. La responsabilidad es de todos. Asumámosla y demos el tiempo y la pauta de reflexión, no para diferir un problema, sino simplemente para conocer en forma franca y abierta, si seguimos construyendo con todas las dificultades un proceso que requiere el país o simplemente ha terminado la hora de la política y hay que seguir la lucha por otros medios.

Nosotros estamos por honrar la palabra empeñada. Estamos por respetar los acuerdos y compromisos. Estamos por seguir, pese a todas las dificultades, buscando los consensos y el avance, porque no son consensos para un grupo o para un partido, son avances para el país en su conjunto.

Creo que ésa es la responsabilidad que hoy tenemos en nuestras manos; ésa es la trascendencia de lo que estamos discutiendo. Actuemos a la altura de las circunstancias. Y si la decisión es romper los acuerdos y pasar a otra etapa, digámoslo con todas sus palabras. Creo que esa posición finalmente será valorada también por los ciudadanos. Y hay, afortunadamente, un elemento al cual todos vamos a recurrir; un proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados y la de Senadores. En ese proceso también había la respuesta de los ciudadanos.

Nuestra obligación es llegar a ese proceso con un clima de confianza política construida y sostenida por todos los partidos políticos. Demos ese paso y démosle a México la oportunidad que nos está reclamando. No fallemos nuevamente.

El Presidente:

Para fijar posición, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes.

El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras; compañeros diputados: La democracia para el Partido Acción Nacional, como sistema de vida y de gobierno, se funda en la igualdad esencial de todos los seres humanos. Es la forma superior de legitimación del poder político y el sistema óptimo para respetar la dignidad humana; dignidad que en lo material debe sostenerse en la suficiencia económica de todos y en lo espiritual en la posibilidad real de acceso a los valores de la cultura y el respeto a la libertad del hombre.

Desde hace mucho y en todas partes se habla de democracia. Los cambios políticos, económicos y sociales que definen a nuestro tiempo, han hecho de ella un tema obligado de manera singular en México, cuya historia registra diferentes maneras de entenderla y de llevarla a la práctica y no sólo eso, sino que en el discurso y en la realidad el concepto ha sido distorsionado en apoyo de intereses y estructuras antidemocráticas.

La democracia se caracteriza por un conjunto de reglas fundamentales que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos.

Qué cosa es la democracia, si no un conjunto de reglas para solucionar los conflictos socio-políticos sin derramamiento de sangre. En qué consiste el buen gobierno democrático, si no y sobre todo en el respeto riguroso de estas reglas. Sin embargo, siguiendo el pensamiento del emérito maestro Rafael Preciado Hernández, en Acción Nacional no aceptamos la concepción formalista que reduce la democracia a una mera técnica, a un método de formulación o elaboración de reglas sociales, de normas jurídicas, consistentes en que quienes van a quedar sometidos a estas reglas o a esas normas, participen en la elaboración de las mismas, pero sin vinculación a valores y principios éticos.

Tampoco aceptamos la corriente voluntarista del liberalismo individualista que reduce la democracia a una expresión de voluntad general, a la que identifica en cierto modo con la voluntad de las mayorías y que pretende fundar la obligatoriedad de las normas jurídicas en esa voluntad mayoritaria, también, independientemente y desprovista de valores o principios éticos.

La concepción democrática a la que nosotros nos adherimos comprende una doctrina de fondo y una técnica, no mera técnica, sino técnica para la realización de principios y valores éticos.

Bajo estos contenidos, con el fin de contribuir al establecimiento de reglas que doten de mecanismos suficientes al proceso electoral para garantizar la efectividad del sufragio y la participación equitativa de los partidos políticos y agrupaciones políticas que posibiliten la alternancia en el poder, desde 1947, a través de sus primeros diputados, el PAN ha presentado iniciativas que en el transcurso del tiempo mantienen actualidad y han sido recogidas como parte del importante contenido de reformas a la legislación electoral mexicana, a pesar de grandes resistencias de quienes detentan el poder.

Un tribunal electoral dotado de plena jurisdicción que califique los procesos electorales como instancia definitiva e inatacable.

El Registro Nacional Ciudadano y la expedición de un documento único que acredite la titularidad ciudadana con efectos de cédula de identidad, con valor probatorio en cualquier instancia. Así como el voto a la mujer. Son algunos ejemplos plasmados en nuestra historia parlamentaria.

La credencial para votar con fotografía y los listados nominales con imagen, son testimonios que muestran que a través de sus legisladores y gobernantes Acción Nacional ha sido forjador e impulsor de importantes instituciones y reformas electorales.

En nuestra larga trayectoria en la vida política del país siempre hemos apostado a la solución de los conflictos por la vía legal, pacífica y participativa, promoviendo el cambio de las estructuras políticas antidemocráticas por la vía electoral, aun en etapas históricas en las que ha predominado en el ambiente social el escepticismo, la incredulidad en la alternancia del poder y la descalificación a los procesos electorales a cargo de otras fuerzas políticas.

Por ello, hemos sido perseverantes en nuestras propuestas, pero al mismo tiempo hemos asumido con responsabilidad la parte que nos corresponde ante diversas reformas a la legislación constitucional y ordinaria en la materia, en las que reconociendo su insuficiencia las hemos aprobado por contener avances concretos, reservando aquellas propuestas panistas que no han sido recogidas para insistir en ellas en ocasiones posteriores, conscientes de que el proceso de evolución de las instituciones electorales en México es lento y sujeto a grandes resistencias.

También hemos asumido el costo y la responsabilidad de aprobar esas reformas, desempeñando un papel histórico de constituir uno de los factores determinantes en el proceso de transición a la democracia en nuestro país.

Actualmente nos encontramos en una etapa de transición política que se inició a mediados de los años ochenta, pero se encuentra inmersa en una realidad social caracterizada por la violencia, la corrupción, la inseguridad pública, la inestabilidad social y económica, caracterizada por una ciudadanía más participativa, crítica, mejor informada y más exigente, que con su acción viene mostrando la transformación de las estructuras políticas del país, transitando de elecciones sin competencia a elecciones competidas.

La presente coyuntura nos impulsó a realizar esfuerzos para lograr un consenso calificado como histórico entre las cuatro fuerzas políticas más representativas y a buscar también ese consenso en el contenido de la legislación secundaria para el establecimiento de reglas que a todos convenzan, no reglas impuestas que las conviertan en un factor más de inconformidad e inestabilidad social.

Fue una ardua y prolongada tarea la de buscar y obtener consensos. Todas las partes aportamos y todas las partes cedimos en aras de lograr esas reglas justas y equitativas para las contiendas electorales, atendiendo el bien superior de la nación frente al interés de los grupos.

Rechazamos, por no estar apegada a los hechos, la versión de que a la oposición se le aceptaron todas sus propuestas y el PRI cedió todo y que a pesar de ello todavía nos reservamos puntos de desacuerdo para valorar el sentido del voto.

En cuanto al PAN siempre mantuvimos diferencias en el tema del financiamiento, lo manifestamos en todo el proceso de negociación y señalamos su importancia clave en la definición de nuestras posturas, por lo que también rechazamos que por los consensos ya alcanzados debíamos apoyar esta reforma, aun con varios asuntos importantes pendientes de resolver.

Buena parte del debate se ha centrado en el monto del financiamiento público; sin embargo, ello solamente constituye un aspecto de las finanzas partidarias para el logro de la equidad en la competencia electoral.

Hemos de recordar el reconocimiento que hiciera el presidente Ernesto Zedillo, de que el proceso electoral en el que resultó triunfador, pudo haber sido legal, pero que no fue equitativo; que fue legal pero que no fue equitativo y la búsqueda de reglas de equidad en el proceso electoral lo hizo comprometerse con una reforma electoral definitiva en donde en el centro estaría la procuración de condiciones justas, claras, legales y equitativas en la contienda electoral.

El monto del financiamiento público propuesto es a todas luces excesivo, el gasto total que reportaron los partidos políticos en las elecciones de 1994 ascendió aproximadamente a la cantidad de 414 millones de pesos. La cantidad erogada por los partidos políticos ajustada a la inflación es de menos de un tercio, de una tercera parte del monto propuesto en la iniciativa, es, a todas luces, bajo cualquier concepto, desde cualquier punto de vista, una erogación a cargo del pueblo de México, excesiva, injusta, desprovista de ética y no proporciona condiciones de equidad.

El problema de la iniciativa no radica en el hecho de referir la fórmula de cálculo del financiamiento público a los costos mínimos de campaña para diputados y senadores; el problema se centra en la fórmula para constituir el propio financiamiento público, por ejemplo, la fórmula prevé multiplicar el costo mínimo de campaña de diputados por 500 y después por cuatro, no es claro, ¿por qué? Si solamente se realizan campañas en 300 distritos uninominales, se vengan a utilizar múltiplos superiores, la distorsión que ello produce es evidente; en los límites de las aportaciones físicas o morales.

La iniciativa propone un tope anual equivalente al 0.05% del monto total del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias. Este límite equivale a más de 1 millón de pesos por persona, lo que también resulta excesivo sobre todo si se toma en cuenta los niveles del salario mínimo o cualquier referencia vinculada con el ingreso per capíta.

¿Cuántos mexicanos podrían hacer a los partidos una aportación de esa naturaleza?, con 1 millón de pesos se podrían financiar campañas a diputados en cuando menos tres distritos. El monto propuesto para este tope contradice el principio constitucional de que el financiamiento debe ser preponderantemente público, lo que debe entenderse no solamente referido al proceso electoral, sino al conjunto de todas las campañas.

¿Por qué no establecer las aportaciones privadas vinculadas a un porcentaje en el costo mínimo de las campañas a diputados? La charola tiene diferentes tamaños.

Sobre los informes de los gastos de campaña y las sanciones. La iniciativa propone que los informes de campaña se presenten 70 días después a la conclusión de las campañas electorales. En consecuencia, primero tomarían posesión los candidatos triunfantes antes de presentar sus informes de gastos de campaña. La comisión que revisaría tales informes, además tendría 140 días más para presentar el dictamen respectivo. Por lo tanto las posibles irregularidades cometidas, podrían ser solamente conocidas cinco meses después de que hayan tomado posesión los candidatos electos.

Es importante señalar, que en este momento los triunfos ya serían definitivos e inatacables.

Con esta lógica, la iniciativa no prevé la posibilidad de revocar una candidatura por la violación a los topes de gastos de campaña, con lo cual los candidatos podrían convertir los topes sin ser sujetos, podrían contravenir los topes de campaña sin ser sujetos de sanción alguna.

Las sanciones se impondrían a los partidos políticos y sin afectar los procesos en donde ocurrieron tales irregularidades. También la iniciativa elimina la posibilidad de considerar delito la trasgresión de los topes de campaña.

Si esto no es retroceso, si esto no es una simulación, si esto no se aleja de la pretensión de crear las bases de transparencia y equidad en los procesos electorales, entonces nosotros podríamos aceptar estar equivocados.

La iniciativa establece un límite de 10% del total del financiamiento público como financiamiento privado en relación al partido con mayor fuerza electoral; 10% de financiamiento privado en función del financiamiento público que reciba el partido con mayor fuerza electoral. Esto lo hemos aceptado en aras del consenso, por la palabra empeñada, porque la negociación se realizaba con honradez, lo aceptamos a pesar de que las aportaciones privadas debieran de servir para compensar las diferencias del financiamiento público y no para mantenerlas; sin embargo, hacemos este señalamiento sólo para decir que en el dictamen que hoy se pone a votación, sin empachos, sin honor, fueron retirados otros acuerdos que como éste representaban cesiones y concesiones en aras del consenso.

Las aportaciones de personas morales en el financiamiento de los partidos referidas sólo a personas no mercantiles, el anonimato de las aportaciones, las donaciones de fuentes extranjeras y las prácticas corporativas, son elementos que se requieren para las condiciones de justicia y equidad en el proceso electoral; sin embargo, la iniciativa prohibe aportaciones anónimas, así como de personas extranjeras a los partidos políticos, sin embargo, al permitir las aportaciones de personas morales no mercantiles, se vulneran ambas disposiciones, una sociedad civil de nacionalidad mexicana puede tener como socios sociedades anónimas y personas extranjeras; en consecuencia, personas anónimas o extranjeras pueden canalizar legalmente recursos a los
partidos políticos a través de personas morales no mercantiles.

Otra forma de burlar el anonimato de las aportaciones, ocurre debido a que no se reglamenta adecuadamente las colectas públicas. Una persona que desee entrar en el anonimato podrá efectuar sus donaciones a través de este mecanismo, además, con ello, el origen de los fondos puede perderse y asimismo vulnerar el tope individual de aportación. Igualmente la falta de disposición en esta materia permite que mediante las colectas públicas se puedan recibir fondos de origen extranjero, hoy legal.

Las condiciones de claridad y de certeza, de posibilidad de fiscalización integral de los recursos de los partidos exigen que las aportaciones no puedan ser anónimas y que sólo se refieran a personas físicas para poder llevar adelante un mecanismo de fiscalización de todos los recursos de los partidos políticos desde su origen, aplicación y destino.

Estos elementos, que más allá del monto injusto que se proponen del financiamiento público, demuestran la necesidad de rechazar todo el esquema de financiamiento público que genera condiciones inequitativas y además que se basa en el uso abusivo de recursos públicos, se complementa con la negativa a avanzar y aún a desconocer los compromisos previos en materia
de equidad en el acceso a los medios de comunicación.

Contrasta en el discurso comprometido con la reforma integral del Estado mexicano el que sólo se interpreta a la reforma electoral como suficiente para la transformación de las estructuras del país.

No ha habido apertura ni disposición para profundizar en las reformas necesarias del propio Poder Legislativo, ha habido rechazo y obstinación, cerrazón e imposición para impedir la legislación adecuada en materia de comunicación social.

La transición mexicana aspira a concluir en el cabal reconocimiento de la pluralidad, como sustento a la alternancia y ésta, como normalidad democrática que se finque en el establecimiento de reglas claras, justas, equitativas, en la competencia electoral.

La competencia política sometida a principios y valores éticos, podrá ser, como afirmara el presidente Zedillo durante su visita al Senado de la República Argentina apenas ayer, un instrumento para construir, no para destruir; un instrumento para sumar, no para restar; un instrumento para participar y nunca para aislar; debe ser un instrumento para avanzar, no para
retroceder o para luchar.

Que malo sería que el discurso en el extranjero, que en España reconoció que los procesos electorales en México legales pero inequitativos, que la competencia política debe servir para sumar y debe servir para participar y no para aislar y no para retroceder, sea discurso sólo fuera del territorio nacional.

En esta fase que comprende la concreción de las reglas claras, no se logró mantener el consenso.

Ya lo señalaba Felipe Calderón, presidente de nuestro partido, en el discurso que pronunció con motivo de la reforma constitucional en la materia: "se trata de un consenso apenas inicial que tendrá que ser confrontado en la práctica con grupos, intereses, inercias de quienes, usufructuarios del viejo sistema antidemocrático, se han opuesto y se opondrán a los avances democráticos. Entre estos grupos se encuentran el de los llamados "duros", que en esta Cámara han logrado imponer sus reglas y que se dé marcha atrás en 16 compromisos recogidos en la iniciativa presidencial, que emanaron de los consensos.

¿Qué no han entendido que esa imposición constituye un retroceso que alarga la etapa de la transición a la democracia y aumenta los riesgos de mayor inestabilidad? ¿Qué no han entendido que hay en la realidad política tal pluralidad ideológica que no puede alinearse ésta a un solo partido político, aun con los controles que a través de reglas unilaterales pretenden imponerse? ¿Qué no han entendido que lejos de constituir un triunfo la postura que hoy asumen y sus resultados, deteriora y debilita su imagen y la de la política como práctica de la razonabilidad y del interés superior? ¿Qué no han entendido que su comportamiento demerita el consenso logrado en la reforma constitucional y debilita la imagen del titular del Ejecutivo y de este Congreso, en abono de la desconfianza del ciudadano a las instituciones de la República? ¿Qué no han entendido la necesidad de establecer reglas claras que a todos los actores electorales convenzan, para evitar la desconfianza y la descalificación que profundiza y agrava la problemática social y política del país? ¿Qué no se puede entender que el poder es capacidad de servir y no oportunidad de servirse? Aceptamos la convocatoria que hace en esta tribuna el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Nos sumamos al esfuerzo de procurar, hasta el último instante, hasta la última posibilidad, un consenso que rescate el trabajo político, la dignidad de la política, la honradez en la política, la viabilidad de la política para el desarrollo del país.

Aceptaríamos participar en la última ronda de búsqueda de consensos en el eventual receso que de esta sesión se estableciera. De no ser así, por lo expuesto y por el contenido mismo del dictamen que presenta la mayoría priísta en la Cámara, el grupo parlamentario de Acción Nacional fija su posición en contra de este dictamen .

El Presidente:

Para fijar posición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra el diputado Víctor Samuel Palma César.

El diputado Víctor Samuel Palma César:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

En la competencia política cada parte del proceso electoral es relevante. En él descansa la legitimidad para la constitución de los gobiernos y de la representación política.

Hoy, ante una competencia intensa, la legitimidad se sustenta en la pulcritud y el rigor del proceso electoral en todas sus fases y en cada uno de sus procedimientos.

Presentamos a la consideración de esta soberanía el dictamen con proyecto de decreto que hemos analizado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y que apoyamos diputados del Partido Revolucionario Institucional.

Lo que aquí se propone configura todo un nuevo ámbito de regulación electoral que ofrece una estructura en consonancia con las reformas constitucionales para resolver la competencia política en la normalidad democrática.

Por primera vez, y después de intensos debates sostenidos en los últimos años, se aprobó un método jurisdiccional para la calificación de las elecciones; por primera vez el Consejo General del Instituto Federal Electoral goza de plena autonomía para conducir todas las fases del proceso electoral, sin mediar participación alguna del Ejecutivo Federal.

Se establecen bases sólidas para que la representatividad en el Congreso atienda el principio de pluralidad y corresponda a cada fuerza política el sitio que les otorga el voto, garantizándose representación y gobernabilidad; por primera vez se incorpora la representación proporcional al Senado de la República, por lo que hoy la pluralidad permea cabalmente al Poder Legislativo Federal.

Reformas trascendentes todas ellas, nos otorgan nuevas bases y un rico andamiaje para la vida democrática de México; reformas todas ellas que son logro compartido de los mexicanos en las que concurrieron la voluntad y el ánimo de las fuerzas políticas, pero también la decisión y voluntad comprometidas del Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.

A lo largo de este arduo y complejo periodo de reformas, hemos vivido momentos de intenso debate y de circunstancias afortunadas que nos han permitido construir acuerdos políticos, sin embargo hemos atestiguado que no en todos los casos ha sido posible arribar al consenso.

A partir de razones que cada partido ha esgrimido se han señalado puntos de divergencia. Este fenómeno, el de los acuerdos y el de las diferencias, es producto sin duda de la iniciativa política de la que gozamos los partidos y de la capacidad que ejercemos para afirmar las razones que nos son propias y que no encuentran convergencia con otras organizaciones.

La democracia se construye de lo uno y de lo otro, de los acuerdos y de los disensos. En el camino deseable todos quisiéramos transitar por la ruta de los acuerdos, pero a pesar de las voluntades la práctica política no siempre los hace posible.

Conviene afirmar el valor de los acuerdos y también las posibilidades que ofrecen las divergencias.

Los desacuerdos reales y honestos tienen, de igual forma, un alto valor para la vida democrática y no deben ser desestimados.

Por eso, cuando los acuerdos fallan no necesariamente está en duda la voluntad, sino lo que está en duda y en revisión son las propuestas.

La vida democrática ofrece siempre vías de solución para avanzar aun en medio de las desavenencias. En la vida democrática no es dable eludir el ejercicio y la responsabilidad que da la mayoría, por el contrario, es compromiso para no quedar atrapado en el desacuerdo; así, la resolución de las controversias se da a partir del ejercicio de esa responsabilidad que se cumple de cara a la opinión pública, desde la posibilidad de su fuerza política, desde la capacidad para acreditar sus argumentos. Las desavenencias no frenarán la transformación democrática de México.

En esta visión, el Partido Revolucionario Institucional ha buscado equilibrios siempre difíciles de construir, combinaciones que por naturaleza son siempre imperfectas, pero que en su definición no pretenden cerrar caminos, sino abrir opciones.

No cerrar el camino a las coaliciones, pero tampoco depender exclusivamente de ellas y quedar en el riesgo de fórmulas de vinculación que tienden a ser coyunturales y que en sus excesos pueden desdibujar los espectros de los partidos políticos.

Se trata de no excluir, de no bloquear posibilidades, sino de otorgar cauce efectivo de desahogo a cada una de ellas.

La preponderancia del financiamiento público sobre el privado no es una fórmula, es el mejor medio para garantizar que sean los partidos políticos, como los consagra nuestra Constitución, entidades de interés público en los que los particulares concurran abiertamente, sin el peso fundamental de su influencia económica.

Es por tanto la vía de poner a salvo a los partidos políticos de formas de injerencia que los pueden lastimar y afectar en lo esencial. Es la vía, por tanto, de asegurar el pleno ejercicio de libertades por parte de los partidos políticos, libertades que devienen en autonomía, en capacidad propia de gobierno en su vida interna, y de resolución.

Es ésta, en fin, una reforma por las más amplias libertades de los partidos políticos.

El Costo de las instituciones fundamentales para la democracia puede ser medido desde diversas perspectivas, pero es una inversión de grandes rendimientos porque ofrece certidumbre a la política, confiabilidad en la constitución de los gobiernos, anima la participación ciudadana y al impulsar las libertades fortalece la vida social y económica de la nación.

Las cifras del presupuesto de los partidos para algunos pueden ser condenables, pero tienen el valor de ser conocidas, auténticamente públicas, fiscalizadas en su aplicación, reguladas para su determinación y suficientes para satisfacer la operación de los diversos partidos políticos en razón de su fuerza representativa.

En la propuesta que formulamos se ofrecen mecanismos para que el Consejo General del Instituto Federal Electoral pueda fijar el presupuesto ordenado para las actividades de los partidos y lo actualice regularmente.

Debemos enfatizarlo: nos oponemos a la pretensión de derrotar o debilitar a cualquier partido y desde luego al PRI, por cualquier vía que no sea la electoral.

Son los partidos entidades públicas y por ello sujetos a la fiscalización del uso que hacen de sus recursos.

Corresponde así al interés de la sociedad conocer qué hacen los partidos con sus recursos, de dónde provienen y cómo los aplican.

A esta aspiración responde cabalmente el dictamen que hoy se presenta.

Así se proponen parámetros para el acceso a los medios de comunicación, parámetros que nuevamente están en la búsqueda de equilibrios de equidad, considerando el peso que la propia sociedad le da a cada fuerza política.

Se establece una clara vía de resolución en materia de impugnaciones y clarifica la tipificación de delitos electorales, materias que en caso de ser aludidas, deberán ser acreditadas de objetos de resolución definitivas.

Un amplio ordenamiento en materia de medios de impugnación, es signo inequívoco de nuestra convicción de darles a éstos cauces para que sean objeto de resoluciones objetivas y documentadas que superen la práctica que se queda en la sospecha, permitiendo definiciones adoptadas desde la jerarquía que otorga la independencia en la aplicación de la ley.

Subraya entonces la decisión de trascender el simple debate retórico y de argucias discursivas para descalificar y pasar por tanto a la resolución jurídica y la vida civilizada que establece la convivencia en el estado de derecho.

Se logra incorporar en este dictamen la amplia experiencia que hemos vivido todos los mexicanos a lo largo de procesos electorales diversos, señalamiento expreso para organizar con plena claridad los comicios, confiabilidad en los instrumentos electorales, pulcritud en las prácticas y reglamentación de las mismas.

Este dictamen contiene propuestas y ordenamientos que, en caso de ser aprobados, animarán la vida democrática de México.

El PRI no ha faltado al consenso, el consenso no llegó a esta Cámara, cuando la iniciativa de reformas que recibimos no fue respaldada por otros partidos.

En el Partido Revolucionario Institucional estamos seguros que serán estos preceptos instrumentos que impulsen una nueva etapa en la competencia, competencia que habrá de caracterizarse por la certidumbre que ofrece a las diferentes fuerzas políticas en su empeño permanente para ganarse el respaldo de los ciudadanos.

Es por tanto una reforma para la legalidad, una reforma que ofrece camino cierto, que aliente la pluralidad, que es resuelta en su visión para fortalecer la vida institucional de los partidos políticos.

Se trata, sin duda, de una reforma que corresponde a los tiempos del México de hoy.

Mucha, gracias.

El Presidente:

Han solicitado el uso de la palabra para referirse al dictamen a discusión los siguientes oradores:

diputados Adolfo Aguilar Zinser, José Castelazo y de los Angeles, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Luis Sánchez Aguilar, José Antonio Martínez Torres, Eduardo Guzmán Ortiz, Alejandro Rojas Díaz-Durán e Ignacio Ovalle Fernández.

Tiene la palabra el diputado Adolfo Aguilar Zinser.

El diputado Adolfo Aguilar Zinser Miguel:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Antes que nada quiero expresar a nombre de los diputados independientes agrupados en el Grupo de Diputados Ciudadanos, que nos sumamos a la iniciativa presentada hace unos minutos en esta cámara de Diputados por el diputado Pedro Etienne, del Partido de la Revolución Democrática y refrendada y secundada por el diputado dirigente del Partido Acción Nacional.

Creemos que es necesario que haya un receso, para que una vez más se intente el consenso que no, evidentemente no se alcanzó y no está presente en este dictamen.

Pero, señores diputados, no somos ingenuos, tenemos mucho tiempo ya en esta Cámara y sabemos muy bien, que ésta es una decisión tomada y que por más que quisiéramos y tuviéramos la expectativa de que el comportamiento de nuestros compañeros priístas, fuera aquel que corresponde al de parlamentarios, no nos llamamos a engaño, este receso no habrá de ocurrir.

Estamos frente a hechos consumados. Este debate es respecto a una decisión que la mayoría mecánica de esta Cámara de Diputados ya tomó, estamos por tanto obligados a reflexionar sobre las consecuencias de esta decisión consumada.

En esta tribuna de la Cámara de Diputados, el Presidente de la República, Ernesto Zedillo, en una multicitada y repetida declaración, se comprometió ante el país, a una reforma electoral que él llamó definitiva.

No sabemos a qué se refería la definitividad a la que alude la oferta del Presidente de la República, porque nunca la expresó de manera clara. Lo que sí sabemos es que esta ley, que habrá de aprobarse el día de hoy, no constituye una reforma electoral definitiva bajo ningún criterio, ni siquiera bajo el criterio del propio Presidente de la República, Ernesto Zedillo, expresado, suponemos, en la iniciativa de ley que la Secretaría de Gobernación transmitió a esta Cámara hace unos días.

No es por tanto una reforma electoral definitiva y el país no se prepara a una transición democrática, sino a una lucha política en términos de una ley que no tiene consenso.

Esta ley debió de haber cumplido dos objetivos fundamentales, señores diputados: el primero, es garantizar la equidad, la transparencia y la confiabilidad de los procesos electorales.

Quizá la mayor parte de los esfuerzos de quienes negociaron durante largos meses el contenido de estas reformas, haya sido fundamentalmente el lograr estas condiciones de equidad, transparencia y confiabilidad.

Quizá también en algunos de los consensos alcanzados, de los cuales hay muchos retrocesos en el dictamen sometido a la consideración de este pleno, se hubiera conseguido algo, algo muy importante de esta equidad, transparencia y confiabilidad, como lo han expresado aquí ya los representantes de los partidos políticos.

Pero también había otro objetivo igualmente importante y trascendente para el país, que era dotar a nuestra estructura política de una conformación abierta, participativa, plural, que fuera el punto de partida de una renovación política nacional.

Esta renovación política nacional debería de darse no sólo a partir del actual régimen de partidos, sino a partir de todas las aspiraciones de participación de los ciudadanos mexicanos.

El resultado no es ni en términos de las condiciones del proceso electoral ni en términos de la conformación del orden político, un resultado definitivo. Será apenas un capítulo contencioso de una lucha política que está por librarse en su capítulos definitivos en los próximos meses.

La falta de definitividad habla de la ausencia de un consenso, habla de la preeminencia de un acto de parcialidad política expresado y que habrá de manifestarse y refrendarse en el voto que los diputados mayoritarios que en esta Cámara le darán a esta iniciativa.

Se trata, en primer lugar, de una ley que revierte acuerdos, que cancela y que limita consensos alcanzados por los partidos políticos en una negociación sostenida con el Gobierno. Por tanto, esta ley contiene un retroceso real en términos de lo que representa ya el consenso entre partidos políticos. Pero también, señores diputados y compañeras diputadas, también se trata de una ley que no refleja un amplio consenso social ni siquiera en su versión original.

Es cierto, compañeras y compañeros, que los partidos políticos representados en esta Cámara, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, conforman las fuerzas políticas más representativas del país; pero también lo es que no son las únicas formas de representación y que incluso la representación que ostentan no es la más amplia representación para definir los términos de la transformación política del país. En ésta, debieron y deberán participar también sectores de la sociedad que no están estrictamente representados en estos partidos políticos y que desean tener una participación en el proceso de decisiones y en la conformación de nuestro orden político.

Los acuerdos alcanzados en Bucareli, los acuerdos que hoy se revierten en este nuevo episodio de imposición mayoritaria, eran acuerdos en donde el principal alcance tenía que ver con la equidad en la contienda política; pero también eran acuerdos limitativos de la participación de los ciudadanos en los procesos políticos por quedar éstos circunscritos solamente a la estructura de ofertas políticas existentes.

Por esa razón, señores diputados, los Diputados Ciudadanos integrantes de esta legislatura nos sumamos, en primer lugar, a la inconformidad expresada aquí por los partidos en términos de los consensos alcanzados en Bucareli revertidos por el Partido Revolucionario Institucional; pero vamos más allá y manifestamos también nuestra inconformidad con el alcance limitado de los propios acuerdos de Bucareli en tanto en éstos no se manifiestan y no están presentes las candidaturas independientes, no hay una definición amplia y generosa del alcance de las asociaciones políticas, no se incluye el expediente del plebiscito, del referendum.

Señor Presidente:

Solicito a usted llame la atención a los integrantes de la Asamblea, para que presten atención al debate.

El Presidente:

Se ruega a los señores diputados prestar atención al orador y desocupar los pasillos y ocupar sus curules. Continúe por favor diputado Aguilar Zinser.

El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinzer:

Se trata, pues, en todo caso, tanto en el caso de los acuerdos alcanzados en Bucareli como en la iniciativa cercenada de estos acuerdos que nos presenta el Partido Revolucionario Institucional, de una reforma que no es definitiva, que no tiene los alcances que la ciudadanía espera y que coloca al país frente a la incertidumbre de los procesos políticos que se avecinan.

Creemos señores diputados, que el PRI coloca al país ante estas circunstancias simplemente por atender a sus intereses partidarios; creemos que lo que motiva el comportamiento que hoy presenciamos en esta Cámara de Diputados, es el intento quizá ya desesperado e ingenuciudadaníaido (sic) en el poder, de conservarlo.

Lo único que puede explicar esta cerrazón, es la expectativa de que revirtiendo algunos de los acuerdos alcanzados en Bucareli, el PRI pueda seguir teniendo algunas de las ventajas que le garantizan poder conservar el poder en el futuro inmediato, la capacidad de conservar el poder en el futuro inmediato.

Es legítimo que un partido político quiera conservar el poder; lo sería también que el PRI lo intentase, lo intentase aun después de más de 70 años de detentarlo; lo que no es legítimo, lo que no es válido es que el Partido Revolucionario Institucional intente la conservación del poder como un interés que está por encima de los intereses de la nación, como un interés que está por encima de los intereses de los mexicanos. Esa, ésa es una reclamación ilegítima; ésa es una decisión que los priístas no pueden tomar por el país.

Los intereses del PRI, como los intereses de ninguno de los partidos políticos de oposición en el país, pueden estar por encima de los intereses nacionales.

La reforma que la ciudadanía esperaba que fuese aprobada el día de hoy después de años de negociación y de búsqueda, era la reforma que reflejara no los intereses específicos individuales de los partidos que la negociaron; no los interés particulares del partido que acaba imponiéndola, sino los intereses del conjunto.

Respecto a ello tenemos que decirlo, los partidos políticos quedaron en deuda; la reforma que el día de hoy se va a aprobar, anuncia no el consenso, no la concordia, no la competencia política leal, no la confrontación democrática de las ideas, sino el enfrentamiento de posiciones políticas que parecen ahora sí irreconciliables.

México se aproxima a momentos críticos y difíciles a consecuencia de la decisión que ustedes priístas han tomado y habrán de imponer en unos instantes más al país, a la nación, a través de esta Cámara de Diputados.

Por querer conservar el poder ponen en riesgo la paz, la tranquilidad, las posibilidades de una transición democrática, justa y lo más grave, señores diputados, es que ni así garantizarán su permanencia en el poder, su tiempo está terminado; de ello da cuenta el suceso ocurrido el día de hoy.

Quiero concluir, señores diputados, diciéndoles que por desgracia la sesión de hoy será el inicio del capítulo de una confrontación política que nos llevará a los mexicanos no a la búsqueda de entendimientos entre nosotros, sino a tratar de dirimir nuestras controversias haciendo cada vez más irreconciliables nuestras posiciones.

Hay un exhorto de los partidos de oposición que el PRI debiera escuchar, hay un exhorto de los ciudadanos que los partidos de oposición debieran escuchar: 1997 se avecina como el año de las confrontaciones, de la inestabilidad, de la guerra fratricida entre las fracciones políticas de los mexicanos y ustedes compañeros del PRI han puesto ya el primer petardo de este combate.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado José Castelazo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles:

Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:

La Constitución General de la República ha ordenado a esta soberanía salvaguardar un principio fundamental para dar viabilidad a la democracia electoral, que en la actividad de los partidos políticos, entidades de interés público, prevalezca el financiamiento público sobre el privado.

¿Por qué razón el legislador se inclinó por este criterio? Justamente para tutelar otros principios referidos a las elecciones, como son los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Si estamos promoviendo la competencia electoral con el fin de materializar y legalizar prácticamente al ciudadano su decisión de optar en plena libertad, por el partido de su preferencia, entonces la congruencia aconseja procurar condiciones para el control social del gasto, particularmente, en el caso del financiamiento político.

¿Cuánto cuenta la democracia electoral? ¿De dónde salen los recursos? ¿En qué se gastan? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Con cuáles propósitos? Estas son algunas preguntas acerca de las cuales el pueblo espera respuestas contundentes.

En este entendido y con el propósito de ubicar el problema en el contexto específico del financiamiento a los partidos políticos, resulta útil destacar la composición del gasto electoral. La democracia electoral se financia básicamente a través de un órgano de Estado: del Instituto Federal Electoral, cuyo Presupuesto de Egresos para 1997, se proyecta en 3 mil 65 millones de pesos. Esto es, el 0.6% del gasto total programable. Si disgregamos el análisis, a servicios personales destinaría el: 0.1 %; a gasto corriente e inversión física, el: 0.4% y a financiamiento de partidos políticos, el: 0.1%.

Adicionalmente, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, precisamente en el ramo 23 está prevista una partida de 1 mil 717 millones de pesos para financiamiento a partidos políticos.

Ello, aunado a lo predispuesto para el mismo rubro en el IFE, alcanza la cantidad de 2 mil 228 millones de pesos. La previsión en el ramo 23, no significa que se vaya a gastar en su totalidad. Es un techo financiero. Sin embargo, precisa estar conciente de que la democracia electoral debe encontrar una traducción concreta en el presupuesto.

El IFE es un organismo presente en toda la República. Difícilmente podría tener una autonomía y un funcionamiento ordinario al cual habría de agregarse uno excepcional en año de elecciones, sin recursos suficientes.

Es necesario tomar en cuenta dos de sus instrumentos básicos para operar elecciones.

¿Cuánto se gasta por mantener actualizada la credencialización de los sufragantes? ¿Cuánto implicaría emitir el listado nominal con fotografía? ¿A cuánto asciende el costo de la tecnología? Por otro lado, la competencia electoral obliga a organizarse antes de celebrar los comicios, durante y después de ellos. La obtención del financiamiento para atender los tres momentos es a cargo del contribuyente, concretamente después está orientado el tribunal electoral, ahora ubicado en el Poder Judicial de la Federación, con presupuesto destinado a cubrir el sueldo de sus abogados, personal administrativo, gasto corriente e inversión física.

La pregunta de fondo es: ¿cuánto estaríamos los mexicanos dispuestos a pagar por mantener y ampliar nuestra vigencia como nación soberana? Estamos seguros de que valorar la democracia electoral implica un ejercicio cualitativo y cuantitativo.

¿Cómo se compara el 1.5% del gasto en la democracia electoral con otros realizado por la Federación? Veamos:

En educación está proyectado gastar 23.3% del gasto total programable. La democracia electoral representaría el 6.4% de la educación, ¡Claro que celebrar elecciones en paz posibilita la enseñanza!

A salud se destinará el 13.3% del gasto total programable. La democracia electoral representaría el 11.2% del gasto de salud. Obviamente la estabilidad política permite prevenir y atender las enfermedades.

En seguridad social se va a erogar el 10.7% del gasto total programable. La democracia electoral significaría el 14% de este rubro. Evidentemente la civilidad alcanzada a través de elecciones allana el camino para alcanzar ese imperativo constitucional.

Lo mismo pudiera decirse de abasto y asistencia social o si nos refiriéramos a desarrollo regional y urbano o aun a comunicaciones y transportes o si habláramos del sector energético, casi tan importante como el de educación o si abordáramos la discusión respecto de las participaciones a entidades federativas y municipios.

En breve la relación costo-beneficio de la democracia electoral, casi se explica por sí sola.

De acuerdo a lo previsto en la Constitución y en las leyes que estamos discutiendo, el financiamiento a los partidos políticos se prevé para dos momentos: actividades ordinarias y extraordinarias. Las primeras acontecen cuando no hay campañas, a ellas se suman las segundas en año electoral.

A su vez, el gasto se divide en tres vertientes: para el mantenimiento operativo de los partidos, para las ediciones y actividades de promoción y capacitación, así como para campañas electorales.

Habría un cuarto apartado promovido por la oposición y aceptado por mi bancada: el 2.5% del monto del financiamiento total previsto para los partidos políticos, seria destinado a mantener agrupaciones políticas y el 2% se asignaría al desarrollo de la fundación partidista.

