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    ENCABEZADO


    LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA

    TEXTO ORIGINAL.

    Ley publicada en la Edición Vespertina del Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el miércoles 4 de mayo de 2016.

    El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus habitantes hace saber:

    Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo siguiente:

    El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

    DECRETO NÚMERO 548


    LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA


    TÍTULO PRIMERO


    TÍTULO PRIMERO

    DISPOSICIONES GENERALES


    CAPÍTULO I


    Capítulo I

    Objeto de la Ley


    ARTÍCULO 1


    Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el Estado, además es reglamentaria de los artículos 4° Bis A, fracción VI, y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado, y tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado y los Municipios.


    ARTÍCULO 2


    Artículo 2. En concordancia con la Ley General, son objetivos de esta Ley:

    I. Garantizar los principios democráticos de publicidad y máxima publicidad;

    II. Transparentar el ejercicio de la función pública y garantizar la rendición de cuentas;

    III. Asegurar que los sujetos obligados preserven los documentos que obren en su poder por cualquier circunstancia;

    IV. Mejorar la organización, clasificación, archivo y actualización de la información pública;

    V. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información;

    VI. Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos;

    VII. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente;

    VIII. Atender la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

    IX. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público, atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región que integre el Estado;

    X. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia; y,

    XI. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.


    ARTÍCULO 3


    Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

    I. Ajustes razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos;

    II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalentes;

    III. Comisión: Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública;

    IV. Comisionado o Comisionada: Cada uno de los integrantes del Pleno de la Comisión;

    V. Comité de Transparencia: Órgano colegiado de los sujetos obligados integrado por un número impar de servidores públicos;

    VI. Consejo Nacional: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al que hace referencia el artículo 32 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

    VII. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes características:

    a) Accesibles: Los datos disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito;

    b) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente;

    c) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna;

    d) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;

    e) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;

    f) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;

    g) No discriminatorios: Los datos disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro;

    h) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;

    i) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto;

    j) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;

    VIII. Delegaciones: Oficinas administrativas de representación de la Comisión en el territorio del Estado;

    IX. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;

    X. Estado: El Estado de Sinaloa;

    XI. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;

    XII. Formatos abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios;

    XIII. Formatos accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que la información pueda encontrarse;

    XIV. Información: Dato numérico, alfabético, gráfico, fotográfico, acústico, o de cualquier otro tipo contenido en los documentos que los sujetos obligados procesan, generan, obtienen, adquieren, administran, recopilan, producen, transforman o conservan por cualquier título, o bien, aquella que por obligación legal o reglamentaria deban generar;

    XV. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados;

    XVI. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

    XVII. Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;

    XVIII. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

    XIX. Metadato: Son datos que describen o identifican otros datos.

    XX. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el artículo 49 de la Ley General;

    XXI. Pleno: Órgano supremo de decisión de la Comisión, integrado por las o los Comisionados;

    XXII. Servidores públicos: Los mencionados en el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa;

    XXIII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

    XXIV. Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado y los Municipios, que se encuentran sujetos al cumplimiento de la Ley General y esta Ley, en materia de transparencia y acceso a la información pública.

    XXV. Unidad de Transparencia: Es la unidad administrativa encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, así como ejercer las funciones previstas en el artículo 68 de esta Ley; y,

    XXVI. Versión pública: Documento o expediente en el que se da acceso a información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.


    ARTÍCULO 4


    Artículo 4. El acceso a la información pública es un derecho humano que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

    Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, recopilada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en la Ley General, en la Constitución Política del Estado y la presente Ley.

    El ejercicio del derecho de acceso a la información se encuentra sometido a un régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, por lo que sólo podrá ser clasificada como reservada temporalmente, por razones de interés público, en los términos dispuestos por la Ley General y la presente Ley.


    ARTÍCULO 5


    Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

    Tampoco podrá invocarse la reserva de la información, cuando ésta corresponda a comprobantes fiscales o cualquier tipo de recibo que sustente el ejercicio de gasto público, los que en su caso, se entregarán al solicitante en versión pública cuando en estos se contengan datos de carácter personal.

    Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con motivo del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos.


    ARTÍCULO 6


    Artículo 6. La Comisión garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal.


    ARTÍCULO 7


    Artículo 7. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

    En caso de que exista una duda sobre la clasificación de información como reservada, siempre deberá optarse por su publicidad.

    En el mismo sentido, los sujetos obligados deberán actuar bajo los principios previstos en esta Ley, de manera tal, que sirva para cumplir los fines perseguidos por el derecho de acceso a la información, así como asegurar la estricta aplicación del derecho, brindar los medios de asistencia necesarios a los solicitantes, promover una cultura de transparencia, coadyuvar a transparentar la gestión pública, y actuar con diligencia y profesionalidad.
    Para el caso de la interpretación se podrán tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia y acceso a la información.

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