Tanto los señores representantes del Partido Acción Nacional como del Partido de la Revolución Democrática han aseverado, lo hacen hoy y lo harán el día de mañana, que el financiamiento a los partidos es inmoral, que rebasa lo necesario, que es un abuso en tiempos de crisis etcétera. Así, utilizando adjetivos análogos pretenderán descalificar al Partido Revolucionario Institucional de manera irresponsable y demagógica.

En sus críticas se cuidan de no distinguir lo relativo a la manutención y operación de los partidos, de aquello destinado específicamente a campañas electorales. Para ellas el gasto se establece por topes máximos, negociados por los partidos en el seno del consejo general del IFE, dependiendo del cargo electoral de que se trate: presidente de la República, senador o diputado federal.

Probablemente por el carácter de sus juicios pierden la visión de Estado, por la afanosa búsqueda del poder inmediato. Ponen el grito en el cielo por el artículo décimo transitorio del Cofipe, olvidando una de las razones de elemental práctica democrática: en México y en todo el mundo se reconoce a la mayoría que impera legítimamente en las decisiones.

En México las minorías no aceptan este principio universal. El PRI por derecho propio tendrá acceso a la mayor parte de los recursos destinados al financiamiento de los partidos en 1997, año electoral; su base de cálculo es la elección federal de 1994 actualizado su costo a 1995 y proyectado a 1997.

La Constitución determina la distribución del financiamiento público en 30%, repartido en forma igualitaria para todos los partidos y 70% prorrateado en proporción a su fuerza electoral. Esta suma se duplica en año de elecciones, en virtud de las campañas. Cualquier partido minoritario haría uso de esta prerrogativa si contara con la mayoría.

Dentro de los gastos del Gobierno lo destinado a los partidos políticos no implica un aumento a los impuestos, en otras palabras, en lo que se paga actualmente al fisco está incluido el financiamiento a la democracia electoral.

En cada campaña habrá un uso equitativo de los medios masivos de comunicación equivalente al financiamiento público. A todas luces el financiamiento público es mayormente controlable por la sociedad que aquel proveniente de los particulares, facilita la auditoría social de los recursos tanto por lo que atañe a la vigilancia y fiscalización del Poder Legislativo, como por la practicada por el IFE y el pertinaz activismo de los medios de comunicación social.

Los dineros privados en política conducen indefectiblemente a conjeturar sobre su origen, más en esta época tan complicada de la globalización, en la cual la moneda negra, proveniente del narcotráfico o actividades ilícitas busca insistentemente caminos alternos para limpiarse.

Igualmente existe la moneda gris, aquella canalizada por empresas privadas, nacionales o extranjeras, a campañas políticas: aquella interesada en generar lealtades a fundaciones patrocinadas por partidos políticos extranjeros u organizaciones no gubernamentales de dudosa filiación.

Por eso, la posibilidad para cada partido de promover la obtención de recursos privados será hasta por un 10% del total del financiamiento público destinado a ellos.

Los recursos públicos adecuadamente regulados son los que permitirán evitar transferir subrepticiamente recursos gubernamentales a campañas o candidatos, dando lugar consecuentemente a tener más claridad sobre el origen y destino de los privados.

A ese respecto, tenemos que luchar contra inercias fuertemente arraigadas en nuestro sistema político. En el PRI lo estamos haciendo. Desafortunadamente el PAN lo está aplicando por la vía rápida. En los gobiernos bajo su responsabilidad están sucediendo estas anomalías; ello no conviene a nadie, coloca a la política en el desprestigio, conduciendo a todos los partidos a un desgaste frente al electorado.

La limitación a los recursos privados evitará la posibilidad de manchar nuestros procesos electorales. Por eso, debemos insistir en la importancia de transparentar el financiamiento público y privado a los partidos.

Correctamente utilizados y adecuadamente controlados en su origen, monto y destino, los recursos para el financiamiento electoral ponen sobre la mesa la verdad. No hay nada de inmoral o irregular en el asunto, no hay abuso posible, recordemos que la legitimidad y legalidad del Gobierno y la administración pública descansa en las elecciones. En el nuevo marco electoral la competencia es la regla que decidan los electores.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente a esta soberanía la aprobación del dictamen sobre el paquete electoral en los términos en que fue aprobado por la mayoría en el seno de las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales.

¡Vamos a vitalizar este proyecto! ¡Aprobémoslo! ¡Apliquémonos con seriedad a equilibrar las fuerzas políticas y sociales de la nación! ¡Procuremos elevar la cultura política de la población! ¡De aquí en adelante todos vamos a ganar y vamos a perder respetando la voluntad del elector, a ello habremos de acostumbrarnos!

Cada elección nos confrontará en batallas de ideas que no significan guerras. El triunfo político no significa la aniquilación del contrario, no se trata del todo o nada señores del PAN, del PRD y del PT, se trata de llegar a acuerdos cediendo todos los partidos para lograr consensos en beneficio de la sociedad, precisa respetar la palabra empeñada, señores del PRD; en la política hay consenso y disenso, ambos son valiosos para construir la democracia.

El paquete electoral contiene el espíritu de apertura, aquel decidido a compartir el poder sólo si así lo decide el elector; de acuerdo, compartamos el poder, pero también la responsabilidad social y política, se trata de un espíritu de competencia electoral, refleja una voluntad democrática del Gobierno de la República y de los partidos políticos cuya realización en la práctica compete a toda la sociedad. En buena lid, señores, sin ambages, vamos a luchar juntos por México.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Jorge Ocejo Moreno, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Vengo aquí a hacer precisamente rectificación de hechos de muchas cifras que se han manejado porque sí, es muy importante dejar claro ante el pueblo de México; ante nosotros ya está claro, pero ante el pueblo de México lo que se pretende hacer con los recursos públicos cuando se canalizan mal.

Hay ciertas inconstitucionalidades en el articulo 49, no me voy a referir en este momento a las inconstitucionalidades que presenta en la forma en como se decide en el Cofipe precisamente asignar el financiamiento público. Aparte de esas inconstitucionalidades hay que discutir esto de los cálculos del financiamiento público .

La fracción 1, bueno el articulo 49 párrafo séptimo inciso A, nos va dando el mecanismo para calcular este financiamiento y habla de, en la fracción 1, de los costos mínimos de campaña para diputados y senadores y establece que se modificará lo que se tuvo en el año de 1994, prácticamente eso es lo que se establecerá por la inflación; entonces si en el año de 1994 se tenia para una campaña de diputados un costo mínimo o un costo que se tuvo de promedio de 147 mil pesos, por campaña de diputado, con inflaciones del 52% en 1995, de 26% en 1996 y de 15% en 1997, se establecería un costo mínimo de campaña del orden de 323 mil pesos.

En el caso de los senadores, 528 mil, pero la fracción II y la fracción lll dicen que para ir calculando el financiamiento estos costos mínimos se tienen que multiplicar, en el caso de los diputados por 500 y por cuatro partidos y en consecuencia llegamos a un cálculo de financiamiento de 647 millones.

En la fracción III habla de que de acuerdo al costo mínimo de campaña de senador se lleve adelante el multiplicarlo por el número de senadores elegidos, 128 y también por el número de partidos, en este caso hay tres en la Cámara de Senadores y nos lleva a una cantidad de 202 millones de pesos.

La fracción IV establece lo que precisamente marca una de las inconstitucionalidades con respecto al articulo 41 reformado, que recientemente reformamos, en donde se dice que hay un costo mínimo de campaña para Presidente que se calcula con el costo mínimo de campaña para diputado multiplicado por los diputados de mayoría relativa, dividido entre los días de campaña de diputado y multiplicado por los días de campaña para Presidente.

Esto nos lleva a hacer un cálculo de 155 millones más 647 más 202 millones más 155 llevan a un cálculo de 1 mil 5.8 aproximadamente porque no están las cifras totalmente ajustadas, de 1 mil millones cerrados para el financiamiento de las operaciones regulares de los partidos; en año de elección establece el inciso b, que para gastos de campaña será un monto igual al del financiamiento de las operaciones permanentes otros 1 mil millones.

Así pues, para 1997, según esto se pretenden 2 mil millones de pesos. Ante esta propuesta el Partido Acción Nacional manifiesta que dadas las condiciones de crisis que nos vinieron a decir aquí que probablemente no existan, la crisis económica que padece el país es un golpe contra el pueblo de México, pues al igual que todos los partidos políticos deberemos reducir los gastos para nuestras operaciones. No es inmoral que se dé un financiamiento público a los partidos, lo inmoral es que se dé en sumas indebidas y retirando recursos indebidamente que se requieren para otros rubros, entonces si es inmoral e insultante un financiamiento tan elevado para los partidos políticos.

El Partido Acción Nacional propuso no fuera superior a 900 millones, la diferencia son 1 mil 100 millones, les diría yo, simplemente, porque siempre hay que hacer comparaciones y saber de qué se está hablando, ésos 1 mil 100 millones adicionales representarían el 9% del presupuesto que se pretende aprobar en el ramo 26 de la superación de la pobreza en el próximo presupuesto de egresos,... 9% del ramo 26, representan el 73% de todo el presupuesto de la Secofi, el 200% de la Secretaria de la Contraloría, el 100% de la Secretaría de Turismo.

Este costo superior serviría para construir 9 mil 200 viviendas de interés social; es el valor de 244 millones de litros de leche o el valor de 120 millones de kilogramos de huevo o simplemente representa el salario anual de 127 mil trabajadores de salario mínimo. Señores, esto no puede ser, nos estamos concretando aquí a expresar y calcular para saber si es lícito que lo hagamos, son cifras, no hay argumentos que las desmientan, por ser tan importante este asunto el Partido Acción Nacional votará en contra de las reformas que se pretenden dar al Cofipe.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Yo creo que resulta ocioso a estas alturas del debate, querer defender por parte de los compañeros priístas, una posición que es indefendible y es la que se refiere a la falta de cumplimiento de los acuerdos; por más que quiera venir a adornar su oratoria el diputado Castelazo, lo que no puede negar es que se retractaron de acuerdos que su propio presidente nacional y su propio Presidente de la República priísta, firmó, los avaló como resultado de los acuerdos que se habían tenido entre todos.

La posición que nosotros hemos sostenido desde las reuniones de las comisiones unidas que dictaminaron la iniciativa, ha sido muy clara, exigimos el respeto de los acuerdos que teníamos hasta el día 31 de octubre; por tal razón, nosotros estamos en contra de las principales modificaciones que se proponen a los artículos del proyecto de decreto de la iniciativa ahora sujeta a nuestra discusión y consideración.

Dice el dictamen en su primera propuesta de modificación, que se considera necesario suprimir el párrafo tercero del articulo 80., que establecía en la iniciativa la posibilidad de simultaneidad de candidaturas de senadores de representación proporcional, argumentando que por encima del interés de las dirigencias de los partidos, hoy sobresale la demanda de participación de grupos cada vez más numerosos en el seno de ellos, lo que exige la apertura de oportunidades de participación a un número cada vez mayor de militantes. En realidad, compañeras y compañeros diputados, el argumento que se da, entre otros, es absolutamente pueril en el manejo mismo de los ámbitos partidistas.

Nosotros estamos por ello mismo y porque formaba parte de los acuerdos, en contra de que se suprima este párrafo tercero del artículo 8o.

Hacen también una segunda propuesta de modificación, que nos regresa prácticamente a lo que fue el centro de las discusiones, en una parte muy importante de las negociaciones en la Secretaría de Gobernación, en el sentido de cómo se entendía la aplicación del artículo 54 constitucional respecto de la posible representación hasta en un 8% del partido mayoritario. Finalmente incluso en las propuestas originales que conocimos en las versiones originales antes de la iniciativa, había redacciones que rebasaban el espíritu mismo de la letra del artículo 54 constitucional y hablaba de la posibilidad de que más de un partido pudiera sobrerrepresentarse.

Por esto se buscó la integración de una redacción que permitiera justamente que el costo de la sobrerrepresentación que pudiera tener un partido, el mayoritario, el que fuera, pudiera también distribuirse igualitariamente entre el resto de los partidos políticos, desde luego salvando lo que significa la representación de los partidos minoritarios, de los que están en la franja inferior de las votaciones obtenidas.

No es verdad lo que se dice en la argumentación de esta propuesta de modificación segunda, de que con la propuesta que viene de cambio se pueda hacer realidad el que sólo un partido se pueda representar; no es verdad con la fórmula propuesta, por eso nosotros creemos que la iniciativa para modificar este articulo del Cofipe, los artículos 12 y 15 en las partes correspondientes, nos parece a nosotros que es absolutamente inaceptable. Se le abre la puerta justamente para que se pueda violar la disposición constitucional en su artículo 54.

Luego se propone una modificación tercera al artículo 34, regresándose a lo que había sido la versión original, también propuesta por la Secretaría de Gobernación y que nos hicieron llegar a los grupos parlamentarios, en el sentido de que las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político y no podrán hacerlo con coaliciones.

Al discutir este asunto, nosotros argumentamos en las distintas pláticas y finalmente se aceptó y se podrá ver en la propia iniciativa de reformas que manda el Ejecutivo, que se le quitaba justamente esta prohibición.

Es curioso desde luego que esto se plantee justamente después del 10 de noviembre y no antes.

¿A qué le temen? ¿A que como se ha dicho y que no lo han venido a sostener aquí en tribuna, que se puedan no sólo coligar varios partidos en términos de la fórmula de coalición parcial, sino que además otras agrupaciones políticas se puedan también incluir en un acuerdo de participación electoral con coaliciones, porque padecen ya no sólo el síndrome de 1988, del 6 de julio de 1988, cuando arrebataron el triunfo en las urnas y que llevaron ilegítimamente al poder a un presidente del que ahora ya prácticamente no quieren acordarse? ¿O padecen el síndrome del 10 de noviembre y tienen el temor de que se tenga a la vista justamente la posibilidad de una coalición que les lleve a perder a ustedes la mayoría que hasta ahora habían venido detentando? Esto es lo que a nuestro juicio está en el fondo. No es verdad que se desdibuje el sistema de partidos o que se desdibuje la identidad misma de las agrupaciones partidistas y de las agrupaciones políticas nacionales que ahora se proponen, por eso nosotros estamos en contra de esta modificación.

Luego, no hay en realidad mayor argumentación y se circunscriben a una falacia para proponer la cuarta modificación, que dice que con el propósito de alentar la mayor libertad de los partidos políticos en la producción de sus programas de promoción, difusión y propaganda, se propone que se suprima la obligación del IFE de producir los programas correspondientes en radio y televisión, cuando en realidad lo que estamos queriendo, y esto era lo que estaba en el centro cuando discutimos estos asuntos en las distintas rondas de negociación que tuvimos, era que los partidos políticos pudieran tener a su disposición los insumos y las propias instalaciones que tiene el propio Instituto Federal Electoral, a efecto de lograr una optimización, no sólo de los recursos, sino también de un uso de tecnología más avanzado, como el que puedan tener el conjunto de los partidos políticos o por lo menos los partidos políticos que no tienen los recursos que tiene el Partido Revolucionario Institucional.

No hay ninguna razón en el sentido de que si los produce el IFE se atente contra la libertad de los partidos políticos. ¡Por favor! Igualmente, nosotros no compartimos la compactación que se pretende hacer con la modificación quinta, en el sentido de que los promocionales a los que se hace referencia en otro artículo de la iniciativa para manejarse en spots en tiempos de campaña, estén referidas única y exclusivamente a los catálogos que pone a disposición la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Instituto Federal Electoral en dos momentos distintos, porque nos parece que esto si efectivamente coarta la libertad de los partidos políticos de que puedan escoger y de que puedan adquirir, a través justamente de los promocionales que se pondrían a disposición, de escoger con mayor libertad estos tiempos para hacer uso de ellos y de manejarlos incluso en dosis y con la frecuencia que se considere, desde luego dentro del mes correspondiente al que se hace alusión en la iniciativa del Ejecutivo.

En este mismo sentido nosotros estamos en contra de la propuesta que se hace de modificación sexta, en el sentido de eliminar algo que fue largamente discutido y finalmente aceptado por el propio Gobierno y por la dirigencia nacional del PRI, en el sentido de que se prohibieran, y en esto solamente se trataba de recoger o de hacer ley, acuerdos que se habían adoptado durante las
campañas electorales de 1994, de que se prohibiera la edición, difusión de mensajes radiofónicos y televisivos, de promocionales del Gobierno Federal.

Y el asunto estaba muy claro, quizá para otros en otros gobiernos, para otros países pareciera esto una verdadera locura, pero para el caso de México, en donde se identifican los programas del Gobierno Federal y como se identificaron por el uso abusivo que se hizo de ellos en 1994 con los programas de Solidaridad, con el logotipo de un partido, el Revolucionario Institucional, nos parece a nosotros que esto significa una participación absolutamente inequitativa en las contiendas electorales, sobre todo en el uso de los medios masivos de comunicación y por ello mismo se acordó introducir este párrafo decimocuarto que ahora en el artículo 48 se pretende suprimir.

Igualmente, no estamos de acuerdo con la consideración que se hace para la modificación séptima. Lo hemos dicho con amplitud, que el contenido que tiene el artículo 49, que se refiere al financiamiento y compartimos en esto los argumentos que se han dado acerca de a dónde llevan el manejo de estos factores y estas cifras, pero ahora en una pretensión de hacer congruente un artículo décimo transitorio que a nuestro juicio es inconstitucional, porque cercena las facultades del Consejo General del IFE para fijar los costos mínimos de campaña, cuestiones que están establecidas en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que lo quieren sujetar a acuerdos que ya han sido tomados previamente.

El artículo décimo transitorio remite al 49 párrafo séptimo inciso A, porque ahí lo que se plantea ahora expresamente es que para fijar los costos mínimos de campaña se deben tomar como base los costos aprobados para el año inmediato anterior y se dice: bueno, para el artículo décimo transitorio, por esta sola ocasión no se referirán al del año anterior, que sería el de 1996, porque el cálculo se hizo en enero de 1995 y se calculaba trianualmente, como lo señala el código federal vigente.

Pero luego se meten en una formulación o propuesta rarísima que en realidad no es más que una especie de chicanería jurídica, porque dicen: "...el consejo general podrá, una vez concluido el proceso electoral ordinario, revisar los elementos o factores conforme a los cuales se hubiesen fijado los costos mínimos de campaña". Al mismo tiempo que le dice: "pero tienes que tomar en cuenta el costo mínimo a que fijaste el año anterior". Entonces es en realidad una verdadera vacilada la que se pretende meter supuestamente con mucho argumento legal en esta modificación que se propone.

Me acojo al 103, señor Presidente, para continuar.

Luego, en el articulo 49 párrafo decimoprimero, inciso B fracción I se refiere la propuesta de modificación a la iniciativa, en el sentido de que "cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones en dinero de simpatizantes por una cantidad superior al 10% del total del financiamiento público para actividades ordinarias que corresponda a todos los partidos políticos".

La disposición constitucional habla genéricamente de recursos, no habla de dinero y por la vía de los recursos en especie, según esta formulación que ahora se pretende meter, un partido político podrá obtener aportaciones privadas en un monto que quede sin límite prácticamente, porque no se le pone ninguna tasa de acuerdo con esta formulación. Nosotros estamos en contra, debe decir claramente "que no podrá recibir anualmente aportaciones de recursos en general, para que puedan ser cuantificados también los que estén considerados en especie" o que quede en "dinero" o en "especie", expresamente señalado.

En lo que se refiere a la modificación octava que se propone, nosotros no tendríamos objeción, creo que contribuye a evitar la discrecionalidad de la práctica de auditorías a los partidos políticos, pero desde luego con la novena propuesta de modificación que se refiere al régimen de coaliciones, nosotros en modo alguno estamos a favor, mucho menos compartimos la argumentación que vino a dar aquí en tribuna el diputado Palma, al fijar la posición del PRI, porque ¿quién mide si en 160 candidaturas en coalición parcial se desdibuja el sistema de partidos, pero en 100 no? ¿Cuál es la media?

Pues en realidad aquí hay un argumento que tampoco se ha querido decir, que no se quiere reconocer y es el hecho del mismo temor a que se formen coaliciones que puedan pesar de una manera significativa en algunas entidades de la República o en algunas circunscripciones y que se tenga desde luego el temor a perder mayorías en estas elecciones, en virtud de la posibilidad de acuerdos en este sentido, por que si se distribuyen hasta un 20% en cada una de las circunscripciones, ya sabemos cuál es el resultado efectivo, directo, de esta decisión.

No digamos mentiras, en el sentido de que lo que les preocupa enormemente es el desdibujamiento de un sistema de partidos; lo que les preocupa es otra cosa. Por eso nosotros estamos porque se mantenga en los términos en que venía la iniciativa.

En lo que se refiere también a la propuesta décimoprimera, de reducir los tiempos, de reducir el periodo que no haya sido postulado en cinco años anteriores a la designación de un ciudadano como consejero electoral local distrital a quien haya figurado en algún tipo de candidatura a tres años, llama también poderosamente la atención que una cuestión que se discutió también con bastante amplitud justamente para posibilitar que la integración de los organismos electorales, pudieran en todo lo posible estar alejados de sospecha, de partidismo o de inclinaciones en favor de una u otra agrupación política, ahora se vuelva a traer aquí, quizá porque para que alguien pueda figurar y ya lo tenemos en algunos ejemplos específicos, de gente que ha figurado como candidato de algún partido político en un periodo determinado, "deja pasar tres años y luego te meto a algún organismo electoral, no hay problema" y ¿quién va a pensar que esto nos puede garantizar justamente la imparcialidad que nosotros queremos? En lo que se refiere a la modificación decimosegundo, había ya en el párrafo quinto del 182-A, una cuestión que se discutió también duran te muchas horas y que planteaba que cada partido político, procurará destinar el 50%, no deberá destinar el 50% de las erogaciones para la difusión de sus programas, promoción de sus candidatos etcétera.

Y aquí el argumento que se dio y no fue exactamente nuestro, sino de los compañeros de Acción Nacional, era, y nosotros lo admitimos como válido, en el sentido de que no se podía obligar a que un partido político utilizara los recursos de una u otra manera.

Nos parece pues que las modificaciones que se proponen incluyendo esta última, a nuestro juicio no tienen razón de ser, no se compaginan con los acuerdos a los que se había llegado y a mí no me puede decir el diputado Castelazo que no es cierto que se echaron para atrás, que no es cierto que fueran acuerdos. Quizá usted lo puede decir porque no estuvo en las comisiones negociadoras, pero pregúnteselo a sus compañeros de partido que sí estuvieron, pregúnteselo a su propio presidente nacional, a ver si no es cierto que fueron acuerdos.

Ya si en todo caso también el presidente nacional de su partido, nos dice que no era cierto, que estaban jugando a los acuerdos y que finalmente iban a hacer lo que se hubiera querido, entonces estaríamos en una relación de absoluta falta de respeto entre nosotros y lo que estamos entonces teniendo a la vista, es que justamente la creación de las condiciones para una transición, en la que el consenso constituye el cemento justamente para lograr avanzar juntos y darle la estabilidad que requiere el país, no sé de qué estaríamos entonces hablando.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Muchas gracias, señor Presidente:

Quiero decirle un poco raro este trámite, en virtud de que se supone que había una lista de oradores y le correspondía a otro orador y no a mí, no entiendo, no voy a debatir con mi propio compañero.

Ante esta irregularidad, señor Presidente, quiero dejar manifestada mi protesta por el trámite que le dio usted a mi participación.

La iniciativa que fue presentada por el Ejecutivo Federal, compañeras diputadas y compañeros diputados, en términos generales, salvo lo establecido en el artículo 406 del Código Penal que se eliminó en esa iniciativa, tipificar como delito las conductas de candidatos que se excedieran en los topes de los gastos de campaña, salvo esa omisión intencional, la iniciativa del Ejecutivo en términos generales contenía la propuesta que los partidos políticos en largas sesiones que tuvieron en Bucareli con la Secretaría de Gobernación, se llegó a algunos consensos al respecto, salvo en
lo que se refiere al financiamiento público y por lo tanto, también a los topes en los gastos de campaña.

Como todos sabemos y es precisamente el tema del debate el día de hoy, la iniciativa presentada por el propio Ejecutivo fue enmendada por la mayoría priísta en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, donde hicieron modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo que a juicio de nosotros, del Partido de la Revolución Democrática, significaron regresiones; regresiones y dar marcha atrás, de acuerdos previamente establecidos, como aquí ya se ha dicho reiteradamente por los diputados y diputadas de oposición que han hecho uso de la palabra.

En ese sentido, nosotros en búsqueda hasta el final de encontrar alguna salida a esta decisión del Partido Revolucionario Institucional, de decidirse ir solo en esta votación de la llamada miscelánea electoral que modificó cuatro leyes y redactó una nueva, en virtud de las modificaciones que sufrió la Constitución, en la búsqueda de una salida hasta el final, el Partido de la Revolución Democrática en este momento, en términos del reglamento va a hacer suyas las propuestas que contenían las versiones de Bucareli y la propia iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal, distintas, contrarias a las modificaciones que la mayoría priísta hizo en el dictamen que nos presenta hoy a debate.

Por lo tanto, ruego señor Presidente, que una vez concluida mi intervención estos puntos, estas propuestas concretas de enmienda se tomen de la versión estenográfica porque corresponden cada una, sin ninguna duda, a las propuestas que se tuvieron en Bucareli que presentó, en principio, el propio Ejecutivo Federal, salvo, insisto, la fracción octava del artículo 406 del Código Penal Federal.

Esto, buscando que tengamos alguna alternativa, una solución para poder regresar nuevamente al método de los consensos, a la práctica política por excelencia que es la negociación y por lo mismo encontrar soluciones donde todos cedamos una parte y podamos mantener el rumbo firme que ya se tenía para transitar pacíficamente hacia la democracia.

Paso entonces señor, Presidente, a hacer las siguientes propuestas de enmienda al dictamen que presentó la mayoría priísta de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.

La primera se refiere al artículo 80., del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Como ustedes saben, en este artículo la mayoría priísta no tomó en consideración la iniciativa que fue consensada previamente en Bucareli, que creaba un párrafo tercero al artículo 80. Este párrafo tercero que proponemos dice exactamente igual que como estaba en la iniciativa y en los acuerdos de Bucareli. Párrafo tercero del artículo 3o., proponemos que quede de la siguiente manera y por lo tanto modifique el dictamen de la mayoría priísta de las comisiones unidas:

Dice así:

"Tercero. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente en un mismo proceso electoral más de 12 candidatos a senadores por mayoría relativa y por representación proporcional en su lista nacional."

Solicitamos que esto quede asentado como la primera propuesta de enmienda que hacemos.

También en el propio código, estamos proponiendo que el artículo 12, sufra modificación el párrafo tercero, para quedar como sigue:

"Artículo 12, párrafo tercero. Para efectos de la aplicación de la fracción VI del artículo 54 de la Constitución, se entenderá por votación nacional efectiva de cada partido político, la que se establece en el inciso a del párrafo primero del artículo 15 de este código."

Igualmente proponemos para que se enmiende el dictamen, la siguiente redacción del artículo 15.

"Artículo 15, párrafo primero. Para la asignación de diputados de representación proporcional en el caso de que se diere el supuesto por la fracción VI del artículo 54 de la Constitución y una vez realizada la distribución a que se refiere el artículo anterior, se procederá a asignar el resto de las curules a los demás partidos políticos con derecho a ello, en los términos que a continuación se indican:

a) Se obtendrán las votaciones nacionales efectivas de los partidos con derecho a participar en la asignación conforme al procedimiento siguiente: fracción I del inciso a, se calculará el porcentaje que representan los diputados electos por el principio de mayoría relativa de cada partido político,
en relación con el total de las curules que integran la Cámara."

"Fracción II. La diferencia en puntos porcentuales entre el porcentaje de la votación nacional emitida del partido que se encuentre en los supuestos previstos en las fracciones IV y V, del artículo 54 de la Constitución y el porcentaje del total de curules de la Cámara que le correspondan a dicho partido por ambos principios de elección, se dividirá entre el número de los demás partidos con derecho a la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional.

A los partidos políticos que hayan obtenido el 2% de la votación nacional emitida, en todo caso les serán asignados cuando menos cinco diputados electos por el principio de representación proporcional.

Fracción III. Se hará la suma de los puntos porcentuales obtenidos de las fracciones I y II anteriores.

Fracción IV. La cantidad que resulte de la operación señalada en la fracción anterior, se restará al porcentaje de la votación nacional emitida que corresponda a cada partido y Fracción V. La votación nacional efectiva de cada partido político, será la cantidad que resulte de aplicar a la votación nacional emitida, el porcentaje obtenido por cada uno de ellos, conforme a la
fracción IV anterior."

b) Para la asignación de diputados se estará al siguiente procedimiento:

"Fracción I. La suma de las votaciones nacionales efectivas de los partidos se dividirá entre las curules a repartir. El resultado será el nuevo cociente natural.

Fracción II. La votación nacional efectiva de cada partido se dividirá entre el nuevo cociente natural. El resultado en números enteros será el total de diputados a designar a cada partido político.

Fracción III. Si aún quedaren curules por distribuir, se asignarán de conformidad con los restos mayores de los partidos.

Párrafo segundo: si conforme al procedimiento a que se refiere el inciso b del párrafo anterior, a un partido político le correspondiesen menos de cinco diputados, se le asignarán los necesarios para llevarle a ese número, caso en el cual se procederá hacer la asignación de los diputados que quedaren por repartir entre los demás partidos políticos con derecho a ello. Para estos efectos se realizará nuevamente el procedimiento previsto en el párrafo anterior, deduciéndose de la votación nacional emitida, la que corresponda al partido político que se encuentre en este caso.

Párrafo tercero: para asignar los diputados que le corresponda a cada partido político por circunscripción plurinominal, se procederá como sigue:

a) Se obtendrá la votación efectiva por circunscripción, aplicando en lo conducente las reglas previstas en el párrafo primero anterior.

b) La votación efectiva por circunscripción se dividirá entre el número de curules pendientes de asignar en cada circunscripción plurinominal, para obtener el cociente de distribución en cada una de ellas.

c) La votación efectiva de cada partido político en cada una de las circunscripciones plurinominales se dividirá entre el cociente de distribución, siendo el resultado, en números enteros, el total de diputados a asignar en cada circunscripción plurinominal.

d) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir, los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político tuviere en las circunscripciones hasta agotar las que le correspondan en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con 40 diputados."

"Artículo 34. Párrafo primero: las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales federales, mediante acuerdos de participación con un partido político o con una coalición de partidos. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación, serán registradas por el partido político o la coalición, y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores de éstos, según corresponda.

Artículo 43. Párrafo primero: la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos y la Comisión de Radiodifusión del Instituto Federal Electoral, tendrán a su cargo la difusión de los programas de radio y televisión de los partidos políticos, así como el trámite de las aperturas de los tiempos correspondientes en los términos de los artículos 44 al 47 de este código. Además, el Instituto producirá los programas a que se refiere el artículo 44 del propio código.

Artículo 47. Párrafo tercero: el tiempo de transmisión y el número de promocionales a que se refieren respectivamente los incisos a y c, del párrafo primero de este artículo, se distribuirán entre los partidos con representación en el Congreso de la Unión, de la siguiente manera:

El 40% en forma igualitaria y el 60% restante en forma proporcional a su fuerza electoral.

Artículo 47. Párrafo quinto: a fin de que los partidos políticos disfruten de la prerrogativa consignada en este artículo, la secretaría ejecutiva del Instituto en forma previa al inicio de las campañas electorales solicitará a la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, le proporcione un catálogo de tiempos, estaciones, canales y horarios disponibles para efectos de asignación de tiempo oficial. Asimismo para la adquisición y la asignación de los promocionales en radio y televisión, se utilizarán el o los catálogos a que se refieren los párrafos segundo y tercero del artículo 48.

Artículo 48. Párrafo catorce: 20 días antes de la jornada electoral se suspenderán las campañas de comunicación social en radio y televisión de las acciones especiales de políticas de apoyo social del Gobierno Federal.

Lo repito, párrafo cuarto del artículo 48, 20 días antes de la jornada electoral se suspenderán las campañas de comunicación social en radio y televisión de las acciones especiales de políticas de apoyo social del Gobierno Federal.

"Artículo 49. Párrafo séptimo, inciso a fracción l: el consejo general del Instituto Federal Electoral determinará con base en los estudios que le presente el consejero presidente, el costo mínimo de una campaña para diputado, el costo mínimo de una para senador y el costo mínimo para la campaña de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 49, párrafo decimoprimero, inciso b, fracción l: cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones en dinero de simpatizantes por una cantidad superior al 10% del total del financiamiento público que corresponda al partido con mayor fuerza electoral."

Señor Presidente: es obvio que voy a recurrir a lo que me da derecho el artículo 103 del reglamento y le solicito me inicie el tiempo correspondiente a la Oficialía Mayor.

Artículo 58. inciso a: para la elección de senador deberá registrarse entre seis y 34 fórmulas de candidatos. El registro deberá contener la lista con las dos fórmulas por entidad federativa. Inciso b. Para la elección de diputados de igual manera deberá registrar entre 33 y 160 fórmulas de candidatos.

Artículo 61. Párrafo segundo: para el registro de las coaliciones para postular candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa en 18 ó más entidades federativas, los partidos políticos que deseen coaligarse deberán.

Artículo 62. Párrafo segundo: para el registro de las coaliciones para postular candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en 161 ó más distritos electorales uninominales, los partidos políticos que deseen coaligarse deberán.

Artículo 63. Párrafo primero, inciso g: en el caso de la coalición para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de senadores o de diputados por el principio de representación proporcional o en aquellas por las que se postulen 18 ó más listas de fórmulas de candidatos a senadores ó 161 ó más fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa se acompañarán, en su caso, el programa de gobierno al que se sujetará el candidato presidencial en el supuesto de resultar electo y los documentos en los que conste que los órganos partidistas correspondientes de cada uno de los partidos coaligados lo aprobaron.

Artículo 103. Párrafo primero, inciso e: no ser o no haber sido dirigente nacional, estatal municipal de algún partido político en los cinco años inmediatos anteriores a la designación.

Artículo 105. Párrafo primero, inciso c: designar en el mes de diciembre del año anterior al de la elección por mayoría absoluta a los consejeros electorales que integren los consejos distritales a que se refiere el párrafo tercero del artículo 113 de este código, con base en las propuestas que al efecto hagan el consejero presidente y los propios consejeros electorales locales.

Artículo 114, párrafo primero, inciso e: no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cinco años anteriores a la designación.

Artículo 182-A. Párrafo quinto: cada partido político tendrá que destinar el 50% de las erogaciones que realice para propaganda en radio y televisión en programas para la difusión de su plataforma electoral la promoción de sus candidatos, así como para el análisis de los temas de interés nacional y su posición frente a ellos.

En relación a los transitorios, señor Presidente, por la argumentación que ya dio el diputado Zambrano y que han dado anteriormente otros compañeros diputados, proponemos que el artículo décimo transitorio sea derogado, para que queden plenas las facultades del consejo general en relación a establecer el costo mínimo de las campañas políticas.

El decimoséptimo transitorio, señor Presidente, proponemos la siguiente redacción: "para las elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y exclusivamente por el principio de mayoría relativa, los partidos políticos podrán coaligarse parcialmente para postular no menos de cuatro y hasta 20 candidatos, sujetándose en lo conducente a la regulación establecida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para la coalición parcial de candidaturas a diputados federales".

"Los partidos políticos podrán formar coaliciones para la elección de jefe de gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso, tendrán efectos sobre los 40 distritos electorales locales y la circunscripción plurinominal en el Distrito Federal, para lo cual deberá postular y registrar a las respectivas fórmulas y lista de candidatos por mayoría relativa y representación proporcional. En este caso se estará en lo conducente a lo dispuesto por los artículos 58 a 64 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La solicitud de registro de estas coaliciones deberán presentarse dentro de los 10 primeros días del mes de enero de 1997."

Y por último, señor Presidente, proponemos la siguiente modificación en el dictamen al articulo 406 del Código Penal Federal. Proponemos que se agregue una fracción VIII, que dice así
:
"artículo 406, fracción VIII: utilice para su campaña electoral en su calidad de candidato y sin conocimiento de su partido, fondos adicionales a los suministrados por éste y con ello se exceda el tope de gastos establecidos para la campaña de que se trate".

Señor Presidente; compañeras y compañeros:

Estas propuestas de enmiendas que hace el Partido de la Revolución Democrática, reiteramos, es en la búsqueda de reencontrar nuevamente los consensos y que podamos transitar juntos en este dictamen de una ley secundaria y las otras leyes que se modifican en materia electoral, que son
trascendentales para la vida política de nuestro país.

Por su atención y esperando que voten a favor de estas propuestas, muchas gracias compañeras y

compañeros.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado José Castelazo, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles:

Brevemente, diputado Leonel Godoy:

Primero al diputado Ocejo, del PAN, el problema es que la política electoral requiere una visión de Estado, no de abarrote, lo comparable es la política electoral versus la social, versus la económica, versus la energética, una política de ese tamaño, no se admiten las comparaciones con las retacerías.

Por lo que respecta a los diputados Zambrano y Godoy, rechazamos contundentemente la imputación de que fuimos nosotros los que faltamos a nuestra palabra, fueron ustedes, diputado Godoy, a partir de una negociación global, no era una negociación parcial, nada de que ya conseguí lo que quería y luego me retiro de la negociación global, eso no se vale.

El PRI está con el Presidente, no hay ninguna duda, es obvio, no necesito asistir a las negociaciones. En mi partido, diputado Zambrano, hay canales de comunicación que sí funcionan, no nos andamos echando para atrás.

Y compañeros del PRD, en las negociaciones políticas el tiempo cuenta; evidentemente en ésta se les fue el tren, lo siento mucho.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada María Teresa Gómez Mont, del PAN.

La diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Lo que el Cofipe plantea en materia de medios es francamente limitado y de ninguna manera garantiza el concepto de equidad contemplado en la reforma constitucional.

No integra a la prensa escrita ni a las nuevas tecnologías como Internet o los videos, se habla exclusivamente de los tiempos para los partidos políticos y de la contratación de spots publicitarios como si todo fuera eso. Se olvidan de las declaraciones de Diego Fernández de Cevallos y de Cuauhtémoc Cárdenas el 21 de agosto de 1994, calificando de inequitativa y manipuladora la función de algunos medios con intención de beneficiar a un sector, no digamos a un partido. El mismo presidente Zedillo lo reconoció en La Voz Suiza y sin embargo, no se toman medidas para evitarlo.

El PAN presentó en su debido momento una iniciativa de reformas al Cofipe y en materia de medios, claramente propuso para el Instituto Federal Electoral la creación de una comisión de medios que sustituyera a la de radiodifusión y que fuera integrada como los consejeros electorales, por personas de merecido prestigio, actitud que avalara su imparcialidad. Ellos, además de supervisar la efectiva aplicación de los tiempos dedicados por ley a los partidos políticos, supervisarían, además, del monitoreo en los tiempos de noticieros y las publicaciones escritas, la calidad de los contenidos con el fin de garantizar la equidad, pero sobre todo evitar, sin aceptar la libertad de expresión, lo que con intención viciada o sea manipulación, podría inducir el voto en favor de algún candidato o de algún partido político.

Ellos también supervisarían la contratación de los tiempos comerciales a fin de que no se privilegiara a ningún grupo ni se otorgaran tarifas confidenciales por no decir en algunos casos, gratuidades.

No se trata, nunca planteamos tratar la intromisión de los comisionados en materia de medios en los medios de comunicación, sino que la intención iba especialmente dirigida a acabar con las prácticas viciadas que tanto han descalificado los procesos electorales.

Ignoramos porqué tanto el PRI, como la Secretaría de Gobernación, se asustaron con la propuesta de integrar el derecho de rectificación para dejar un tibio concepto de aclaración si en un momento dado éste pudiera ser un recurso legítimo, tanto para defender las conductas del PRI y de las acciones de gobierno de presuntos ilícitos o que hubieran sido objetos de difamación; falta de visión política, señores diputados.

Pero además, en Acción Nacional estamos convencidos de que para que efectivamente se dé la equidad informativa, habrá de resolverse el viciado proceso que enturbia los procesos de licitación relacionados con las concesiones de radio y televisión que han sido factor de control político y que no sólo coopera de esta manera a actuar con imparcialidad, sino que además convierte a los concesionarios en factor de intimidación laboral a reprimir algunos informadores que dan espacio a la oposición.

Señores diputados, creo que esta legislación no corresponde al país que intenta acceder al primer mundo. Nuestra legislación electoral se esfuerza por pertenecer al subdesarrollo y a la premodernidad, cuando los países más avanzados del mundo, avanzados culturalmente como España, Francia o Estados Unidos, las campañas electorales se dan en los medios, en este país
todavía se está pensando en la manera de coptarlos.

La política debe ser de altura, debe ser de ideas, debe ser de argumentos y de programas, de hombres y mujeres capaces de darlos a conocer; hoy día tenemos el acceso a los satélites, que el Internet llega a todos los hogares u oficinas que lo requieren sin mayor dificultad, que hay radio-difusoras locales de frecuencia limitada, que periódicos nacionales combinen con los estatales y publicaciones mimeografiadas de cuatro páginas para una pequeña población, es cuando debemos de aprender a pensar y actuar diferente.

Es tiempo de que los mismos medios de comunicación asuman los retos de las nuevas tecnologías en una proyección política sí, pero también con una proyección de carácter social para así iniciar una nueva etapa que permita al quehacer político nacional ser más dinámico, más efectivo y sobre todo, contar con aportaciones y mensajes que los receptores puedan asimilar con menor esfuerzo, pero dentro de un espacio de reflexión.

Señores diputados del PRI, parece ser que ustedes aún apuestan a la estrategia de coptar a los medios, lo podrán hacer en algunos pocos aquéllos a los que pretenderán cobrar favores, pero también es importante reconocer la independencia que algunos han alcanzado en base a una información plural que obedece a una comunicación profesional y que tiene como respuesta el reconocimiento del público.

Es hoy cuando se intenta marginar a los medios de alguna manera para dejarlos simplemente como promotores de los programas de los partidos políticos y de una serie de estos, cuando debemos convocar y desde esta tribuna lo hago a los medios independientes, a los medios que están cumpliendo con su función social de informar a asumir los retos de éstos nuevos tiempos para iniciar una campaña diferente en el año de 1997, donde se dé efectivamente la confrontación de ideas, donde los hombres y mujeres puedan exponer sus proyectos legislativos y sus programas de gobierno.

Si queremos avanzar en la democracia y queremos avanzar en los nuevos tiempos de México, es en los medios de comunicación donde deberá centrarse las campañas del futuro.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión que establece el articulo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.

El diputado Kurt Thomsen del Partido Acción Nacional para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.

El diputado Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

El diputado Castelazo ha afirmado aquí, en esta tribuna, que uno de los objetivos que su partido persigue para señalar el exagerado monto de financiamiento público, es la transparencia de los manejos económicos de los partidos, para decir de dónde vienen, en qué se gastan y cómo se distribuyen.

Debo recordarle que la transparencia en el manejo económico de los dineros, no justifica de ninguna manera el derroche exagerado de esos fondos.

También le quiero recordar que en la legislatura anterior a ésta, el entonces diputado de mi partido y actual presidente nacional de Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, exigió que en la reforma del Cofipe se estableciera la obligación de todos los partidos de rendir cuentas al Instituto Federal Electoral, de todos sus ingresos y todos los gastos realizados.

Consecuentemente, es Acción Nacional el que ha estado insistiendo desde hace muchos años, en que los fondos públicos se manejen con absoluta transparencia.

También sostuvo, en una forma falsa, que el presupuesto del IFE ascendía a 3 mil 065 millones de pesos. Puede ser cierto, pero no es toda la verdad, no es toda la verdad, porque en el presupuesto presentado por la Secretaría de Hacienda, se asignan efectivamente 3 mil 065 millones de pesos para el Instituto Federal Electoral, de los cuales alrededor de 500 millones de pesos los asignan al financiamiento público; sin embargo, en boca de funcionarios de la Secretaría de Hacienda, a pregunta nuestra, aclararon que la diferencia entre los 500 millones y los más de 2 mil millones que se otorgarían a los partidos de aprobarse el dictamen que estamos discutiendo, estaba previsto ya en una reserva en el ramo 23. Entonces, ahí ya se refleja los más de 2 mil 500 millones de pesos que se dedicarán a los partidos, insisto, de aprobarse el dictamen.

Otra falsedad también es que el financiamiento equivale al 0.05 del presupuesto. El financiamiento real en los términos que ya he explicado, representa el .30.6% del presupuesto federal de egresos.

Como ya explicó mi compañero diputado Jorge Ocejo, la diferencia ente lo que Acción Nacional ha venido proponiendo como financiamiento para los partidos, que es de 900 millones de pesos y lo que pretende el PRI adjudicar, de acuerdo con cálculos oficiales del Instituto Federal Electoral, que son 2 mil 423 millones de pesos, alrededor de 1 mil 400 millones de diferencia, se podrían aplicar a remediar algunas de las más inminentes necesidades que tiene el país en la actualidad Entonces, no podrán desmentir los documentos oficiales del IFE, donde se establece cuál es el cálculo que ellos establecen para el financiamiento público de acuerdo con estas normas que hoy estamos discutiendo.

En estas condiciones, el presupuesto total del IFE llegaría a 4 mil 648 millones de pesos ¿Muy poca cantidad, verdad señores? Pero no se queda ahí la cuestión. Para cubrir los casi 2 mil 500 millones de financiamiento a los partidos, vemos que los seis meses de aportaciones del Gobierno que se ahorró con el diferimiento de la entrada en vigor por seis meses de la Ley del Seguro Social, llega alrededor de los 13 mil millones de pesos; entonces, parte de esos 13 mil millones de pesos van a ser dedicados al financiamiento público a todos los partidos. Es con cargo al fondo de retiro de los trabajadores por ese diferimiento.

Para terminar y redondar mi intervención señor Presidente, también quiero señalar que no se queda el financiamiento público en los 2 mil 500 millones de pesos. A esta cantidad habrá que sumar los financiamientos públicos que los gobiernos estatales ya están otorgando a todos los partidos políticos, entonces ¿Qué cantidad tan estratosférica, que ni siquiera son los 2 mil 500 millones de pesos, va a salir de los bolsillos de los ciudadanos para facilitar el desenvolvimiento de los partidos políticos? Esto señores, no podemos aceptarlo. Debemos de votar en contra de este dictamen, por lo menos en defensa de la ciudadanía mexicana, la más marginada.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Graco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu:

Con su permiso, señor Presidente:

Estamos, como bien dijera el diputado Etienne, estamos ante el debate más trascendente y evidentemente no estamos encontrando argumentos de quienes deberían debatir en esta tribuna.

Se nos ha dicho, por mi amigo el diputado José Castelazo, que tengamos una visión de Estado, no de abarroteros y yo creo, quise entender que lo dicho por el diputado Castelazo era una confesión autocrítica profunda, porque efectivamente, la iniciativa del presidente Zedillo obedecía a una propuesta con visión de Estado, con visión de Estado porque pretendía compartir y compartía en el texto el 99% de los consensos que se lograron con todas las fuerzas políticas.

La visión de abarrotero no corresponde a quienes estamos planteando y aquí paradójicamente y plásticamente se ha visto a la presentación de los puntos del diputado Godoy, simple y llanamente son los puntos de la iniciativa presidencial que llegó a este recinto y que el PRI decidió no avalar.

Argumentos o más bien coartadas en forma de argumentos, se pueden dar. Nosotros hacemos honor, honramos los acuerdos y es falso que el PRD no haya planteado con claridad sus posiciones, el PRD con toda claridad señaló y fue ratificado hoy por la mañana por Andrés Manuel López Obrador, de su decisión de votar a favor en lo general de acuerdo con el texto de la iniciativa recibida y siempre sostuvimos, como sostenemos, nuestras diferencias acerca de cómo está planteándose al punto del financiamiento, el capítulo del financiamiento.

Con respecto a eso entonces, que quede claro que el dictamen presentado por la mayoría de la comisión no corresponde a la visión de Estado que obtuvimos en esta Cámara de Diputados, cuando en la reforma constitucional, incluso con algunas observaciones críticas de algunos diputados, entre ellos yo, que no dudé en votar a favor, porque se trataba de un acuerdo político trascendente y de una reforma constitucional que colocaba al Presidente de la República, al Ejecutivo Federal que firma la iniciativa junto con las fuerzas políticas, en un compromiso de Estado, más allá de las preferencias políticas partidistas, en una visión que tiene que ver con el país, no con la visión de los abarroteros que están angustiados porque pierden votos en las urnas, con una visión de Estado que exige una postura superior, más allá de las preferencias partidistas y el problema de fondo en esta reforma es que en el PRI y muchos de ustedes, compañeras y compañeros legisladores de la mayoría, no han llegado a la conclusión, no han llegado a la verdad histórica de que toda transición que se pacta, se pacta de la base que pone fin al sistema político que les ha permitido a ustedes estar con hegemonía en el poder público.

Ustedes tienen poco tiempo, poco tiempo y siguen apostando y prefieren suicidarse a perder honrosamente. El hecho es que toda transición política debe plantearse del principio y ustedes particularmente, de que van a las contiendas a partir de ahora con nuevas reglas políticas y que van a correr bajo esas nuevas reglas políticas el riesgo que tiene toda competencia democrática: el ganar o perder y ustedes siguen pensando que son eternos y que no pueden perder la hegemonía que ha mantenido en este país por más de 60 años.

Es el problema de fondo en este debate, el problema de aceptar las reglas nuevas, las condiciones nuevas para un nuevo sistema político en México. Y en ese devenir de la transición están las resistencias de quienes hoy ven bajo la competencia electoral abierta y más o menos o más equitativa que menos, ven en riesgo su hegemonía. Y ustedes están aterrados y ustedes, compañeros que han firmado este dictamen, han decidió contradecir con los pretextos que han puesto por delante en esta tribuna de que por nosotros ustedes no votan sólo la iniciativa presidencial. No. La modificación; hacen una modificación de retroceso. Y frente a esto, frente a ese retroceso que están planteando ustedes, se observa evidentemente que ustedes no están dispuestos a que las autoridades federales de este país, el Presidente y el Secretario de Gobernación, asuman acuerdos políticos en este país en torno a una transición democrática.

El Presidente:

Señor diputado que está usted gritando, ¿quisiera hacer alguna interpelación o alguna pregunta al orador? Les voy a suplicar, señores diputados, que escuchemos con atención al orador y acabemos con el mote del Bronx, por favor.

El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu:

Efectivamente, detrás de esos gritos está la manifestación más clara de la desesperación de muchos sectores del PRI que ven conculcados todos sus privilegios al tener que sujetarse a elecciones democráticas.

Estamos entonces frente a una decisión y quisiera decirlo aquí, porque algún compañero periodista me lo planteó con mucha sagacidad, no siempre han pedido ustedes la sana distancia o la distancia o la división de poderes y en este caso la distancia entre el Ejecutivo y el PRI ¿No acaso se dio ahora, evidentemente cuando están revisando una iniciativa presidencial y la están
corrigiendo? Sí; ojalá hubiéramos querido eso en la política económica; ojalá hubiéramos querido esa distancia en otros temas, pero esto que han hecho no es sino para en demérito, como se dijo aquí también ya, de lo que el propio Presidente en Argentina, ayer, estaba diciendo, de lo que él estaba haciendo como jefe de Estado, como Presidente de México, con respecto al proceso político que exige por todos los países latinoamericanos ir más allá de los formalismos democráticos, sino a una verdadera división de poderes, ya pesos y contrapesos reales en la sociedad.

Contra eso están ustedes también. Han contradecido a Ernesto Zedillo de manera evidente, y está bien, es su decisión. Yo creo que mañana no nos extrañe que otros sectores del PRI pidan que renuncie también Ernesto Zedillo porque no está garantizando la conducción política que permita al PRI mantener la mayoría a toda costa en 1997.

También lo pueden plantear y no será extraño. Estamos ante una crisis política, están dejando ustedes al Secretario de Gobernación, quizá lo estén castigando, porque finalmente es el jefe político desde el punto de vista de la tradición del sistema mexicano, que hay que ponerle fin.

Pero Chuayffet es el Secretario de Gobernación, pero es un gobernador del Estado de México con licencia y quizás estén molestos porque el Secretario de Gobernación anda haciendo acuerdo con los partidos políticos y resulta que ni en su Estado ni siquiera mantuvo una hegemonía como debiera ser el partido al que pertenece también el licenciado Emilio Chuayffet y a quienes debe la gubernatura, quizá.

Frente a esto yo quiero decirles, compañeras y compañeros diputados, que están perdiendo ustedes más de lo que se imaginan. Han buscado la coartada y el pretexto de que no estuvimos claros en plantearles el voto a favor en lo general y quien lo diga aquí está mintiendo.

Están planteando ustedes la coartada de que no fuimos claros y asumimos los compromisos que tuvimos en Bucareli o tuvieron los partidos políticos y el Gobierno, están faltando a la verdad.

Ustedes están respondiendo al resultado del 10 de noviembre. Están respondiendo al resultado electoral del 10 de noviembre, están reaccionando con una contrarreforma a este resultado electoral. Están lanzando el mensaje de que no están dispuestos ir a una confrontación democrática, pero a pesar del voto de retroceso que están dando ustedes, a pesar de esta contrarreforma, de este voto del miedo que están manifestando a los cambios democráticos, créanme compañeros que hay que mantener muy claro una cuestión.

Este país no puede enfrentarse en 1997 a un resultado postelectoral, a una situación electoral complicada, porque esto va a ser responsabilidad de quienes hoy no aceptaron el reto de ir a nuevas reglas democráticas.

Ustedes creen que con dinero y sin tiempo suficiente en los medios de comunicación van a ganar las elecciones, van a superar su imagen política, pero están condenados a una ley biológica, son demasiados años. Se han desgastado suficientemente.

Han pagado y tendrán que pagar el precio que toda fuerza política paga, después de ciertos años biológicamente los cuerpos vivos, las fuerzas políticas están condenadas a ser reemplazadas. La historia así lo plantea.

Ustedes se niegan a un reemplazo civilizado y democrático, están pataleando porque no tienen confianza en los ciudadanos y en el pueblo o quieren tener el control de los consejos, el control de los dineros, el control de los medios y pensando que con esto basta para ganar, se equivocan.

Los ciudadanos a pesar de esta contrarreforma los van a derrotar, moral y políticamente, en las elecciones de 1997.

Tiene la palabra para contestar alusiones personales, el diputado José Castelazo y de los Angeles.

El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles:

Señor Presidente:

¡Ah, qué Graco! No sé finalmente a nombre de qué partido hablas. Me extraña; qué poco original, que poco estudioso, qué ingenuo y cándido. Las derrotas son en las urnas, no en el escritorio, no más concerta cesiones, no Graco. No hay distancias, entre el PRI y el Presidente de la República ¡No hay y no habrá distancias! Tus sofismas Graco, no engañan más que a los ingenuos.

La reforma política específicamente requiere una visión de Estado, es cierto; no la obsesión que tiene el PRD y el PAN, por reventar al PRI, eso lo tiene que reventar los electores, no ustedes aquí en esta tribuna con falsos argumentos.

Ganaron los partidos Graco; no ganaron las pretensiones personales.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Graco Ramírez.

El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu:

No solamente soy cálido, sino también muy amoroso diputado Castelazo, nada más que no llego a los extremos.

Mire, fíjense ustedes la visión de abarroteros, de eso que tú ya sabes; miren ustedes la visión: el diputado Castelazo acaba de hacer una confesión extraordinaria, acaba de decirnos que lo que andaba haciendo Ernesto Zedillo eran concerta cesiones.

Bueno, entonces si no, voten la propuesta de Ernesto Zedillo, fácil; voten la propuesta de iniciativa si no.

Señores, está claro que el diputado Castelazo está confundiendo los acuerdos mediante el diálogo político entre las fuerzas del Gobierno, como concerta cesiones y eso es historia del pasado que no le pertenece al PRD; te equivocaste mano; no pertenece esa historia al PRD. Ese es un viejo matrimonio de ustedes que ahora se avergüenzan de haberlo tenido, empezando por Carlos Salinas que fue su jefe de partido y presidente de ustedes; y si no, expulsen a Carlos Salinas del PRI, si dicen que no.

¿No hay distancia entre el PRI y Ernesto Zedillo? ¿No hay distancia?

¡Demuéstrenlo!

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.

¡Orden en el recinto parlamentario!

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Asistimos hoy aquí a la derrota de los ilusos que apostaron a la transición pactada.

Este es el fracaso de los ingenuos que soñaron con un nuevo pacto de la Monclova a la mexicana, demostrado quedó que México no es España; Zedillo no es Juan Carlos; ni Chuayffet Chemor, es Adolfo Suárez.

A la Fracción Social Demócrata no le llama mayormente la atención que los diputados priístas como Samuel Palma o José Castelazo, vengan a esta tribuna a sostener lo insostenible; defiendan lo indefendible; hablen de una autonomía del IFE, que sólo existe en su imaginación, porque es falsa esa autonomía propalada. Se refieren a un tribunal independiente del Ejecutivo, lo cual es igualmente falso. Exaltan un pluralismo democrático del Senado, lo cual es un engaño a la nación y una aberración jurídica, porque vulnera el pacto federal. Sostienen que el gasto electoral que ellos hoy aquí pretenden aprobar, contribuye a la certeza jurídica, cuando se trata precisamente de todo lo contrario. Se trata, desde luego, de favorecer al partido de Estado y de usar los recursos como instrumento corruptor.

En cambio, sí nos llama la atención la conducta de los oradores del partido de la derecha. Hoy nuestro paisano y amigo don Ricardo García Cervantes ocupó la tribuna para darnos clase nuevamente de moral, de honradez política, de valores éticos. El nuevamente sustenta que su partido le apuesta a la solución por la vía electoral. Sólo que esas posiciones no concuerdan, no se compadecen con las concertacesiones que los han llevado a gobernar importantes entidades, municipios.

Tampoco se compaginan con las tesis políticas inmorales como la legitimación por el ejercicio.

Esto es: Salinas, perdió. Es ilegítimo, pero si se porta bien, acá con los cuates, con los compinches, lo apoyamos. Y tampoco va acorde con los trastupijes de Punta Diamante. Hubo otros dos panistas que vinieron acá a emitir sendos votos particulares en contra. Y decimos que esto sí nos llama la atención porque o son hipócritas o son ingenuos.

¿A qué fueron, compañeros, a tomar café con Chuayffet Chemor a la casa de Barcelona? ¿Porqué suscribieron el Pacto de Bucareli para hacer pasar aquí sin primera lectura, con dispensa de la segunda lectura, permitiendo que no hubiere fundamentación del dictamen ni debate, la reforma constitucional del pasado mes de julio?

Asombra que estos camaradas que avalaron esa reforma constitucional de julio, hoy se declaren enojados, descontentos, cuando ellos han sido socios de una inercia que hoy culmina con lo que tenía que concluir. ¡Con una estafa! Porque lo que hicieron con la reforma constitucional, fue un albazo legislativo hecho a la velocidad del relámpago, en dos horas se pactó la reforma definitiva del Estado.

Yo me imagino cuánto tardarían en desaforar al de la Fracción Social Demócrata. ¡Dos minutos, compañeros! Y creo que me excedí.

Nos llama la atención que con este entorno o con este antecedente, vengan hoy a declararse sorprendidos por el engaño. Es como ir a Las Vegas o próximamente a esos casinos que doña Silvia Hernández va a abrir aquí con sus socios los tahúres, los talladores. Y una vez que pierdan, se declaren estupefactos por la estafa. O me los imagino yendo a una casa de mala nota y sorprenderse por la falta de doncellez de las muchachas.

Estamos, compañeras y compañeros diputados, ciertamente ante una gigantesca tomadura de pelo por parte del binomio Zedillo-Chuayffet y de todos aquellos que le allanaron el camino para la reforma constitucional que hoy naufraga. Y naufraga porque el dictamen que se nos ha distribuido contiene muy graves omisiones y terribles retrocesos. Nos vamos a referir sólo, entre otras, a cinco omisiones que consideramos inaceptables.

La primera, que no se permite, no aparece por ningún lado, no se consagra el derecho que la Constitución nos otorga a todos los mexicanos para ser candidatos ciudadanos independientes. Se nos impone otra vez el tener que afiliarnos a un partido y además ese partido debe estar registrado en las nóminas de Bucareli. ¿Cuál ciudadanización entonces? La segunda sobre el referendum no se regula con precisión, no se cumple con el compromiso pactado. Lo dijo Chuayffet Chemor, me lo dijo a mí al interpelarlo en el Salón Verde: "que esto del referendum y del plebiscito ya vendría después. Que confiásemos en su palabra". Desde yo no confío en palabras del Secretario de Gobernación de este país.

Y desde luego cumplió. ¿Cumplió con qué? Con la antigua inercia que emana del palacio de Covián de no cumplir con acuerdo alguno. Nosotros no somos ingenuos. No aparece por ningún lado el plebiscito, el referendum, que es la única forma en que el pueblo puede ejercer directamente su soberanía y no por conducto de representantes en el Ejecutivo y en el Legislativo.

Un tercer capítulo de omisión: la regulación efectiva para garantizar el voto a los compatriotas que emigraron del país, a los residentes en el exterior.

Una cuarta omisión, que por ningún lado se prevé, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean nombrados por sufragio universal directo, por el pueblo, porque se mantiene el nombramiento de "dedazo" por parte del Presidente de la República.

¿Y porqué eso hoy aquí es importante? Porque más adelante nos ocuparemos de esa farsa que sostiene que el tribunal electoral es independiente. No lo será mientras sean elegidos esos magistrados por los 11 ministros que de "dedazo" nombró el señor Zedillo, cuando dio golpe de estado judicial.

Quinta. Pero creemos que la más grave de todas las omisiones, compañeras y compañeros diputados, es la quinta que se refiere al "olvido" de la condición femenina en materia de candidaturas a cargos de elección popular. No se establece, no se menciona.

Para la Fracción Social Demócrata en concordancia y reconocimiento al aporte que las mujeres de este país han hecho y hacen al desarrollo político, cívico, social y educativo de la nación, esa circunstancia debe ser paritaria. Ellas deberían tener garantizado, como mínimo, el 50% de todas las candidaturas a puestos de elección popular.

Pero, así como hay, compañeras diputadas y compañeros diputados, omisiones, hay retrocesos. Y a este capítulo le llamamos así: "retroceso". Porque el titular de Bucareli, Chuayffet Chemor, se dice admirador de Jesús Reyes Heroles. Es su maestro.

Desde esta tribuna le recordamos a Chuayffet Chemor, que su maestro produjo también una reforma política. Y don Jesús no fue tan ambicioso, no la llamó "definitiva". Habrá luces allá.

Porque hoy llamar" definitiva" a una reforma es reconocer que todas las anteriores fueron puro cuento y que además, después de esto, no hay nada. O se aguantan o se aguantan.

Vamos a considerar paradigmática la reforma de 1977, la de Jesús Reyes Heroles. Sin reconocer ni aceptar que aquello haya sido la gran maravilla. Pero lo haremos para efectos de comparación:

Reyes Heroles introdujo en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales la figura del registro condicionado de partidos. ¿Qué hace Chuayffet Chemor? Los desaparece, los deroga. ¿Hay un avance en esta materia? Desde luego que no. Y luego nos dicen que la reforma pretende alentar la participación ciudadana, cuando lo que se está haciendo es cerrar los caminos.

Segundo. De la pérdida del registro de partidos. Mucho avance para Chuayffet Chemor y los que avalaron el procedimiento, cuando se eleva el porcentaje para que un partido pueda garantizar su registro, en un 25%. Esto es rotundamente injusto, sobre todo para aquellos partidos que recién han obtenido su registro condicionado y quienes merecerían, por lo menos, un artículo transitorio para que por esta ocasión no se les aplique.

Y si los compañeros del Partido del Foro Democrático obtuvieren finalmente su registro para la elección del año próximo, a ellos también se les debería juzgar con el 1.5% y no aplicar retroactivamente esta nueva restricción.

Tercero. La Ley Federal ya citada de Reyes Heroles contemplaba la posibilidad de candidaturas comunes, por esa razón Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 pudo ser candidato común de diversos partidos registrados. ¿Qué ofrece Chuayffet Chemor? ¿Qué ofrece la mayoría priísta?

Absolutamente nada. Prohibidas las candidaturas comunes. ¿Cuál avance entonces con relación a hace 20 años?

Cuarto. Agrupaciones políticas nacionales. Aquí nos quieren tomar el pelo, porque se nos dice que ésta es una gran oferta, un gran avance, una novedad, sólo que, compañeras y compañeros diputados, los que analicen la LOPPE de 1977 se enterarán que ya hubo este tipo de asociación política nacional. Y no están ustedes para saberlo ni el de la voz para decirlo, pero el primer agrupamiento que alcanzó en aquella época un registro de ese tenor, fue Acción Comunitaria, Asociación Civil, antecedente del Partido Social Demócrata en el que me honro en militar.

Puedo señalar que las propuestas que hacen hoy acá de agrupación política nacional son mezquinas comparadas con las de hace 20 años; porque acá se piden 7 mil afiliados, 50% más de aquél entonces, cuando la población no creció en esa proporción. Aquí se dice que el que quiera ser agrupación política de ninguna manera se podrá ostentar como partido. Quiere decir que el PRS, el PFD, el PF y otros, que son partidos por su propio derecho, tienen prohibido llamarse como ellos han decidido denominarse.

Quinto. Mientras la LOPPE dejaba abierta la posibilidad de la observación electoral, la propuesta de Bucareli y del partido del Gobierno lo somete a control; hoy se les regula, hoy se les impide realizar una actividad libre e independiente, en pocas palabras, se les autoriza a observar, pero
prácticamente a condición de que no lo divulguen.

Sexto. Gran atrevimiento de los señores de Bucareli es pretender regular la ciencia, porque hay un capítulo que dice lo siguiente, no tiene desperdicio, lo voy a leer textual: "las personas físicas y morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer preferencias electorales o tendencias en las votaciones, adoptarán los criterios generales de carácter científico que determine el IFE"; hasta ahí la cita. ¿Qué diría Gallup, compañeras y compañeros, si leyese estos planteamientos? El Presidente:

Señor diputado, si pudiera concluir o redondear su intervención para concluir.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Señor Presidente:

Le ruego que no me esté intimidando con interrupciones de esa índole, porque no sólo me voy a atener al artículo 103 del reglamento, sino también a la garantía individual del artículo 14 de la Constitución, que señala que se violan las garantías cuando se le priva a un ciudadano de sus derechos y es un derecho de los diputados dirigirse a esta Asamblea por 30 minutos, señor Presidente.

El Presidente:

Adelante.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Gracias, señor Presidente, por su generosidad:

Nosotros decimos, compañeras y compañeros: ¿Qué tiene que andar haciendo el IFE con la ciencia, la investigación, la compulsa de opinión cuando eso es un fenómeno estadístico, programático, matemático, actuarial? ¿Qué tienen que andar diciendo Chuayffet Chemor o Núñez Jiménez o Woldenberg o Solís Acero? ¡Nada!, esto es fascismo, éstas son las formas totalitarias que usa el régimen para evitar que se vulnere el carro completo priísta, porque ellos hacen sus encuestas a su favor.

Yo imagino que los criterios generales de carácter científico que determine el IFE, son los que van a permitir anunciar el triunfo del PRI en 1997 y los que digan lo contrario es porque no se ajustaron a los criterios generales de Woldenberg.

Séptimo. Coaliciones. Aquí sobre este cacareado asunto, seis compañeros priístas, que se avanzó en las coaliciones; mienten, son nugatorias porque al establecer prelación para conservar el registro ningún partido coligado va a aceptar la citada prelación porque nadie quiere estar en segundo, tercer o último lugar, compañeras y compañeros, para perder su registro partidario.

Octavo. Gastos de campaña. En este asunto la posición de los social demócratas es muy clara; para empezar, no debería haber subsidio en efectivo, en un país con régimen de partido de Estado este esquema, y está probado hasta la saciedad, sólo sirve para dos finalidades, es cuestión de escoger, primero para la desigualdad absoluta de oportunidades, el partido del poder se lleva la más grande tajada por aquello de la proporcionalidad y segundo, porque Estado lo usa como instrumento para corromper a los que se dejan. Tampoco es gran avance esto con relación a Reyes Heroles, porque Reyes Heroles al menos no impuso la proporcionalidad, en la LOPPE aquello era teórica mente equitativo, aunque no se haya cumplid porque el PRI manejaba el dinero bajo cuerda. Y además, la forma en que el Gobierno pretende ahora bajo otra vía, la del anonimato que queda abierta, es la que va a permitir que e partido del poder siga acumulando fortuna considerables para impulsar a sus propios candidatos.

Noveno. Falsa ciudadanización del IFE. Se no dice que ya se ciudadanizó el IFE, el Instituto Federal Electoral, se preguntan los ciudadano y también me pregunto yo, ¿cuándo nos consultaron acerca de la designación de Woldenberg y de sus consejeros ciudadanos, ahora llamados electorales? Lo que hicieron fue gobernizar a un grupo de ciudadanos, eso sí, pero no se sabe de asambleas en Torreón, Monterrey, San Luis, Mérida, en donde los ciudadanos se hayan reunido para ellos determinar, discernir cómo elegir a consejos ciudadanos, municipales, estatales que desde la base hacia la cúpula hubieren elegido a estos felices consejeros que ahora tienen garantizado durante siete años, percepciones cuantiosas.

Resulta entonces, que la ciudadanía tampoco aquí gano nada porque son consejeros nombrados desde el poder. ¿O a poco hay aquí algún ingenuo que crea que aquí elegimos a Woldenberg?

Aquí nos llegó la consigna de Woldenberg o Goldenberg y cuando en los pasillos de Gobernación o en los jardines de los Pinos se habló de nombres, también se dijo ó Woldenberg o Goldenberg, ¿o hubo alguna terna? Luego el señor Woldenberg como primer acto ejecutivo nombra de dedazo al señor Solís Acero, secretario ejecutivo designado por el propio Chuayffet Chemor, también impuesto porque no hubo terna, no hubo opción y todo mundo sabe que fue a cambio, tú presides, el otro dirige y aquí entramos a un esquema sutil, el verdadero poder del IFE está en la secretaría ejecutiva, como en cualquier empresa americana donde el executive president como le dicen al presidente ejecutivo, el director ejecutivo es el que manda y el Chairman of the Board que es Woldenberg avala y el señor Solís Acero es amigo de Chuayffet y Chuayffet ya designó a quien va a realizar la elección presidencial del 2000 y Woldenberg ya designó al que se va a encargar del manejo en todo el territorio, puesto que Solís Acero está manejando a toda la estructura territorial del IFE.

Pero hay también en el caso Woldenberg cuestiones que son importantes para el análisis. El es esposo de un miembro del gabinete, de una dama, de la señora Carabias.

Yo me pregunto, si no hay conflicto de interés bajo el supuesto de que la señora Secretaria de Pesca sea priísta y qué pasaría si la Secretaria de Pesca renuncia para ser diputada, porque la otra Secretaría de Pesca, María de los Angeles Moreno, un día también renunció para ser miembro de esta Cámara de Diputados y luego para ser presidenta del PRI.

Yo me pregunto, ¿qué pasaría cuando el presidente del IFE tenga que resolver alguna impugnación respecto de la posible, presunta elección de la señora Carabias como diputada federal o senadora? Y luego me pregunto también, ¿qué pasará si el ingeniero Cárdenas por decisión de su partido o de una coalición de fuerzas vuelve a ser candidato presidencial en el año 2000?, cuando el IFE lo preside alguien que fue miembro del PRD y que renunció denostando al ingeniero Cárdenas; actitud ingrata la de Woldenberg.

Pero luego tenemos una consideración que no está por demás, yo aquí debo corregir, quizá, algún exceso porque en alguna ocasión me referí a una de las ofertas de campaña de Zedillo, creo que dijo que ofrecía algo así como "Bienestar para la familia de mexicanos"; ya empezó a cumplir, por lo menos a una familia, a la familia Woldenberg-Carabias, ya le aseguró un ingreso de más de 100 mil pesos al mes, con otros 100 mil pesos para asesores, 50 mil pesos de gastos de representación y viáticos, 295 mil pesos al mes para una feliz familia mexicana, sólo faltamos 24 millones, 999,999 familias, salvo la presidencial.

Décimo. Se pretende vender la idea de que el tribunal electoral es independiente del Poder Ejecutivo y también de que es un avance porque se le da entrada a intervención a la Suprema Corte de Justicia. Estas dos cuestiones son igualmente falsas: primero, porque los magistrados electorales que son elegidos por la Cámara, lo son a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero resulta que el Presidente de la República controla constitucionalmente a la Suprema Corte, pues él designa a los miembros que la integran de acuerdo al artículo 96 de la Constitución que textualmente dice:

"Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado el cual designará al ministro etcétera, dentro de tal plazo. Si el Senado no resolviese dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que dentro de dicha terna designe el Presidente de la República. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva en los términos del párrafo anterior; si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Presidente de la República."

Hasta ahí la cita. Más claro ni el agua. El Presidente de México es el que le da empleo a los ministros de la corte con o sin la aprobación del Senado y esos ministros designan a los magistrados, tenemos pues la cadena de amigos que seguramente en el año 2000 va a resolver la calificación de la elección presidencial en favor de quien sea el ungido por el habitante de Los Pinos.

Resulta, compañeras y compañeros diputados, que también cuando se habla de darle intervención a la corte como gran avance, que Reyes Heroles en 1977 por primera vez en la historia permitió que la Suprema Corte de Justicia en pleno conociere de los recursos de reclamación de los partidos. Esto me consta porque el de la voz presentó uno, el único, en esa época denunciando el fraude electoral en contra de nuestro candidato presidencial Manuel Moreno Sánchez, desde luego la corte resolvió en contra pero intervino.

Pretender que este tribunal electoral es parte de la Suprema Corte de Justicia, es el último engaño respecto de este capitulo. No es una sala de la Suprema Corte de Justicia, es una nueva criatura, un verdadero chipote, un pegoste a la Suprema Corte, para tratar de darle aires de majestad. Tenemos ahí, compañeras y compañeros diputados, primero una falsa ciudadanización del Instituto Federal Electoral, una falsa independencia del tribunal respecto del Ejecutivo y también una intromisión indebida de ese tribunal, porque según la reforma constitucional que se aprobó por consenso, el tribunal va a resolver litigios respecto de elecciones en los estados, me refiero a gobernadores, diputados locales y ayuntamientos. Ahí quedó destruido el principio de la separación de poderes, del verdadero federalismo, que según esto inventó el señor Moctezuma y quedó plasmada la ruptura del estado de derecho.

El de la voz en estos asuntos, votará por las propuestas que están contenidas en una iniciativa que oportunamente presentamos a esta soberanía, que se denomina Código Federal Social-Democrático, en donde, entre otras cosas, se contiene una estructura del órgano electoral totalmente diferente, un consejo del poder popular elegido verdaderamente por los ciudadanos, en donde se plantea la eliminación de los subsidios.

Pero no se trata hoy de promover esa tesis, se trata de definir si estamos en pro o en contra de este dictamen, y estamos desde luego en contra, compañeras y compañeros diputados, porque es una propuesta fascista, porque es anticonstitucional...

El Presidente:

Señor diputado, sin afán de ser intimidatorio y esperando no se moleste usted, el artículo 103 dice a la letra: "los discursos de los individuos de las cámaras sobre cualquier negocio, no podrán durar más de media hora sin permiso de la Cámara". ¿Me permite consultar a la Asamblea, si es posible que le permita seguir? El diputado Luis Sánchez Aguilar:

No quiero continuar, señor Presidente, porque termino, no era necesaria tanta cortesía ni condescendencia, no la necesitamos de su parte.

El Presidente:

¡Ah, muy bien! Entonces le solicito a usted redondee su intervención para terminar.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Nos proponemos votar en contra porque es una propuesta fascista, porque es regresiva, porque es anticonstitucional, no es un avance, compañeros diputados, es una reconversión electoral, porque deja fuera a los ciudadanos, porque no garantiza a las mujeres la paridad en las candidaturas, por lo menos al 50%, porque es una estafa a la nación. Por eso hacemos un llamado a los priístas conscientes, porque alguno debe haberlo, para que aquí se pronuncien en contra de la contrarreforma política de Chuayffet Chemor. ¡Abajo la contrarreforma política de Zedillo Ponce de León!

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado José Antonio Martínez Torres.

El diputado José Antonio Martínez Torres:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

La responsabilidad de ejercer el mandato de los ciudadanos, otorgado mayoritariamente, tiene la conciencia de que sus expresiones y sus compromisos pueden convertirse en realidad jurídica.

El hábito de pretender conculcar el derecho mayoritario antes de ser en ese sentido expresado por la sociedad, es anticiparse, es pretender torcer la política. La responsabilidad de ser mayoría, es asumir la capacidad de transformar la realidad, no de imaginarla. Lo que conviene o no a un partido político en la construcción de nuevas regias democráticas, se expresa en razón de sus legítimos intereses, pero en la madurez el interés general prevalece y conforma la visión de lo que a todos conviene.

La madurez es un proceso evolutivo de la conciencia política que surge de la voluntad de querer serlo, pero no se pueda tener testimonio de él, de nuestras contrapartes, cuando en un juego maniqueo admitimos derrotas electorales y se nos regatean los triunfos, cuando aceptamos errores enmendando viejas prácticas y no se nos otorga el mérito de hacerlo desde el poder mayoritario conferido por la ciudadanía; cuando se realizan avances democráticos por las derrotas del PRI y se niega la civilidad en sus triunfos a través de presiones poselectorales. En fin, cuando se considera el único consenso posible y válido se da mediante la complacencia a todas las demandas de las oposiciones y admitir el aniquilamiento en abonos anticipados del interés mayoritario. Ese es su tema.

La transición democrática y la construcción de nuevas instituciones, no se da a través del aniquilamiento de la fuerza mayoritaria que siempre será expresión de una voluntad democrática, sea del signo que fuere. Nuestra aspiración es construir una democracia incluyente, con el vigor de su pluralidad y el respeto irrestricto a las razones de todos y de cada uno de los actores.

En los acuerdos que hemos alcanzado y en las divergencias que aún subsisten, existe una lección que todos debemos aprender, porque a todos atañe, en cuanto a fuerzas políticas representativas y que tiene que ver con el propósito de privilegiar una profunda cultura y respeto a nuestras convicciones y principios y proyectos de cada uno de nosotros. En el marco de los acuerdos asentamos compromisos comunes. En las circunstancias del desacuerdo los partidos políticos no podemos declinar, no debemos hacerlo respecto de nuestra posibilidad de acreditar nuestras razones. En este debate, es evidente, están presentes los intereses de los partidos y. los argumentos que se esgrimen necesariamente están impregnados de ellos.

Es falso el dilema de oponer la vida democrática a política social; es falso hablar de principios encontrados entre el bienestar de las comunidades y el costo democrático; es falso sostener que el financiamiento propuesto en la iniciativa sea sólo para el PRI, puesto que responde a criterios de equidad y representatividad de todas las fuerzas políticas.

En sí, la inversión en democracia es un bien en favor de las libertades de todos los mexicanos, es una inversión en favor de la transformación de la sociedad, es una inversión que finalmente contribuye al bienestar social.

Ciertamente somos un partido con urgentes necesidades, con apremiantes demandas y que entendemos que los caminos convergen y que estamos obligados a trabajar por un crecimiento económico, por el mejoramiento de las condiciones de vida, pero también por la consolidación de la vida política del país. Estos procesos son concurrentes; los avances en un ámbito animan progreso en las otras materias. No es una ruta de exclusión, sino una vía que suma para la transformación del país.

Asistimos a este debate sin asumir posiciones que nos avergüencen. Nuestros argumentos han sido expuestos, pueden ser aceptados por algunos y rechazados por otros, pero indudablemente son convicciones que acreditamos y que compartimos. Estas convicciones se ubican a la misma altura de quienes ofrecen otros argumentos desde posiciones políticas diferentes a la nuestra, pero respecto a ello expresamos, si, razones y argumentos, pero también la fuerza política. No tenemos porqué ocultarlo.

Es innoble el recurso de pretender agraviar al Presidente de la República como instrumento para vulnerar la fuerza de nuestra unidad, el alcance de nuestro consenso. Nos queda claro ese juego y no caeremos en él, porque el Presidente de la República ha actuado con voluntad política incuestionable, con visión de jefe de Estado, con convocatoria amplia y plural.

Somos una fuerza política que da la cara, que asume su responsabilidad y que defiende sus argumentos. No cederemos a la tentación del perverso juego de quienes pretenden que sólo es democrático lo que ofrece ventajas a la oposición y que intenta someter al PRI ubicándolo en el camino de la declinación.

Enfaticemos los compromisos comunes, avancemos en ellos y respetemos las divergencias.

Por nuestra parte, asumir a favor la responsabilidad de seguir construyendo el camino de la democracia, es nuestro camino.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra la diputada Consuelo Botello, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Consuelo Botello Treviño:

Con su permiso señor, Presidente; señores diputados:

El hecho al que me voy a referir es sobre el dictamen. El dictamen que hoy analizamos tiene algunos preceptos discutibles que no se han mencionado en las anteriores intervenciones.

Uno de ellos, y es el que voy a mencionar, es el que se refiere a los vocales ejecutivos de los consejos locales y distritales.

Esta ley electoral al entrar en vigor o si entra en vigor, tiene como antecedente la elección de un nuevo consejo general, constituido precisamente por ocho nuevos consejeros y un consejero presidente, cuyas atribuciones están claramente definidas en el artículo 82 del dictamen que nos ocupa.

En la fracción E del artículo 82 se establece la facultad que tiene dicho consejo para nombrar a los presidentes de los consejos locales y distritales que, a su vez, fungirán como vocales ejecutivos de dichos organismos. Esto resulta lógico, el que el nuevo consejo general vaya a nombrar a todo el cuerpo distribuido en el territorio nacional en los distintos estados, de los nuevos presidentes, consejeros presidentes locales y distritales. Resulta lógico entonces, que al crearse un nuevo consejo general se deduzca que se nombrarían nuevos consejeros locales y distritales, esto además se ratifica en el artículo 102 del dictamen que nos ocupa.

Sin embargo, en el articulo decimoprimero transitorio se establece que las vacantes que haya de vocales locales o distritales serán cubiertas de acuerdo como lo indica la fracción E del artículo 82.

Ahora se pregunta uno cuando estudia este dictamen, ¿por qué se habla de vacantes cuando pensaríamos, de acuerdo con el citado 82, que habría una renovación completa de vocales locales y distritales, vocales ejecutivos locales y distritales?

Y la explicación la encontramos en lo que expresa el artículo transitorio decimotercero donde dice que en el supuesto que algún partido político presente impugnación fundada sobre los requisitos y el desempeño de los actuales vocales ejecutivos, locales y distritales, serán objeto de revisión por un grupo, por un equipo que depende precisamente del consejo general.

Entonces en cuanto a los vocales, dice el citado artículo, que no hubiesen sido objetados o habiéndolo sido resultase improcedente la impugnación formulada, deberán ser designados por el consejo general como consejeros presidentes locales o distritales, según corresponda.

Esto, señores, contraviene este artículo transitorio decimotercero, contraviene absolutamente a lo expresado por el artículo 82 fracción E, que determina exactamente lo contrario de lo que expresa el transitorio mencionado, pues el 82 establece con mucha claridad que el consejo general nombrará a los presidentes, a los consejeros presidentes, locales o distritales que serán o que
fungirán al mismo tiempo como vocales ejecutivos y no al revés. No dice que va a nombrar vocales que van a fungir como consejeros presidentes, al contrario, esto significa con entera claridad que el artículo transitorio que me ocupa, el decimotercero, debería estar exactamente en lo que señala el artículo 82 del dictamen, que debe de tener desde luego, mayor fuerza imperativa que cualquier transitorio, como su nombre lo indica.

¿Entonces qué está sucediendo con esta ley que realiza una forma, un articulado, establece un articulado perfectamente nominado con todos sus números muy bien planteados, como es el artículo 82, cuyo precepto se repite en el 102 y que sin embargo por un transitorio es totalmente demeritado y queda en una contradicción absoluta respecto a la propia ley?

Entonces, ¿cómo es posible que una ley que pretende regular toda la vida electoral de nuestro país se sujete a esas veleidades que se establecen a través de los transitorios? No es el primer transitorio que se está objetando aquí en esta sesión. Ya se ha objetado el décimo y seguramente se objetarán otros más porque los transitorios, en este caso el decimotercero, está totalmente desvirtuando lo que establece con estricta lógica el artículo 82 en su fracción E y la primera parte del artículo 102.

Señores, creo que deberíamos borrar, derogar este transitorio decimotercero en la parte conducente, porque de nada sirve entonces el establecimiento muy claro de lo que preceptúa el artículo 82.

Gracias.

El Presidente.

Para rectificar hechos, tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Carmen Soto Correa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Carmen Soto Correa:

Con permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, y menciono compañeras diputadas porque su servidor está totalmente con su propuesta inconforme porque debería de haber planteado el 50%, sí, compañeros diputados:

Vengo a esta tribuna a pronunciarme en favor de la iniciativa de reformas. Aquí se ha dicho que llevamos mucho tiempo trabajando en favor del perfeccionamiento de la Ley Electoral, durante ese tiempo, mi partido, el Revolucionario Institucional, ha manifestado con palabras y con hechos la tolerancia a nuestros oponentes políticos y digo tolerancia, en la amplitud que la ley contempla y su acepción genérica, es decir, la existencia de divergentes, la posición de las oposiciones minoritarias.

El voto de mi partido en los últimos años, les ha permitido su consolidación plena. Con el voto de mi partido la minoría ha avanzado, ha legitimado sus acciones, pero no confundan, la tolerancia no es ceder el poder, la tolerancia no implica de ninguna forma renunciar a nuestra exigencia y existencia como partido político, principio fundamental de la democracia es la decisión de la
mayoría y la mayoría la representa en este Congreso, el Revolucionario Institucional.

Si siendo minoría les da miedo que a partir de ahora, que de forma específica, clara y diáfana, cada una de las organizaciones cuente con lo que necesite, hacer la negativa a la iniciativa, sólo puede explicarse si nuestros contrarios cuentan con recursos de dudosa procedencia, como son los relativos a financiamiento extranjero.

En este punto quiero señalar, que hoy que se habla de financiamiento de los partidos, cuyo monto representa el 0.33 del gasto y que en términos absolutos, tomando en cuenta la autoridad electoral, estaremos hablando de 4 mil millones, recordamos, hoy recordamos que el programa de fotocredencialización impulsado por el PAN costó más de 40 mil millones de pesos, más de 10 veces. Por eso hoy nos suena simple y sencillamente como una hipocresía el querer supuestamente defender al gasto público, cuando sabemos que en su planteamiento, ustedes estarían porque el Estado retirara su participación en materia de salud y de educación.

Y también quiero recordarles, como lo voy a dejar en esta Secretaria, les recordamos los señalamientos que hace el señor Juan José Hernández, ex diputado del PAN, quien en la página 14 de la revista Siempre!, refiriéndose al dinero extranjero manifiesta, "bienes del extranjero", cito textualmente, "inyectaban recursos al PAN". Hay un caso público muy sonado, que es el del
actual senador por Baja California, Norberto Corella, quien recibió y depositó en su cuenta personal cierta cantidad de dólares, quien rindió una fundación del Partido Republicano de los Estados Unidos para costear unos viajes.

Y también, cito textualmente, del mismo ex diputado del PAN: como los partidos no podían recibir dinero, el PAN creó organizaciones paralelas como el Instituto Superior de Cultura Democrática, en Estados Unidos, que durante un tiempo dirigió el actual coordinador del grupo parlamentario panista: Ricardo García Cervantes.

Aquí le tienen que contestar a un ex diputado de su partido, lo dejo para lo que proceda legalmente, a la Secretaría.

Yo les pido que sean congruentes, que cambien su nombre del PAN por el de PAY, Partido de Acción Yanqui.

Yo le quiero decir que en el mejor de los casos, en persistir su posición intolerante de forma secular a lo que la mayoría propone, la concepción equivocada de ustedes que la tolerancia sólo es en un sentido de la mayoría a la minoría, no permite mejorar el fortalecimiento de la vida democrática del país, toda vez que esa acepción o posición no es otra cosa que intolerancia de su parte.

Es demasiado iluso por parte de ustedes, pretender que su visión y proyecto los hagamos nuestros. No tienen la suficiente representatividad para negarle a la mayoría la razón; no pretendan en condiciones y acciones de cabildeo, que renunciemos al respeto del proceso democrático del país. Mi partido en aras de ese proceso, ha conocido de forma fehaciente su posición.

Se terminó el tiempo de aportarles permanentemente subsidio político; ¿de verdad quieren competir? ¿De verdad quieren ser mayoría? ¡Gánense la voluntad mayoritaria de la nación! Nosotros no nos hemos equivocado con ustedes; no son dignos de fiar y en esas condiciones preferimos solos que mal acompañados; no hemos renunciado en ningún momento a acuerdos en favor de México; estamos en contra de acuerdos en favor de grupos interesados en sus propios intereses; no confundan, se debe hablar de cara al pueblo; no simulen sus aparentes defensas del pueblo de México escondiendo su verdadero rostro a través de coaliciones; no abusen del grado de madurez política del pueblo; díganles con claridad lo que significan las coaliciones, que no son otra cosa más que la renuncia de sus propios principios ideológicos que cuando se coligan han convenido en negar los principios que les dieron origen y por los que están representándolos.

Tienen ustedes que aprender, si sor demócratas, a someterse a los dictados de la mayoría; ya basta de un intento fallido de la dictadura de la minoría.

Compañeros de mi partido: votemos en conciencia, con firmeza, convencidos de que la ley que vamos a votar ahora representa el fortalecimiento y representa un avance para el Partido Revolucionario Institucional.

Gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Claudio Coello, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Claudio Manuel Coello Herrera:

Con su permiso, señor Presidente y retomando el asunto serio que nos ocupa el día de hoy.

Uno de los temas que reseña de mejor forma las verdaderas intenciones de los partidos políticos, de manejarse dentro de los límites impuestos por la ley y de cumplir con los principios constitucionales de legalidad, certeza, transparencia, pero sobre todo de equidad, es sin lugar a duda el que se establece en el articulo 182-A.

Este artículo 182-A, se refiere a la obligación que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos ¡óigase bien!, los candidatos, tienen de ajustarse a topes máximos de gasto de campaña que el Consejo General del Instituto Federal Electoral determine con base en las fórmulas establecidas en el resto del articulado.

Fue este tema uno de los principales impulsores de la reforma política que a raíz del informe que el consejo general anterior del Instituto Federal Electoral, rindiera sobre el proceso electoral de 1994 y que motivara el compromiso presidencial y la posterior aceptación de los partidos, incluido el oficial, de legislar en materia electoral y revisar todo el marco normativo a fin de incorporar dicho principio de equidad a la ley reglamentaria.

Si bien el principio de equidad ha sido contemplado en diversas materias que contiene este código, tal parece que la finalidad queda coja, incompleta, sin término, toda vez que en dicho artículo 182-A se establece un límite máximo para gastos de campaña, con el cual mi partido no ha estado de acuerdo por considerarlo excesivo y establece castigo en el artículo 269 a los partidos que lo rebasen, pero no contiene responsabilidad alguna para el o los candidatos que violenten dichos topes.

Cabe resaltar que aun cuando las dirigencias de los partidos políticos pudieran voluntaria o involuntariamente rebasar los topes de gastos de campaña, éstos son igualmente responsabilidad de los candidatos y muchas veces escapan a la vigilancia oportuna del propio partido postulante y sería sumamente injusto que un partido, a pesar de demostrar que la responsabilidad de una infracción de este tipo pudieran tenerla uno o varios de sus candidatos, sea todo el partido político quien tenga que pagar las consecuencias del mal haber de uno de sus miembros.

Ciertamente el partido político puede y debe tener una responsabilidad que cumplir y qué pagar para el caso de su incumplimiento, tal y como lo dispone el artículo 269 de la ley.

Pero el candidato resulta extrañamente protegido por los proponentes de este dictamen. Resulta de suma importancia normar sanciones a las que podrían estar sujetos los actores preponderantes de todo proceso electoral, amén de los electores de los partidos políticos como lo son los propios candidatos. Máxime cuando se abre la posibilidad real para que personas morales que podrían incluir a inversionistas extranjeros, puedan aportar recursos económicos a las campañas de partidos o a los propios candidatos.

"Si los riesgos en materia de financiamiento van a abrirse al entrar en vigor esta ley y a pesar de la prohibición constitucional no considera necesario acotar tales riesgos, ¿sería justo imponer sanciones a quienes aporten recursos económicos o en especie ilegalmente y no hacerlo a quienes resultan beneficiados con dolo y conocimiento pleno de la ilegalidad?"

Toda la intención democrática que pudiera contener esta ley pudiera irse por la borda si nos hacemos oídos sordos a este señalamiento y desde luego, mantendríamos latente el riesgo de convertir los procesos electorales en subastas públicas en las que el o los candidatos con más recursos económicos, puedan comprar voluntades y conciencias y a través del voto coptado, acceder al poder con el compromiso de desempeñarse, de conformidad con el interés de la portante original del dinero.

"No echemos en saco roto este razonamiento. La democracia no se construye de esa forma. La democracia funciona cuando la oferta electoral resulta de propuestas viables y reales de buen gobierno, que convencen a la mayoría del electorado y estimula la participación ciudadana. La democracia funciona cuando las voluntades y las conciencias se unen en proyectos de nación. La democracia funciona cuando el elector tiene la oportunidad de comparar plataformas políticas y encuentra confianza de aplicación de la misma en la persona y el candidato de su preferencia.

No es democracia cuando el elector compara el tamaño de la despensa, del regalo de los candidatos o el número de ceros del cheque o del billete, a cambio de su voto." Muchas gracias y espero que el diputado que me antecedió también cheque los costos a precios actuales de los programas de fotocredencialización.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Eduardo Guzmán Ortiz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:

Gracias, señor Presidente; compañeras:

Aquí me sumo a la propuesta de que se incluya en la Ley Electoral una disposición para garantizar el acceso de ustedes, de las mujeres de México, a los puestos de elección. Espero que esta Asamblea cuando menos, porque no se le ve muy propicia a ser receptiva, acepte esta propuesta. ¡Me sumo a dicha propuesta! Compañeros diputados: para variar creo que estamos, como en otros debates, en un diálogo de sordos y la verdad es que al final cualquiera que llegara aquí, que no sea legislador, seguramente no sabría de qué estamos hablando. Porque resulta realmente lamentable que aquí se señale, por parte de la mayoría, que se pretende contribuir al avance democrático del país. Que esa pretensión se logra poniendo límites o condiciones a ese avance democrático.

¡Yo realmente no entiendo cómo quien tiene la mayoría y el Gobierno, no es capaz de tomar la iniciativa para realmente sin regateos aportar a ese avance democrático! Desde el inicio de la discusión se nos dice: "hemos cedido". Como si esto fuera una graciosa concesión. ¿A quién? ¿A nosotros? ¿A los partidos? ¿A esto nos debemos? ¡Nos debemos al pueblo de México y tenemos la obligación no de ceder, sino de contribuir con hechos y no con palabras al proceso de democratización de nuestro país! ¡Y eso es en lo que hoy poco estamos avanzando! ¡Y más allá de quien pague el costo político de esta decisión, ciertamente que la credibilidad en los partidos políticos, en la política y en los políticos se va a ver seriamente deteriorada después de más de dos años de estarnos tomando el pelo! ¡Porque esto es lo que ha pasado durante dos años!

Compañeros: ¡aquí se vino con un diferendo: el financiamiento! ¡No con 16, como hoy existen! ¡Con eso se vino a este debate! ¡El día de ayer nuestros compañeros por la mañana conocieron el dictamen y este dictamen traía el retroceso que aquí ya han señalado, bastante, ampliamente, compañeros que me han precedido en la palabra! ¡Ante esto qué se puede decir! ¡Sí aceptamos! ¡Esto es lo que piden! ¡No el respeto a la negociación, a la palabra empeñada, a los acuerdos ya tomados! Se dice, al contrario de lo que señaló un diputado priísta, que queremos "el todo o nada". No, compañeros.

¡Queremos lo que acordamos! ¡Los que quieren condicionar al "todo o nada" son los del PRI!

Dicen, y lo están señalando claramente, que sólo van si avalamos el financiamiento; si no, ¡no! ¡Eso aquí la oposición no lo sostiene, no lo sostenemos nosotros! ¡Nosotros reiteramos: vamos con todos los acuerdos que suscribimos! De hecho ni un paso atrás damos, los respetamos, los respetamos a pesar de que muchos de ellos, como ya se señaló, no creemos que sean lo mejor para la democracia en el país ni garanticen las mejores condiciones para el conjunto de los ciudadanos. Los respetamos porque los acordamos, aunque ellos en concreto a partidos que estamos en crecimiento, nos afecten en mayor medida, porque aceptamos que muchas de esas condiciones fueran impuestas y nos afectan a nosotros, pero también a otras fuerzas políticas que hoy están surgiendo en nuestro país.

Las aceptamos no por inocencia, sino porque efectivamente jugamos a la confianza de que todos estábamos en el mismo barco, por avanzar democráticamente; las aceptamos y por eso votamos la reforma constitucional que requería voto calificado; votamos la Constitución del órgano electoral porque confiamos en que los pactos que ya se habían hecho se iban a respetar y esto, compañeros, lo podrán dorar como quieran, no ha sido así; hoy hay marcha atrás en esos acuerdos.

Y yo no me voy a referir a la sana distancia ni a la subordinación, yo lo que sí quiero señalar que tan es así la situación que la iniciativa del Presidente contiene substancialmente todos esos acuerdos, porque ése fue el entendido, porque eso fue lo que negoció el PRI, Gobernación, Acción Nacional, el Partido del Trabajo y el PRD, porque eso fue lo que negociamos y la iniciativa por una ocasión excepcional trae ese contenido y ése es el contenido que en esta Cámara la mayoría echó marcha atrás.

No me importa mucho que le den la espalda a su Presidente o no, ésa es atribución de ellos, le están dando la espalda y desconociendo un acuerdo que hicimos frente a la nación, en el cual trabajamos durante dos años y que hoy dicen: "o van con nosotros en el dinero o no hay nada" y lo decimos: "pues no vamos y no vamos porque así no es como se puede negociar y sobre todo no es como avanza el país, no es como podemos avanzar para mejorar las cosas para la mayoría de los mexicanos".

Yo preguntaría si van a ser tan críticos y puntillosos ahora que discutamos los dictámenes de la Cuenta Pública, de Presupuesto y efectivamente le van a decir al Ejecutivo que ¡no!, que a donde está asignando sus prioridades no es correcto, que va a haber un financiamiento fuerte para los partidos, pero a cambio de eso no va a haber financiamiento para la ineficiencia de bancos, carreteras, para todo lo que ellos sí aceptan y avalan, una política que tiene sumido, a millones de mexicanos en la más ruin de las pobrezas y si hacemos comparaciones quizá 2 mil millones no sea nada para un presupuesto, para hacer política también quizá sea muy poco, pero para un pueblo que está en la miseria, que tiene 25 millones de muertos de hambre, sin afán peyorativo, pero en esa condición lamentable, es por lo menos de sentido común, de mínima solidaridad, de mínima decencia, el no agredirlos con montos de este tipo. No estoy hablando, no me interesan las comparaciones que puedan ser válidas, pero que no dicen nada frente a los hechos concretos.

Y los costos políticos, y lo quiero decir aquí, lo he comentado con algunos compañeros priístas, los van a pagar ellos ¿y vale la pena? Yo digo que no, no valen la pena para ellos como no valen la pena para ninguno de nosotros. Esta discusión no valdría la pena realmente. Permítanme decirles que discutir por el dinero, por exigir un monto exagerado de recursos, es realmente deleznable, habla mal de quien lo pide, habla mal de quien lo exige y hablaría mal de todos nosotros si lo aprobáramos.

Compañeros, como dicen, que quede para las actas, para el Diario de los Debates. Es claro que no hay receptividad, como no la ha habido en otros momentos; es claro que al parecer cuentan más los pesos y centavos que una corresponsabilidad que los partidos aquí presentes y el nuestro por supuesto estamos dispuestos a asumir con todo y sus deficiencias, en torno a la reforma electoral, pero que no estamos dispuestos a asumir creo yo, porque en contra y agrediendo a los mexicanos, ésa es nuestra opinión y nos parece que ésa debiera ser la opinión de los 500 legisladores. La palabra la tenemos nosotros.
Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán.

El diputado Alejando Rojas Díaz-Duran:

Con su venia, señor Presidente:

Yo quiero hacer algunas reflexiones porque me preocupa que el Presidente de la República, Ernesto Zedillo, ande predicando por el mundo que en México va a haber una transición democrática y va a existir realmente una competencia electoral equitativa y que al mismo tiempo, en ese mismo momento, en esta Cámara algunos estén amotinándose para desmantelar los acuerdos de dos años con todas las fuerzas políticas. Ese es un problema de fondo.

Aquí alguien está mintiendo, el Presidente de la República empeñó su palabra y definió su gobierno precisamente en función de una reforma democrática...

El Presidente:

Si me permite el diputado orador. Les voy a suplicar nuevamente a los señores diputados guarden compostura para poner atención al señor orador.

El diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán:

Tal vez ahora sí deberían de escuchar, al menos con respeto, la intervención de su servidor porque ustedes son muy dados a aplaudir cuando está presente el Presidente y a defenestrar su obra cuando no lo está. Lo invitan a la Asamblea Nacional del PRI y lo único que hacen es ponerle candados, lo único que hacen es dejar su obra y lo único que hacen es atacar su grupo y cuando él va a la Asamblea del PRI lo único que hacen es aplaudirle y echarle incienso.

Sí, señor diputado.

El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa (desde su curul):

Quisiera pedirle al señor orador si me permite hacerle una interpelación.

El Presidente:

¿Acepta usted una interpelación del señor diputado?

El diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán:

Sí, por supuesto.

El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa (desde su curul):

Con todo respeto, señor diputado.

¿Usted es priísta, sí o no?

El diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán:

Sí, soy priísta hace más de 20 años. Soy priísta y me hice en la base del propio partido, yo fui priísta desde seccional y sigo siendo priísta por el voto de mis electores que viven en el mismo distrito donde tienen su domicilio. Yo represento a mis vecinos por el PRI, les guste o no les guste, soy priísta y defiendo los principios del PRI, los que no lo están defendiendo son ustedes, porque el Presidente de la República ha sostenido que es indispensable para tener un nuevo arreglo político y una gobernabilidad estable en el país, una nueva reforma democrática. Ustedes, ustedes cada día se están quedando más solos, ustedes no crean que con esa contrarreforma van a garantizar los votos sin reforma, sin acuerdo, perdimos el pasado domingo, por eso perdimos, porque no queremos cambiar, porque no hay democracia interna y porque no hay un acuerdo equitativo de competencia, por eso perdió el PRI mayoritariamente el pasado domingo.

Y perdió también por la necedad de ustedes que aquí lo único que hacen es darle la espalda a la gente; que aquí lo único que hacen es negar el compromiso por el cual están sentados.

Esta reforma no es un puente para la voluntad democrática, es un dique, un dique para contener la voluntad del pueblo de México que quiere cambios distintos; el pueblo de México quiere nuevas instituciones fundadas en una legitimidad democrática, no quieren que el PRI ande solo aplicando la ley de la mayoría, porque si ése es el sentido para qué empeñan al Presidente a que se comprometa por una reforma de consenso, ahora qué le van a decir al Presidente cuando llegue, ¿que triunfamos? ¿Que aplastamos? ¿Que ganamos? Cuando lo que él lo que necesita es una gobernabilidad democrática de largo plazo, el lo que requiere es tranquilidad, estabilidad y paz social, con esta contrarreforma no se garantiza que en los próximos años exista estabilidad política, no se garantiza que en 1997 haya paz social, ustedes están echando por el caño de la historia la voluntad de millones de mexicanos.

Quieren... quieren amotinados, un pequeño grupo de priístas acorralar las decisiones estratégicas del Presidente, ustedes si están en contra del Presidente, en contra del PRI y en contra del pueblo de México, porque ustedes quieren hacerse de ese timón no para navegar en los amplios mares de la democracia, lo quieren para encallar el barco en ese rincón del autoritarismo que todavía guarda su conciencia.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Ignacio Ovalle Fernández.

Se le suplica a los señores diputados ubicarse en sus curules para continuar con la sesión y prestar atención al orador.

El diputado Ignacio Ovalle Fernández:

Con la venia de la Presidencia; compañeras diputadas y compañeros diputados:

Hubiéramos...

El Presidente:

Se les ruega a los diputados a asumir una actitud de civilidad en el recinto parlamentario y prestar atención al orador en turno.

Tiene la palabra el diputado Ignacio Ovalle Fernández.

El diputado Ignacio Ovalle Fernández:

Compañeras diputadas y compañeros diputados:

Hubiéramos deseado todos llegar a este punto con el consenso de todos los partidos, pero no hubo consenso global, no hay duda, no fue posible, es un inconveniente, es de lamentarse, sin duda, pero ello no es sinónimo de retroceso como aquí se ha pretendido argumentar. Esta es una extrapolación insostenible, en el futuro podrá decirse, quizá, que esta ley no fue aprobada por unanimidad, eso es cierto, pero no podrá decirse nunca sin mentir que fue aprobada por la mayoría y conforme a la ley.

También se podrá decir que no se adecuó al tenor de prolongadas conversaciones y acercamientos partidarios, pero nadie podrá sostener que en esas mesas, por respetables que sean, descansa la soberanía legislativa.

Habida cuenta la trabazón que se presentó en uno o dos puntos para alcanzar el consenso, éste no se consumó, el consenso, como bien lo señaló mi compañero Samuel Palma, no llegó aquí y por tanto...

El Presidente:

Con permiso del diputado orador.

¿A mí? Adelante.

El diputado Armando Raúl Quintero Martínez (desde su curul):

Señor Presidente, le pido por favor pida orden, porque exactamente en la parte de acá atrás, en la bancada del PRI, hay demasiado desorden, entonces pídales por favor que se serenen.

El Presidente:

Señor diputado, en cuatro ocasiones hemos llamado la atención de los señores legisladores que se encuentran en los pasillos y todo aquel que no es diputado que se encuentra en los pasillos, nos haga el favor de desalojar los pasillos para continuar con la asamblea legislativa.

Otra moción, señor diputado, adelante.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra (desde su curul):

Señor Presidente:

Se ha cometido un grave agravio a la persona de un compañero diputado. Yo exijo que las causantes, desgraciadamente las causantes de este agravio, se disculpen públicamente por el agravio cometido al diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán.

El Presidente:

Ignoramos de lo que usted ha expresado aquí porque no conocemos del agravio, si es tan amable de informarnos, señor.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra (desde su curul):

Mientras el diputado hacía uso de su derecho constitucional de expresión en la tribuna, tres compañeras diputadas quitaron su curul de su lugar, como una represalia en contra de la libertad de expresión.

El Presidente:

Se toma nota y continúe el orador en el uso de la palabra, solicitando nuevamente a los señores diputados que se encuentran en los pasillos, pasen a tomar sus curules y a los señores que no son diputados, nos hagan favor de desalojar el pasillo para poder continuar con nuestra asamblea legislativa.

Continúe el diputado Ovalle Fernández, en el uso de la palabra.

El diputado Ignacio Ovalle Fernández:

Habida cuenta la trabazón que se presentó en uno o dos puntos para alcanzar el consenso, éste no se consumó, como bien señaló el compañero Samuel Palma, ese consenso no llegó aquí y por tanto, el acuerdo final se trasladó a esta soberanía, que nunca ha dejado de serlo, y aquí se consuma y se sella lo único que amerita llamarse voluntad legal de la nación.

Hay que señalar que ya aquí en la Cámara de Diputados, se buscó también perfeccionar un acuerdo global, pero no fue posible. El martes pasado, en una reunión de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, a pregunta expresa de un compañero de nuestro partido, el vocero, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de una manera franca y abierta afirmó que se votaría en contra; pero al contrario de lo que aquí escuché, por parte de los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, su vocero afirmó que no sabía cómo habrían de votar y aquí se señaló que anticipadamente habían señalado que su voto sería afirmativo. No extrañe pues a los compañeros de esta última fracción parlamentaria, que ese acuerdo global no se haya podido consumar aquí.

Por otra parte, son tan diversos los sistemas electorales existentes en el mundo, que no puede afirmarse que exista un prototipo o modelo ideal a alcanzar. Una fórmula ideal no existe. La mejor es simplemente la que representa la posibilidad de que se respete la voluntad popular conforme a bases objetivas y ello se logra, sobradamente, con las reformas que contiene el decreto.

Hay avances importantes que pueden mostrarse con orgullo en el mundo. Mencionaré algunas de ellas: la primera, que es con mucho la más importante, es dar operatividad legal a la reforma constitucional y no dejarla en el limbo, pues en ella descansa la independencia de las autoridades electorales, particularmente el IFE y el tribunal electoral.

Esto no sólo es garantía legal de imparcialidad, sino posibilidad de reducir el costo de la democracia que mucho ha crecido merced a los factores de desconfianza ya desaparecidos y sepultos. Así pues, ¿qué avances podemos registrar? Además del mencionado fortalecimiento de la autonomía del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Federal Electoral, la ley exige autonomía verdadera de los observadores, de manera que se les obliga a que las organizaciones de observadores puedan, antes de la jornada electoral, declarar el origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades. Esto, con objeto de evitar la presencia de falsos observadores, de garantizar su imparcialidad, que no estén pagados subrepticiamente por los propios competidores.

Se elevó el porcentaje para mantener el registro de los partidos políticos de 1.5% a 2% y se suprime el registro condicionado. A cambio se atenúan los requisitos para obtener el registro definitivo.

¿Qué se busca? No creemos ni en el bipartidismo ni en el tripartidismo, pero tampoco consideramos saludable la pulverización partidaria.

Se establece la figura de las antes asociaciones y hoy agrupaciones políticas nacionales y se establece un monto porcentual de financiamiento para mantener sus actividades; se eliminan las aportaciones financieras anónimas; se vuelve institucional y permanente una comisión de fiscalización de los recursos de los partidos políticos.

Se establece en la ley las listas nominales con fotografía y además se institucionalizan acuerdos del consejo del IFE, como son la doble insaculación, el sorteo de un mes de calendario, la insaculación del 10% de los ciudadanos y realizar el proceso también de una manera azarosa, seleccionado las 29 letras del alfabeto.

Se establece también que en las boletas electorales haya un talón foliado y llegando hasta la exageración se establece algo así como la retroverificación del líquido indeleble una vez que han pasado las elecciones, para constatar que durante éstas no fue alterado.

Por otro lado, en las campañas, y para elevar el debate político nacional, se establece también la obligación de que los contendientes se abstengan de cualquier tipo de expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones o a otros partidos políticos y no se deja esta disposición en el aire, sino que se establecen sanciones para su eventual incumplimiento.

Esto nos pone en contacto directo con el problema o tema de los medios de comunicación, y en esta materia también se establecen monitoreos muestrales que permitan verificar el cumplimiento de las limitaciones que se establecen en medios y la no contratación por parte de terceros a favor de un partido o de un candidato, así como el derecho de aclaración para cuando se dé una información en los medios de comunicación que altere los hechos o situaciones a juicio de los competidores en las campañas políticas.

Sin embargo, lo más importante en materia de medios está determinado por otros factores. Se establece frente a los derechos preexistentes, que haya programas conjuntos de los partidos políticos dos veces al mes. Además, se establece para campaña presidencial, 250 horas de radio y 200 en televisión, además de 10 mil promocionales y 440 en televisión, sólo que nos encontramos con una característica, también novedad en esta ley y es no nada más que los programas de los partidos y del IFE se transmitan en cobertura nacional, sino que además se asienta que los concesionarios deberán transmitir en horarios de la mayor audiencia.

¿Pero cuál es el costo de esta prerrogativa, el costo social? Deben saber o conocer los compañeros legisladores que de conformidad con las tarifas publicadas en marzo de este año, de 1996, para regir en los medios publicitarios mexicanos, 20 segundos en este tiempo preferente, en el más caro y de mayor cobertura nacional, tiene el valor de 266 mil pesos; 60 segundos valen 798 mil pesos.

Para decirlo en otro lenguaje que pueda permitir captar más la dimensión de esto, la dieta mensual de un diputado o senador alcanza para pagar dos segundos del tiempo publicitario que establece la ley. Un minuto exigiría la dieta mensual de 30 legisladores juntos. Una hora de ese tiempo cuesta 47 millones y medio; dos horas, que es lo que se establece en los programas para los partidos, los que ya estaban establecidos, con esta modalidad costarían 95 millones de pesos, porque son ocho partidos.

En 12 meses equivale a 24 horas, 1 mil 150 millones de pesos, sin considerar el costo de los programas conjuntos.

Ya ni hablar de lo que le cuesta a la sociedad, he dicho por 24 horas a lo largo de un año, 1 mil 150 millones de pesos, ya ni hablar de lo que costaría en este tiempo las 250 horas de radio y las 200 horas en televisión para los periodos de campaña presidencial, serían 10 mil millones de pesos.

Aunque todo este tiempo no fuera de publicidad, ni todo el tiempo que se contratara fuera el de mayor audiencia y nos fuéramos por las tarifas más bajas, aunque lo redujéramos a la mitad, a la tercera, a la cuarta parte, éste es un costo social del que nadie ha hablado, no es un costo presupuestal, pero no cae como maná del cielo, lo tiene que pagar la sociedad.

Y de este beneficio, mucho más alto que el económico a que se ha hecho alusión, ningún partido, ni en las negociaciones de Gobernación ni en el Congreso se quejó ni estuvo dispuesto a rechazarlo.

Lo que quiero resaltar con esta mención, es que los costos más altos de nuestra democracia están por otro lado y no por el financiamiento de los partidos que aquí se ha subrayado.

Está, como lo señalo, en los medios de comunicación y también en el costo que hemos olvidado y es, fue mucho más alto, en la credencial con fotografía y en lo que ahora estamos introduciendo que es la lista nominal con fotografía.

El financiamiento ordinario de los partidos políticos es sólo una parte del costo económico del funcionamiento de la democracia.

Hago votos porque al haberse resuelto los aspectos esenciales, los centrales de la legalidad e imparcialidad en la reforma constitucional y con la autonomía del IFE y del tribunal, algún día reduzcamos los elementos de verdadero encarecimiento económico de las campañas y nos concentremos en alentar la expresión diferenciada de los partidos, que es la esencia del juego democrático. Es decir, que nos concentremos precisamente en el apoyo equitativo a los partidos políticos, que no es ni con mucho el más oneroso de los renglones electorales.

Reducir costos, sí, no obstante que el funcionamiento de la democracia debe ocupar un lugar preeminente entre las políticas públicas. Pero el mejor modo para realizar esa reducción, no es recortando el apoyo oficial, que es el más transparente, a los partidos políticos, sino apoyando con sustento legal a los organismos electorales plenamente ciudadanizados, cuya confianza deberá permear hacia toda la sociedad, haciendo que no siga aumentando hasta el infinito la creación de costosísimos candados.

Quiero llamar la atención, que al darle posibilidad operativa a la reforma constitucional, desatamos el nudo central, el corazón de los costos mismos que está fincado en la añeja desconfianza.

He mencionado sólo algunos puntos que significan progresos en nuestra legislación democrática y que básicamente, insisto, en que es lo más importante, consolidan el paso esencial que se dio con la reforma constitucional en la materia y por ello no estamos frente a un retroceso. No hubo consenso, pero no retroceso respecto a la legislación actual.

Por ello, con convicción, acompañaré a mis compañeros de partido votando a favor del dictamen sobre el paquete electoral.

Muchas gracias.

El Presidente:

Señor diputado Ovalle, ¿acepta una pregunta del diputado Quintana Silveyra?

El diputado Víctor Ignacio Ovalle Fernández:

Con todo gusto.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra (desde su curul):

Señor diputado, entre los avances de la democracia mexicana que hay que publicitar en todos los foros, ¿contaría usted el que ningún ex director de la Conasupo haya aceptado comparecer ante la comisión y el cerrojazo dado a esta comisión por la mayoría priísta? El diputado Ignacio Ovalle Fernández:

Desde luego, señor diputado, sabe usted que no es el tema que estamos tratando, pero le contesto con mucho gusto.

Cuando se planteó por primera vez este asunto, yo vine a esta tribuna y ofrecí, sin ningún doblez, a los compañeros de la oposición, entre otros, mencionando a varios distinguidos miembros de su partido, que su servidor estaba dispuesto a presentar su licencia como diputado, para que ninguna autoridad tuviera el obstáculo del fuero constitucional, para realizar las investigaciones que deseara. Estuve, desde un principio, en la mejor disposición.

Los compañeros de las diferentes fracciones minoritarias del partido no aceptaron esa propuesta.

Yo no hice una burla cuando lo presenté, lo hice públicamente y sin haber hablado con nadie previamente incluidos los diputados y el líder de mi fracción, pero tampoco, es decir, no me burlé, pero tampoco acepto que se burlen de mí.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Javier González Garza para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.

El diputado Javier González Garza:

Muchas gracias, señor Presidente.

El diputado Ignacio Ovalle Fernández ha puesto, lo que creo que es el problema central de esta discusión, además de explicarnos una serie de artículos que vienen en el proyecto de dictamen que todos conocemos, en la mayoría de los cuales estamos de acuerdo, entra en un problema central.

Yo digo, señores, que esto es el fracaso de esta legislatura, porque nos hemos planteado en esta legislatura la reforma democrática del estado. Nos hemos planteado una reforma del estado mexicano, nos hemos planteado que esa reforma contenía una reforma electoral, el fortalecimiento del Poder Legislativo, el nuevo federalismo, la cuestión económica y social, entre otras cosas.

Decidimos entrar a discutir la reforma electoral por la premura del tiempo. En esta discusión, que es muy larga, han existido distintos lugares de discusión, distintos lugares para llegar a acuerdos, respetados por todos los partidos.

Para nosotros, la afirmación de que no hubo consenso global, de que en esas mesas, por más respetables que sean, no nos representan, que es la frase que el diputado Ovalle vino a decir aquí, es una preocupación de otro orden. Eso, diputado Ovalle, lo hubieran dicho antes de que en esas discusiones donde intervinieron los presidentes de los partidos, llegaran a acuerdos. Hubieran dicho que esos acuerdos no los iban a respetar en esta Cámara de Diputados.

Es obvio que si se hubiese votado por el presidente del órgano electoral como candidato, el señor Woldenberg, estoy seguro que no se hubiera aceptado ni por la fracción del PRI ni por otras fracciones.

¿Por qué se votó entonces así?, porque había un acuerdo, un acuerdo y todos estábamos respetando ese acuerdo firmado. La cuestión aquí es que esos acuerdos firmados existen; llegaron a esta Cámara. Pero hay un chantaje, hay un chantaje que se planteó desde un principio: si los demás partidos no aprueban el financiamiento, nos vamos a echar para atrás. Ese es un chantaje a los acuerdos firmados por todos los presidentes de los partidos.

Ese es el problema fundamental y por eso no podemos transitar en este asunto tan importante: o respetamos los acuerdos que teníamos hasta el 30 de octubre o no podemos estar a favor porque ésta es la primera reforma y vienen otras, no puede ser que ese método que todos aceptamos, ahora esté no sólo poniéndolo en duda el diputado Ovalle, sino además renegando de él diciendo que esa mesa no lo representa. Eso, señores, es un rompimiento de los acuerdos que hemos tenido, de los acuerdos políticos. Por eso no sólo es este problema, es el futuro de la reforma en sí.

Este país requiere transitar a otro orden social, a otra organización que sea democrática y con estos procedimientos de no respetar los acuerdos, no vamos a llegar a eso.

Por eso, compañeros, no vamos a transigir; o regresamos a los acuerdos o todos estaremos en contra de parte de mi fracción.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos tiene la palabra la diputada Ana Lilia Cepeda.

El diputado Ana Lilia Cepeda de León:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras legisladoras; compañeros legisladores:

El diputado Ignacio Ovalle, habló de las hipotéticas bondades de los artículos del Cofipe, referidos a los medios de comunicación.

Efectivamente uno de los temas más importantes dentro de esta reforma, es sin duda el del acceso a los medios de comunicación; tiene una relevancia mayor para esta legislatura por dos razones principales: la primera referida a la experiencia propia marcada por el uso inequitativo y parcial de los medios en el proceso electoral federal en el cual fuimos electos todos nosotros.

Y segundo, porque esta Cámara de Diputados tiene establecido un compromiso público para reformar todo el marco legal relacionado con los medios de comunicación en México.

En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, no tenemos duda que el sentido en que se aprueben las reformas al artículo de la Ley Electoral en esta materia, marcará el rumbo de la reforma más amplia de toda la legislación de los medios de comunicación. Por eso vemos con gran preocupación que en el cuerpo del dictamen que hoy nos ocupa, encontramos propuestas inaceptables y regresivas.

Es una esquizofrenia, compañeros, por un lado esta legislatura adquiere el compromiso y de hecho forma una comisión especial de comunicación social y por otro lado, se quiere que aprobemos estas incongruencias en materia de medios de comunicación en las campañas.

Sólo quiero dejar plasmado aquí, que son inaceptables porque no se atienen a un principio básico que debe estar incorporado en la legislación electoral mexicana: el del acceso equitativo.

Son regresivas no sólo porque desconocen los consensos construidos en la negociación multipartidista, sino también porque van más atrás de las exigencias sociales y ciudadanas que se han expresado en los últimos años.

Por eso queremos manifestar nuestro desacuerdo con el hecho de que con este dictamen también se está poniendo en entredicho la acción parlamentaria de la actual legislatura por el trabajo que ha realizado la comisión especial. Estoy convencida de que estos argumentos debieran ser valorados en conciencia por el grupo parlamentario del partido oficial.

Buscar sostener con alfileres expresiones caducas, asociadas a la unanimidad y al ejercicio acrítico como son las de negar artificialmente el pluralismo político y la diversidad, como lo representa su propuesta de modificar la fracción I del artículo 43 y también el artículo 48 y así como suprimir el párrafo decimocuarto del mencionado artículo.

¿Qué se pretende con ello? Primero, eliminar una garantía de equidad al negar que sea el Consejo General del IFE quien tenga a su cargo la difusión de los programas de radio y televisión de los partidos; no establecer reglas claras de acceso equitativo a la radio y a la televisión, modificando la fórmula que establece que la distribución de los porcentajes será 40% de manera igualitaria.

Merece una reflexión particular la absurda propuesta de modificar el artículo 182-A párrafo quinto, pues su argumentación es un homenaje a la censura y a limitación de la libertad de expresión. Se argumenta que esto no tiene desperdicio para ilustrar la vocación orweliana, de quienes hacen suya esta propuesta y cito:

"Para no desvirtuar el contenido de la propaganda política en radio y televisión y con objeto de acrecentar la cultura política de la población para que esté en condiciones de diferenciar las distintas opciones propuestas por cada partido, se considera necesario obligar a que por lo menos el 50% de sus erogaciones sean destinados a este fin."

Que hagan los partidos con sus programas, como decidan. Difundir sus ideas y opiniones no puede estar sujeto a una condición como la que se propone. Esto es simplemente censura y limitación de la libertad de expresión...

El Presidente:

Diputada: si pudiera redondear su intervención.

La diputada Ana Lilia Cepeda de León:

Sí, ya voy a terminar.

En todo caso, en aras de construir reglas electorales mínimas que sean promotoras de la equidad, la transparencia y la certeza en materia electoral, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quiere dejar en claro que lo indispensable, ahora, en esta materia, es respetar los acuerdos de consenso existentes hasta antes de este malogrado dictamen.

Y hago un llamado a los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, que trabajan en la comisión especial de medios y les pregunto:

¿Cómo es que van a sacar adelante una reforma sobre los medios votando esa sinrazón de reforma electoral?

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Miguel Hernández Labastida, del grupo parlamentario del Partido

Acción Nacional.

El diputado Ramón Miguel Hernández Labastida:

Señor Presidente; señores diputados:

Ya desde la mañana hemos estado hablando de la reforma electoral en términos generales que afectan las cinco leyes que estamos afectando, modificando y que votaremos hoy.

Quisiera destacar en estos momentos un tema que fue mencionado en los votos particulares que presentamos, pero que me gustaría señalar fundamentalmente cinco aspectos con referencia a la elección que se va a celebrar en el Distrito Federal, tanto del jefe de gobierno del Distrito Federal,
como de los diputados a la Asamblea Legislativa del D.F. Ya en el artículo decimoquinto transitorio del Cofipe se menciona el establecimiento de 40 consejos distritales locales para llevar a cabo esta elección. Pero se le dan facultades restringidas.

Es decir, no se le tiene total confianza para poder llevar a cabo toda la estructuración, organización y celebración de las elecciones.

¿Por qué lo digo? Porque a su vez se establece que los 30 órganos federales distritales que llevarán a cabo la organización del proceso electoral para diputados federales, tendrán otras facultades que afectan también a la elección local del Distrito Federal.

En primer lugar, al consejo distrital local se le dan las facultades, entre otras, del registro de candidatos a diputados para la asamblea legislativa. Pero no se establece fecha, plazos. Se supone que podría ser al igual que los diputados federales, pero no se establece nada.

Asimismo la realización de los cómputos para diputados locales de mayoría relativa, de representación proporcional y el cómputo para el jefe de gobierno del Distrito Federal, así como la integración de los expedientes electorales y de la tramitación, en su caso, de alguna impugnación.

Pero ¿por qué le sustraen a este mismo consejo distrital local la función de ubicar las casillas, de integrar las mesas directivas de casilla, de insacular, capacitar y designar a los funcionarios de casilla, de distribuirla documentación y material electoral, de acreditación de los representantes de los partidos ante las casillas y de la selección de los asistentes electorales? ¿Cuál es la razón? Además, por lo que se refiere a la integración de las mesas directivas de casillas se establece como una nueva figura los tres suplentes, que indistintamente pueden suplir a cualquier funcionario que se ausentase del proceso. Pero para nada se establece el orden en que esto entraría a funcionar ¿Quién primero? ¿En orden alfabético o en orden de prelación ni mucho menos? Y por lo que se refiere a la selección de los asistentes electorales, la nueva figura que sustituye a los viejos auxiliares electorales ¿qué sucede? Que tampoco se determina el número que deba de existir.

Nosotros creemos que cuando menos debe de ser un número igual al de los representantes generales que acrediten los partidos para estas elecciones.

Entrando al otro tema establecido en el transitorio decimoséptimo, lo mencionamos en nuestro voto particular, pero queremos subrayarlo en estos momentos: ¿por qué si hay alguna coalición para el jefe de gobierno del Distrito Federal ha de entrometerse esta ley en los designios internos de los partidos políticos y forzarlos a que necesariamente tienen que ser coligados igualmente los 40 candidatos a diputados locales y los de representación proporcional? Es una aberración que consideramos debe de ser eliminada totalmente.

Y el tema que para Acción Nacional ha sido fundamental y que lo han tratado la mayoría de los oradores del partido, que es el del financiamiento público.

También en el Distrito Federal está previsto este financiamiento público, pero partiendo del costo mínimo de campaña de diputados para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿con base en qué?, ni más ni menos que el costo mínimo de campaña para diputados federales, que según nosotros ya viene viciado de origen, con toda una fórmula que para nosotros es totalmente inaceptable y como base de este financiamiento está fijado el tope máximo de gastos de campaña, que es el 2.5 veces del costo mínimo de campaña que a su vez está determinado por el costo mínimo de campaña de diputados federales.

Consecuentemente han involucrado totalmente el financiamiento local del Distrito Federal con base en algo que para nosotros es totalmente inaceptable y lo mismo va para el tope máximo de gastos de campaña de elección del jefe del Departamento del Distrito Federal y va para el financiamiento público que viene a ser otro tanto de los gastos de campaña y creemos que definitivamente está fuera de lugar. No voy a insistir en los argumentos que mis compañeros han vertido, pero es suficiente decir que para Acción Nacional ha sido motivo de votar en contra el no haber podido variar ese décimo transitorio que establece una fórmula que es una burla, según nosotros, en contra del pueblo de México.

El diputado Ovalle cuando mencionó aquí la bondad de la participación en materia de medios de comunicación, no podrá mencionar nada del Distrito Federal porque no hay nada, no tiene nada, ni en la ley ni en los transitorios. Entonces, sí creemos que también es algo que motiva nuestra posición en esta elección del Distrito Federal y en lo que se refiere a los transitorios concernientes, que va a determinar y ha determinado nuestro voto en contra.

Por lo que se refiere al artículo 30. del decreto que ya mi compañero González Alcocer mencionó, vale reiterar que en el primer párrafo cuando se habla de la elección del jefe del Departamento y de los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues sí, vamos a elegir nada más a esos funcionarios, porque la negociación, el acuerdo, el consenso no pudo llegar más allá en este momento hasta los delegados. En consecuencia, todavía no se culminará, está previsto para dentro de tres años, la elección de los delegados.

En el párrafo segundo, donde se están derogando los artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que se refieren a la elección de los consejeros ciudadanos, ¿por qué viene aquí globalizado y no como debió de haber venido en un transitorio, desde la misma reforma constitucional o si no mencionar todos en un articulado: estos artículos del Estatuto quedan derogados por no ser procedentes para la elección?; pero lo globalizan simplemente en un párrafo.

Y ya también lo mencionamos, en lo que se refiere a la base que aquí se menciona del nuevo estatuto, es decir, aquí el legislativo, la mayoría de la comisión que aceptó este dictamen está pensando en un nuevo Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, dice que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expedirá las disposiciones relativas a la participación ciudadana en el Distrito Federal y ya lo mencionamos, no podemos legislar al respecto una facultad que ya está establecida en la Constitución, en su artículo 122 base primera fracción V inciso g; no podemos atentar contra una facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que directa y expresamente está manifestada por la Constitución.

Señores: creemos que todavía hay mucho que se puede corregir y que depende de la apertura de ese receso que lamentablemente nunca llegó. Por eso votaremos en contra.

Muchas gracias.

El presidente:

Tiene la palabra el diputado Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas:

Muchas gracias, señor Presidente:

Para los grupos parlamentarios que participamos en la discusión de la reforma electoral no necesitamos que se relate uno a uno los elementos en los cuales llegamos a acuerdos y hoy no se están violando.

En el Partido del Trabajo, tenemos claro, que después de dos años de debate y discusión habríamos llegado a elementos de consenso, algunos de ellos propuestos inicialmente por nuestro partido; otros no y a pesar de ello pedimos en cierto porcentaje en algunos poco y en otros mucho, para poder ir construyendo consensos en esta discusión de la reforma electoral, parte de la discusión de la reforma democrática del Estado en nuestro país.

Y la discusión no está lamentablemente, ya no se ha centrado en los puntos en los cuales se mantenían las divergencias, sino fundamentalmente en el método mediante el cual se ha echado marcha atrás a acuerdos desarrollados. Siempre lo dijimos, parte fundamental de la discusión de la reforma política y de la reforma electoral a discusión, era el crear un clima de confianza entre las fuerzas políticas, entre las fuerzas políticas y el Gobierno y entre el conjunto de la sociedad mexicana para poder transitar hacia una vía democrática.

El Partido del Trabajo siempre estableció el riesgo de que no llegándose a conclusiones satisfactorias en la reforma electoral, pudiera ser el campo propicio para poder fomentar mecanismos no democráticos, por la lucha del poder y también decíamos que el problema no es solamente la discusión, sino el que se pretenda concluir esta discusión a través de métodos gatopartidistas, hacer, como que se había avanzado sin que las cosas se cambiaran de fondo y efectivamente, nadie ha cuestionado el hecho de que hayamos avanzado en elementos fundamentales que no existían actualmente, pero grave, nos parece bastante grave que la mayoría en este Congreso haya decidido echar marcha atrás en acuerdos ya establecidos.

Otra sería la discusión si no hubiéramos llegado a inicio esos acuerdos, estaríamos discutiendo la posición particular de cada una de las propuestas expresadas por los grupos parlamentarios, pero el haber llegado a acuerdos y pretender chantajear como se dice en un acuerdo global y echar marcha atrás en lo ya acordado, es un antecedente negativo para el clima político en nuestro país.

Eso el Partido del Trabajo no lo puede aceptar, no puede aceptar el que se haya planteado que algunas propuestas pudieran ser benéficas para nosotros como partido, porque siempre lo dijimos: la discusión aquí está no solamente en si tal y cual propuesta beneficia a los partidos políticos, sino que todos estamos convencidos que hay que transitar por una reforma política que abra cauces diferentes en la vida política de nuestro país y eso no se cumplió, lamentablemente no se cumplió.

Y queremos resaltar un elemento para que no se ponga como pretexto a los partidos de oposición de que un elemento que ha sido difundido y que no había sido presentado como iniciativa acordada por los grupos parlamentarios, hoy no pueda llegar a modificarse y me quiero referir a la propuesta que se ha establecido de modificaciones en el artículo 175 con respecto a la participación de hombres y mujeres en los cargos de elección popular.

La mayoría en este Congreso se siente con la posibilidad de no respetar acuerdos previos y modificar una iniciativa que llegó por el Ejecutivo a esta Cámara. Yo me pregunto, ¿por qué esta misma mayoría si estuviera de acuerdo con el planteamiento hecho por diversas mujeres diputadas miembros inclusive de su propio partido, por qué no tiene la posibilidad de modificar esa iniciativa? ¿El pretexto somos la oposición o realmente no quieren impulsar esta propuesta de modificación? Y lo queremos decir, en el Partido del Trabajo, la discusión no está en el fondo de la propuesta, sí en dónde y en qué ordenamientos se establecía, pero la mayoría de este Congreso no puede decirle a sus diputadas que somos el pretexto para poder modificar una iniciativa.

El Partido del Trabajo desde el programa de gobierno de 1994-2000 en la campaña presidencial, planteó explícitamente que se reconoce la importancia del movimiento de mujeres y como parte del mismo la expansión del movimiento feminista cuyas propuestas y demandas exigen un cambio en las relaciones sociales de género, en la pareja, la familia, en la sociedad civil, así como en las instituciones políticas.

Se planteó que deberían establecerse cuotas eliminando por la segmentación por sexo en las actividades laborales. Aumentar el número de mujeres en los puestos de representación y decisión tanto en organizaciones sociales como en los diferentes estratos de la estructura de poder político, se exigen cuotas de un mínimo de 30% a un máximo de 50% de mujeres en puestos de trabajo, hasta ahora sólo reservados a los varones y en los organismos de representación popular como son las cámaras legislativas.

Señores de la mayoría en esta Cámara, si están dispuestos a violar de manera grave acuerdos previos preguntamos ¿Por qué no están dispuestos a conceder esta demanda con el Partido del Trabajo que en sus documentos oficiales así lo plantea? Ustedes tienen la palabra.

Gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra la diputada María Teresa Tapia, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María Teresa Tapia Bahena:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Las perspectivas que el Presidente de la República había hecho abrigar al ofrecer que se daría al país una reforma política definitiva, no se concretaron plenamente; el dejar fuera de la reforma un aspecto tan importante como la eliminación del uso de los colores nacionales en los emblemas de los partidos, dará como resultado el que sigan siendo inequitativos los procesos electorales, este tema puede ser abordado bajo tres enfoques: el jurídico, el moral y el político.

Desde el punto de vista jurídico, el argumento que ha sostenido el partido oficial para no modificar su emblema que coincide con los colores de la bandera, consiste en señalar que es un derecho adquirido al que no están dispuestos a renunciar, porque los ha identificado en el transcurso de toda su existencia como partido político. No se puede constituir un derecho adquirido sobre bienes públicos como son los símbolos patrios debido a que éstos se encuentran regulados dentro del derecho público y no del derecho privado.

Pretender que por prescripción se adquiere algo que corresponde a todos en su conjunto, es usurpar a la nación lo que sólo a ésta le corresponde.

Desde el enfoque de la moral, nos referimos a valores y obviamente a los valores que corresponden a la nación, los cuales no pueden equipararse con los que corresponden a un partido político. La crisis por la que atraviesa México, es principalmente de valores nacionales, por lo que conviene devolverle a la nación lo que a ésta le corresponde, para que los mexicanos de todos los rumbos de la patria, pero sobre todo las nuevas generaciones, sepan diferenciar lo que corresponde a cada una de las distintas entidades.

En lo político, el uso de los colores de la bandera nacional, es indebido como distintivo electoral de un partido político, cualquiera que éste sea, porque el símbolo de la patria debe estar por encima de cualquier división de los grupos que la integran y más aún en materia de política electoral, en la que los intereses de facción y las pasiones, fácilmente se desbordan. Es necesario conservar el símbolo patrio como símbolo de la nacionalidad y fomentar hacia la bandera el respeto y veneración de todos los mexicanos.

Eliminar el uso de los colores nacionales en el escudo de los partidos, ha sido exigencia de Acción Nacional desde su fundación. En la propuesta de Ley de Partidos que presentó en 1948, señalaba que la ley debía contener la afirmación de que en ningún caso los emblemas y colores que los partidos registren, podrán ser los nacionales.

En 1957, el diputado Alfonso Ituarte, entonces presidente nacional del partido, presentó como reforma urgente e inaplazable el prohibir el uso de los colores de la Bandera Nacional como distintivo electoral.

En 1963, el diputado Carlos Chavira y cuatro diputados más, presentaron una iniciativa para reformar y adicionar la Ley Electoral. En ella proponían que ningún partido use como distintivo electoral los colores de la Bandera Nacional y argumentaron en su presentación: "si el partido que ahora ilegítimamente los detenta, tiene tanta seguridad en sus plataformas, en su organización y en sus hombres, debe reconocer que la bandera de México no podrá ser usada como símbolo electoral de grupo alguno, por numeroso que pueda ser".

El licenciado Rafael Preciado Hernández, en el Colegio Electoral de 1967, dijo: "vengo a impugnar los medios que considero antidemocráticos, injustos, ilegítimos, que se pusieron en práctica, no sólo en el 11 distrito por el que fue candidato, sino en todos los distritos del Distrito Federal, para que se estudie, reforme y adicione la Ley Electoral en lo relativo al uso indebido de los colores de la Enseña Patria y digo uso indebido de los colores de la Enseña Patria por que esos colores, al igual que el Escudo Nacional y el Himno, son patrimonio de México, son elementos, son valores vinculados con el concepto de patria y por esto mismo son bienes espirituales, éticos, que forman parte del bien común de la nación mexicana. No pueden ser, no deben ser usados exclusivamente por un partido y mucho menos para propaganda electoral, eso es injusto, es tergiversar el orden de la jerarquía misma de los valores, los valores éticos que representan estos elementos, estos símbolos de la patria, están por encima de los fines particulares de cualquier grupo".

En 1987, los diputados panistas de la LIII Legislatura, nuevamente piden la reforma en el mismo sentido, fundamentando que sólo en los sistemas totalitarios se impone el símbolo de una facción como símbolos de todos o bien se rebaja el símbolo del todo para que sea bandera de un partido único.

El Presidente:

Diputada, le suplicaría redondeara su intervención para concluirla, porque su tiempo se ha agotado.

La diputada María Teresa Tapia Bahena:

Ya voy a terminar. En la LIV Legislatura, en 1988, se vuelve a pedir la reforma al artículo 73 de la Constitución, para establecer la prohibición del uso de los colores de la Bandera Nacional en los emblemas nacionales de los partidos.

Para los trabajos de la actual reforma que ahora se discute, Acción Nacional presentó en abril, desde su proyecto inicial, la propuesta para reformar este punto. La historia registra la reiterada exigencia panista de acabar con ese principio de competencia desleal e inequitativa que genera el uso exclusivo de los colores de la Bandera Nacional en favor de un partido.

Esta exigencia encuentra fundamentación inclusive en posicionamientos de dirigentes del partido oficial. Recordamos esta frase contundente que el 20 de octubre de 1973 pronunció en Durango el licenciado Jesús Reyes Heroles...

El Presidente:

Diputada, le suplico redondee su intervención, su tiempo se ha agotado.

La diputada María Teresa Tapia Bahena:

...Entonces Presidente del Partido Revolucionario Institucional, termino en un momento. Como partido, dijo sólo refiriéndose a su partido nada más, pero nada menos es una parte de la nación. A nombre de esta parte y sólo de esa parte hablamos intentando interpretar a la mayoría que agrupamos, aquellos que desearíamos que habláramos a nombre del todo, pretenden que usurpemos derechos ajenos. No estamos dispuestos a hacerlo. Quienes incitan a que seamos el todo nacional, que un partido se sienta la nación, presentan metas contrarias a las que perseguimos en el actual momento mexicano.

Si en verdad existe voluntad política para transitar hacia la democracia, hay que eliminar ese elemento que vicia y desvirtúa los procesos electorales.

Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Gerardo Ordaz Moreno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Gerardo Ordaz Moreno:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En la lectura del articulado que se comenta, relativo al interés de los trabajadores y en particular de aquellos que están al servicio del Estado, nos permitimos señalar específicamente de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación las siguientes consideraciones:

Del artículo 209 en relación con el 219, el primero en su fracción 14 y este último en su párrafo segundo, detectamos, si bien es cierto no una contraposición, sí una falta de simetría jurídica, ya que en un caso se está a lo establecido en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado en cuanto a su procedimiento, y en la otra las resoluciones se les da el carácter en las tres instancias de definitivas e inatacables, por lo que si bien es cierto pudiéramos estar de acuerdo respecto a las decisiones o determinaciones o resoluciones de la sala superior y del presidente del tribunal, no lo estaríamos con respecto a la comisión de administración, ésta de nueva creación, ya que finalmente seguiríamos estando en una controversia de carácter laboral, cuya decisión en cualquiera de las tres instancias estaríamos en desigualdad, puesto que esa decisión la estarían dando los propios empleadores.

Segunda consideración. Del artículo 226 deducimos la inconstitucionalidad del mismo, toda vez que el tiempo extraordinario laborado está supeditado a la disponibilidad presupuestal y denominado compensación extraordinaria, y además condicionado a trabajo desahogado, siendo que la Ley Federal de Trabajo y la propia Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentarias del artículo 123 constitucional, son precisas para el pago cierto y determinado en tiempo y forma y sin más condicionamiento que el que estar en el área de trabajo a disposición del patrón. Acción en la que si no se desahoga el trabajo, puede ser eso por causa de fuerza mayor o falta de materia prima o por cualquier otra causal que no sea imputable al trabajador y no por ello a que se condicione y a que se desahogue el trabajo en la correspondiente remuneración, o condicionada, como se específica en la iniciativa, a la discrecionalidad del funcionario electoral.

Finalmente, como tercera consideración, vemos que es evidente en el artículo 241, relacionado con el artículo 154 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, el perjuicio causado en la propuesta que hace la organización sindical, por la forma en que se propone designara los miembros de la comisión sustanciadora en los conflictos laborales, ya que en la designación de los mismos única y exclusivamente se deja el espacio para la organización y se resta la intervención para la designación del otro miembro de esta comisión, ajeno a cualquiera de las partes, como lo establece el artículo 154 de la ley en vigor.

Por lo anteriormente expuesto, compañeros diputados, exponemos ante esta Asamblea, la diputación obrera, la siguiente propuesta de cambio al dictamen en los artículos de referencia, solicitando quede en los siguientes términos.

Artículo 219, párrafo segundo. "Las resoluciones que dicten la sala superior, el presidente del tribunal o la comisión de administración, salvo los casos previstos en la parte final de la fracción IX del artículo 209 y en el párrafo segundo del artículo 241 de esta ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, serán definitivas e inatacables, por lo que no procedería juicio o recurso alguno en contra de las mismas".

Se propone un nuevo párrafo tercero, que diga: "en los casos de excepción a que se refiere el párrafo anterior, el magistrado o el servidor destituido podrá apelar sin sujetarse a formalidad alguna, ante la sala superior del tribunal, en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de que se le notifique la determinación correspondiente.

"La sala superior resolverá en el término de 30 días hábiles la apelación presentada".

Artículo 226. Durante los procesos electorales no se pagarán horas extras en congruencia constitucional, pero se preverá en el presupuesto las compensaciones extraordinarias que deban otorgarse a los servidores y personal del tribunal, de acuerdo con los horarios y cargas de trabajo que hubiesen desahogado.

Artículo 241. La comisión sustanciadora en los conflictos laborales, se integrará por un representante de la sala superior quien la presidirá, otro de la comisión de administración y un tercero nombrado por el sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Para el nombramiento del representante de la comisión de administración, emitirán su opinión los representantes de la sala superior y del sindicato.

En la sustanciación y resolución de los conflictos laborales entre el tribunal y sus servidores y empleados, se seguirá en lo conducente lo establecido en los artículos 152 a 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional Para estos efectos, se entenderá que las facultades del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación corresponden a la sala superior y las del presidente de la Suprema Corte al presidente del tribunal.

Los servidores del tribunal que sean destituidos, podrán apelar tal decisión ante la sala superior del mismo. Firman los diputados: Miguel Manzo Godínez, José Luis Martínez Alvarez, Francisco Martínez Rivera, Ignacio Castillo Flores, Marcelino Miranda Añorve, Horacio Pereznegrón Pereznegrón y el de la voz, Gerardo Ordaz Moreno. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente:

Para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra la diputada María Lucero Saldaña Pérez.

La diputada María Lucero Saldaña Pérez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Esta es una propuesta y es un privilegio el hacer el uso de la palabra sobre un tema tan importante en el que se cree, porque grande es la influencia de la mujer en este mundo, grande es su propósito.

Nos encontramos hoy ante la histórica oportunidad de promover un buen éxito de una causa que nos concierne a todos, la causa de las mujeres de México, que es la causa de todos los mexicanos y al hablar de las mujeres de México, estamos hablando de los grupos de mujeres campesinas, obreras, indígenas, amas de casa, profesionistas.

El México que queremos para nuestros hijos tendrá que ser construido con la participación activa y decidida de todas las mujeres y de los hombres, conjuntado el trabajo, la experiencia, la sensibilidad, el talento y el vigor que a lo largo de nuestra historia hemos mostrado, desempeñando un papel cada vez más sobresaliente en la vida productiva, en el desenvolvimiento social, en los avances democráticos, en la transmisión de nuestra cultura y, sobre todo, de nuestros valores.

Ha llegado el tiempo de respaldar una acción afirmativa, para garantizar y operar en la práctica lo que en la letra de la ley consagra la Constitución Política en su artículo 40., sobre la igualdad jurídica de la mujer y el hombre, porque todos sabemos que la realidad desmiente ese elevado principio.

Ha llegado el tiempo de promover y asegurar la participación plena de las mujeres en la vida política y, por ende, social, económica y cultural del país, ofreciendo un marco mejor que ordene e impulse el avance de las mujeres en la toma de decisiones y garantice el ejercicio íntegro de sus derechos.

Vengo a proponer a nombre de las diputadas y diputados del grupo parlamentario del PRI, la visión de un artículo transitorio como acción afirmativa temporal, para impulsar que los partidos políticos incluyan en sus documentos básicos, particularmente en sus estatutos, que las candidaturas a cargo de elección popular, no excedan del 70% para un mismo género, lo cual sería una decisión en favor de la más elemental justicia para las mujeres mexicanas, que han contribuido a escribir por igual las mejores páginas de la historia nacional.

El texto del que sería el vigesimotercero articulo transitorio del artículo 1o. del decreto que estamos discutiendo es el siguiente:

"Artículo vigesimotercero transitorio. Los partidos políticos nacionales considerarán en sus

estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedan del 70% para un mismo género. Asimismo promoverán la mayor participación política de las mujeres".

Firman los diputados: Píndaro Urióstegui, Jorge Moreno Collado, Martina Montenegro, Sara Esther Muza, Guadalupe Flores, Silvia Balleza, Mónica Leñero, Claudia Esqueda, Concepción Salgado, Yolanda González, Ofelia Casillas, Augusto Gómez Villanueva, Cecilia Hernández, Irma Eugenia Cedillo, Elisa Garzón, Regina Reyes Retana, Ramona Carbajal, Victoria Méndez, Ana

María Licona, Guadalupe Morales, Antonio Martinez Torres y cinco firmas más.

Reformar el Cofipe significará la promoción para que los partidos políticos presenten postulaciones a cargo de elección popular, incluyendo el acceso real de las mujeres al ejercicio del poder público, buscando superar prácticas tradicionales de los partidos, que constituyen obstáculos para la participación femenina.

Buscamos transformar las actitudes, las creencias, las prácticas, las conductas de mujeres y hombres, también de tal manera que se propicie una cultura política de la igualdad, que renueve nuestras relaciones para hacerlas más equitativas e igualitarias.

En el seno de mi partido, el Revolucionario Institucional, se realizó un amplio proceso de consulta aprobado en el mes de septiembre y aprobamos incorporar en estos estatutos, un mecanismo conocido como cuota mínima de representación, es decir, una medida especial de carácter temporal. No es una cuota fija, sino un rango de movilidad, encaminada a federar la igualdad de facto de mujeres y hombres y que nos permita para el año 2005 evaluar los resultados y entonces seguiríamos resolviendo lo conveniente.

Ha sido una gran hazaña con el reconocimiento de que sin el apoyo de nuestros compañeros no se hubieran logrado y llegar al debate este día de hoy.

¿Qué han hecho las mujeres en el mundo al respecto? En Argentina...
El Presidente:

Diputada, con todo respeto, le solicitaría que redondeara su intervención, para concluir, ya que su tiempo se ha terminado.

La diputada María Lucero Saldaña Pérez:

Sí, señor Presidente, mi intervención no fue para rectificar hechos, fue para presentar una propuesta.

El Presidente:

La solicitud fue para rectificar hechos. Se le dio la palabra para tal fin.

La diputada María Lucero Saldaña Pérez:

Bueno, solicito acogerme al 103.

Presidente.

Procede diputada, redondee por favor.

La diputada María Lucero Saldaña Pérez:

En Argentina, se inscribió en la Ley Electoral la cuota del 30% hace cinco años y a nivel partido en Angola el 15%, en Filipinas del 50% para los sectores, entre ellos, las mujeres, en Paraguay el 30%, en la República Dominicana se formó una comisión honorífica en el Senado que vigila las listas para cargos congresionales y municipales para que tengan el 40% las mujeres.

Noruega, partiendo del principio a situaciones desiguales corresponden soluciones desiguales, el 40% para funciones partidarias y de mando. Estos son algunos ejemplos. En cuanto a Alemania, Dinamarca, Austria, Suiza, Italia, Israel el 40%. Estados Unidos, Suecia, Francia han aprobado un 50%-50% dentro de diversos partidos.

No obstante, estudios de las Naciones Unidas nos indican la baja representación de la mujer a otros niveles políticos, a nivel ministro sólo el 3.5% de 150 países lo rigen las mujeres; en 99 países no hay ninguna ministra; en los parlamentos, de 130 países el 9.7% son mujeres, es decir, 56 partidos políticos de 34 países han garantizado entre el 20% y 40% de representación femenina ya sea en elecciones legislativas o en la estructura de dirigencia. Lo relevante de este tema, en el mundo desde hace 50 años ha sido que en los cuarenta se aprueba la Carta de las Naciones Unidas como el primer instrumento internacional que establece el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

En los cincuenta, se aprueba la convención sobre los derechos políticos de las mujeres, es decir, el derecho al voto, 10 años antes la igualdad, 10 años después, el voto.

En los sesenta se aprueba la declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer; 10 años después. En 1975 en México se celebra la Primera Conferencia Internacional de la Mujer. En los ochenta se establece el apoyo económico, un fondo de desarrollo de las Naciones Unidas.

El Presidente:

Diputada: le ruego redondee su intervención porque su tiempo para rectificar hechos fue concluido ya. Le hemos dado una tolerancia de tres minutos más y no concluye.

La diputada María Lucero Saldaña Pérez:

Yo le solicito a la mesa que me permita tratar de resumir esta intervención.
A raíz de cada una de las conferencias mundiales surgió un reconocimiento más intenso del papel crucial de la mujer en el desarrollo sostenible. De los derechos humanos de las mujeres como parte integral e indivisible de los derechos universales.

Queremos subrayar el merecido reconocimiento que se ha hecho a la importancia social de la maternidad y de la función de ambos progenitores en la familia, así como en la crianza de los hijos, porque sabemos que este tema no debe ser modelo de discriminación y limitar la plena participación de la mujer en la sociedad.

Garantizar la igualdad del hombre y la mujer en las leyes y en la práctica es el gran proyecto político del Siglo XX. y el siglo XXI deberá consolidar los progresos realizados en el plano jurídico para basarnos en los entendimientos políticos y declararnos a favor de la acción. Abrir el abanico de las oportunidades equivale a dar una apertura y a equilibrar la balanza que se ha inclinado más hacia lo masculino.

¿Por qué nos ven tan interesadas y ocupadas en salir exitosas de esta lucha?, porque nuestra sensibilidad que nos caracteriza nos ha unido para avanzar con dignidad y firmeza ante esta realidad que sigue atrasada con relación a la ley.

Hay muchas diferencias, las diferencias son evidencias y exigen un veredicto, para abrir las puertas y la participación real con hechos de las mujeres en la política, que acelere las otras esferas con el efecto dominó en toda la sociedad para erradicar los techos de cristal que impiden y limitan el acceso de las mujeres a niveles superiores de mando y dirección. Una mayor participación de las mujeres constituye un paso importante para mover nuevas prácticas de Gobierno.

En México, se tiene conciencia de ello y de acuerdo al artículo 136 en donde se establece que los tratados y convenciones deben ser traducidos en leyes, garantizar la no discriminación de la mujer en los cargos públicos debe traducirse en la reforma electoral para el cumplimiento de la Constitución. Recordamos lo señalado por el Presidente de México cuando fue presentado el Programa Nacional de la Mujer en donde dijo que el Gobierno de la República tiene el más hondo compromiso con la promoción de la dignidad y de los derechos de la mujer.

El compromiso de México es que la igualdad jurídica debe traducirse en su participación en los procesos de toma de decisiones, para que se definan los mecanismos y den certidumbre al efectivo cumplimiento de esta garantía, queremos apoyar con esta propuesta también los resolutivos emanados de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y a todas aquellas acciones que alrededor del mundo han permitido que la condición de nosotros sea mejor.

Una mitad no puede dejar a la otra mitad sin impulsar el adelanto de las mujeres en todo terreno, la raza humana está constituida así por dos sexos; el concepto de género es el concepto cultural de cada uno de ellos. Sabemos que quien piensa en la ciencia podrá darse cuenta que la ciencia nos dice que las diferencias no nos hacen ni mejores ni peores, sino distintos.

Las nuevas tecnologías nos pueden ahora medir, inclusive el coeficiente intelectual y nos dicen que solamente se debe al desarrollo que tengamos durante los primeros años de nuestra vida, si contamos con las oportunidades de acceso, nuestra participación será más productiva, nuestra responsabilidad estará dentro de la acción no por concesión o privilegio, sino por necesidad de desarrollarnos.

Vigilar por siempre el bienestar de los hijos es por naturaleza el común denominador de la actividad y principio de las mujeres, porque ¿de qué nos servirá ganarnos al mundo si podemos perder nuestra propia familia? Estamos conscientes de estos dos conceptos.

Compañeras diputadas y diputados: impulsar este acuerdo para ampliar nuestra participación en el proceso de reforma electoral, es una decisión de justicia, de derecho y de equidad.

De equidad porque el principio trae una equis y significa la idea de igualdad, acaso porque se notó que la letra equis constaba de dos rasgos iguales. Los ejemplos serían: equidistantes, igual distancia; equivaler, valer igualmente.

Si el derecho es una ciencia, la justicia es una virtud; la equidad un hecho. Quien conoce el derecho es letrado; quien hace justicia es probo; quien practica la equidad es recto. De modo que el derecho toca el raciocinio, la justicia la conciencia, la equidad a la conducta; el derecho se encuentra en una forma moral interior, inviolable; una fórmula de conciencia. He aquí la justicia, esa justicia encuentra una fórmula práctica presente social, ejecutiva. He aquí la equidad.

Hallaremos que la equidad no es otra cosa que la realización de la justicia, como la justicia no es otra cosa que la realización del derecho y el derecho es la realización de la naturaleza del ser humano.

Dicho de otro modo, apelamos a la conciencia y a la buena voluntad de las diputadas y diputados, a brindar su veredicto con su voto a favor de la propuesta cuya evidencia la hemos vivido todos y quien reconozca, como lo señala el compositor mexicano Martín Urieta: "que los momentos más felices que los hombres han vivido, han sido al lado de una dama", que vote a favor.

El Presidente:

Le agradecemos su comprensión, diputada.

Tiene la palabra la diputada María Rosa Márquez Cabrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María Rosa Márquez Cabrera:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Les pido su atención porque considero que el tema que se está tratando es de suma importancia no solamente para las mujeres, sino para la sociedad entera.

Es muy preocupante, es verdaderamente preocupante que estemos discutiendo la reforma democrática, la reforma electoral, la gran expectativa que se ha creado a la sociedad, sobre todo también la bandera de campaña que ha sido utilizada por los partidos políticos y en donde se han dirigido principalmente a traer el voto de las mujeres y que es precisamente a la hora de concretar las acciones que tiendan a garantizar mejores espacios y mayores espacios. Ahí, ahí ya no hay nada.

Por eso, compañeras y compañeros, para nosotras es muy importante el que podamos tener conciencia plena de lo que representa la propuesta que un grupo de diputadas y diputados de dos partidos políticos: del PRI y del PAN, perdón, del PRD, quisiéramos que fuera del PAN también; del PRI y del PRD, hemos presentado a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales. Esta propuesta desgraciadamente ahora ya no es sustentada en todo por el Partido Revolucionario Institucional.

Estamos viendo cómo ahora, como en el grueso de lo que se ha avanzado en la reforma electoral, tampoco puede haber consecuencia política.

Creemos que ha sido muy importante el esfuerzo que las compañeras diputadas del PRI han estado haciendo para convencer, para tratar de sensibilizar a su partido de la importancia y la necesidad de esta reforma.

Desgraciadamente hemos visto cómo no se ha podido presentar, no se ha podido sostener la propuesta conjunta. De todos modos, creemos que es un esfuerzo que tenemos que seguir haciendo; que tenemos que seguir caminando juntas y demostrarle a la sociedad que más allá de los intereses partidarios, más allá de los intereses muy mezquinos, están por encima los intereses de la nación. Están por encima los intereses de los hombres y de las mujeres de México.

Por eso, compañeras y compañeros, quiero insistir en esto. Se dijo hace mucho tiempo que no era correcto, no se veía bien que las mujeres participáramos en política porque nos íbamos a ensuciar.

Yo diría, como dijeron también desde hace mucho tiempo, compañeras que han venido dando una lucha muy histórica, muy valiente, que mejor, mejor hay que contribuir las mujeres y los hombres, a limpiar la política. Eso es lo que se necesita.

Y con este proceso que estamos viendo, este proceso de retrocesos, con los compromisos adquiridos públicamente por el Ejecutivo, por el Secretario de Gobernación, por los presidentes de los partidos y cómo con toda tranquilidad se echan a la borda.

Hoy creemos que se justifica mucho más la presencia y el impulso de medidas que garanticen mayor participación de las mujeres en la vida política. Las mujeres tenemos que estar donde se deciden las cosas, donde se deciden las políticas públicas, tiene que estar una visión de género porque eso tiene que ser la mayor contribución a esta sociedad de nosotras como legisladoras.

Poner esa visión de género que lleve a la sensibilidad de esta sociedad, de los políticos y de las políticas, de que se tienen que cambiar las cosas. ¿Y cómo van a cambiar si no hay mujeres en los espacios en donde se deciden las cosas? ¿Cómo van a cambiar esas políticas si hay una visión sesgada de la realidad? Por eso estamos convencidas de que la lucha que iniciaron muchas compañeras desde hace mucho tiempo en este país, tiene que tener sus frutos. Yo llamo a las compañeras y a los compañeros diputados y diputadas de los demás partidos políticos, a que se rebelen, a que se rebelen con estas imposiciones que han presentado y todas estas trabas que tienen.

Nos dicen los dirigentes y las diligentes de los partidos políticos, algunos, que no necesitan porcentajes, que tienen las puertas abiertas, pero sabemos, nos lo dicen directamente las compañeras y los compañeros, sobre todo las compañeras, cómo han tenido que batallar, cómo hemos tenido que batallar para lograr, para lograr abrir esos espacios. En ese sentido es que el Partido de la Revolución Democrática viene aquí a reiterar su propuesta.

La propuesta que se ha hecho anteriormente por la diputada Lucero Saldaña, es importante para los partidos políticos. Afortunadamente en el PRD ya hemos conseguido eso, está muy claro, lo tenemos en nuestros estatutos desde hace varios años, porque queremos ser consecuentes en la práctica, en los hechos, en nuestra vida interna y cotidiana, de que es con la práctica con la que se demuestra la congruencia y la consistencia.

Por eso creemos que si hasta ahí han llegado las compañeras, es bueno y les reconocemos este esfuerzo que han estado haciendo. Pero no es suficiente. Por eso ha sido más lenta nuestra lucha, porque hemos sido muy tolerantes, hemos sido muy consecuentes. Siempre a las mujeres se nos deja al último, a los últimos espacios porque somos más prudentes, porque somos más tolerantes.

¡No, compañeras y compañeros, la situación del país requiere mayor decisión y mayor participación de las mujeres! ¡Y va a ser también con decisión como vamos a lograr esos espacios y que haya esas dos visiones del mundo, que haya esas dos visiones de este México: la visión femenina y la visión masculina! ¡Tiene que complementarse la política! ¡Tiene que complementarse esta sociedad porque así está! Entonces, compañeras y compañeros, yo traía un discurso que hacía historia de todos esos esfuerzos y esos logros que paso a paso hemos ido ganando. Yo creo que ahora, hoy, como están las cosas, la historia la vamos a comentar, se la vamos a platicar a nuestros hijos y a nuestras hijas, que tengan conciencia clara de todos esos esfuerzos. Lo que yo estoy llamando aquí mejor, no es este discurso bonito de la historia, sino sobre todo a que veamos hacia el futuro, este futuro, este país, que hoy nos están reclamando nuestros hijos y nuestras hijas no es de echarse para atrás a cada rato, no es con este tipo de decisiones como nos quieren imponer aquí. ¡Es con iniciativa! ¡Es con audacia! ¡Es con propuestas y sobre todo con decisión! ¡Por eso, compañeras y compañeros, yo quiero reiterar a nombre de las diputadas y diputados que firmaron la propuesta, la propuesta del Partido de la Revolución Democrática y que ya ha sido presentada en las instancias que he mencionado y la propuesta es de reforma al artículo 175 párrafo tercero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales!

Dice el artículo 175: "Los partidos políticos deberán integrar sus listas plurinominales de senadores y diputados de manera alternada, en una proporción que no exceda el 70% de candidatos de cualquiera de los sexos. En las listas por circunscripción para diputados y en la nacional para senadores no podrá haber sino dos candidatos de un mismo sexo de cada tres que se propongan. En las fórmulas para elegirse por mayoría relativa se buscará que los candidatos de cualquiera de los sexos no excedan el 70% de la totalidad de los registrados".

Esta es la propuesta que venimos a reiterar, compañeras y compañeros. Pido a todos ustedes y a todas ustedes una cuestión. Hemos llamado a la sociedad, a las mujeres y a los hombres, pero sobre todo a las mujeres, que estén muy atentas de cómo se va a votar este punto. Porque les hemos dicho que es muy fácil llamar al voto a las mujeres. Ha sido muy fácil el que les pidamos que vayan a cubrir las casillas. A que vayan a conseguir el voto para los partidos. Pero hoy de lo que se requiere es de congruencia de los partidos.

Por eso, les hemos dicho: ¡adopten un diputado o una diputada y sean vigilantes! ¡Porque lo que hoy se requiere es congruencia, es congruencia para el futuro de México!

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos la diputada Patricia Garduño, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.

La diputada Patricia Garduño Morales:

Muchas gracias, señor Presidente; diputadas; diputados:

Se presentaron ante nuestra sorpresa de las legisladoras y los legisladores del PAN, dos propuestas distintas, sin embargo el Partido Acción Nacional tiene una sola posición en relación al tema de la mujer.

Entendemos que esto no es sólo un asunto de mujeres, es un problema de la sociedad. Mientras no entendamos que la mitad del mundo vive en condiciones de mayor pobreza, de marginación, de menores oportunidades, no avanzaremos en la democracia.

No es posible imaginar que se sigan dando cambios en el país sin que se tome en cuenta a la mitad de su población.

Es cierto que el artículo 4o. de la Constitución reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero es también una realidad que esto no se refleja en la tarea diaria, en el campo laboral, en el ámbito social y en los espacios políticos. En la tarea diaria se piensa que la mujer es la única responsable del cuidado del hogar y de los hijos. En el campo laboral a trabajo igual no ha correspondido salario igual. Es sabido que en este campo aun cuando las mujeres desarrollamos trabajos similares a los de los hombres, el trato y el salario nunca son iguales y en los espacios políticos no hemos podido rebasar el 15% de representación.

Acción Nacional desde su fundación ha contemplado la participación política plena de la mujer.

Desde 1939 las mujeres han colaborado orgánicamente en todos los ámbitos y actividades del partido. La mujer, pues, está presente en las raíces del PAN, por lo que queremos dejar claro que estamos a favor de que las mujeres ocupen un mayor número de cargos públicos.

La situación de la mujer en México es muy compleja. El concepto de que la mujer es sólo símbolo de componía, de abnegación, de sacrificio familiar, debe cambiar, no porque esto en sí mismo sea malo, sino porque se le ha encasillado sólo en eso y se ha usado como pretexto para que la mujer no ocupe otros espacios.

Esta situación debe motivar a una reflexión seria de la condición de la mujer en la política, en los partidos, en la economía, en lo social, que debe impulsar una decisión de Gobierno y derivar en políticas públicas que atiendan toda la problemática que posibilite mayores condiciones de vida y mayores oportunidades a las niñas, a la mujer campesina, a la mujer obrera, a la madre de familia. En suma, necesitamos una sociedad más humana que dé condiciones de igualdad no el papel, sino en la realidad.

Necesitamos, y recuerdo en esta ocasión algunas palabras del presidente nacional de mi partido, el licenciado Felipe Calderón, propuestas generales para el 53% que vive en situación de marginalidad más fuerte que el 47% restante, para el 53% que vive problemas de segregación política más fuerte que el otro 47%; para el 53% que en época de crisis lleva la responsabilidad de sostener los hogares, en lo que el 47% se desespera, tira el arpa o se va del hogar.

Queremos una sociedad en la que cada quien cumpla su vocación plenamente, una sociedad que acabe con falsos conceptos, con prejuicios, con dogmas y con miedos y esto se logra con programas generales de atención a la mujer y el destinar mayores recursos para su operación.

El Partido Acción Nacional en su lucha por la mayor presencia de la mujer, está realizando diversas actividades tendientes al logro de este objetivo. Muestra de ello es la iniciativa presentada por la diputada María Elena Alvarez a favor de la mujer en el campo laboral, la presencia de destacadas mujeres panistas en el Consejo Consultivo del Programa Nacional de la Mujer, las distintas reuniones con grupos de la sociedad que buscan impulsar una mayor presencia femenina.

Estamos trabajando los hombres y las mujeres del partido buscando una mayor capacitación, un mayor impulso y una mayor promoción y búsqueda de vocaciones políticas de mujeres. Estamos, pues, reflexionando a lo interno para establecer mecanismos que sin buscar privilegios ni divisionismos den a las mujeres el lugar que merecen en la sociedad.

Queremos una sociedad de mujeres y hombres plenos, no de hombres acompañados por mujeres, no de mujeres que van detrás de los hombres. Buscamos una revaloración del ser femenino y del ser masculino, entender el mundo compartido y corresponsable en el diseño del futuro.

El licenciado Felipe Gómez Mont, el 17 de diciembre de 1952, expresó cuando se discutió el voto a la mujer: "esta lucha es síntoma de mexicanidad que no puede ser bandera de partido, porque es patrimonio de la patria. Vengo aquí a afirmar, señores que el paso trascendente que estamos dando no es reconocimiento ni es don de soberano, es la victoria que a través de los siglos alcanza la mujer maravillosa en el terreno de nuestra patria".

Apreciamos, pues y valoramos las propuestas que han presentado diputadas y diputados aquí en esta tribuna con el propósito de aumentar el número de mujeres en el Poder Legislativo, pero por ahora lo que el partido ha aprobado es el aplicar la opción preferencial por la mujer en la elección de candidatos, esperamos que con esta estrategia aumentemos el número de mujeres que llegarán al Congreso por el PAN en las próximas legislaturas.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, la diputada Mara Robles, del grupo parlamentario del PRD.

La diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor:

Buenas noches, compañeras y compañeros diputados:

Para empezar, yo quisiera decirles que muchos de los temas que se han considerado como los prioritarios en esta reforma electoral, como el tema del financiamiento, el de la imparcialidad de los órganos electorales y muchos más, no tienen como tiene el tema de las mujeres, tanto que ver como el tema de la democracia, simplemente porque la situación de las mujeres representan la situación de la mitad de la población y como aquí ha dicho nuestra manta, si la mujer no está, la democracia no va.

Me da mucho gusto que el discurso tanto del PAN, del PRI y del discurso del PT hayan cambiado y que haya valido la pena que muchas mujeres de esta Cámara hayamos ido a China junto con miles de mujeres del mundo a darnos cuenta de que pese a todos los logros, la desigualdad de la mujer prevalece y que pese a que en el artículo 40. constitucional esté garantizada nuestra igualdad jurídica, la marginación prevalece.

Las cifras no se pueden maquillar, compañeras y compañeros y el 96% del trabajo doméstico en este país lo realizan las mujeres, ese trabajo ni se paga en efectivo ni tiene un reconocimiento social. También las cifras de que las mujeres se siguen muriendo de ser madres no pueden mentir, las mujeres de nuestro país se mueren de desnutrición en el embarazo, en el parto y en el puerperio y se mueren también, aunque ustedes quieran cerrar los ojos, en más de 700 mil abortos anuales que se practican de manera clandestina.

Las mujeres también constituyen el 63% de los analfabetas y por si fuera poco, las mujeres somos también las más violentadas en la familia y en la calle y en lo más recóndito de su ser no puede reconocer que en su familia una mujer ha sido golpeada.

Por eso a mí me resulta sumamente interesante que ya no se haya venido a decir aquí que la situación de las mujeres está perfectamente bien lograda y que no tenemos nada de qué quejamos, porque las mujeres de ahora nos cortamos el pelo, elegimos a nuestro marido y usamos pantalones. Qué bueno que se ha elevado el nivel del debate, pero yo quiero decirles que ese amor se tiene que demostrar con hechos y que por eso no es posible que si las mujeres somos la mitad de la población, si somos más del 50% del padrón electoral y hemos demostrado capacidad de liderazgo y ser tan políticas como cualquiera de ustedes, no estemos representadas y por eso no estoy de acuerdo con que los partidos digan que no hacen falta acciones afirmativas, yo pregunto. ¿por qué entonces el Partido Acción Nacional que tiene excelentes mujeres en sus filas como Elenita de Vicencio, como Cecilia Romero, como la diputada Gómez Mont, como Paty Garduño, solamente tiene 16 diputadas en su extensa bancada?; ¿porqué el PRI entonces sólo tiene 42 diputadas en su extensa y siempre ejercitadora de la mayoría bancada?

¿Por qué en el PRD tenemos más mujeres? Por que existe una acción afirmativa, si no existiera una acción afirmativa no lo tendríamos, estoy diciendo que en nuestro partido también se cuecen habas y que si no existiera esa acción afirmativa las diputadas que aquí estamos seguramente no tendríamos esa representación.

Yo quiero invitarlos a que no pensemos que es una barbaridad que este hecho se concrete ya.

Quiero decirles que las mujeres hemos esperado por siglos y que aquella vieja creencia de los árabes de que el mayor poder se demostraba teniendo el mayor número de mujeres encerradas en los harenes debe pasar a ser historia y a no estar presente ya también en esta Cámara de Diputados.

Como yo les dije, es imposible maquillar las cifras. Las acciones afirmativas no son una desproporción de las mujeres, son una tendencia internacional irreversible, maravillosa, que funciona y que está llevando a la equidad entre los géneros y yo quiero decirle a los hombres que de ninguna manera deben sentirse amenazados, porque la participación de las mujeres no sólo representa una conquista de equidad, es una conquista también de los hombres que todo este tiempo han estado conculcados a la imagen de los agresivos, a la imagen de los que no pueden llorar, a la imagen de los que para llegar a acuerdos se tienen que emborrachar, a la imagen de la violencia para llevar a cabo las tareas, ustedes también se tienen que despojar de esa imagen y nosotras estamos muy contentas de que sean también como nosotras, dueños de la emotividad y de la sensibilidad y si ahora las mujeres nos sentimos emocionadas no es porque seamos menos racionales que ustedes es porque pensamos que en esta tribuna no sólo se deben poner hojas, sino también se tiene que poner inteligencia y corazón.

Yo le pido al Partido Acción Nacional que reconsidere su voto. La diputada Cecilia Romero nos pidió que no encontráramos diferencias donde no las hay y yo le quiero tomar la palabra. Yo sé que las mujeres y los hombres del PAN no tienen una actitud misógina, yo sé que las mujeres y los hombres del PAN luchan por la igualdad y yo felicito lo que están haciendo, pero quiero decirles que como legisladores tenemos la responsabilidad de convertir en norma lo que creemos que es justo y lo que creemos que vale la pena.

Por eso, en este Cofipe es el momento, así como va de roto; así como va de desconsensado, esta reforma electoral tendría un gran peso si en el tema de las mujeres logramos la igualdad.

Yo por eso quiero invitarlos a todos ustedes a que en este punto rehagamos el consenso, a que en este punto vayamos por la igualdad de la mujer y yo finalmente quiero reivindicar mi condición de feminista. En esta tribuna muchas mujeres han defendido tímidamente su derecho a exigir representación, casi no hay feministas jóvenes y yo lo soy, porque estoy convencida de que las niñas de este país merecen un mejor futuro y que hay que rescatar lo bueno de la tradición pero que no debemos rescatar lo que sufrieron nuestras abuelas y lo que sufrieron todas aquellas que hace sólo 43 años todavía no podían votar.

Me parece que no estamos pidiendo nada que no nos corresponda, si ustedes creen que esta acción afirmativa todavía no es tiempo de aprobarse, se equivocan, vamos a votar porque México dé una lección de igualdad entre mujeres y hombres en todo el mundo.

Yo les termino diciendo que si la mujer no está, la democracia no va. Pido el voto para la acción afirmativa.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada María Elena Yrizar Arias, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María Elena Yrizar Arias:

Buenas noches, queridos compañeras y compañeros; con su permiso, señor

Presidente:

Resolver la participación política de la mujer, no es un problema de leyes, es un problema de concordancia de la realidad social con la práctica jurídica.

Si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 40. que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, también es cierto que dicha norma jurídica carece de sentido y de eficacia jurídica, en virtud de que para que una norma jurídica sea válida, tiene que ser cumplida en la realidad de los hechos a los cuales se les atribuye el derecho.

La distancia que existe entre el artículo 40. constitucional y la realidad es muy grande, se observan en todos los espacios actitudes de iniquidad que van desde el ámbito doméstico hasta el ámbito público. Habrá entonces que cuestionamos sobre la forma y términos en los que debemos vencer una herencia cultural que ha sido el embate por el cual las mujeres hemos tenido que librar una batalla histórica para vencer esa ideología del hombre conocida ampliamente como "machista".

El trato a las mujeres es resultado de una historia y de una actitud cultural y social, es sin duda discriminatorio, lo vemos en el empleo, en la salud, en la educación y por ende en la política.

Abrir las puertas a la participación real con hechos de las mujeres en la política, revoluciona y acelera otras esferas, es el efecto dominó en una sociedad, así podemos ver en corto tiempo a mujeres tomando decisiones en los consejos empresariales, rectoras universitarias, entre otras actividades.

Erradicar los techos de cristal que limitan a las mujeres, que les tocan topes invisibles, sutiles y ocultos de su participación, ya es tarea impostergable.

El debate nacional frecuentemente es excluyente de los temas vinculados a las mujeres, por sus perfiles de confianza y credibilidad, generan aliento a la ciudadanía. La decisión final la tiene el electorado en su voto, hay ejemplos de alta rentabilidad en las mujeres.

Quiero citar algunos ejemplos de modificación que ha habido en dos estados mexicanos, el Código Electoral del Estado de Sonora, que en su artículo 87 establece: "se consideran como requisitos esenciales para que proceda el registro de candidaturas propuestas por los partidos, el que ninguna de las planillas para la elección de los ayuntamientos contenga una proporción mayor del 80% de candidatos del mismo sexo. El registro del total de las candidaturas para integrar las fórmulas para las elecciones de diputados de mayoría relativa propuesta por los partidos, no deberán incluir una porción mayor del 80% del mismo sexo".

Esta iniciativa fue presentada por el gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, el 21 de junio de 1996 y fue aprobada por el Congreso local.

La iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, propuesta por el licenciado Horacio Sánchez Unzueta, gobernador constitucional, establece en el artículo 8o.

"En el Estado de San Luis Potosí todos los habitantes son libres e iguales en dignidad y derechos, la mujer y el varón son iguales ante la ley. El Estado promoverá la igualdad de oportunidades en las mujeres y los varones potosinos en la vida pública, económica, social y cultural."

Esta iniciativa fue aprobada el 31 de octubre pasado.

Quiero resaltar que en México el Partido de la Revolución Democrática adoptó el 30% de espacios políticos de las mujeres en la estructura partidista y en los cargos de elección popular desde 1994. Asimismo, el Partido Revolucionario Institucional en septiembre de 1996, en su XVII asamblea, se aprobó que en los cargos de dirigencia del partido en la estructura territorial nacional, estatal y municipal, no incluirán una proporción mayor del 70% del mismo sexo, lo mismo para los cargos de elección popular por principio de mayoría relativa. En el caso de representación proporcional serán tres mujeres mínimo por cada 10 candidatos.

Cabe resaltar que la meta de las resoluciones de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, es alcanzar en el año 2005 el 50% de acceso efectivo de las mujeres a la toma de decisiones.

En el Programa Nacional de la Mujer, de la Presidencia de la República, tiene como lineamientos generales fortalecer los mecanismos que asume la eliminación de la brecha entre la igualdad de derecho y las condiciones de hecho, incluída la revisión de la legislación para eliminar las disposiciones que obstaculicen la participación plena de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural del país.

Voy a leer los compromisos políticos con las mujeres, del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Dice el Presidente: "creo que es tiempo de dar paso decisivo para que cada mujer, cada mexicana cuente con la oportunidad de desplegar sus capacidades y ejercer a plenitud sus derechos". Dice el Presidente: "me comprometo a que juntos diseñemos un programa especial de alfabetización, orientación a las campesinas, a las trabajadoras y a las mujeres que padecen condiciones de pobreza y marginabilidad. Me comprometo con ustedes para que juntos iniciemos una campaña nacional y permanente de renovación de la mujer mexicana".

Dice el Presidente: "ha llegado el tiempo de poner en práctica cabalmente no sólo a la letra de la ley, sino en la vida cotidiana a la igualdad del hombre y la mujer. El Gobierno de la República tiene el más hondo compromiso con la promoción de igualdad y de los derechos de la mujer".

Quiero decirles compañeros que me han parecido extraordinarios los discursos que hemos escuchado con esta relación, pero también quiero decirles a mis compañeros de Acción Nacional que si los hechos no se reflejan, no son congruentes con el discurso.

Ayer escuchamos a una compañera decirnos aquí la lucha que ustedes dicen tener en el discurso por la igualdad jurídica de la mujer en el trabajo. Acabo de escuchar un discurso también muy hermoso diciendo que esa lucha la tienen ustedes. Yo les digo que si esa lucha la tienen ustedes, entonces lo reflejen en el voto en este momento que estamos discutiendo esta cuestión, por un lado.

Por otra cuestión quiero decirles que agradecemos profundamente las mujeres del Partido Revolucionario Institucional el apoyo solidario, cariñoso, amoroso que ustedes los hombres nos han manifestado y que se los agradecemos mucho y que además que ese apoyo va a ser reflejado ahorita en el voto, lo cual les agradecemos de antemano, porque ustedes están siendo solidarios con nosotras las mujeres, que además de ser sus compañeras somos sus amores.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Carlos Núñez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por cinco minutos.

El diputado Carlos Núñez Hurtado:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras, con especial énfasis, y compañeros diputados:

Se ha dicho aquí ya en varias ocasiones que éste es un tema de mujeres y de hombres. Bueno, pues aquí estoy yo en mi calidad de hombre para dar testimonio. A mí no se me quita lo hombre por venir a esta tribuna a defender lo que creo como valores profundos; quizá algunos de los que gritan son, probablemente incapaces de presentar su posición.

Yo quiero apoyar esta postura por una situación positiva y luego por una serie de elementos. Por la positiva porque yo he aprendido en mi propia vida, con mi propio testimonio, de mujeres maravillosas, lo que son capaces de enseñarnos y de educamos.

Tuve una madre maravillosa, comprometida a su estilo, en su época, que me enseñó lo que era comprometerse con los demás y eso es un valor que nunca le podré agradecer suficiente. Y tuve como mujer una maravillosa esposa, lamentablemente fallecida, que me educó, me educó con su ejemplo, con su testimonio, con su ternura, con su racionalidad, en todos estos elementos que a muchos les parecen cosa de risa o de chiflido. Me enseñó a respetar la ternura, a saber lo que es la auténtica solidaridad, a saber que no hay solidaridad ni política ni de clase ni ninguna que valga, si no se establece con la solidaridad más hermosa, que es la íntima solidaridad de la pareja y eso, todo eso por la positiva me lo enseñó mi mujer.

Hoy me he vuelto a casar con una mujer maravillosa que me sigue impulsando en el mismo camino. No tengo ningún reproche en ese sentido.

Teórica y doctrinariamente, quiero referirme sobre todo a los compañeros del PAN, todos estamos de acuerdo en que el hecho de la igualdad es un valor que no está a discusión, pero como esto, en muchas otras cosas estamos viendo que no basta con la posición doctrinaria. Hoy día estamos enfrentados en un debate sobre la profundización de la democracia y vemos que la democracia a la vida de los hechos acaba siendo puro cuento.

Entonces no basta, estando de acuerdo con una posición doctrinaria no basta, porque los hechos son de una cultura, de hechos objetivos y subjetivos ancestrales que nos hacen reconocer que vivimos en una sociedad patriarcal y machista y que esa cultura no va a cambiar solamente con buenas voluntades, con buenas intenciones.

Existe la discriminación social, existe la discriminación étnica, existe la discriminación de géneros, eso no lo podemos negar. Por más que estemos de acuerdo en que como principio no se necesitaría reglamentar estas cosas, los hechos contundentes nos llevan a pensar que mientras no pongamos andamiajes, lo que llamamos la discriminación positiva, va a ser muy difícil romper con estos atavismos culturales.

Es cierto, teórica y doctrinariamente no se necesitaría una medida como ésta, pero en la práctica no es así. Son andamiajes provisionales, valga el ejemplo, son medidas tácticas.

Me costó mucho trabajo aprenderlo, pero lo entiendo, mientras nosotros no hagamos acciones positivas para garantizar espacios de apertura a la mujer, cuya igualdad declaramos doctrinariamente, la mujer no va a avanzar por lo menos con la misma velocidad, como no avanzan los pobres, como no avanzan los marginados, porque no hay medidas suficientes en este país para ellos.

Compañeros, no perdemos nada, no perdemos nada con apoyar estas medidas y ganamos muchísimo. Yo no tengo ningún problema en manifestar lo que he dicho aquí, independientemente de ciertas expresiones. Entre ellos, los valores que tenemos: el respeto, la igualdad, se incluye la igualdad de género. Dejémonos entonces educar por la parte que nos enseña la mujer, la apreciación que ella tiene de la política y de la vida; el valor de lo personal; el valor de los objetivos; el valor de lo cotidiano, pero también su ya probada militancia, capacidad y propuesta racional y política.

Dejemos entrar ese aire más, con ventanas más abiertas en el mundo de la política. Por eso yo apoyo sin reserva las propuestas que se han presentado aquí, tanto la que presentó el PRI en términos del partido, como sobre todo la que presenta el PRD para la modificación fundamental de la ley que hoy nos ocupa.

También llamo a algunos de mis compañeros de partido, porque no solamente está en los otros partidos esta discusión.

La llamada, para terminar, señor Presidente, la llamada discriminación positiva, insisto, es una medida transitoria, es un dispositivo, es como la ley es una ley porque de esa manera nosotros abrimos espacio, damos oportunidad y en la oportunidad real conquistada los hechos demostrarán el avance de la mujer, e irán haciendo innecesaria, con el tiempo, irán haciendo innecesario, insisto, que existan estas medidas.

Compañeros, sobre todo insisto a los compañeros que tienen duda, sobre esto los compañeros del PAN estamos de acuerdo doctrinariamente, pero una medida por este camino no nos perjudica y por el contrario si ayuda transitoriamente, no sé cuánto tiempo, a garantizar que las puertas de la igualdad de género y con ello la democratización de la sociedad se logre.

Yo los invito a que pensemos en esto y como en ustedes no hay línea determinada que no cambie con la motivación y la conciencia, creo que muchos de ustedes lo aceptarán.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, la diputada Adriana Luna Parra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:

Con su venia, señor Presidente:

Yo quisiera retomar la profundidad del lema: si la mujer no está la democracia no va. Esto conlleva en sí mismo una profunda reflexión, porque las mujeres día con día nos encontramos con una enorme dificultad cotidiana y concreta de equilibrar la maternidad, el trabajo, la atención a la casa y toda la incompatibilidad de horarios que tenemos que sobrellevar.

Es una realidad que para que la igualdad que nos marque el 4o. constitucional y que todos anhelamos y que la compañera del PAN que lo expuso habló de la profunda marginación y pobreza en la que se encuentran las mujeres, no podrá ser una realidad si no hay un reconocimiento de esa desigualdad ante las oportunidades y si no se toman acciones afirmativas para abrir espacios, para impulsar a toda una sociedad a incorporar a la mujer a unas relaciones más justas en todos los ámbitos de las relaciones humanas.

Eso es el tomar una acción afirmativa que es a lo que nosotros los estamos invitando.

Yo estoy segura y quisiera manifestarme mi felicitación y mi orgullo de tener un compañero como Carlos Núñez, que se levanta y habla en la tribuna de valores tan enormemente humanos y profundos como son la ternura, la ternura y la educación que ha recibido de las mujeres que lo han acompañado en su vida.

Todos ustedes, diputadas y diputados, hemos recibido la ternura y la educación de mujeres a lo largo de nuestra vida y esas mujeres después de darnos la ternura se tenían que enfrentar a que no les alcanzaba el dinero, a que tenían que cocinar, a que tenían que lavar la ropa, a que tenían que encontrarse con un trabajo cotidiano. Es por eso que los invitamos a votar a favor de esta acción afirmativa.

Este paso adelante será trascendente, trascendente para la vida política y trascendente para la vida social y cultural de nuestro país.

Las mujeres estamos en un nivel diferente de oportunidades, porque nos encontramos ante una serie de atavismos culturales que nos enredan en una relación poco justa y equilibrada, inclusive, dentro de nuestros propios hogares.

Y este reconocimiento público del derecho de igualdad y la necesidad de que para que un país sea gobernado con justicia, con justeza y con sensibilidad necesita tener corazones y un punto de vista femenino de mujer, un punto de vista de género en la toma de las decisiones políticas de este país.

Estoy segura que los compañeros del PT, que no tienen ninguna mujer ahora en su reputación y que todos están aquí sentados en sus curules, porque también fueron apoyados y apoyando a una mujer como candidato a la Presidencia de la República, estoy segura que el voto del PAN, después de la profunda disertación de la marginación que vive la mujer, que nos acaban de imponer nuestras mismas compañeras panistas, va a ser a favor de esta medida positiva.

No vamos a poder sacar a la mujer de la marginalidad ni a este mundo de la opresión en que vive, si no tenemos a la mujer en el lugar en el que le corresponde y a las mujeres representadas por mujeres en los espacios políticos de decisión.

Por eso, por la ternura, por eso por la obligación, por eso por el respeto, por eso por la fuerza implacable, incansable que tenemos las mujeres cuando sabemos que las cosas les duelen a nuestros hijos y a los hijos de otras mujeres y sabemos como el hambre duele, porque sabemos como en cada uno de los niños que tienen hambre vemos la posibilidad y el reflejo de nuestros hijos teniendo hambre, sólo con ese corazón de mujer que vemos en una sociedad a todos los hijos como hijos nuestros y a todos los pobres como hermanos nuestros, vamos a poder lograr una sociedad más justa. Por eso les pedimos el voto afirmativo.

Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos la diputada Sara Muza hasta por cinco minutos.

La diputada Sara Esther Muza Simón:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Esta sesión quedará registrada como una de las más importantes en el quehacer parlamentario de esta legislatura. Hoy los diputados definimos el andamiaje jurídico, acorde a los nuevos tiempos electorales, lo que ahora aprobemos será base y sustento de una democracia perfeccionada de cara al Siglo XXI.

En nuestra conciencia pesa el deber no sólo de hacer congruentes nuestras posiciones partidarias, que dieron origen al consenso de la reforma constitucional en materia electoral, sino fundamentalmente de establecer en la legislación secundaria que se discute, normas claras que privilegien la participación democrática de los mexicanos.

Ello me lleva a ratificar la propuesta de adicionar un artículo transitorio, para establecer con ese carácter, que los partidos nacionales consideren en sus estatutos, que las candidaturas para diputados y senadores, no excedan del 70% para un mismo género.

Vale la pena destacar que esta medida no es por ningún motivo anticonstitucional, vale la pena recalcarlo. Aclaro, que no se trata de asumir una posición feminista y cerrada, hacerlo significaría caer en una discusión absurda y retrógrada sobre una competencia de sexos.

Todos sabemos que no obstante los avances registrados en nuestro dinámico marco jurídico, aún existen numerosos factores que inciden en la dependencia y subordinación, en las relaciones entre la mujer y el hombre. La discriminación en tantos aspectos: económicos, sociales, políticos y culturales que aún enfrentan las mujeres, no sólo serán superados por mandato de ley pero sin ésta seria más difícil rebasar los obstáculos que impiden la formación integral de la mujer.

En el pasado, el diputado Francisco Chávez González, del Partido Acción Nacional, el 22 de diciembre de 1952, al discutir el dictamen que daría el voto a la mujer, calificó la exposición de motivos de la iniciativa como error al pretender hacer una representación antihistórica y partidista de la reforma. Por ello, vale la pena también destacar que no nos debe extrañar a nadie de los aquí presentes que hoy, Acción Nacional no se sume a este nuevo avance histórico en pos de los derechos políticos de la mujer mexicana.

Anclados en obsoletos criterios seudomoralistas les asusta que el "viejerío", como le llaman, fortalezca su presencia en el campo de la política, en la política real, incluso, compañeros diputados, no dudaría que las mujeres de su propio partido decidan cualesquier día de éstos desbancar a los actuales herederos de Maximiliano, Iturbide y Porfirio Díaz de hoy.

Una vez más, así es, una vez más, demuestran la falsedad de su supuesta vocación democrática.

Hablan de igualdad y de equidad con una ligereza y con una incongruencia tal que asoma su calidad de oposición oportunista después de largos años de ser oposición comodina.

Compañeros diputados: 56 partidos políticos en 34 países por mandato de sus respectivas leyes electorales, aplican el mecanismo de cuotas a fin de garantizar la participación de las mujeres en el campo de la política real. Invito muy respetuosa y cordialmente a razonar a todos y cada uno de ustedes y a conceder en la importancia de dar a la propuesta que nos ocupa y a votar en consecuencia a favor de la misma.

Compañeras diputadas; compañeros diputados:

No quiero abandonar esta tribuna sin dejar claro de manera reiterada que basta ya de alegar que la fracción priísta ha roto los acuerdos sustantivos suscritos en la Secretaria de Gobernación. ¡Basta de sofismas! Entendemos que el papel de la oposición es correr el carro al revés. ¡Tengan cuidado, pueden descarrilarse antes de llegar a la estación final! El pueblo, si, señores, el pueblo les ha dado una probadita del poder, proceso natural en la pluralidad política. ¡No se confundan!, porque donde gobiernan la ciudadanía se ha dado cuenta que fácilmente y muy pronto habrán de empacharse.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Cecilia Romero Castillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo:

Con su permiso, señor Presidente:

Sí, efectivamente vengo a reiterar aquí lo que hemos dicho en otras ocasiones, en múltiples ocasiones y que ahora estamos comprobando: el PRI ha roto los acuerdos y no sólo los de Bucareli o los de Barcelona; aquí mismo nos acaban de dar una muestra de que han roto los acuerdos. Porque esta propuesta de modificación para incorporar un máximo de 70% de candidatos de un solo género en el Cofipe, estaba firmado y lo tuvimos en nuestra mano, por diputadas del PRI y del PRD.

Y ahora, seguramente sus dinosaurios priístas no se los han permitido y por eso han venido aquí a romper un acuerdo. Acabamos de ver la comprobación de que el PRI no sabe respetar su palabra.

Y yo quiero decirles aquí a las compañeras diputadas de todos los partidos...

El Presidente:

Diputada, ¿que si acepta usted una pregunta de la diputada?

Un micrófono para la diputada Licona.

La diputada Ana María Adelina Licona Spinola (desde su curul):

Señora diputada, quiero hacerle a usted dos preguntas:

¿Qué opina usted acerca de lo que ha señalado el presidente del comité ejecutivo nacional de su partido, Acción Nacional, respecto a que la mejor aportación de las mujeres a la política, es hacer las tortas?

Y otra pregunta es: ¿qué opina usted sobre el señor Diego Fernández de Cevallos, al referirse a las mujeres como "el viejerío"?

Gracias.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo:

Mire, respecto a su primera pregunta sobre las tortas, definitivamente niego que Felipe Calderón, haya dicho que es lo mejor que podemos hacer, aunque las hacemos muy ricas las diputadas del PAN.

Y respecto a lo que Diego dice sobre de las mujeres como "viejerío", también le recuerdo que hay un lema de campaña que dice que: "El viejerío está con Diego".

Por otro lado, quisiera decirles respecto a esta propuesta que se presentó, nuevamente estamos ante la simulación del querer presentar avances cuando no hay avances desde ningún punto de vista; porque quiero hacerme nuevamente y reitero mi solidaridad y la solidaridad de los diputados y las diputadas panistas con las diputadas priístas que siendo congruentes con su idea, llegaron hasta el final buscando que se hiciera una modificación precisamente en el Cofipe, para obtener aquello que aprobaron en su asamblea el mes antepasado.

Y también quiero mostrar la solidaridad de Acción Nacional, con la actitud de las mujeres y los diputados también del PRD, que han sido congruentes y con tantas mujeres y hombres de diferentes organizaciones de la sociedad, que han llevado a cabo esta propuesta y con quienes hemos estado platicando.

Yo quiero decirles que aquí hay algunos que son incongruentes; no creo que todos los priístas, creo casi ninguna mujer priísta está siendo incongruente; creo que hay unos incongruentes que quién sabe si estén en este salón, que les mandaron esta redacción, una iniciativa diferente, para que vinieran a romper con ese acuerdo que se había tomado por parte de diputados de tres partidos políticos.

Yo si quiero decirles que en Acción Nacional seguimos siendo congruentes y que por una parte no podemos apoyar una propuesta que vuelve a ser una simulación, como es todo lo demás que se ha venido manejando de reforma electoral.

Y respecto a la propuesta presentada ahora solamente por diputados del PRD, Acción Nacional sigue congruente y acepta el reto; acepta el reto de lograr que haya muchas más mujeres panistas candidatas, tantas o más que en otros partidos, para seguir trayendo la voz femenina, la voz de la mujer y la voz de la patria, congruente, a esta tribuna de la Cámara de Diputados.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, la diputada Rosario Robles.

La diputada María del Rosario Robles Berlanga:

Compañeras y compañeros diputados:

Vivimos momentos históricos, momentos definitivos para la nación, para las mujeres y para los hombres de México. Esta legislatura tenía la oportunidad de fincar las bases para una sociedad más democrática y más moderna.

Nosotros, los legisladores y las legisladoras, teníamos la posibilidad de garantizar credibilidad en las instituciones y en los procesos electorales, de darle a México una reforma incluyente y equitativa en todos los sentidos. Pero una vez más la mayoría priísta ha convertido a la intolerancia en su grito de batalla; una vez más la mayoría priista ha roto los acuerdos, la palabra de su propio presidente de partido y la palabra del propio Presidente de la República, porque les invade el temor, les invade el miedo y les invade la absoluta certeza de que la mayoría de los hombres y mujeres libres de México, ya no están con ellos.

Porque eso es lo que estamos discutiendo el día de hoy; estamos debatiendo sobre la equidad, estamos debatiendo sobre la pluralidad, sobre el respeto y el reconocimiento a la diferencia, a la diferencia política y a la diferencia también entre los géneros.

Por eso, compañeras y compañeros, creemos que es absolutamente cierto lo que aquí se ha señalado. Esa mayoría del PRI no sabe lo que es equidad. Esa mayoría del PRI no sabe lo que es el respeto a la diversidad y a la pluralidad social y por eso esta mayoría priísta ha sido capaz de desmantelar a sus mujeres y de abandonarlas a pesar de la férrea y combatiente lucha y valiente lucha que ellas mismas han dado. ¿Por qué? ¡Por miedo! Por miedo precisamente a perder sus espacios y sus cotos de poder.

Esa mayoría priísta está a punto de aprobar en la soledad de este recinto, una reforma que sólo acelerará su descomposición y su crisis y eso es exactamente lo mismo que estamos debatiendo, para el caso de las mujeres. No queremos, no estamos aquí para regatear, compañeras del PRI, no estamos aquí para negociar propuestas que habíamos consensado las mujeres de los partidos y las mujeres de amplias organizaciones sociales que en nuestro país tienen años peleando por las acciones afirmativas. No queremos migajas. No queremos dobles discursos. Queremos hechos, queremos pruebas y queremos ser firmes en nuestros compromisos.

¿Por qué un transitorio? ¿Por qué no una reforma a fondo del Código Federal en la que se obligue a los partidos que para poder registrar a sus candidatos incorporen a las mujeres? ¿Porqué hoy no mantenemos la propuesta que habíamos consensado y que nos habla de este reconocimiento a la pluralidad? ¿Por qué venimos aquí con culpa, si lo que estamos demandando y lo que estamos exigiendo es legítimo y es el simple reconocimiento a nuestra aportación económica, social y política, hoy tan importante para nuestro país?

Las mujeres del PRD tenemos palabra; mantenemos nuestra palabra y mantenemos nuestra propuesta. Lo hemos comprobado con hechos y no es en balde y no es casual, que hayamos sido el primer partido político en México que haya incorporado ya desde hace varios años, la acción afirmativa en sus estatutos. No es casual que haya sido precisamente el Partido de la Revolución Democrática el que haya logrado la participación equitativa de las mujeres y por eso ni más ni menos somos la fracción parlamentaria que tiene más mujeres proporcionalmente en su seno.

¡Nunca las mujeres del PRD vendremos a regatear ni a pedir migajas! ¡Venimos a exigir la presencia de las mujeres y los espacios para poder conquistar los derechos que nos corresponden en el trabajo, en la educación, en los derechos reproductivos, en la salud! ¡Queremos más espacios para tener más derechos!

¡De una cosa si estamos completamente seguras y seguros, compañeros del PRI: las mujeres del PRD ¡exigimos espacios para venir a esta tribuna a hablarle a la nación! ¡No pedimos espacios para cargar las curules de nuestros compañeros, como signo de intolerancia y de falta de reconocimiento a la expresión plural y al hecho de que los compañeros no puedan compartir con nosotros nuestros puntos de vista !

¡Las mujeres del PRD exigimos tolerancia porque hemos sido víctimas las mujeres de México de la intolerancia y de la marginación!

¡Queremos ese respeto a la pluralidad, porque en eso está la riqueza de México! ¡Jamás para cargar curules en actos de intolerancia! ¡Siempre para hablar con la verdad, para exigir la equidad y la democracia!

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Mara Robles, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.

La diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor:

Han escuchado ya diferentes argumentos. Yo lo que quiero hacer es un llamado a que pese a la situación real en la que se encuentra esta reforma, mantengamos un espíritu unitario respecto al tema de la equidad y de la igualdad de hombres y mujeres.

Si nosotras y nosotros permitimos que las profundas diferencias que definitivamente nos separan en la mayoría de los artículos de esta iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Electorales impida que logremos un avance en el tema de las mujeres, estaríamos cometiendo un gran error.

Yo por eso quiero reiterar el llamado que he hecho a nombre de nuestra fracción, tanto a la bancada priísta, a la panista y a la del PT, a que intentemos rehacer puentes de unidad sobre este tema.

Yo estoy convencida de que ninguno de nuestros partidos arriará las banderas que nos traen a esta tribuna para expresar sus diferencias sobre los temas que no han podido ser concertados. Pero que si tenemos la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre este tema, millones de mujeres nos lo van a agradecer.

Yo quiero decirles públicamente que estamos trabajando en la posibilidad de hacer un texto de contexto y que en este momento no importa quién fue la primera redactora o quién se lleva las palmas; las palmas se las debe llevar este Congreso si logra que la igualdad de la mujer entre en esta ley.

Esta ley no va a cambiar todo en la sociedad, pero seguramente va a ser un avance considerable.

Reitero, pues, el llamado a todas las fracciones a que hagamos este esfuerzo por tener un texto unitario y que quedando claras las diferencias en los demás temas logremos que en este punto de la igualdad de la mujer tengamos una postura común a favor del pueblo de México, más allá de las diferencias partidarias en otros temas. Eso es todo.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos y por cinco minutos, el diputado Edgard Sánchez Ramírez.

El diputado Edgard Sánchez Ramírez:

Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Vengo a hablar seguramente interpretando la opinión, el compromiso de muchos compañeros diputados de los diversos grupos parlamentarios que expresamos en días pasados en el cabildeo que las compañeras diputadas han hecho en relación a este tema, nuestro apoyo a esta propuesta, que básicamente por razones que ya han sido señaladas finalmente ha sido presentada por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para el artículo 175.

Me parece muy importante, como ha dicho mi compañero de fracción parlamentaria, el diputado Carlos Núñez, incluso el que esta discusión haya permitido en una tribuna tan importante como la del Congreso de la Unión, la reivindicación de conceptos y de valores tradicionalmente considerados sólo como femeninos, como los que ya han sido señalados acá como los de la ternura, la emoción y que sean entendidos estos como valores no solamente femeninos, sino como valores humanos, que es parte de una lucha en contra de la discriminación y desigualdad que estamos dando.

Pero como ha sido notorio en las últimas intervenciones, el tema que estamos discutiendo es evidentemente un tema de carácter político y tiene implicaciones políticas muy importantes. Por eso sí significa un reto a la convicción democrática de todos los diputados y diputadas y de todos los grupos parlamentarios.

Es en efecto, como se ha señalado entonces, una demanda que debe ser aprobada y que tiene, como ha señalado alguna diputada, un efecto dominó, pero no solamente dominó en el terreno de las reivindicaciones y los derechos de las mujeres, sino en general en el terreno de la democracia, porque efectivamente saldremos de esta sesión con valoraciones distintas de esta reforma al código electoral, señalando algunos de nosotros sus insuficiencias y el repliegue que significó la posibilidad de avanzar hacia la democracia. Pero avanzar en este punto hará por lo menos que obtengamos una conquista parcial en relación a la lucha por la democracia, pero extremadamente importante por lo que han señalado ya las diputadas de los diversos grupos parlamentarios por representar a más del 50% de la población de nuestro país y en general del mundo estas reivindicaciones.

Por esta razón es que estamos convencidos entonces que se trata de un compromiso que deberíamos asumir los diputados de los diversos partidos que suscribimos desde días pasados esta propuesta sobre el artículo 175, un compromiso de convicción democrática, un compromiso también que responde a un prejuicio que piensa que todo el esfuerzo, todo el desarrollo de las mujeres en la actividad política, se basa solamente sobre los valores y la fuerza y la capacidad individual.

Y hemos tenido que traer este tema a la ley precisamente porque no se trata solamente de valor individual, de capacidad individual, que efectivamente las tienen nuestras compañeras diputadas, individualmente consideradas, sino que es necesario incluirlo en la ley porque responde a un problema social de discriminación, de marginación en el terreno social, en el terreno económico, en el terreno ideológico y cultural de siglos y siglos y por eso es que es necesaria una medida de acción afirmativa como la que se está señalando.

Parece que por el debate que tenemos sobre el desarrollo de la discusión sobre la reforma al código electoral, habría la dificultad de que todos pudiéramos salir adelante en esta propuesta que las compañeras diputadas están presentando. Pienso, sin embargo, y éste es el sentido también de mi llamado para que los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios apoyemos esta demanda, pienso que es una demanda que como ya se ha demostrado, una demanda de género que atraviesa a todos los partidos políticos y que tiene ya por cierto, aunque las compañeras diputadas no lo han mencionado, un importante antecedente político hace algunas semanas, en donde en una Asamblea Nacional de Mujeres, diputadas, dirigentes y militantes de todos los partidos políticos representados en este Congreso, actuaron juntas y apoyaron juntas demandas de éstas para acciones positivas. Por lo tanto, no es imposible sacar adelante esta propuesta que se ha hecho, especialmente en relación a la modificación del 175 del código electoral.

Por último, quiero expresar esta posición también como un compromiso personal, producto también de mi experiencia militante como miembro de una corriente política, el Partido Revolucionario de los Trabajadores que definió desde 1979 al feminismo como parte de su programa y que postuló en 1982 a la primer mujer como candidata a la Presidencia de la República. Asumamos todos el reto democrático que implica apoyar esta acción positiva que las compañeras nos han presentado.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Roberto Rafael Campa Cifrián, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Roberto Rafael Campa Cifrián:

Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados:

El debate de hoy concluye un proceso histórico en la vida política de nuestro país, en las semanas anteriores acordamos, y en consecuencia votamos por unanimidad, asuntos capitales para México, un nuevo órgano electoral donde no solamente el Gobierno ya no preside, sino ni siquiera participa, un tribunal electoral que forma parte del Poder Judicial y es garantía de imparcialidad.

La reforma política del D. F. que reivindica los derechos electorales de los capitalinos, aspiración de más de 150 años. Por sí solas, estas modificaciones implicarían orgullo para los mexicanos y para los partidos políticos, pero acordamos también y votamos de manera unánime la fórmula constitucional para el financiamiento de los partidos, la inserción en la Constitución de la afiliación individual, la acción de inconstitucionalidad en materia electoral, las bases constitucionales en materia electoral que los Estados habrán de observar en sus procesos electorales, la acción de inconstitucionalidad en materia electoral como facultad de las dirigencias de los partidos.

Acordamos también recientemente, por unanimidad, la conformación del órgano electoral de nuestro país. ¿Serán éstas en realidad quimeras para engañar ingenuos, como lo dijo alguien en la tribuna? ¿Serán éstos retrocesos? ¿Serán reconvenciones? Nosotros creemos que no, que son acuerdos para una reforma política, para una reforma democrática.

No se trata de una transición a la española, no se trata ciertamente del pacto de la Monclova, porque no es la transición de la dictadura a la democracia.

Recordemos solamente que aquellos que en España encontraron las puertas cerradas para la libertad, buscaron un país donde vivir con libertad y desarrollarse y vinieron aquí, a México, que tampoco es la transición chilena que aquéllos cuando se cerraron las puertas también vinieron aquí y encontraron en México, en México gobernado por el PRI, condiciones de libertad, condiciones de desarrollo.

El Presidente:

Señor diputado, la diputada Adriana Luna Parra, solicita hacerle una pregunta.

¿La acepta usted?

El diputado Roberto Rafael Campa Cifrián:

Señor Presidente:

Le suplico la reserve para cuando yo termine.

La iniciativa de reformas es del PRI, la hizo originalmente todavía en campaña, Luis Donaldo Colosio; la asumió Ernesto Zedillo y ha sido siempre la propuesta del PRI, es para el tránsito de una democracia imperfecta a una democracia menos imperfecta, menos imperfecta por las reglas que la regulan, menos imperfecta por la actitud de los ciudadanos y menos imperfecta también por la fuerza de los partidos.

Hoy tenemos un sistema más competido, hoy los partidos ganan posiciones porque apenas hasta ahora comienzan a ser partidos más fuertes. Hemos cumplido los priístas cabalmente con nuestra palabra; buscamos el acuerdo, lo hemos buscado siempre, también en esta última etapa, también en las últimas horas, estuvimos muy próximos a alcanzarlo, sabíamos todos que ya no era indispensable, que no se requería en esta etapa sino de mayoría simple, lo sabían ustedes y lo sabíamos nosotros.

A pesar de ello, mantuvimos nuestra posición: buscar el acuerdo; mantuvimos nuestra posición de flexibilidad, pero cuando por esa flexibilidad creyeron tener en la bolsa lo que pretendían, renunciaron al acuerdo como lo han hecho siempre, como ha sucedido cada vez que llega aquí una iniciativa que se enriquece por el trabajo de todos los partidos, pero que al momento del respaldo se le retira el apoyo. Flexibilizamos en aras del acuerdo, concedimos en busca del consenso; cuando ustedes decidieron no apoyar esos acuerdos perdió el sentido haber flexibilizado, sólo se arriba a acuerdo en la democracia cuando todos están dispuestos a aportar, cuando todos están dispuestos a ceder.

La reforma democrática en este país no significa, "como alguien dijo aquí", la destrucción de un partido político; no significa la destrucción del PRI. Una buena evolución a la democracia obliga a la generosidad, no a la búsqueda de la destrucción de una de las fuerzas políticas.

Hoy aprobaremos una nueva ley muy superior a la vigente, que recoge los acuerdos que en lo fundamental tuvimos los partidos. Las modificaciones que hemos hecho juegan a nuestro juicio, en favor de la democracia.

Con esas reglas nuevas y con el espíritu de respeto a la voluntad popular que quedó manifiesta en el proceso electoral del pasado domingo, vamos a competir. Tenemos que manifestar hoy, tenemos que reiterar hoy nuestro compromiso con la democracia y el tránsito a una mejor democracia obliga a la generosidad.

El Presidente:

Diputado, la pregunta de la diputada Adriana Luna Parra. Solicito un micrófono para la diputada, por favor.

La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo (desde su curul):

Es muy breve. Simplemente cuando hablaba el diputado Campa de dictadura o no dictadura, democracia perfecta o imperfecta, recordaba yo si... que Vargas Llosa y esa es mi pregunta, sabe usted diputado Campa, no escuchó usted, ¿cómo Vargas Llosa describió al PRI?, como la democracia perfecta.

Esa es mi pregunta.

El diputado Roberto Rafael Campa Cifrián:

Mire usted, compañera diputada.

Después de leer el libro de Vargas Llosa donde explica de manera entreverada su biografía personal y su experiencia en su campaña política a la Presidencia de la República en su país, me parece que Vargas Llosa no solamente no entiende a la política de México, que no solamente no entiende a la política de su país, me parece que lo que acaba confesando ahí Vargas Llosa es que no tiene nada que hacer en la política.

Tiene la palabra para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, el diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Rene Arce Islas:

Con su permiso, señor Presidente:

Quiero dejar aquí mi reconocimiento, que después de haber escuchado en varias ocasiones con mucha atención al diputado Campa Cifrián, en esta ocasión le he escuchado más ideas que ataques a la oposición, lo que me parece verdaderamente importante, porque entonces vamos a entrar a un debate de ideas, que es lo que creo que es importante.

Cuando hablamos de la transición a la democracia, hay varios tipos de transición a la democracia, algunos se han hecho de manera pacífica, pactada, porque existe sobre todo credibilidad en los actores y la credibilidad es sustancial para que los pactos se lleven a las leyes.

En donde no existe credibilidad y donde los actores no son capaces en los hechos demostrar que están de acuerdo en que lo que se plasma en las leyes se pueda ir dando en los procesos paulatinamente, entonces se corre el riesgo de transiciones a la democracia al estilo rumano, que ése es el peligro que podemos vivir en este país si los actores perdemos toda la credibilidad en las transiciones a la democracia y particularmente en la que queremos hacer en nuestro país.

Ese es el problema que hoy nos tiene en esta situación, no hay credibilidad porque no hay confianza y la confianza se pierde cuando los actores se sientan, discuten, analizan, acuerdan y posteriormente los acuerdos no son respetados. Ese es el asunto, ése es el punto.

Aquí nadie, creo yo, que tiene amor a su patria, quisiera destruir al adversario. En el PRD, no nos estamos planteando destruir al PRI, no queremos que el PRI, sea destruido, lo que queremos es que esa sana distancia de la que habló el presidente Zedillo, se haga realidad, para que el PRI, sea un verdadero partido que esté disputando voto a voto, pero con verdadero espíritu democrático.

Eso es lo que queremos los del PRD.

Y creímos, hay que decirlo, nos alentó a muchos de nosotros cuando pudimos, entre todos, sacar adelante ese nuevo órgano electoral, en donde hay hombres y mujeres que verdaderamente hay que decirlo, yo particularmente hubiera votado por los candidatos que el PRI propuso, porque creo que son de los mejores hombres y de las mejores mujeres que hay en este país, a quienes el PRI propuso; pero también habría que decir que el PAN hizo ese esfuerzo y también presentó a hombres verdaderamente dignos para dirigir el Instituto Federal Electoral y el PRD igual hizo su tarea. ¿Porqué esa tarea no la pudimos hacer en esta ocasión?, porque se impuso esa desconfianza en la democracia, se impuso en la mente de mucha gente que es primero lo coyuntural y después el ver al país como principal.

No tuvimos vocación de Estado, tuvimos vocación de políticos coyunturales que están viendo los porcentajes, que están viendo los votos de ayer y no están viendo este país hacia el futuro. Ese es el verdadero problema que tenemos compañeros y por eso no hemos podido arribar a esta transición democrática de la que tanto hemos hablado.

Yo les digo, compañeros priístas, que nosotros quisiéramos verlos a ustedes en esa sana distancia, que nosotros quisiéramos ver al PRI, compitiendo con nosotros y además quiero decirlo que el día de mañana esos conceptos liberales, pero esos liberales como Juárez, Zarco y de ellos, pudiéramos compartirlos el día de mañana para hacer esta nación más grande, pero lo que no se puede hacer es jugar con la democracia, jugar y simular que somos democráticos. Por eso es que hoy no podemos creerles, hoy el presidente Zedillo ha perdido lo que había ganado como institución presidencial, al haber impulsado en el acuerdo global para constituir el IFE, hoy lo está perdiendo y no lo está perdiendo tan solo entre los mexicanos, lo está perdiendo también en el concierto de las naciones.

Lo que dijo allá, hace unos días, en la reunión de presidentes y de jefes de estado de Iberoamérica, hoy se ve desmentido y eso es grave, pero no es gravé para ustedes, es grave también para nosotros, es grave para el país, porque hoy que el país necesita crecimiento, desarrollo y estabilidad, con eso que están ustedes haciendo, solamente están provocando que este país siga adelante en esta crisis tan grave en la que estamos viviendo. Eso es lo que queremos cambiar y no queremos destruirlos; queremos compartir con ustedes el camino hacia la democracia.

Muchas y gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Javier Viniegra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Javier Viniegra Zubiria:

Con su venia señor Presidente, señoras y señores diputados:

Es increíble que en nuestro México se gaste tiempo y esfuerzo en lograr una ley que fomenta y promueve el bien común y que ésta sea frustrada por intereses partidistas, que ciegos a la realidad nacional eliminan los esfuerzos por lograr la reforma del Estado.

Esta es la triste realidad. Hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo en una reforma electoral, malamente denominada definitiva y a pesar de esto y de casi haber logrado consensos que mejoraran sustancialmente la cuestión electoral, terminamos con una ley trunca que sólo beneficia al partido en el poder a costa de la nación, en vez de poder tener la ley que nos llevaría a la democracia real a que todos los mexicanos aspiramos, ya que todavía quedan mejoras por hacerle.

Pero además, no sólo no se avanzó como se hubiera esperado, sino que se han registrado retrocesos importantes. Este es el caso de los artículos 119 y 213 del Cofipe.

Anteriormente se tenía que por cada funcionario de casilla existía un suplente y que al no asistir el funcionario propietario, el suplente tomaría su lugar fungiendo como propietario. Esto cambió para hacer, aparentemente, más fáciles las funciones a las personas que fungirán en las mesas de casilla.

El artículo 119 dice "que la integración de las mesas de casilla cuentan, como de costumbre, con un presidente, un secretario y dos escrutadores", pero en vez de que cada funcionario tenga su respectivo suplente, sólo habrá tres suplentes generales. Esto lo único que traerá es anarquía en el funcionamiento de la casilla, sobre todo al instalarla, que es el momento más difícil de la elección.

Pero lo peor de todo esto es que esos suplentes no tienen asignado un puesto específico, no saben qué función tendrán en caso de que llegare a faltar algún miembro de la casilla.

El artículo 213 del dictamen a discusión dice en su primer inciso que: "de no instalarse la casilla a las 8:15 horas, conforme al artículo anterior, se estará en lo siguiente" y comienza después a enumerar diversos supuestos que podrían darse y que nos llevarían a que en ausencia del presidente, la secretaria tomaría su lugar y un escrutador podría tomar cualquier puesto, pero un suplente, cualquiera que éste sea y sin un orden predeterminado, puede trabajar con el cargo de presidente o de secretario o de escrutadores, además, posteriormente no vuelven a darse horarios específicos.

Esto no puede ni debe ser así, ya que si dejamos abierta la posibilidad de que se desempeñe desordenadamente cualquier puesto, como lo marca el dictamen de hoy, ¿quién decidirá cuál de los tres suplentes fungirá como presidente o secretario o escrutador? Aunque los suplentes tendrán que conocer todas las funciones, esto constituye una ventaja que se hace nugatoria al no establecer el artículo 213 de la ley, el orden de prelación, ni la hora en que deben funcionar los diversos supuestos.

Hoy por hoy al ciudadano se le hace complejo el manejo de una casilla, a pesar del curso y de la información que recibe para un buen desempeño en su función, muchos llegan sin saber qué hacer por no contar con un marco legal que les facilite el cumplir con esa obligación ciudadana.

Acción Nacional acepta los cambios fundamentales que son positivos para la vida política del país, pero considera que en el caso que nos ocupa debe haber precisión, claridad y sencillez en el contenido de este artículo. Es decir, no se trata de una cuestión de fondo, sino de facilitar y garantizar el orden y la certeza jurídica el día de la elección.

Estamos seguros que si hubiera voluntad se podría aceptar esta propuesta, a fin de que se habiliten a los suplentes en el orden de prelación asignado, con lo que cada suplente podría conocer de antemano qué probabilidades tiene de una posible participación y de qué puesto, en la mesa, podría ocupar, para poder así estar mejor preparado para la contienda electoral.

Además, los escrutadores deberán ser denominados como primer escrutador y segundo escrutador, para participar con ese orden. Y por último, también deben añadirse horarios ciertos, para contribuir con esa certeza jurídica.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Juan Guerra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:

Muchas gracias, señor Presidente; con su venia.

A mí me interesa, compañeras y compañeros, retomar el hilo del discurso del diputado Campa Ciprián, porque hay que deslindar algunas cosas.

Generalmente el desenlace de una transición depende más del carácter que asumen las fuerzas que gobiernan o son el obstáculo para los cambios o han venido gobernando como ya no se quiere.

Depende mucho más el desenlace de quien mantiene el poder que de las fuerzas que buscan el cambio.

Cuando hay un desenlace que termina por arrasar o por aniquilar, como se utilizó el término, a quien está gobernando, es porque esta fuerza se ha cerrado y no ha dado otras opciones.

Es muy difícil que las responsabilidades sean de los actores que buscan el cambio y que pugnan contra esa fuerza, porque la propia sociedad genera esas fuerzas y si hay una fuerza que no lo acepta se podrá buscar otras. Lo que no se puede sustituir es a quien se está gobernando, porque la esencia de la transición es cambiar los métodos con los que se ha venido gobernando y cambiar precisamente lo que puede ser un hegemonismo que ya no es aceptado.

De manera que el desenlace que tenga la transición en este país va a depender más de ustedes que de nadie.

Mi partido se posicionó ya tiempo atrás y dijo "queremos una transición pactada", no nos imaginamos una transición violenta, sino una transición pactada.

Y cuando dijimos "queremos una transición pactada", dijimos "estamos dispuestos a hacer alianzas con el PRI, con el PT, con el PAN, con todos para ahorrarle a México los costos de una transición que no es propiamente pactada". Y coherentes con esa decisión, entramos a discutir muchas cosas, pero todo proceso de transición necesariamente tiene que tener una discusión donde, una vez tomados los acuerdos. se tienen que buscar y concretarse, porque sino, se concretan los acuerdos que se están tomando por todos los actores, ahí es donde la transición ya no empieza a funcionar.

Y justamente el problema que hemos tenido, en el caso del PRI, es que hemos tomado acuerdos, lo firmaron los dirigentes de nuestros partidos; volvimos a rediscutir estos acuerdos cuando la reforma a la Constitución y algunas cosas de la noche a la mañana sorpresivamente aparecieron.

Aún así mantuvimos los partidos la voluntad de llegar a acuerdos a pesar de que algunas cosas ya no nos gustaban.

Seguimos discutiendo ya en el marco de la Ley Electoral, del Código Electoral y hasta el 31 de octubre tenemos acuerdos que hemos tomado, y a partir del 31 de octubre, una vez que se está tumbando el acuerdo sobre financiamiento, empiezan a surgir dudas.

El PAN, anuncia que eso es tan importante para ellos que no pueden votar a favor, el PRD no dicen que no van a votar a favor, mantienen una situación para hacer consultas, consultas que hasta hoy definimos, hasta hoy definimos aquí, en el grupo parlamentario, en qué sentido eran.

¿Pero qué es lo que hace el PRI en este inter? A pesar de que manteníamos los acuerdos hasta el 31 de octubre, a pesar de que lo único zafado que había del acuerdo era lo del financiamiento, hacen una jugada que podría llamarse de mucha viveza, pero que en la realidad en la transición no funcionan esas cosas.

Y dice: "¡Ah, el PRD está en duda, el PAN dice que no, entonces yo les cambio el dictamen y les tumbo los acuerdos que se habían tomado hasta el 31 de octubre!"

Es ahí donde con toda razón mi compañero decía entra en juego la credibilidad. Una transición requiere confianza; requiere que cuando tomemos acuerdos ustedes nos digan "esto no lo vamos a acordar", pero no nos pueden decir "lo acordamos" y mañana nos dicen que siempre no, porque entonces no hay confianza.

Entonces lo que vemos los otros actores es que le están jugando al vivo para ver cómo se avanza menos y cómo finalmente no hay un proyecto de parte de ustedes para avanzar y están viendo cómo resisten y como esto no camina. Esto es lo que se pierde cuando ustedes presentan un dictamen que no recoge los acuerdos que teníamos hasta el 31 de octubre. Ya no hay confianza, ése es el asunto. No hay confianza de que esto no se pueda seguir cambiando.

Se ve que son tantas las resistencias en ustedes que aun a pesar que hoy el PRD estaba discutiendo que si se recuperaban en el dictamen y éste se iba a comisiones, los acuerdos que teníamos hasta el 31 de octubre, el PRD estaba resolviendo que si era así, votaría a favor en lo general y en contra en lo particular del financiamiento, al mismo tiempo sectores de ustedes están discutiendo un asunto que no es más que un número en el artículo 58, que en lugar que la coalición parcial sea como lo habíamos acordado hasta 160 sólo sea a 100.

¿Y quién empieza entonces ya a creerles cuando hoy salen con una cosa y al rato con otra? O sea, no se está generando el elemento clave en esto, el elemento clave en esto es credibilidad.

Hay vacilaciones en toda transición. Los partidos con mucha razón pueden tenerlas, pero se alimenta más esta vacilación, se alimenta muchísimo más cuando de repente de un plumazo sencillamente se cambian las cosas.

Y, compañeros, si quieren una transición pactada, tienen que tener un proyecto de hacia dónde quieren llevar las cosas y no solamente estar pataleando de que las cosas no caminen.

Si quieren una transición pactada, tienen que honrar los acuerdos que tenemos, porque de otra forma se pierde confianza y se pierde credibilidad. Termino.

Este es el elemento. Este es el elemento, para mí, central, que de alguna forma se vio afectado en el caso del PRD, que tienen dificultades, que algún sector como el obrero planteó que esto no debió haberse negociado. Todos en esto, cuando entramos a una negociación, hay que asumir procedimientos de manera que a todos nos tomen en cuenta, que no es lo que en un momento que lo pactamos lo cumplamos, porque si no hay transición, no hay credibilidad, no hay visión hacia el futuro, no hay pensamientos sobre México y terminaría diciendo: yo creo que el que más pierde en esto no va a ser el PRI que puede ganar la votación.

Quien más pierde, si lo creo, igual con mi compañero, es el Gobierno. Porque pierde el elemento credibilidad, aquí y allá.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Oscar Levín Coppel, para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos.

El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel:

Con su venia señor Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados:

Hablaba el compañero Campa de generosidad, hablaba de transición y exponía las ideas que desde el punto de vista del PRI han sido llenas de generosidad.

¿Cuál es el tema que traba algunos de los acuerdos de esta ley fundamental que estamos votando el día de hoy? Un acuerdo que nos lleva a la reforma de la Constitución, que genera un asunto para los priístas fundamental y para el resto de los partidos igual: financiamientos equilibrados y suficientes que permitan precisamente este tránsito a la democracia y al fortalecimiento de la vida partidaria ¿Dónde se traba el asunto?

El asunto se traba en una discusión sobre el modelo de financiamiento que queremos para el país.

Queremos una mala copia de la norteamericana, de una mezcla de financiamiento privado y público, más privado que público, que lleva, desde nuestro punto de vista, discutible, pero nuestro punto de vista, a los partidos de alquiler y a muchos riesgos en la consolidación del sistema de partes o un sistema más cercano al europeo del financiamiento público.

Esa discusión, que es un elemento de toda la reforma, pone en condiciones de chantaje a toda la reforma, dos posiciones diferentes, válidas en política, hay que aclararlo.

El punto para nosotros, compañeros, es importante que aquí se comente, es desde el Presidente de la República hasta el último de los priístas, le hemos empujado el corazón y todas las ganas, para sacar esta reforma política, que permita mayores márgenes de gobernabilidad y de éxito en la construcción de un México diferente.

Todavía hace unas cuatro o cinco horas hacíamos la última de las negociaciones. ¿Cuál es en el fondo del problema? Se los voy a decir de frente, ¡no queremos ser los panistas o los diegos del sexenio de Zedillo!

Y la falta de generosidad y de compromiso, compañeros del PRD, limitaron un acuerdo en lo fundamental. Tienen sus razones, entiendo el costo político de un voto al lado del PRI. Pero el argumento de Campa, de la generosidad, se les vuelve y se les revierte precisamente a ustedes.

La derecha tiene condiciones diferentes, ellos consideran que la van a ganar con o sin reforma.

Están completamente equivocados, pero es un asunto entre ellos y nosotros. En este caso, la discusión es el tema generosidad o mezquindad. Y nosotros, los priístas, le apostamos el corazón a una alianza muy clara con el presidente Zedillo que ha empujado esta reforma en dos años que lleva de su Gobierno. Y le hemos metido toda la pasión y todo el cariño para defender el tema de que tenemos que tener reglas de convivencia mejores entre nosotros.

Hoy, a pesar del desacuerdo se vota una ley fundamental y un avance deveras de principios y muy importante para el desarrollo del país. ¡No le escamoteen, no lo necesitan ni un lado ni el otro!

Todos saben que estamos avanzando y que estamos avanzando bien en un camino correcto. Se valen estrategias y tácticas políticas, pero se vale también que como en su argumento, "no podemos votar por el PRI porque tiene costos para nosotros". Les da un gran miedo que los confundan con el panismo y con las cosas que sucedieron en el sexenio anterior. Ese es el argumento de fondo.

Así que, compañeros, una reflexión. Hoy, estamos votando los priístas por un esquema de generosidad. Por un esquema de avance, por un esquema de reconocimiento y sobre todo, con una alianza fundamental entre nuestro partido y un Presidente que le metió ganas a precisamente consolidar la transición democrática en nuestro país.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Leonel Godoy, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Muchas gracias, señor Presidente:

Qué bueno, compañero Oscar Levín que trae el tema principal a debate en este momento. Y qué bueno porque nos permite a estas horas, a estas alturas del debate, decir claramente lo que ya habíamos dicho y sostuvimos y sostenemos y lo volvimos a hacer hasta hace unas horas, tanto en la tribuna como en las conversaciones que hemos tenido con ustedes.

El Partido de la Revolución Democrática fue público, así lo sostuvimos, íbamos a votar a favor en lo general y en contra en lo particular del financiamiento. Eso estaba claro, era una posición pública porque el asunto fundamental era de que nosotros nunca estuvimos a favor de esta gran bolsa de financiamiento público que proponía el Partido Revolucionario Institucional. ¡Ojo en eso, compañero Levín! La posición política del partido, el posicionamiento de nuestro partido en relación al financiamiento público con el privado siempre ha sido viendo hacia el modelo europeo, nunca ha sido viendo hacia el modelo norteamericano. En eso no había la diferencia, no existe ninguna diferencia, la diferencia estuvo en el monto, nuestro país no resistía ni resiste la propuesta que hace el PRI en materia de financiamiento público y en costos de gastos de campaña. Esa es la diferencia de fondo que desde Bucareli llegó a esta Cámara de Diputados.

Ahora, ¿por qué modificamos nuestra posición de votar en lo general a favor y en contra en lo particular del financiamiento público?, por una razón muy sencilla, compañero Oscar, que debió haber usted leído. Y hace unas horas presentamos aquí todas las propuestas que ustedes modificaron en el dictamen mayoritariamente en las comisiones unidas. Fueron más de 16 propuestas que leímos aquí. Pero las voy a agrupar porque no tenemos tiempo para señalarlas, pero se las quiero recordar.

En materia de asignación de representación proporcional que está en los artículos 12, 14 y 15 de este dictamen que se está discutiendo.

Nosotros ya, en este momento, no podíamos estar a favor y teníamos que modificar nuestra posición porque habíamos dicho, lo sostuvimos en Bucareli y lo sostenemos aquí: ese 8% de sobrerrepresentación para el partido mayoritario, todos los partidos estábamos dispuestos a pagar, incluyendo a Acción Nacional. Pero resultó que ahora nos traen una fórmula donde el costo fundamental va a ser para la tercera y la cuarta fuerza.

¿Cómo cree usted compañero Levín, que vamos a votar a favor de ello? En materia de coaliciones siempre sostuvimos y lo sostenemos, que estábamos dispuestos a pagar el costo de las coaliciones donde la tuviéramos. Pero donde no hubiera esas coaliciones, ¿por qué los partidos que no se coaligan los obliga una ley a tener una coalición absoluta? Y eso hicieron ustedes y modificaron en el dictamen, de 160 lo redujeron a 100; por eso estamos en contra de todo el proyecto, porque modificaron su posición en materia de coalición.

En medios de comunicación ya habíamos acordado la distribución de 60-40, ustedes la modificaron al 70-30. Ese tipo de modificaciones junto con las que ya se habían echado para atrás en la iniciativa del presidente Zedillo, de no poner como sanción penal, como tipo penal, el excederse en los topes de gasto de campaña; fue lo que modificó hoy nuestra posición final. No era que de antemano nosotros estuviéramos pensando que en algún prejuicio de no votar junto con los partidos que estuvieran de acuerdo con una ley más justa, más democrática para que los procesos electorales en México se definan en las urnas y no a través de litigios largos y de concertaciones. ¡Jamás hemos estado a favor de eso!

Y como prueba de ello, compañeras y compañeros del PRI, si ustedes están de acuerdo ya les propusimos dos opciones: primero una moción suspensiva para redactar, para regresar a los acuerdos del 31 de octubre y segundo, les propusimos aquí al no aceptar la moción suspensiva para redactar fríamente los acuerdos hasta antes del 31 de octubre que estuvieran en el último dictamen.

Hicimos otra propuesta y esa propuesta fue que hubiera un receso. Si ustedes están de acuerdo y que votemos juntos, vámonos al receso y redactemos nuevamente ese dictamen y votemos a favor de él.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo de Diputados Ciudadanos.

El diputado Izcoatl Tonatiuh Bravo Padila:

Con su permiso señor Presidente:

Aunque no lo parezca estamos en el debate, porque aquí han sido mencionadas dos palabras por dos diputados priístas "generosidad" y yo creo que hay dos tipos de priístas con los cuales se puede tratar o se puede hablar en el país. Con todo respeto y con toda franqueza lo digo.

Conozco la iniciativa de reforma constitucional que se aprobó en el Estado de San Luis Potosí y vayamos punto por punto compañeros diputados del PRI. Reformas para una estricta sujeción de la autoridad al escrutinio de los ciudadanos y al imperio de la ley, que crea la figura del referendum y del plebiscito, se incorpora la figura de la segunda vuelta en los procesos electorales en los ayuntamientos. Se incorpora la iniciativa popular; reformas para una más digna y más expedita impartición de justicia electoral; se instituye el tribunal de lo contencioso electoral como órgano especializado del Poder Judicial, máxima autoridad jurisdiccional en la materia. Reformas para acotar el Poder Ejecutivo del Estado en el marco de un mejor equilibrio de poderes. Se otorgan las siguientes atribuciones al Poder Legislativo. Autorizar al Ejecutivo y en su caso establecer términos para enajenar todos los bienes estatales. El Legislativo tiene la facultad de aprobar el plan estatal de desarrollo, nombrar a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Electoral, al presidente del consejo estatal electoral y de la Comisión de Derechos Humanos sin mediar propuesta del Ejecutivo.

Los nuevos deberes del gobernador del estado: instrumentar la práctica del referendum y del plebiscito. Ojo con esto: comparecer ante el Congreso para promover el debate entre los actos de Gobierno y someterse en la ceremonia del informe de Gobierno, a la réplica por parte de la representación popular. Se incrementa la injerencia de los cabildos en las tomas de decisiones al señalar que el Procurador de Justicia del Estado, debe ser ratificado por la mayoría de los cabildos, una vez designado por el Ejecutivo y los municipios deberán someter a plebiscito actos y obras que por su trascendencia lo requieran.

Así pues, no hay miedo a las alianzas, siempre y cuando, diputados del PRI, estén por delante del proyecto de nación y de sociedad.

En lugar de generosidad o además de la generosidad, hay que hablar de los compromisos que requiere el país, de los compromisos por la transición y no solamente de las medidas coyunturales para sacar el proceso electoral del 1997.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado René Arce Islas.

El diputado René Arce Islas (desde su curul):

Declino, señor Presidente.

El Presidente.

Declina. Muy bien.

Tiene la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca: Evidentemente, compañero Campa Cifrián y compañero Oscar Levín, hay cosas que aquí deberíamos aclararlas lo más que se puedan, no por el bien del PRI o por el bien del PRD o por el bien del PAN. Es por el bien de la nación lo que se está discutiendo aquí.

Me llama la atención utilizar el concepto de "generosidad" versus el concepto de mezquindad y me quedé pensando en dónde quedamos nosotros, en los dos polos que planteaste.

Yo no sé si es generosidad, compañero Levin, compañero Campa Cifrián o es la lucha social lo que nos obliga a permanentemente estar pensando en reformas.

Fue necesaria la masacre del 2 de octubre para que Luis Echeverria iniciara su Gobierno con aquella famosa política de la apertura democrática.

Fueron necesarios los conflictos sindicales que se presentaron a finales de los sesenta y durante toda la década de los setentas, para que López Portillo iniciara la propuesta de la primera reforma política que se hizo en este país del México moderno.

Yo me pregunto hasta qué punto, compañero Oscar Levín Coppel, fueron los conflictos de 1988, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu, la presencia del EZLN y del EPR, para que aquí estemos discutiendo con urgencia cómo democratizar este país.

¿Es generosidad, compañero Oscar Levín? O andamos buscando la manera de que este país transite por medio de los votos, por medio de las urnas, por medio de la democracia, transite a un México mejor o la otra contrapartida son las balas, los secuestros y la violencia. Aquí tampoco venimos a chuparnos el dedo. Yo creo que aquí en el fondo hay problemas políticos sumamente serios. Nos obligan estos problemas a todos, a coadyuvar por la democracia y a tener un tránsito que efectivamente debe ser pactado por las fuerzas políticas.

Pero cuando alguien viene, compañero Oscar Levín y nos dice a los del PRD "que somos un partido de abarroteros", yo me pregunto si ése es el lenguaje o me preguntaría: ¿por qué insistir tanto en ganar votaciones, para después de ganarlas empezar a vender todo lo que el país tiene?

¡La petroquímica, las paraestatales! ¡Empezar a vender el mar territorial y empezar a vender todo lo que está en nuestras manos! ¡Privatizarla educación, cobrar cuotas! ¡Dar el 17% de aumento al salario mínimo y al otro día aumenta el 40% el frijol, el huevo, etcétera, etcétera!

Yo creo que las cosas no pueden pensarse tampoco como que la fortaleza de un partido depende de la mayor o menor cantidad de dinero que maneje. No me parece que sean argumentos, compañero Oscar Levín, de fondo. O sea, que la fortaleza de la reforma va a depender de los montos que los partidos puedan manejar para las campañas, no me parece el argumento, me parece poco serio.

Por último, es por el dinero o es por la posibilidad de coaliciones. Ya que usted dijo "que al PRD le da miedo votar con el PRI". Yo le preguntaría a usted: "¿Si al PRI no le da miedo votar a favor de las coaliciones, que ya estaban aprobadas? Porque no vaya a ser que haya una coalición del PRD con el PAN y sean desplazados del poder". ¡También sería interesante venir a discutir estas reformas! ¡Cuántas reformas, compañero Oscar Levín y compañero Campa Cifrián, han llevado dedicatorias, incluso personales, hablando de mezquindades! ¡Cuántas reformas se han hecho pensando en que Manuel Camacho no pueda ser candidato a la regencia ! ¡ Cuántas reformas se han hecho pensando en que Santiago Creel no fuera presidente del tribunal o del Cofipe! ¡Cuántas reformas se han hecho para evitar teóricamente una posibilidad de alianza del PAN con el PRD para derrotar al PRI, cosa que no se necesita venir a sacar tantas cuentas como Ignacio Ovalle, para darse cuenta de que las posibilidades son muy altas!

¡Pero mire, compañero Levín, nunca he tenido miedo votar con el PRI o votar con el PAN! ¡Nunca! ¡Yo voto por ideas, voto por propuestas! ¡Compañeros priístas, cuántas veces he ido a pedirles la firma a todos ustedes para responder a problemas concretos que tiene este país! ¡Cuántas veces hemos sacado puntos de acuerdo para problemas concretos que tiene este país!

Y le hago una pregunta: ¿Cuántas veces se han cumplido los puntos de acuerdo y los desplegados y las exigencias que hemos hecho PRI, PRD y PAN? Pregunto: ¿qué pasó con la Ley de Amnistía anticipada para los presos zapatistas? Pregunto: ¿Qué pasó con los presupuestos, los salarios para los profesores universitarios, para los profesores del magisterio?

Va a venir Guillermo Ortiz mañana. ¿Por qué mejor no pensamos, compañero Levín, si vale la pena a veces votar juntos? ¡Porque aquí hay un partido "que le falta eso que le ponen al merengue de los pasteles", para exigir que lo que aquí se acuerda en este Poder Legislativo se cumpla y obligar al Poder Ejecutivo a que lo cumpla! ¡Por qué no pensar estas cosas! ¡De ninguna manera tenemos miedo de votar con el PRI! Yo pregunto: ¿Porqué el PRI tiene miedo de respetar los acuerdos de dos años de Bucareli? ¿Por qué temen votarlo? ¿Por qué temen arriesgarse? ¿Por qué finalmente no decimos que este país requiere democracia y que como requiere democracia para civilizarlo, lo que menos importa es qué partido gane, sino que gane la nación, compañero Levín?

¡Y ojalá los acuerdos y las votaciones que se hagan, tengamos los pantalones para exigirle al

Poder Ejecutivo que los cumpla y no finalmente venir aquí...

El Presidente:

Señor diputado Martínez Della Rocca...

El diputado Salvador Pablo Martinez Della Rocca:

¡Está bastante redondeada la propuesta y voy a terminar!

¡Y venir aquí, compañero Levín, a exigir que el Poder Legislativo pese en este país! Cuando hagamos eso, ni a tí ni a nosotros ni a nadie nos vamos a andar fijando en mezquindades de que "quién vota con quién o porqué se votó". ¡Se votó por la nación, compañero!

Muchas gracias.

El Presidente:

Esta Presidencia informa a la Asamblea que hasta ahorita han hecho uso de la palabra 54 diputados.

En tal virtud, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El secretario Ramón Cárdenas Gudiño:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor

Presidente.

El Presidente:

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún articulo para discutirlo en lo particular.

Se han anotado para discutir en lo particular los siguientes artículos del proyecto de decreto:

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se ha reservado el artículo

1o. referente al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el artículo

decimoséptimo transitorio.

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se ha reservado el artículo 1o. referente al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos 33 y 175.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.

El secretario Ramón Cárdenas Gudiño:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si autoriza
se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.

El Presidente:

Se han registrado para la discusión los siguientes oradores:

Para referirse al artículo 33, del artículo 1o. el proyecto de decreto referente al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el diputado Edgard Sánchez Ramírez, del Partido de
la Revolución Democrática.

Para referirse al artículo 175, la diputada Rosa María Cabrera Lotfe, del Partido de la Revolución Democrática.

Para referirse al artículo decimoséptimo transitorio, el diputado Eduardo Escobedo Miramontes, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra el diputado Edgard Sánchez Ramírez, para referirse al artículo 33 del artículo 1o. del proyecto de decreto referente al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputada Edgard Sánchez Ramírez:

Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Hago uso de la palabra para referirme a los artículos relativos al Capítulo II, a partir del artículo 33, que están relacionados con el derecho constitucional de asociación.

En primer lugar, hay que recordar que este Capítulo II sustituye al que estaba dedicado al registro condicionado para los partidos políticos, para introducir ahora la figura de agrupaciones políticas nacionales.

La propuesta en su conjunto restringe, desde mi punto de vista, el derecho constitucional de asociación, se hace parte de una dinámica muy presente en la actualidad de querer cerrar el espacio político a un número limitado de opciones políticas en el país, sea bajo el esquema de un sistema bipartidista tipo Estados Unidos o cuando mucho tripartidista, pero de todos modos restringido.

Por eso, en esta reforma se aumenta el porcentaje mínimo con que un partido debe contar para mantener su registro y para tener representación parlamentaria, se reduce al máximo la cantidad de recursos para los partidos con nuevo registro, y al mismo tiempo se elimina el registro condicionado y se crea la figura de Asociación Política, de Agrupación Política, se llama ahora, que implica todas estas reformas, abrir las puertas para facilitar la salida de más partidos del escenario de los reconocidos legalmente y dificultar el reconocimiento de nuevos partidos.

Esta dinámica es frecuentemente, es frecuentemente justificada con un discurso prepotente sobre los partidos minoritarios olvidando que como reflejan los resultados electorales, incluso los más recientes, se mantiene un alto porcentaje de abstención de la población de alrededor del 50% del electorado. Esa realidad muestra, en todo caso, que todos los partidos son uniminoritarios, que no hay posibilidad de este discurso prepotente en contra de los partidos minoritarios y la necesidad de estrechar el marco de opciones políticas a un número restringido de opciones políticas.

No es que exista por fuera de las actuales opciones reconocidas, alguna opción que represente, ya a esa mayoría que se abstiene, sino que un amplio sector de la sociedad no se siente representado o motivado a votar por alguno de los partidos políticos actualmente reconocidos. Nuevos actores políticos están surgiendo en la actualidad, producto de la crisis del sistema político actual y de un incremento de la participación política de la sociedad; actores políticos que defienden proyectos partidarios o políticos generales, o actores políticos que se definen como parte de un movimiento ciudadano no partidista, pero también con interés en la participación política.

El otro pretexto que se ha utilizado para impedir prácticamente el reconocimiento de nuevas opciones ha sido el de impedir que se repitan la existencia de partidos paleros o partidos artificiales, pero este objetivo que es un objetivo que podría considerarse legítimo, no se resuelve por la vía que se está planteando, porque el problema de ese tipo de partidos tiene que ver más con opciones políticas partidarias que colaboran con el poder independientemente de la forma en que actualmente puedan obtener su registro o reconocimiento legal.

Y no se impide la existencia de partidos artificiales lesionando el derecho de corrientes políticas diferentes a las actualmente reconocidas y que son auténticas e independientes de los partidos políticos actualmente reconocidos. Este será un punto que indudablemente, en el futuro inmediato, cada vez más chocará con este enfoque de la legislación y que la realidad le irá imponiendo.

Esta existencia de fuerzas políticas auténticas e independientes y que no se ubicarían en ese contexto como son, ya lo hemos señalado en otra ocasión, el Partido Revolucionario de los Trabajadores o el Partido del Foro Democrático que precisamente señalando esta contradicción en días pasados apenas hace dos días obtuvo su amparo frente a la decisión del Instituto Federal Electoral de negarle el registro legal como partido político y frente a la negativa que también ratificó el Tribunal Federal Electoral.

Esta dinámica seguramente que en el proceso político y electoral del año próximo de 1997 que está anunciando el surgimiento de muchos y nuevos actores políticos habrá de dar más sorpresas también por el surgimiento de más corrientes políticas que van a cuestionar este sistema político electoral que tenemos actualmente. La alternativa a esa situación desafortunadamente ha estado fuera de los marcos de acuerdo y trabajo de esta reforma, alternativa que implicaría la supresión en general del sistema de registros de los partidos políticos para avanzar a un sistema que respetara el derecho de Asociación Política reconocido por la Constitución, reconociendo los derechos de toda corriente política de organización partidaria y quitando el monopolio de la postulación de candidaturas a los partidos políticos registrados.

Este planteamiento concluye precisamente con la propuesta de candidaturas independientes que diversos movimientos ciudadanos han hecho y que tiene que ver entonces esta confluencia entre el respeto al derecho de asociación y el derecho a elegir y ser elegido que actualmente están restringidos por la legislación electoral vigente y en la dinámica en que la actual reforma está ubicada por desarrollarse esta reforma en este marco político y en ese sistema.

La propuesta entonces que este capítulo y el artículo 33 sustituyen la existencia de la fórmula de registros condicionados, la propuesta de agrupación política nacional no resuelve el reclamo de movimientos ciudadanos y de movimientos políticos marginados actualmente de los derechos de participación política y electoral, porque son movimientos que han venido reclamando que precisamente por el cuestionamiento que se hace al sistema de partidos políticos actualmente reconocidos, quisieran también tener el derecho de participación política y electoral directa, la posibilidad de postular candidaturas también y evidentemente la propuesta de agrupación política nacional no resuelve esta demanda.

Es una figura en todo caso, que representa un estanco político entre las corrientes políticas y los partidos políticos reconocidos, no es como se señala en la fundamentación del dictamen, una figura similar a la de la asociación política nacional que reconoció la LOPPE de los años setenta, porque la asociación política nacional de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos

Electorales de los setenta, de fines de los setenta, pensaba a la asociación política como una vía de enriquecimiento del sistema de partidos políticos, y por lo tanto, en la posibilidad de ser una vía de que algunas de estas opciones de asociaciones políticas pudieran optar por su transformación en partidos políticos reconocidos.

En la fórmula actual se incide en esta dinámica de restricción de las diversas opciones políticas buscando mantener en un estanco político distinto a las agrupaciones políticas sin la posibilidad de transcrecer a convertirse en partidos políticos si ésa fuera su voluntad. Ciertamente diversos movimientos ciudadanos precisamente por el desprestigio del sistema de partidos actuales no tienen el interés de convertirse en partidos políticos, pero habría también la posibilidad de otros movimientos, fuerzas y corrientes políticas de poder aspirar a transcurrir, a recorrer este camino si la agrupación política pudiera ser finalmente una vía para la transformación de estas agrupaciones políticas en partidos políticos con todos sus derechos políticos y electorales reconocidos.

Y aún así, aún con estas limitaciones de origen de lo que serian las agrupaciones políticas, se le impone a la figura de agrupación política, en el dictamen, nuevas restricciones, incluso como todos sabemos porque ha sido éste el motivo de diversos debates, incluso en comparación con la iniciativa que envió el Ejecutivo al Poder Legislativo, en comparación con eso, el dictamen que hoy conocemos que en el aspecto que ya ha sido señalado por otros compañeros de mi grupo parlamentario, en el aspecto de las coaliciones, introduce nuevamente para las agrupaciones políticas la restricción de que éstas puedan acordar con partidos que hayan hecho a su vez coalición con otras organizaciones, otros partidos políticos.

O finalmente, la restricción del derecho de asociación constitucional que se señala en la definición de las agrupaciones políticas, precisamente en el articulo 33 en su numeral 2, cuando se prohibe explícitamente a las agrupaciones políticas utilizar, bajo ninguna circunstancia, las denominaciones de partido o partido político.

Conocemos el argumento que dirá que estas restricciones quieren evitar el que haya confusión de que una agrupación política no tiene los derechos de un partido político, pero esta restricción no tiene necesidad de incluirse en el artículo 33, porque en el artículo 22 del dictamen se señala explícitamente que los derechos de un partido político solamente pueden adquirirse cuando existe ese registro como partido político nacional.

En el numeral 2, del artículo 33, en consecuencia, lo único que se hace es limitar el derecho constitucional de la agrupación política en cuestión, de darse el nombre político de su preferencia, impidiéndole y no entrando en contradicción, por lo tanto, con otros derechos políticos reconocidos para las agrupaciones políticas.

Es por esas razones que aún cuestionando el marco general de reforma que implica la supresión del registro condicionado la constitución de esta figura de agrupación política, la dinámica de cerrazón política que reflejan, aun aceptando el marco de la propuesta de las agrupaciones políticas, es que hemos presentado ante la propia Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la propuesta para que el numeral 2 del artículo 33 relativo a las agrupaciones políticas, sea eliminado para restituir el derecho constitucional a las asociaciones políticas de darse la denominación que les plazca, sin introducir esta restricción que es contradictoria, insisto, con el derecho constitucional de asociación política. Lamentablemente es ésta una propuesta que tampoco ha sido incluida en el dictamen presentado a discusión a esta soberanía y lamentablemente entonces, al aprobarse este dictamen en las condiciones en que está presentado, se agrega un paso más en esta dinámica política de restricción a la expresión política de nuevas corrientes y fuerzas políticas, desde el poder y desde la reforma legal, una restricción que indudablemente, sin embargo, chocará cada vez más con la realidad y con el surgimiento de opciones políticas que no se sienten representadas en el actual escenario político y que se les quiere enchalecar con estas restricciones como las que se están presentando el día de hoy en el dictamen a discusión.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Rosa María Cabrera Lotfe, del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al artículo 175 del artículo 1o. del proyecto de decreto referente al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:

Gracias, con su venia, señor Presidente:

Anticipando que con sumo respeto y atención he escuchado el debate que en lo general se ha dado sobre los derechos político-electorales de las mujeres, quiero decir en este momento, legisladoras y legisladores de la nación, que la iniciativa de reforma al artículo 175 y su numeral 3, que en voz de la diputada María Rosa Márquez se presentara a nombre de nuestro grupo parlamentario, el de la Revolución Democrática, tiene su base y sustento en la que en días pasados, a través de diputadas federales por el Partido Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática, se interpusiera en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y en cuya exposición de motivos expusimos que:

"Es indudable que históricamente la mujer ha desempeñado un papel fundamental en las tareas de construcción de las sociedades; sin embargo, es un hecho universalmente reconocido que todavía no se han podido superar una serie de prejuicios que la colocan en una clara situación de desventaja e iniquidad con relación a los varones.

No obstante los acuerdos y disposiciones nacionales e internacionales en favor de la mujer, subsisten desigualdades en cuanto a oportunidades y trato en diferentes ámbitos de la vida nacional."

En México las mujeres representan poco más del 50% de la población, pero ocupan sólo el 10% de los puestos de la estructura gubernamental, el 19% de las áreas de impartición y administración de justicia, cerca del 15% de los espacios legislativos, en puestos directivos, ejecutivos estatales, municipales y delegacionales.

Reformar el Cofipe para prever normas que garanticen condiciones de acceso real de las mujeres al ejercicio de poder público a través de su inclusión en postulaciones a cargos de elección popular que presenten los partidos políticos, con ello consideramos se busca superar prácticas tradicionales de los partidos que constituyen obstáculos para la participación de las mujeres.

Esas son algunas de las razones que en la exposición de motivos de la iniciativa aludida se han manifestado. Así, en el país, la LVI Legislatura de las cámaras de Senadores y Diputados que comprende el periodo de 1994-1997, cuenta con un total de 628 escaños. De estos sólo el 13.7% corresponde a mujeres. Mientras que en la anterior legislatura había tres senadoras y 42 diputadas, en la presente se tienen sólo 17 senadoras, es decir el 13% y 75 diputadas, el 15% del total de los 500 integrantes.

Los escaños del PRI están ocupados en 14% de los casos por diputadas y 16% de senadoras; el PAN tiene ocupados un 14% con diputadas y 4% con senadoras, mientras que el PRD tiene 25% de sus escaños con diputadas y una senadora y diputadas de un grupo parlamentario hay una equivalente al 17%.

En la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, Primera Legislatura de la Asamblea Legislativa, de un total de 66 representantes 21% son mujeres.

Respecto a las entidades federativas del país, sólo en el Distrito Federal se tiene una representación igual de senadoras y senadores. De 15 entidades federativas del país, a saber: Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala, sólo hay una senadora, 25% del total de escaños de la entidad y dos en el Distrito Federal.

De 14 entidades federativas no existe representación de mujeres en la Cámara de Senadores. La representación estatal en la Cámara de Diputados presenta una situación más heterogénea que en el caso de la de Senadores.

En Colima y en Quintana Roo se tiene una representación de diputadas de 40% y 67% respectivamente, constituyendo las proporciones más altas del país. En contraste, dos entidades federativas no tienen representación de diputadas.

Señor Presidente, por la importancia que para miles de mujeres en este país y yo estoy convencida que también para miles de hombres tiene este tema, le solicito de la manera más respetuosa, pida orden a la Asamblea.

El Presidente:

Con mucho gusto, señora diputada.

Se suplica a los señores diputados guardar el orden en el recinto, poniendo atención de la misma manera que reclamamos cada uno quienes intervenimos en la tribuna y más tratándose de una compañera diputada que está interviniendo en lo particular respecto al proyecto de decreto que se encuentra a discusión.

Sean tan amables de ocupar sus curules y guardar la compostura requerida para este caso.

La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Los datos mencionados anteriormente nos obligan a señalar el que un mayor número de mujeres sean legisladoras posibilitará, no sólo que aumenten las iniciativas referentes a salvaguardar los derechos de las mujeres y se dictamine también en el mismo sentido, sino que además se haga posible implementar una práctica cotidiana de respeto y equidad entre los sexos.

Hay que significar que esta demanda se ubica entre los retos prioritarios de la alianza para la igualdad dentro del Programa Nacional de la Mujer, como son: fortalecer las capacidades de las mujeres y promover su participación en todos los ámbitos y niveles de decisión; defender y proteger los derechos de las mujeres y respecto de las políticas públicas, incorporar la perspectiva de género en el proceso legislativo, la planeación del diseño y la ejecución de dichas políticas.

Y en las líneas programáticas del mismo programa se establece revisar las normas secundarias federales y las normas locales para asegurar su congruencia con el principio constitucional de igualdad jurídica del hombre y la mujer; promover la participación de las mujeres en los puestos de dirección y en las instancias de toma de decisión de los poderes Ejecutivo y Judicial, de los tres órdenes de Gobierno, cuerpo Legislativo, las empresas, los sindicatos, los partidos políticos y de espacios organizados de la sociedad civil y sensibilizar y crear conciencia entre las mujeres acerca del ejercicio de sus derechos ciudadanos y promover su participación efectiva en todas las instancias y niveles de decisiones; asegurar a las mujeres la correcta aplicación del principio de no discriminación en la impartición de la justicia, entre otras, de la justicia electoral.

Compañeras y compañeros, la propuesta hoy presentada constituye un mecanismo que se ubica en una amplia gama de acciones afirmativas, mismas que trascienden el ámbito nacional y que forman parte nodal de un conjunto de planes y programas de corte internacional a nivel de resoluciones y recomendaciones, en organismos como el parlamento latinoamericano, la ONU, los acuerdos de la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijin, etcétera.

Mucho podríamos abundar en relación al papel de las mujeres en cargos, partidos, escaños parlamentarios y cargos de Gobierno y la importancia política que ello conlleva en el ámbito mundial. Ahora, en nuestro país, tenemos la oportunidad y la responsabilidad histórica de actuar en consecuencia, garantizando a través del mecanismo propuesto el acceso pleno de las mujeres a los cargos de elección popular, pero no sólo en términos de promoción de candidaturas, sino de garantía plena de acceso a participar en los órganos de decisión y de Gobierno.

Resta comentar que esta propuesta surge de una importante demanda de las mujeres que también trasciende el ámbito de los partidos políticos, la asumen, porque le es propia, miles de mujeres de distintos niveles de participación social, situación económica, política y cultural, con militancia en organizaciones civiles, bien de corte feminista, también como de la más amplia causa ciudadana, como sin militancia alguna, pero al fin y al cabo mujeres de carne y hueso que con serenidad, inteligencia, visión de género, hoy se han hecho presentes ante esta soberanía para unir su voz a esta propuesta, la que también se desprende de la declaración política de la Asamblea Nacional de Mujeres para la Transición a la Democracia, a la que hiciera alusión el diputado Edgard Sánchez, suscrita el pasado 5 de octubre de este año, por un conjunto muy importante de organizaciones sociales y políticas y que habla de la disposición de mecanismos efectivos que permitan a las mujeres acceder a los puestos de representación popular y a todos los espacios de la vida nacional y de la toma de decisiones.

En consecuencia, diputadas y diputados de la nación, con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos: diputadas y diputados que firmamos al calce, proponemos la siguiente:

modificación al artículo 175, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 175, numeral 3. Los partidos políticos deberán integrar sus listas plurinominales de senadores y diputados de manera alternada en una proporción que no exceda el 70% de candidaturas de cualquiera de los sexos.

En la listas por circunscripción para diputados y en la nacional para senadores, no podrán haber sino dos candidatos de un mismo sexo de cada tres que se propongan.

En las fórmulas a elegirse por mayoría relativa de senadores y diputados, se buscará que los candidatos de cualquiera de los sexos no excedan el 70% de la totalidad de los registrados.

Señor Presidente, me voy a permitir entregar a esta Secretaría, tanto la intervención que acabo de tener, la propuesta particular para la modificación al 175 del Cofipe y su numeral 3, asimismo como la declaración política de la Asamblea Nacional a la que he hecho referencia y obviamente la propuesta de reforma, la propuesta conjunta de reforma al artículo 175, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la participación de las mujeres, que fuera interpuesta en tiempo y forma ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y que ya el día de ayer dábamos cuenta de la omisión en que había incurrido la propia comisión dictaminadora.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Eduardo Escobedo Miramontes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para referirse al artículo decimoséptimo transitorio del artículo 1°. del proyecto de decreto referente al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado José Eduardo Escobedo Miramontes:

Señor Presidente, gracias, con su permiso; señoras y señores diputados:
Me he inscrito para hablar en contra de los dos párrafos que contiene el artículo decimoséptimo transitorio del artículo 1o. del decreto que nos ocupa que contempla las modificaciones y adiciones a cerca de 156 artículos del Cofipe.

Recordemos que el primer párrafo de dicho artículo contempla lo relativo a las coaliciones parciales para diputados a la Asamblea del Distrito Federal y que la iniciativa del Ejecutivo Federal se establecían en un máximo de 20 distritos uninominales de los 40 que contempla la nueva demarcación del Distrito Federal.

El dictamen de las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, ajusta ese número a 12 distritos para efectos de las coaliciones parciales.

Por su parte, el segundo párrafo de dicho artículo decimoséptimo transitorio, se refiere a la figura de la coalición para jefe de gobierno del Distrito Federal, que tendrá por primera vez lugar en esta entidad federativa el 6 de julio del próximo año, con el señalamiento específico de que tiene efectos esa coalición para jefe de gobierno del Distrito Federal, con respecto a los diputados locales por el principio de mayoría relativa y a los diputados por el principio de representación proporcional.

Dado ese antecedente, el señalamiento que a continuación expongo lo observamos nosotros desde un punto de vista estrictamente constitucional.

Estamos convencidos que las previsiones que determinan esos dos párrafos del artículo decimoséptimo transitorio, tienen graves incidencias con respecto a la determinación constitucional que prevé el apartado C, base primera, fracción III, del artículo 122 de la Constitución, en relación a la llamada cláusula de gobernabilidad.

Recordemos que esa clase de gobernabilidad, que sólo existe para el caso de la Asamblea del Distrito Federal, determina que al partido político que obtenga por lo menos el 30% de la votación del Distrito Federal y el mayor número de distritos, le serán asignados tantos diputados de representación proporcional como sean necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

Pero el punto fundamental, que aquí nos ocupa, es que la previsión de esa fracción III, de esa base primera de ese apartado C del 122 de la Constitución, alude al partido político que por sí mismo lleve a cabo los dos supuestos a que se refiere dicha fracción del artículo que nos ocupa. Es decir, que cuando menos tenga el 30% de la votación y segundo, que reúna o haya ganado la mayoría de escaños o de curules en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Por lo mismo, está claro que el sentido de la Constitución en ese precepto, no permite obtener mayoría absoluta en la Asamblea por la vía de coalición y por la vía de la cláusula de gobernabilidad.

Y por lo mismo el sentido me parece que es claro y contundente, de que es un partido político por sí mismo, una entidad de interés público en los términos del 51 de la Constitución por sí mismo, el que en todo caso debe obtener esa mayoría absoluta a partir de los dos supuestos a los que me he referido.

Por esta cuestión constitucional, por estas incidencias de carácter grave, el grupo priísta votará en contra del artículo decimoséptimo transitorio del decreto que nos ocupa.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, el diputado, Armando Quintero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Nosotros observamos, en términos generales, el retroceso a la reforma que se pretende concretar en esta sesión, se trata de fundamentar con elementos faltos de razón, faltos de responsabilidad jurídica, pero sobre todo, el fondo que se observa en esta política de retroceso, es el miedo, es el temor. Esta noche, es la noche de las sombras que produce el temor al partido mayoritario. Esta noche, es la noche de las sombras largas, de los fantasmas que se ha autoinventado el partido oficial.

La argumentación insulsa que acabamos de escuchar del diputado Escobedo no tiene francamente ningún elemento que valga la pena detenerse a revisarlo.

Hay desde luego el espíritu democrático que el Partido de la Revolución Democrática defiende, es el de la posibilidad de la existencia, que existe en otras partes del mundo en países democráticos, en países con democracias consolidades y desarrolladas, que son pauta y ejemplo a seguir, lo que aquí se está tratando de impedir, para que siga la democracia mexicana, siendo una democracia coja, siendo una democracia parcial, siendo una democracia limitada.

Nosotros somos partidarios del derecho que tienen diversos organismos políticos, diversas agrupaciones políticas a coaligarse, a unificar sus esfuerzos, a proponer candidaturas únicas, a proponer e identificar amigos y aliados dentro de los marcos programáticos.

Por supuesto, no es el PRD el partido que hace alianzas sin principios. No fue el PRD que en el sexenio pasado hizo alianzas con un partido diametralmente opuesto ideológicamente. No es el PRD el partido que practica las alianzas sin principios por delante, con el pragmatismo vulgar de tratar de ganar en la coyuntura. El PRD no quiere abrir el espacio de las coaliciones para juntarnos con quien sea a la hora que sea y derrotar al partido mayoritario. El PRD defiende el derecho de la coalición para juntarse con aquellos mexicanos con partido y sin partido que han dado muestras fehacientes de una lucha consecuente en contra del monopolio del poder que hoy está en discusión con la reforma política y que desde luego el partido oficial se niega a que se den los avances que permitan la democracia verdadera y plena, para que no haya un monopolio que va cediendo poco a poco el poder, independientemente de la voluntad de los electores.

Nosotros somos partidarios de que el derecho establecido en este articulo 17 debiera garantizar la posibilidad para que distintos partidos políticos con programas similares, con propuestas identificables, puedan dar la pelea con una candidatura o una serie de candidaturas comunes. Por lo demás, nadie tiene derecho y el PRI menos que nadie, a decir que las coaliciones pueden engañar a los electores, que confunden los principios o que los ocultan, porque si alguien ocultó sus intenciones de voto, si alguien ocultó su programa verdadero a los electores y no necesitó coaligarse fue el PRI en el sexenio pasado y es ahora el PRI en el sexenio actual.

Han buscado el voto con una determinada plataforma y a la hora de aplicar la política económica, la reforma política y los problemas sociales, aplican otro programa que es distinto al que le ofrecen a los electores en la campaña. Así es que por esa razón, compañeras y compañeros, nosotros planteamos el derecho absoluto para que se respete y se mantenga la posibilidad de coaligarse en los diversos partidos políticos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.

El secretario Agustín Martínez Maldonado:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor
Presidente.

El Presidente: Esta soberanía autorizó la votación en un solo acto en lo general y en lo particular de este dictamen. Por economía procesal se propone se incluyan en la votación las modificaciones presentadas. Consulte la Secretaria a la Asamblea si autoriza que la votación en un solo acto, sea en lo general, en lo particular y de las modificaciones presentadas.

El secretario Agustín Martínez Maldonado:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se autoriza que las tres votaciones sean en un solo acto.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

Se autoriza que las tres votaciones sean en un solo acto.

El Presidente:

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general, en lo particular y de las modificaciones en un solo acto.

El secretario Agustín Martínez Maldonado:
Se va a proceder a recoger la votación nomina en lo general, en lo particular y de las modificaciones en un solo acto.

Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

En lo general y en lo particular se emitieron en lo general 282 votos en pro, 142 votos en contra.
Respecto a las propuestas del PRI, 282 votos en pro, 142 en contra.

Por la propuesta del artículo 33; 102 en pro, 322 en contra.

Por la propuesta del artículo 175; 142 votos en pro, 282 votos en contra.

Por el artículo decimoséptimo transitorio del Cofipe, se emitieron; 424 votos en contra y ninguno en pro.

El Presidente:

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y expide la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El secretario Agustín Martínez Maldonado

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

 

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